Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se presentó el proyecto planteando que se declare “de utilidad pública laboratorio del Grupo Insud-Pharma donde se producen principio activo vacunas covid-19 y se suspenda la exportación”.

“En este laboratorio de propiedad del empresario millonario ligado al gobierno nacional, Hugo Sigman, se producen 24 millones de dosis por mes que luego se van a México y Estados Unidos. Ninguna de esas dosis son para nuestro país, ni para Latinoamérica. Es más, hubo un desvío de 12 millones de dosis directamente de Argentina a Estados Unidos”.

El artículo 1º del proyecto plantea: “Se declara de utilidad pública a la empresa mAbxience Argentina sita en la calle José Zabala 1040 de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires […]. La administración y ocupación temporaria de la empresa estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) […].

El artículo 2° dispone la suspensión de “toda exportación del principio activo para la producción de vacunas contra la Covid-19”, y en el resto del articulado se sostiene que se “elaborará un plan de emergencia para continuar produciendo el principio activo y lograr la adquisición de los insumos necesarios, escalar la producción según las necesidades sanitarias y culminar el proceso de terminación y envasado de las vacunas de modo que puedan ser inoculadas a la población en forma segura”, disponiéndose a tal fin que se “reconviertan todos los laboratorios públicos”.

Juan Carlos Giordano se reunió con Nicolás Del Caño y Gastón Remy en el Congreso. Hace once meses que el gobierno de Morales en Jujuy, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual diputado Aldasoro, impidiendo así la rotación del Frente de Izquierda Unidad para que el compañero Remy asuma su banca en la Cámara de Diputados provincial.

A continuación podés firmar el petitorio

Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se acaba de presentar el proyecto planteando se declare “de utilidad pública laboratorio del Grupo Insud-Pharma donde se producen principio activo vacunas covid-19 y se suspenda la exportación” (*)
“En este laboratorio de propiedad del empresario millonario ligado al gobierno nacional, Hugo Sigman, se producen 24 millones de dosis por mes que luego se van a México y Estados Unidos. Ninguna de esas dosis son para nuestro país, ni para Latinoamérica. Es más, hubo un desvío de 12 millones de dosis directamente de Argentina a Estados Unidos”, denunció Giordano.

El artículo 1º del proyecto plantea: "Se declara de utilidad pública a la empresa mAbxience Argentina sita en la calle José Zabala 1040 de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires […]. La administración y ocupación temporaria de la empresa estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) […].
El artículo 2° dispone la suspensión de "toda exportación del principio activo para la producción de vacunas contra la covid 19", y en el resto del articulado se sostiene que se “elaborará un plan de emergencia para continuar produciendo el principio activo y lograr la adquisición de los insumos necesarios, escalar la producción según las necesidades sanitarias y culminar el proceso de terminación y envasado de las vacunas de modo que puedan ser inoculadas a la población en forma segura”, disponiéndose a tal fin que se “reconviertan todos los laboratorios públicos”.

Giordano finalizó: “No puede ser que el gobierno diga que no se puede meter en un “negocio entre privados”, dejándole las manos libres a Sigman para que haga su negocio capitalista con el mexicano Slim y AstraZeneca, cuando la vacuna deber ser un bien público común”.

Contacto
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo
Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

(*) Ver texto proyecto

 https://www.izquierdasocialista.org.ar/2020/images/Comunicados/Proyecto%20L%20utilidad%20publica%20laboratorio%20grupo%20Insud%20Pharma%20Covid%2019.pdf

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista FIT-Unidad, Esquel-Chubut

Este lunes 22 de marzo, en el día mundial del agua, el diputado Nicolás del Caño de PTS presentó un proyecto de ley en el Congreso, según dicen, para “frenar la megaminería en todo el país”. Lo hizo acompañado de la firma de la diputada nacional Alcira Figueroa del Frente de Todos de Salta y sin que siquiera fuera anoticiado en la mesa nacional del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista, atento el hecho consumado, estamos obligados a dar nuestra opinión ya que, lamentablemente, lo consideramos un proyecto equivocado.

En concreto, no se trata de que “prohíba la megaminería”, sino que sólo lo hace con algunas técnicas utilizadas habitualmente. Esto queda claro desde el propio título del mismo: “Prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes en la megaminería metalífera y la minería a cielo abierto”. Es decir, el proyecto no es para terminar con la megaminería (ya que esta es más que la minería a cielo abierto) y el saqueo de nuestro suelo y bienes de uso común por parte de las multinacionales saqueadoras y contaminantes, sino del uso de sustancias contaminantes y de la explotación a cielo abierto.

El proyecto defiende una forma de explotación que es posible de realizar técnicamente. Algunos asambleístas también planean un marco regulatorio para que de esa manera la actividad no sea rentable económicamente para las multinacionales y así, estas defeccionen. Podría ser este el criterio que quiso utilizar el PTS, pero no lo explicita. Pero aunque sea así, también está equivocado. Es similar a las trampas que impulsan sectores afines a los gobiernos, particularmente del peronismo, para lograr la aprobación de una reglamentación con la que pueda comenzar la actividad y de ahí no salir nunca más. Por ejemplo, en la zonificación minera de Chubut que impulsa el gobierno, se prohíbe el uso de cianuro. Así, la explotación requerirá un poco más de inversión que deben hacer las empresas en pos de lograr la legitimidad y comenzar con la actividad. Pero eso ya es darle licencia al saqueo y por eso insistimos con la consigna que levanta masivamente el pueblo de Chubut: ¡No ES No! A todo proyecto megaminero, sea como sea.

El artículo 1° dice “se prohíbe en el territorio nacional el uso de sustancias químicas como […]”, y enumera un listado de sustancias que ni siquiera sabemos si es lo suficientemente exhaustivo. Pero aunque lo sea, lo que sí sabemos es que la actividad extractiva y saqueadora puede realizarse sin la utilización de estas sustancias. Así sucede en Bajo de La Alumbrera, Catamarca, donde la roca triturada es procesada (lixiviado) fuera de la Argentina. En este emprendimiento, la roca es transportada primero por un mineraloducto construido especialmente hasta Tucumán, luego en tren a Santa Fe y por último es exportada en barco. La Alumbrera realiza una actividad que estaría permitida por el artículo 1° del proyecto del PTS, contaminaría un poco menos, pero no elimina la contaminación y menos el saqueo de nuestras riquezas.

El artículo 3° prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pero deja la posibilidad de la explotación de la minería por galerías. El proyecto del Cordón Esquel planteaba inicialmente la explotación mixta (cielo abierto por arriba mientras desde abajo se comenzaba por galerías). Luego de nuestra gran lucha fue modificado y rebautizado como Suyai, con la intención de lograr licencia social, planteando la explotación total por galerías. También lo rechazamos. Pero ahora con este proyecto del PTS se permitiría la explotación del emblemático cordón Esquel, si es que se combina con la tecnología de La Alumbrera (la exportación del material extraído sin proceso de lixiviación in situ). En concreto, permitir el comienzo de una actividad minera en la ciudad de Esquel, sería el fin de todo el proceso nacional de lucha contra las megamineras.

El artículo 2° plantea que “las empresas que a la fecha posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos deberán adecuar sus procedimientos a las exigencias de la presente ley”.  Es decir, permite que sigan las concesiones, en todo caso propone “readecuar” su actividad, cuando lo que hay que hacer es expulsarlas porque son sinónimo de saqueo y contaminación. Desde la izquierda siempre luchamos planteando que se vayan las multinacionales saqueadoras, que se roban nuestra riqueza, hacen millones de dólares de superganancias y encima destruyen el ambiente: eso está planteado para la Barrick, para la Alumbrera de Catamarca y otras mineras privadas; para Chevrón con el fracking y también para la Pan American Silver que quiere instalarse en Chubut. No solo por contaminante sino porque está al servicio del saqueo, del oro, plata y otros metales preciosos o estratégicos. ¿Cómo no lo vamos a plantear cuando se trata de hacer un proyecto de ley?

Desde Izquierda Socialista estamos por la estatización de todo el negocio minero, que debe realizarse gestionado por sus trabajadores y en acuerdo con las comunidades involucradas. Para que haya una producción minera planificada que le sirva al país, al pueblo trabajador y que no contamine. En el caso de la megaminería, no se trata de prohibir algunas sustancias o técnicas específicas, sino la megaminería como tal, ya que es imposible que esta no sea contaminante y destructiva del ambiente.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. Su proyecto está equivocado, alejado de los planteos programáticos de la izquierda en el tema y contrario al propio reclamo de la lucha chubutense.