Reproducimos la declaración de la UIT-CI (Unidad Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, Cuarta Internacional), organización mundial de la que Izquierda Socialista es parte, ante el asesinato del dirigente iraní Qasem Soleimani, perpetrado por el gobierno de Donal Trump en Bagdad.

El asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Qasem Soleimani y de varios líderes chiitas iraquíes en el Aeropuerto de Bagdad, mediante misiles disparados desde drones, que Estados Unidos denominó hipócritamente de “medidas defensivas”, es parte de la intervención militar permanente de Estados Unidos en Medio Oriente, sea en forma directa, o mediante su principal agente en la región: Israel.

Para el imperialismo en general y el yanqui en particular, el dominio de Medio Oriente es clave por su inmensa riqueza petrolera, que aporta una parte sustancial de la energía mundial. Recordemos que Estados Unidos invadió Irak en el 2003, bajo la presidencia de George Bush, argumentando que tenía armas que amenazaban a Estados Unidos. Finalmente tuvo que retirar sus tropas en el 2011, pero dejando bases militares con 5.000 soldados. Desde entonces el gobierno de Irak es relativamente dependiente de Irán, y hay una disputa permanente por el control del poder. En los últimos meses hubo una rebelión popular contra el gobierno, su corrupción y política económica antipopular.

Irán es, desde la revolución de 1979 que derribó la monarquía pronorteamericana, un país relativamente independiente del imperialismo, con una conducción burguesa islámica, de la rama chiita, que trata de afianzarse como potencia regional, chocando permanentemente con Estados Unidos y sus aliados Israel y Arabia Saudita. Su aspiración de desarrollar la energía nuclear fue uno de los puntos de discordia y que llevó a sanciones comerciales que bloquearon sus ventas de petróleo. Con Obama llegó a un acuerdo de limitar el desarrollo nuclear a cambio de eliminar las sanciones. Para debilitar Irán y fortalecer su alianza con Israel, Trump rompió ese acuerdo, aunque no fue apoyado por la Unión Europea.

En Irán también hay un movimiento de protestas populares cuestionando el régimen dictatorial islámico y los problemas económicos que se descargan sobre los trabajadores.

Por su parte el imperialismo, bajo Donald Trump, cada vez más resistido dentro de Estados Unidos y con un proceso de impeachment  en curso,  afronta su propia crisis política y todo indica que busca algún “éxito” internacional para fortalecer su base votante para ganar las elecciones de noviembre de este año.

El contexto regional de Medio Oriente es de guerras permanentes y rebeliones populares en los últimos años. Entre ellos la rebelión popular y guerra civil siria (en la que Irán intervino junto a Rusia en apoyo directo al dictador Al Assad). La guerra civil y la intervención genocida de Arabia Saudita con apoyo yanqui en Yemen, mientras que los rebeldes son apoyados por Irán. También el surgimiento del Estado Islámico dentro de Irak, que luego se extendió a Siria, aunque hoy está derrotado.

En ese contexto explosivo se produjeron varios hechos en la últimas semanas: un ataque con misiles a una base norteamericana en Irak, con la muerte de un soldado yanqui, y el ataque de manifestaciones populares a la embajada yanqui en Bagdad, la capital de Irak. Estos hechos llevaron, según el comunicado del Pentágono de Estados Unidos, al bombardeo al aeropuerto:“Bajo la dirección del Presidente, el ejército de los EE.UU. ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal, al matar a Qasem Soleimani”.

Repudiamos el asesinato del general Qasem Soleimani y esta hipócrita declaración del ultra reaccionario Trump. Nadie fue a atacar a Estados Unidos. Es Estados Unidos el que continúa la ocupación militar parcial de Irak y se atribuye el “derecho” de bombardear su principal aeropuerto y producir una masacre. En estos momentos acabamos de recibir la noticia de que un nuevo ataque perpetrado por el ejército yanqui en Bagdad habría dejado varios muertos y heridos.

Sin tener ninguna coincidencia ni apoyo a la política de la República Islámica de Irán, ni del gobierno de Irak, repudiamos estos criminales ataques y los consideramos parte de la acción militar imperialista por someter a Medio Oriente a su dominio total. Llamamos a los trabajadores y pueblos del mundo a repudiar estos atentados y a luchar por el inmediato retiro de todas las tropas yanquis de Irak y de Medio Oriente, ya que sólo han traído genocidio y destrucción.

¡Fuera las tropas yanquis de Irak y Medio Oriente!

¡Repudiamos esta acción criminal determinada por el derechista Trump!

Unidad Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras (Cuarta Internacional)

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda

04/01/2020

Contactos: Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo

Facebook: Juan Carlos Giordano

Prensa: 11-6054-0129 @PrensaIzquierda              

Desde los pasados meses de setiembre y octubre, Francia vive una serie de movilizaciones, protagonizadas con más de un mes de huelga por los trabajadores del transporte públicos franceses contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Macron. La huelga afectó al 75% de los maquinistas; a la mitad de las líneas de metro de París y la otra mitad funcionó con servicios mínimos y al 70% de los autobuses, y continúan.

Estas luchas han obligado a las centrales sindicales a convocar una huelga general del sector que empezó el 5 de diciembre y que se prolongó hasta el 11, día en que el primer ministro francés Éduard Philippe expuso públicamente su proyecto de reforma. Se unieron importantes sectores de los trabajadores públicos como los funcionarios, sanitarios, bomberos e incluso los bailarines de la Ópera de París, sectores todos ellos que se han visto gravemente afectados por las políticas de ajustes del gobierno francés. El apoyo popular a la huelga es del 62% de la población francesa. Aunque SUD-Rail y la CGT daban apoyo a la huelga, UNSA y CFDT mandaron levantar la huelga hasta después de las fiestas. Pero las asambleas de trabajadores se rebelaron y votaron por continuar. Esto se acompaña con los comités de huelga barriales que plantean seguir haciendo acciones durante las fiestas -algo nunca visto-y los docentes, que están de vacaciones, ya han planificado acciones con los ferroviarios y los conductores.

Las movilizaciones (huelgas y manifestaciones) han continuado durante las fiestas navideñas, convirtiéndose en la huelga más larga desde 1995, cuando tras tres semanas de huelgas, el entonces primer ministro conservador Alain Juppé tuvo que retirar su proyecto de reforma de la Seguridad Social y las jubilaciones de los funcionarios. La huelga ha mostrado la contundente voluntad de lucha de los trabajadores y ha producido dos pequeñas victorias: la dimisión del responsable gubernamental de la reforma de las pensiones y el retraso en la aplicación de la reforma a los bailarines de la Ópera de París. Aun así, Macron, el presidente de los ricos, insiste en implantar la reforma a la que como máximo piensa introducir pequeños ajustes para “mejorarla”.

Pero lo que está en juego no es solo el futuro de las pensiones sino también mantener la capacidad de lucha de la clase trabajadora y de los sectores populares franceses que durante el año 2019 han protagonizado importantes movilizaciones como la de los “chalecos amarillos” contra la degradación de las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales y, en particular, contra el aumento del precio de la gasolina, que consiguieron anular. También se han realizado 36 días de huelga en los ferrocarriles franceses contra su privatización, que no lograron su objetivo por la política de las organizaciones sindicales mayoritarias.

Estas luchas se han dado en el marco de la política del gobierno francés quiere imponer sus planes de ajuste para aumentar los beneficios de las empresas degradando las condiciones de vida de los y las trabajadoras y los servicios públicos, mientras, Macron ha suprimido el impuesto a las grandes fortunas.

La lucha contra privatización de las pensiones es, no obstante, una lucha internacional que ha tenido sus picos tanto en Chile como en Nicaragua que ha dado respuesta a los planes de privatización de los sistemas públicos de pensiones. Pero la lucha de la clase trabajadora francesa también se da en el marco de la oleada de movilizaciones insurreccionales que sacude el mundo, contra las políticas de ajuste de los gobiernos burgueses, del FMI y de la OCDE.

Total apoyo a la huelga contra la reforma de pensiones de Macron.

30/12/2019

Unidad Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

Escribe José Castillo

La receta del FMI, repetida para todos los países (Francia, Grecia, Brasil) incluye liquidar los sistemas jubilatorios para garantizar las ganancias de las multinacionales y los bancos. El actual ajuste a los jubilados en nuestro país va en esta línea. La excusa es “el envejecimiento de la población, que vive más años”. La realidad, como explicamos en esta nota, es que siempre se robó a los jubilados para favorecer los grandes negociados.  

¿Cuánto debe cobrar un jubilado? Comencemos por esta pregunta de sentido común. Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que esté por encima de la canasta básica de pobreza. La Defensoría de la Tercera Edad lo calcula hoy en 38.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Pero continuemos: ¿cómo se debería establecer el monto que le corresponde, dado este piso, a cada jubilado? La respuesta también es sencilla: recibiendo un 82% de su salario en actividad, “móvil” es decir actualizándose acorde a los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.

Una mención especial debemos hacer sobre lo que se denominan “regímenes especiales”: son los pocos casos en que los trabajadores que realizan determinados tipos de tareas, con sus luchas y también con aportes extras sobre su salario lograron defender su edad jubilatoria y un monto previsional más cercano a lo que percibían en actividad. Tal es el caso de los docentes, los docentes universitarios, trabajadores judiciales, de Luz y Fuerza, etcétera.

Constantemente se ha tratado de atacar y liquidar estos regímenes, “mezclándolos” a propósito con las llamadas “jubilaciones de privilegio”. Esto es otra cosa: son las personas que perciben haberes de más de 200.000 pesos por mes, sin ninguna relación con sus aportes: son los senadores y diputados, presidentes de la Nación, jueces, militares de alta graduación e incluso la cúpula de la Iglesia Católica. Esto sí es una verdadera vergüenza y deben ser eliminados. Pero no tienen nada que ver con las jubilaciones ordinarias de los trabajadores, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

El ajuste “¿solidario?” de Alberto Fernández

En la realidad de nuestro país, el 70% de los jubilados cobran la mínima, orillando la indigencia, apenas por arriba de los 14.000 pesos. Nada se soluciona con los dos bonos “por única vez” que se cobrarán en diciembre y enero. Llegará febrero y nuevamente, la inmensa mayoría de los abuelos estarán sumidos en la miseria. El resto (los que cobran por encima de los 19.000 pesos ¡y por lo tanto están en la mitad de lo necesario para cubrir su canasta!) no recibirán nada, ni siquiera los aumentos establecidos por ley. Quedan sometidos a la discreción de un presidente que “promete” incrementos, sin dar ninguna precisión de qué se trata. Según un análisis realizado por el Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Geres), reproducido por Alejandro Bercovich (BAE Negocios, 27/12), los jubilados por encima de la mínima (aun suponiendo que en 2020 se les pague con aumentos que cubran toda la inflación del año que viene) terminarán cobrando un 6,7% menos que lo que les correspondería si se mantenía la fórmula vieja. Pero incluso los jubilados que hoy cobran la mínima, y aun contando los dos bonos de 5.000 pesos, reajustados luego de la misma manera, perderán un 3,3% en comparación a lo que les tocaba con los incrementos eliminados en la ley planteada por el gobierno de Alberto Fernández. Y todo eso sin mencionar el 25% que todos perdieron en los cuatro años anteriores de Macri.

Los especuladores internacionales, los acreedores de deuda externa y el FMI “aplauden” ante estas medidas. No solamente porque son una señal de la voluntad del gobierno de Alberto Fernández de cumplir con los vencimientos de deuda: también porque están en línea con lo que el establishment exige a escala internacional, la reforma jubilatoria. Esta se traduce en liquidar los regímenes especiales, reducir lo más posible la “tasa de sustitución” (cuánto cobra un jubilado por primera vez en comparación a lo que percibía en actividad, que a diferencia del 82%, hoy apenas alcanza a 50%) y aumentar la edad jubilatoria. “Ahorrar” en suma, a costa de la tercera edad.

La historia de un robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que “no hay plata” para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. Se argumenta que el problema es que “la gente hoy vive más que antes”. Mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Recorramos brevemente la historia. Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años ´60: hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas, comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban de lo que entraba a las cajas, haciéndose financiar por ellas y reemplazándolas por “papelitos”, que luego no pagaba, ya que se desvalorizaban por la inflación de entonces.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica: reducir los aportes patronales. Lo que implicaba comenzar a desfinanciar las cajas. Desde entonces, los diferentes gobiernos “metieron mano” en los aportes de los jubilados, utilizando ese dinero como si les perteneciera y, desde la década del ´80, usándolo para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo vendrá en la década del ´90. Menem y Cavallo harán una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca se restituirán. De hecho, estaban en el 33% y a partir de entonces se redujeron al 16%. A esto le siguió la privatización del sistema. En 1993 se crearán las AFJP. En síntesis, significó que la inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones, que alcanzaron niveles de miseria nunca antes vistos.

Por si todo esto fuera poco, el crecimiento del desempleo y la precarización laboral crearon otra realidad: la mitad de la clase trabajadora pasó a estar “en negro”, esto es sin realizar aporte alguno.

Uno de los subproductos del Argentinazo, con millones repudiando a la jubilación privada, y también de la crisis mundial de 2008, que colocó a más de una AFJP al borde de la quiebra por la forma en que especulaban con los fondos en su poder, llevó a la reestatización del sistema. El Estado tuvo que hacerse cargo de millones de jubilados a los que sus patrones no les habían realizado los aportes.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o valores muy cercanos a ella. En esos doce años del kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones. Por el contrario Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, llegó a vetar el otorgamiento del 82% móvil aduciendo que no contaba con fondos. Así arribamos a la situación actual, donde casi 2/3 de los pasivos están en esa situación.

Pero la reestatización brindó también la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios, que pertenecía a los jubilados y pensionados.

Sin embargo, ese fondo fue utilizado para cualquier otra cosa. En particular para pagar deuda externa, tomando dinero del mismo y reemplazándolo por más “papelitos”: bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. El gobierno de Cristina llegó a incluso a otorgarle un crédito a la filial argentina de la General Motors, con la promesa, luego no cumplida, de que la empresa no despidiera personal. Así, el fondo se fue reduciendo. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad de ellos en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017 y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, procedió al último robo a nuestros abuelos. Cambió la fórmula de reajuste, haciendo que se perdiera más de un 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.

Ahora, el nuevo gobierno de Alberto Fernández elimina esa fórmula, justamente la única vez que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo. Y vuelve a echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitiendo que se canjee dinero por bonos hasta un 75%.

Esta es la historia repetida. ¿Cómo modificarla? Haciendo lo que nadie propone. Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron varias legislaciones posteriores. Todos los gobiernos posteriores se la pasaron siempre ofreciendo a las patronales la reducción de aportes como “incentivos” para invertir. De hecho, actualmente los primeros 7.000 pesos del salario del trabajador están “libres” de aporte patronal. La simple restitución de los aportes patronales con la escala general que existía en 1994 permitiría incrementar en un tercio los recursos que percibe mensualmente el Anses.

Pero, además, hay que realizar un masivo blanqueo de todos los trabajadores en negro.  Hoy casi el 40% de los asalariados están en esa situación, y a muchos otros se le realizan aportes por apenas una parte del sueldo, pagándole el resto “por debajo de la mesa”. Estamos hablando de la posibilidad de duplicar la recaudación mensual del Anses. Con el agregado de la suma de la restitución de los aportes patronales, se podría garantizar así la masa de aportes y contribuciones para pagar efectivamente el 82% móvil a todos los jubilados.  

Y, por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse para nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Y, si en la transición hiciera falta cubrir algún faltante, se lo debe cubrir con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo de las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones (impuestos a las exportaciones).

La jubilación no es una parte del “gasto público”, como pregonan los defensores del ajuste. Se trata de una parte del sueldo de cada trabajador, lo que se denomina un “salario diferido”. Es un sistema solidario, donde la contribución de los activos (con la suma de las retenciones más los aportes patronales) debe financiar las jubilaciones presentes.

¡El sistema no está “quebrado” ni es “inviable”! Lo están desfinanciando desde hace décadas los distintos gobiernos patronales. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las capitalistas y el FMI.

El gobernador de la UCR de Mendoza, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar la ley 9209 que permitía la megaminería, la cual estaba prohibida por la 7722. Declaró que “hay acuerdo mayoritario entre las bancadas para derogarla”, pero son las mismas bancadas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, con el aval del presidente Alberto Fernández, que habían votado la modificación para permitir la megaminería contaminante.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, declaró: “Este cambio no se debe a que Suárez, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (radicales y peronistas) “hayan reflexionado”, sino que retrocedieron por la enorme movilización popular en Mendoza y la solidaridad nacional con esa lucha. Producto de ello es que también se logró que en Chubut, luego de enormes movilizaciones en dicha provincia y el contagio de Mendoza, no se trate la derogación a la ley que prohíbe la megaminería en esa provincia gobernada por Mariano Arcioni del Frente de Todos”.

Giordano finalizó: “Una vez más se demuestra que el camino para derrotar a la megaminería y los planes de ajuste es con la movilización. Lo opuesto a lo que pregonan la CGT y el propio gobierno nacional llamando a esperar y a tener paciencia mientras pasa el ajuste. Esto es lo que preparan con el Pacto Social contra el pueblo trabajador. Este camino de lucha es el que deberán recorrer los trabajadores para enfrentar la ley de emergencia recientemente votada que le roba a los jubilados y trabajadores para pagar la deuda y salvar las ganancias capitalistas de las patronales. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad saludamos los triunfos en Mendoza y Chubut y llamamos a seguir ese ejemplo”.

Las masivas movilizaciones en la provincia de Mendoza son parte de un proceso de lucha contra la megaminería a cielo abierto que genera tremendos impactos ambientales y humanos. ¡No a la reforma de la 7.722 votada por la UCR y el PJ con el aval de Alberto Fernández! ¡Defendamos el agua y el suelo! El gobernador anunció que por ahora no reglamentará la repudiada ley 9.209 y llama a un “diálogo”. Pero la lucha debe continuar hasta obligarlo a que se derogue.

El fuerte repudio social y las masivas movilizaciones en Mendoza obligaron a que el gobernador Suárez anunciara la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209, que reformaba la ley provincial 7.722 que prohíbe la megaminería en Mendoza. Pero hay que seguir la lucha hasta obligarlo a que se derogue.

El lunes 23, en una de las mayores protestas que haya protagonizado esa provincia, decenas de miles de mendocinas y mendocinos se volcaron a las calles contra la reforma de la ley 7.722, la número 9.209. Al grito de: “Suarez, basura, queremos agua pura” (el gobernador de la UCR), la movilización exigía que se mantenga vigente la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. A pesar de la dura represión ordenada por el gobernador radical dejando decenas de heridos y presos, los manifestantes organizados en asambleas continúan movilizados por su justo reclamo.

Con la Legislatura vallada, el viernes 20 diputados y senadores provinciales votaron la reforma de esta ley que protegía el ambiente. Impulsada por el gobernador radical-macrista Rodolfo Suarez, el proyecto fue apoyado por los bloques del radicalismo, del macrismo y del peronismo. Fue el resultado de un acuerdo en el que intervinieron la kirchnerista Anabel Fernández (ex candidata a gobernadora) y el propio presidente Alberto Fernández junto al gobierno provincial. Aunque ahora impactados por la movilización traten de deslindarse del proyecto diciendo que es un problema provincial, avalaron la reforma, como demuestra la votación de sus legisladores. Alberto Fernández, en particular, defiende la mega minería desde que fue gobierno en los 12 años anteriores y a las ganancias de las multinacionales como la Barrick y otras, saqueadoras y contaminantes. Ahora Fernández dice que es una actividad que permitiría hacerse de dólares para pagar la usurera deuda externa. Las declaraciones del ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié intentando “despegar” al gobierno nacional diciendo que es un “tema provincial”, es parte de un doble discurso que hace agua ante la creciente protesta social. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que designó al reconocido lobista mega minero Alberto Hensel en la función de Secretario de minería de la Nación?

Fue un mal cálculo de los políticos patronales. La ley 7722 había sido aprobada con mucha lucha en 2007 y por eso representa una gran conquista que debe ser defendida. La masiva movilización unificó a docentes, alumnos, jóvenes, pequeños productores y comunidades enteras de ciudades del Valle de Uco, una de las principales regiones vinícolas del país que será gravemente afectada por la contaminación del agua si se aprueba el proyecto. La gravedad de la situación nacionalizó la lucha. Casi de inmediato comenzó a contar con el apoyo de personalidades del deporte, la cultura, los derechos humanos y entidades ambientalistas y sindicales de todo el país. Hasta las Reinas de la Vendimia pidieron no se haga la fiesta tradicional 2020 diciendo: "El agua de Mendoza no se negocia. #La7722nosetoca".

El proyecto aprobado abre las puertas para la explotación de minas de cobre, oro y plata utilizando cianuro y ácido sulfúrico para separar pequeñas cantidades de metales nobles de decenas de toneladas de roca bruta (lixiviación). Este sistema despeja grandes cantidades de sustancias tóxicas contaminando el aire y los cursos hídricos por derrames o filtraciones. Es lo que acaba de constatar un peritaje oficial en la vecina provincia de San Juan. Cinco ríos se encuentran contaminados por la acción de la multinacional Barrick Gold, que derramó un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero. Según el peritaje, “todas las muestras analizadas, líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro”.

Esta lucha también se está dando en Chubut donde la mega minería está prohibida pero intentan intentan avanzar con la “zonificación”, resistida por el pueblo chubutense.

La complicidad de los gobiernos patronales

Estas tragedias ambientales, con graves consecuencias humanitarias provocadas por un capitalismo salvaje y depredador, se lleva a cabo de la mano del gobierno nacional y los provinciales. Todos los partidos patronales son favorables a este tipo de proyectos como lo demuestra la votación de Mendoza. Ese apoyo se revierte en aportes económicos para financiar sus campañas y perpetuarse en el poder, cuando no para aumentar sus patrimonios personales. El ex presidente del PJ y tres veces gobernador de San Juan y actualmente diputado nacional, José Luis Gioja, acuñó la frase: “hay que promover la minería que da más plata que la soja”. No es lo que piensan en Jáchal e Iglesias, regiones de una provincia semidesértica que corren el riesgo de quedarse sin agua potable por la acción de la Barrick.

La minería a cielo abierto no es una industria que trae inversiones, puestos de trabajo y progreso. Al contrario, invierte poco en infraestructura sustentable, genera empleos precarios y limitados al tiempo que dure la extracción del metal buscado y genera impactos ambientales, geográficos, humanos y culturales profundos. Además, se lleva del país un recurso no renovable pagando por ello con bajas retenciones, que el gobierno de Alberto Fernández acaba de disminuir  del 12% al 8%.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad nos posicionamos rotundamente en contra de la explotación de la minería a cielo abierto y a la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico o el mercurio. En Mendoza, los legisladores del FIT, tanto en diputados como en senadores, no sólo se posicionaron contra este proyecto sino que se sumaron a las marchas de protesta y a las exigencias de no reformar la ley 7722.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto apoyando la lucha contra la mega minería en Chubut y que se respete la prohibición de la misma, el que va en consonancia con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017-diputado Giordano) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.

Expresamos nuestra solidaridad con la movilización de las mendocinas y mendocinos y comprometemos nuestra militancia para difundir esa lucha desde nuestros lugares de estudio y trabajo, para impedir este nuevo crimen ambiental.

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, 26/12/2019