Por Partido de la Democracia Obrera (IDP) • sección turca de la UIT-CI (ver versión completa en www.uit-ci.org

La posibilidad de una crisis económica se convirtió en realidad. La moneda turca, la lira, cayó la semana pasada ante el dólar y otras divisas exteriores. En el principio de este año el dólar valía 3,7 liras y el 10 de agosto (viernes negro) llegó a más de 7. En un año la pérdida de valor de la lira alcanzó al 54%.
La debacle de la moneda turca se debía aparentemente al “regateo de rehenes” entre Donald Trump y el presidente turco, Tayyip Erdogan. Mientras Trump exigía la libertad del sacerdote anglicano Brunson encarcelado en Turquía por espionaje, Erdogan quería que la justicia estadounidense revocara el caso sobre el banquero turco, Halk Bankasi, y su vicepresidente, Hakan Atilla, acusados de haber hecho negocios con Irán a pesar de las sanciones norteamericanas contra Teherán. Turquía pide también la repatriación de Fetullah Gulen que reside en Pennsylvania, al que acusa de ser el autor intelectual del intento del golpe de Estado en 2015 y de ser espía de la CIA.

No obstante, el “enfado” de Trump por no haber podido doblegar a Erdogan en el caso de Brunson y los aranceles sobre el acero y aluminio importados desde Turquía han sido solamente la chispa de la debacle turca.
Durante la época de la crisis global que empezó en 2008, cuando las tasas de interés eran bajas en Estados Unidos y Europa, los gobiernos turcos se endeudaron tremendamente. La deuda exterior alcanzó los 466,7 mil millones de dólares (el 60% del PBI), de la cual habría que pagar 240 mil millones este año.
En sus 16 años ininterrumpidos en el poder Erdogan aplicó una política basada en privatizaciones, precarización laboral y tercerización en la industria. Esta política se acompañó de un ataque sobre la clase obrera. Las autoridades políticas y judiciales controladas por Erdogan hicieron casi imposible la sindicalización de los trabajadores. La afiliación a los sindicatos bajó hasta el 7%, de los que menos de una tercera parte cuenta con convenios colectivos. Las pocas huelgas importantes convocadas han sido prohibidas por “seguridad nacional”. Mientras el salario mínimo ronda los 266 dólares, la inflación del último año se comió casi el 18% de su poder adquisitivo.
Y ahora, con la suba de los intereses en Estados Unidos y en otros países imperialistas, se ha cerrado el grifo de dinero extranjero, exponiendo el país a la especulación y hundiendo la lira. Erdogan se está quejando de un “ataque” económico desde los Estados Unidos (sin mencionar directamente su nombre) e intenta calmar los ánimos con gestos populistas antiimperialistas. Por supuesto que Trump echó leña al fuego con la crisis del clérigo y lo que quería era no solamente la expatriación de Brunson sino, sobre todo, presionar a Ankara políticamente por su línea en asuntos exteriores. La oligarquía turca intenta extender su hegemonía económica en Oriente Medio a través de operaciones militares y acuerdos diplomáticos. Por esta razón interviene militarmente en la guerra de Siria para poder estar en la “mesa de la reconstrucción”. También choca con los Estados Unidos que apoyan a los kurdos en la pelea contra los islamistas en Siria, temiendo que los kurdos construyan un estado independiente o una autonomía en el norte de Siria, que podría crear más ilusiones independentistas entre los 13 millones de kurdos que viven dentro de sus fronteras. Por otra parte, Turquía quiere comprar misiles a Rusia contra los deseos y las críticas de la OTAN. Y tal vez más importante, el gobierno turco está contra las sanciones estadounidenses sobre Irán y se alía con Teherán contra la presión de Trump. Con la última crisis, Erdogan declaró que podría acabar con la “alianza estratégica” con los Estados Unidos y buscar nuevos aliados, lo que también incluye a China.
Con la devaluación de la lira es casi imposible llegar a pagar la deuda externa, de la que 250 mil millones son de las empresas privadas (financieras e industriales). De hecho, varias empresas ya se declararon en quiebra, provocando despidos masivos. Ante este cuadro peligroso, mientras varios economistas aconsejan pedir ayuda del FMI (como hizo recientemente Argentina), Erdogan por su presunto antiimperialismo niega esta opción y prefiere aplicar por sí mismo el mismo plan que le podría imponer el FMI y esperar atraer capital extranjero. Con este fin, recientemente ha declarado un plan de austeridad con recortes de 35 mil millones de dólares en el gasto público y “reformas estructurales” contra el pueblo trabajador.
Las dos opciones, una bancarrota total o un plan de austeridad y contrarreformas con o sin el FMI significan para la clase obrera aún más desempleo y empobrecimiento. Lo cierto es que no hay una salida favorable para el pueblo dentro del cuadro del capitalismo y con sus instrumentos financieros. Para no pagar la factura de la crisis la clase trabajadora necesita un plan alternativo. En primer lugar, tenemos que denunciar el pago de la deuda externa provocado por las multinacionales y por la oligarquía financiera e industrial y acabar con el saqueo imperialista. Por otra parte, crece la huida de capitales al extranjero. Contra esto hace falta un control sobre las entradas y salidas del capital por un banco central creado por la nacionalización, sin indemnización, del sector bancario y la imposición del monopolio estatal sobre el comercio exterior. Habrá que nacionalizar la industria pesada y las empresas en quiebra bajo control obrero y establecer un plan central económico a favor de las clases populares. Para reivindicar un plan obrero para salir de la crisis, nuestro partido, el Partido de Democracia Obrera (IDP), llama a los sindicatos y a todas organizaciones obreras a construir un frente de movilización y lucha.

Escribe Mechi Beauvoir

La rebelión popular contra el régimen dictatorial de Ortega-Murillo lleva meses en Nicaragua. Desde el inicio de las movilizaciones contra la reforma previsional del FMI en abril, la brutal represión por parte del gobierno ya lleva más de 450 asesinados. Pero la juventud y el pueblo nicaragüenses siguen en las calles luchando por sus derechos y pidiendo que se vaya Ortega. A los asesinados se suman los cientos de heridos y detenidos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenudh) en Nicaragua hay más de 400 presos políticos, muchos de ellos en la temida cárcel conocida popularmente como “El Chipote” y denunciada como centro de tortura.

Entre el 24 y 25 de agosto se realizaron múltiples movilizaciones encabezadas por el movimiento estudiantil y de las mujeres en Chinandega, León, Managua, Carazo y Matagalpa, en las cuales las fuerzas de seguridad realizaron al menos 50 detenciones arbitrarias de referentes de la lucha por los derechos humanos en el país, la mitad de ellos vinculados a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ). Entre los detenidos se encontraba una documentalista brasilera, que fue liberada horas después, enviada a migraciones y extranjería y deportada del país. Denunciamos las detenciones producidas en el marco de las movilizaciones contra la dictadura de Ortega y los secuestros por parte de las fuerzas parapoliciales, entre ellos el de Victoria Obando en la ciudad de León, una mujer transgénero, referente del movimiento de diversidad y de la Universidad UNAN de Managua.
Desde la Unidad Internacional de los Trabajadores- Cuarta Internacional impulsamos una campaña de solidaridad internacional con el pueblo nicaragüense en lucha y para que se vaya Ortega. Exigimos la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución a los luchadores y la criminalización de la protesta y el derecho a la organización de la juventud y el pueblo de Nicaragua.

Mercedes Trimarchi, diputada provincial electa de Izquierda Socialista -FIT por la provincia de Buenos Aires, estuvo en Brasil junto con nuestro partido hermano CST-PSOL, recorriendo varias ciudades para socializar la experiencia de la lucha del movimiento de mujeres de la Argentina por el aborto legal e intercambiar experiencias con las mujeres brasileñas que están impulsando la pelea por sus derechos en su país. La gira se inició en el estado de Río de Janeiro, donde se realizó un panel de debate con la participación de más de 400 estudiantes (foto) en el auditorio de la Universidad Federal Fluminense en Volta Redonda. La gira siguió en el norte, en la ciudad de Belem, donde se llevó adelante una actividad de intercambio con las mujeres en lucha y culminó con una rueda de conversatorio en la ciudad de Belo Horizonte.

M. B.

Escribe Miguel Lamas

Mientras continúa la “mesa de diálogo” con participación del gobierno, la Iglesia, empresarios, sectores estudiantiles y campesinos, la policía y los paramilitares de Ortega siguen matando. Ya hay más de 200 muertos y 1.200 heridos. La insurrección popular se mantiene, Masaya se declaró “territorio libre” y en León hay 400 barricadas. Quieren que se vaya Daniel.

Un reporte del diario La Prensa de Managua informa: “Como si se tratara de una competencia para ver qué localidad repudia más a Daniel Ortega, un leonés dice: Yo creo que aquí tenemos más barricadas que en Masaya. Tenemos 400 nosotros […] En Masaya se estimó que había más de 200. No tan lejos de León, en Nagarote, las cuadras también son obstruidas por murallas adoquinadas. Igual en Jinotega y Jinotepe. Para suerte de miles de nicaragüenses, el asfalto es raro en varias ciudades y pueblos del país, y cuando las vías son de empedrados, levantar muros se hace casi por inercia”.

“Las barricadas se hacen para proteger los barrios y sus habitantes de la energúmena represión de Daniel Ortega y su gobierno. Una ola de violencia que saca a las calles a las hordas sandinistas paramilitares con fusiles AK-47, M-16, PKM y rifles de mira telescópica Dragunov, con la intención de asesinar a los protestantes. Huestes acompañadas y respaldadas por la Policía Nacional, de la que el mismo Ortega es jefe supremo […] se mueven en camionetas Hilux y en motocicletas, y van sembrando el terror a su paso”.
“Aníbal Toruño, director de la independiente Radio Darío, de León, y víctima de la represión de Ortega cuyos operadores mandaron a quemar su radio el 20 de abril pasado con él adentro, pero sin lograr matarlo, dice: están drogados. Son unas hordas sin control. Son capaces de matar a quien tengan enfrente. Y si les ves las caras, son rostros totalmente desorbitados, fuera de sí”.
“Cuando hay alerta naranja las calles se vacían, las barricadas se refuerzan y salen los defensores de las mismas, armados con morteros y tiradoras de piedras (diario La Prensa, 24 junio).
León y Masaya fueron ciudades heroicas en la insurrección popular sandinista que hace 40 años derribó a la dictadura de Somoza. Hoy hijos, nietos y veteranos insurrectos del 79 comparan a Daniel Ortega con Somoza y se proponen echarlo.

Profundo descontento popular
La rebelión comenzó el 18 de abril pasado por la rebaja de jubilaciones pactada por Ortega y el FMI. A pesar de que fue anulada a las dos semanas de protestas, continúa la rebelión como respuesta a la violentísima represión y porque están hartos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 
Igual que Maduro, Evo Morales, el peronismo kirchnerista y todos los anteriores gobiernos latinoamericanos del doble discurso, Ortega trata de mantener un discurso de “izquierda” y “antiimperialista”. Para eso utiliza las históricas banderas sandinistas. Pero los planes económicos que implementó tuvieron apoyo del FMI, de los grandes empresarios privados y de la Iglesia. Ortega mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 
Pese a que el presidente se jactaba del “gran crecimiento económico” de Nicaragua (crecía a 4% anual el PBI), esto beneficiaba a las multinacionales yanquis, chinas y a grandes empresarios nicaragüenses, no al pueblo.

La “mesa de diálogo”
Los empresarios y la Iglesia, que apoyaron al gobierno hasta hace muy poco, se ponen hoy como promotores del “diálogo”. El diálogo, al cual concurren empresarios, la Iglesia (con apoyo público del Papa), dirigentes estudiantiles de las protestas y también campesinos (en el marco de la Alianza Cívica que formaron), es con el gobierno de Ortega. Este aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU visiten Nicaragua. Pero todo esto es claramente una maniobra distractiva, con la que Ortega quiere frenar las movilizaciones pero sin frenar a sus policías y paramilitares que matan todos los días.
Sergio Ramírez, ex miembro de la junta sandinista que gobernó Nicaragua a la caída de Somoza, hoy opositor, señala: “Tal vez Ortega no quiere revelar que se puso de acuerdo con Estados Unidos para adelantar las elecciones, porque eso puede crear pánico y desorden en el reducto que lo defiende”. 
Es decir que Trump, la Iglesia y los empresarios están sosteniendo a Ortega para que se mantenga en el poder por un año más, a cambio de un adelanto en las elecciones, garantizarle impunidad y evitar su caída revolucionaria por una insurrección popular para que siga con una economía al servicio de los grandes negocios capitalistas. 
Los estudiantes y el pueblo movilizados desconfían y por eso no bajan los tranques (barricadas). 
El único camino para terminar con los gobiernos al servicio de los de arriba y la pobreza en Nicaragua es seguir la movilización revolucionaria popular, repudiando el diálogo tramposo, hasta derribar al régimen patronal y represivo de Ortega y luchar por un gobierno de los de abajo, de la clase trabajadora, de los campesinos y la juventud.

Ernesto Cardenal “Es terrorismo de Estado”

Varios de los principales dirigentes históricos del sandinismo, como la célebre poetisa y escritora Gioconda Belli, y el “prócer” sandinista, el poeta Ernesto Cardenal, de 91 años, repudian al régimen de Ortega.
Cardenal califica lo que sucede en Nicaragua de “genocidio” y “terrorismo de Estado”. En una carta que firma junto a la Coordinadora Estudiantil, dirigida al ex presidente uruguayo José Mujica, dice: “Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos han traicionado. Los héroes y mártires de la revolución sandinista no merecen que su memoria sea manchada por los actos genocidas de un dictador que los traicionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia”.
M.L.

El martes 19 de junio distintas organizaciones realizamos un acto frente a la embajada de Venezuela en la Argentina. Concurrimos a reclamar por la libertad del obrero Rodney Álvarez, de Ferrominera Orinoco, falsamente acusado de matar a balazos a un trabajador durante una asamblea. Alvarez ya lleva siete años preso. El 20 de junio iba a empezar el juicio, pero se volvió a levantar la audiencia. 
Las únicas pruebas obtenidas de las grabaciones de distintas cámaras de seguridad demuestran que el que realizó los disparos que asesinaron al obrero Rojas fue Héctor Maicán, militante del PSUV y parte de las mafias sindicales.  

El embajador venezolano, Carlos Eduardo Rodríguez Mendoza, recibió a una delegación integrada por Yorluis Guzmán, profesor de la Universidad Central de Venezuela; los diputados de Izquierda Socialista Laura Marrone y Juan Carlos Giordano; Nicolás Del Caño (PTS) y Juan Carlos Beica, del Frente Anticapitalista Socialista (FAS). También estuvo el PSTU.
Ante el reclamo de libertad a Rodney, el embajador se comprometió a ponerse al tanto del tema. Dijo “desconocer” que Álvarez estaba detenido desde hace siete años (dijo solo cuatro) y sin prueba alguna que lo incrimine, y se le aclaró que las únicas pruebas van contra Maicán. Giordano le manifestó que Álvarez es un preso político, parte del sindicalismo combativo que lucha contra las patronales y la burocracia sindical, por eso está preso, como escarmiento a los que luchan. Se le recordó de otros hechos aberrantes, como la desaparición de Aracedo Mora, activista de izquierda, y el asesinato de tres dirigentes antiburocráticos en 2008, Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, pertenecientes a la corriente clasista C-CURA en 2008, hecho que permanece impune. Próximamente se conformará un comité por la libertad de Rodney Álvarez en la Argentina.
Ese mismo día en Venezuela se hizo un tuitazo y hubo una marcha reclamando por la libertad, lo mismo se hizo en otros países. El plenario sindical combativo aprobó con 30.000 delegados presentes de todo el país el reclamo por su libertad (ver páginas centrales). Continuaremos desde nuestro partido, en unidad, reclamando por su libertad, como parte de la campaña mundial que impulsa la UIT-CI.