Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que supuestamente regula el teletrabajo en nuestro país. Dicha norma había sido aprobada a finales de julio de 2020. Y como no podía ser de otra manera, el gobierno peronista de Fernández introduce a través de la reglamentación de la ley un clarísimo respaldo a la posición de las patronales estableciendo en varios artículos una implementación en desmedro de los trabajadores, abriendo las puertas a una mayor flexibilización laboral.

El 20 de enero se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27/2021 que reglamenta la ley 27.555, de teletrabajo. La reglamentación realizada por el gobierno nacional deja a las claras, por si a alguien le quedaban dudas, que la ley sólo persigue el fin de avanzar con la flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país pasando sobre los derechos adquiridos de millones de trabajadores y trabajadoras. Cada artículo de la reglamentación “desempata” para el lado de las patronales cualquier aspecto que en la ley pudiera haber quedado como medianamente favorable a las y los trabajadores. Y deja sin reglamentar, o sea en un limbo que en la gran mayoría de los casos se resuelve a favor del empleador, varios artículos de la ley aprobada en el Congreso.

Veamos algunos ejemplos, en primer lugar, la fecha de aplicación de la ley. Su entrada en vigencia estaba establecida noventa días después de concluidas las medidas de aislamiento social. “La reglamentación, sin embargo, establece que esos noventa días comenzarán a contarse allí cuando la cartera laboral lo disponga y no a partir del 8 de noviembre, cuando, por decisión del Ejecutivo, se dejó sin efecto el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para dar lugar al distanciamiento social (Dispo)” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

También han sido objeto de una reglamentación regresiva con respecto a lo votado en julio en el Congreso aspectos centrales tales como el ámbito de aplicación o la reversibilidad. Como explica Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), la reglamentación “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo para que el nuevo régimen sea aplicable” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

Sobre la reversibilidad que estaba establecida en la ley como un derecho del trabajador, la reglamentación incorpora que es necesaria “la invocación de una motivación razonable y sobreviniente”. Dicho en otras palabras, lo que era un derecho unilateral del trabajador/a de solicitar la vuelta al trabajo presencial, ahora queda en manos de la interpretación de la patronal. En un marco de millones de trabajadores con contrataciones precarias y complicidad de la burocracia sindical con las patronales es fácil imaginar que esta reglamentación dificulta enormemente la reversión del teletrabajo por pedido del trabajador/a.

La reglamentación incluye también una restricción más a la reversibilidad reclamada fuertemente en estos meses por el sector empresario: “Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos de trabajo o en los contratos individuales” (decreto 27/2021, Anexo I, artículo 8°).

Podríamos seguir con los ejemplos de cómo la reglamentación que lleva las firmas del presidente Fernández; el jefe de gabinete, Cafiero, y el ministro de Trabajo, Moroni, abre aún más las puertas a las patronales para usar el teletrabajo como un caballo de Troya contra los derechos laborales y avanzar aún más con la flexibilización laboral.

Así como en su momento alertamos que la ley persigue avanzar sobre los derechos de millones de trabajadores/as, hoy planteamos que la reglamentación es un paso más en la flexibilización laboral. Como venimos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, llamamos a fortalecer la organización desde cada sector de trabajo para estar en mejores condiciones de enfrentar y frenar esta nueva avanzada flexibilizadora.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Fiel a su estilo de intentar primerear con anuncios “marketineros”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el coronavirus. La ministra Acuña, responsable de cada uno de los ataques del gobierno de Larreta contra la educación pública en la Ciudad en los últimos cinco años, anunció el 21 de enero con bombos y platillos un regreso masivo a las aulas a partir del 17 de febrero. Una vez más, un anuncio irresponsable para los titulares de los medios de comunicación que no tiene en cuenta los criterios de crecimiento de casos ni las deficientes condiciones edilicias ni de salubridad para quienes con su trabajo sostienen la educación, ni para las y los estudiantes y sus familias. El único fin que se persigue es erigir al gobierno porteño como el abanderado de la vuelta a la presencialidad a como dé lugar, intentando desplazar de ese sitio al gobierno nacional, que a través del ministro de Educación Trotta viene haciendo planteos similares a los de Larreta y Acuña.

En ese marco, y a tono con lo que vienen reclamando los gremios docentes de la Ciudad encabezados por Ademys, hemos solicitado con carácter urgente una entrevista con la ministra de Educación Soledad Acuña, para que presente un informe oficial de los protocolos a aplicar, así como de las condiciones de todos los establecimientos educativos en los que plantea el retorno a la presencialidad. Y para rechazar de plano que docentes, auxiliares, estudiantes y familias tengamos que pagar con nuestra salud por una nueva irresponsabilidad que solo busca réditos electorales al mostrar una falsa preocupación por la educación.

Además reclamamos que el ministerio dé a conocer la lista de contagios que se han registrado en las burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano. Que informe qué escuelas fueron refaccionadas durante 2020 y los arreglos que se realizaron para acondicionarlas a fin de brindar una presencialidad segura en relación con la pandemia del Covid-19 y el dengue. También exigimos información precisa sobre las medidas que el Gobierno de la Ciudad prevé para evitar que decenas de miles de estudiantes, docentes y auxiliares tengan que utilizar los ya abarrotados transportes públicos.

Reclamamos el cronograma del plan de vacunación en la Ciudad que aún al día de hoy se desconoce y que debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, trabajadoras y trabajadores de limpieza, de los comedores y de la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, y la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitamos que se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año los bolsones se adecuen a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. Asimismo, frente a la falta de vacantes que se reitera este año lectivo exigimos una urgente solución que tiene que partir de la construcción de escuelas. Proponemos para afrontar todas estas urgentes cuestiones la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras. 

Nos solidarizamos con el reclamo efectuado por Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación de acuerdo al alza del costo de vida registrado en CABA, que solo para 2020 fue de 40 por ciento.

Desde nuestra banca nos ponemos a disposición una vez más de los reclamos y las luchas que llevan adelante la docencia y el conjunto de la comunidad educativa contra los nuevos ataques que en este 2021 preparan Larreta y Acuña.

“El gobierno de la Ciudad convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el corona virus”, manifestó el legislador por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) en representación de Izquierda Socialista, Pablo Almeida.

El legislador solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Soledad Acuña, para manifestarle la preocupación de familias y docentes por la decisión del gobierno de Larreta de imponer el retorno a la presencialidad en las escuelas a partir del 17 de febrero. Almeida afirmó que, dado que la trasmisión del virus se ha incrementado por encima de los indicadores epidemiológicos recomendados es riesgoso el regreso en febrero. Más aun si no están garantizadas mínimas condiciones de salubridad para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

A su vez reclamó que el ministerio dé a conocer el protocolo con el que autoriza el retorno a la presencialidad y la lista de contagios que se han registrado en la burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano a la fecha. Informe la lista de escuelas refaccionadas durante el año 2020 y los arreglos que en las mismas se realizaron para ser acondicionadas a una presencialidad segura en relación a la pandemia covid 19 y al dengue. En particular requirió “un informe de los sistemas de ventilación y m2 por alumno previstos en cada aula y la colocación de mosquiteros en todas las dependencias de las escuelas.”

Respecto a la vacunación, requirió el cronograma de la misma y afirmó que ésta debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, incluyendo al personal de limpieza, comedores y a la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitó se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año 2021 los bolsones sean adecuados a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. A tal fin, propuso la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras, que deberían suspenderse durante el año 2021.  

Almeida advirtió que la falta de vacantes se reitera este año lectivo, sin que el gobierno del PRO garantice el derecho de miles de niñes y adolescentes que nuevamente quedan por fuera del sistema, por lo cual solicitó el gobierno de una solución atento a que se agravará pues el presupuesto 2021 se ha reducido a la mitad para la construcción de escuelas.

El legislador, finalmente se solidarizó con el reclamo efectuado por la asociación Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza, y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación al alza del costo de vida registrada en la ciudad que solo para el 2020 fue del 40%.

Cabe consignarse que, de aceptarse el pedido, la entrevista debería realizarse en forma virtual dado que el legislador Almeida y la propia ministra se encuentran afectados por covid 19, lo que nos exime de comentarios sobre la gravedad de la situación epidemiológica.

CONTACTO PRENSA

Legislador Pablo Almeida.  Celular:  1133770008

Asesora en educación Laura Marrone:  1168829255

Legislador electo en CABA por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Pablo Almeida, socio e hincha del club Ferro Carril Oeste, se graduó en el Colegio Nacional Buenos Aires en 1991. Luego de un breve paso por la militancia en “la Fede” (FJC-Partido Comunista), comenzó su larga militancia en el trotskismo morenista en la Juventud Socialista del MST en 1995, destacándose como dirigente estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, encabezando la recuperación, primero, del centro de estudiantes en el año 2000, y luego de la propia Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) contra la mafiosa Franja Morada en 2001, en pleno Argentinazo.

Ingresó a trabajar al Ministerio de Economía bajo el gobierno de Menem, en 1992, en el área del presupuesto nacional, teniendo como patrones a diecinueve ministros de Economía, como Cavallo, López Murphy, Lavagna, Lousteau, Boudou, Kicillof, Prat Gay y Dujovne, entre otros. En 2005 encabezó el reclamo salarial y las asambleas masivas, por lo que fue perseguido por la patronal y agredido físicamente por una patota de UPCN. En 2013 encabezó la recuperación de la junta interna de ATE Mecon contra la burocracia sindical de la CTA, organizando el cuerpo de delegados y siendo reelecto por los trabajadores como delegado general en dos oportunidades hasta la actualidad. Gran referente de las peleas salariales, contra los despidos y la precarización durante los gobiernos de Cristina Kirchner, de Macri y ahora de Alberto Fernández. En 2018 participó de la fundación del Plenario del Sindicalismo Combativo en Lanús, integrando su mesa nacional hasta la actualidad.

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