Escribe Mercedes Trimarchi, Dirigente de Isadora y diputada provincial electa Izquierda Socialista/FIT

El pasado 4 de septiembre se firmó con dictamen de mayoría en el Congreso un proyecto para reformar la ley 26.150 de educación sexual integral. Sectores ligados a la Iglesia Católica y a las evangélicas, preparan movilizaciones contra las reformas y ya lanzaron una campaña por redes sociales contra lo que ellos denominan “ideología de género”. La necesidad de reformar la ley se evidenció luego del debate por el derecho al aborto que movilizó a millones de personas, especialmente a jóvenes secundarias que denunciaron la falta de ESI en las escuelas.

Aunque fue sancionada en 2006, hace ya doce años, la ley no se aplica. Como dice el refrán, hecha la ley hecha la trampa. De acuerdo con el texto vigente, las provincias no están obligadas a adherir a la ley, a su vez, tampoco se realizan las capacitaciones necesarias al personal docente y además las instituciones deciden qué contenidos dar de acuerdo con sus creencias. Ejemplo de ello, son las escuelas confesionales católicas y evangélicas que no aplican la ley y, si lo hacen, es con materiales sin ningún tipo de validez científica.

Pero no es solamente un problema de redacción de la norma sino que tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos que permiten que estas instituciones incumplan la ley, dejando a millones de estudiantes sin el derecho a recibir un conocimiento fundamental para su desarrollo. Las cifras en nuestro país son escalofriantes. Según un informe de la Unicef, cada año en Argentina hay tres mil niñas menores de 15 años que se convierten en madres, y en el 83,4% de los casos fueron embarazos no planificados. Por ejemplo, la Argentina es el país de la región con mayor cantidad de nuevos casos de VIH por año y 9 de cada diez personas que contrajeron esta enfermedad no utilizaron preservativo.

Pero no se trata solamente de evitar enfermedades, desde el movimiento feminista venimos planteando que la enseñanza de la educación sexual no debe estar restringida solamente a brindar información acerca de los cuidados del cuerpo para evitar contagios vinculados con la transmisión sexual. Es importante también que podamos avanzar en una ESI sobre la base del respeto y la no discriminación. Por eso, exigimos que la ESI además de laica y científica tenga perspectiva de género. ¿Y qué significa? De manera sencilla, que en la ESI no se reproduzcan los estereotipos y roles de género tradicionales de mujer/varón. Tampoco que solamente se hable de parejas heterosexuales, como si no existieran otras relaciones. Lo mismo, en relación con la sexualidad que solo queda restringida a lo genital y a lo reproductivo.

Al calor de las movilizaciones por el derecho al aborto logramos visibilizar estos reclamos por los que llevamos años peleando. Y ahora no solamente discutimos que se aplique la ESI sino también qué ESI queremos. Tiene que ser laica, científica y con perspectiva de género. Lo opuesto a lo que pretenden los sectores antiderechos, oscurantistas y conservadores ligados a las iglesias que están a favor del aborto clandestino y de cientos de muertes de mujeres pobres al año por esta causa.

Desde Isadora e Izquierda Socialista, como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto seguimos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Inmediata separación de la Iglesia del Estado! Y ¡Basta de subsidiar a la Iglesia Católica!

Mercedes Trimarchi, diputada provincial electa de Izquierda Socialista -FIT por la provincia de Buenos Aires, estuvo en Brasil junto con nuestro partido hermano CST-PSOL, recorriendo varias ciudades para socializar la experiencia de la lucha del movimiento de mujeres de la Argentina por el aborto legal e intercambiar experiencias con las mujeres brasileñas que están impulsando la pelea por sus derechos en su país. La gira se inició en el estado de Río de Janeiro, donde se realizó un panel de debate con la participación de más de 400 estudiantes (foto) en el auditorio de la Universidad Federal Fluminense en Volta Redonda. La gira siguió en el norte, en la ciudad de Belem, donde se llevó adelante una actividad de intercambio con las mujeres en lucha y culminó con una rueda de conversatorio en la ciudad de Belo Horizonte.

M. B.

Escribe Mercedes Trimarchi Dirigente de Isadora y diputada de Izquierda Socialista

Diana Sacayán fue una referente de la comunidad travesti a la que mataron de trece puñaladas en su departamento de Flores en octubre de 2015. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos. Tras varias audiencias, el pasado 18 de junio se conoció la sentencia que fue contundente: Gabriel Marino recibió la condena máxima por homicidio agravado por odio de identidad de género, es decir travesticidio. Un fallo histórico y sin precedentes.

Son pocos los casos de asesinatos de travestis que llegan a juicio y solo cuatro han tenido condena, muy bajos en relación con el tipo de crimen. Recordemos que las personas travestis, transexuales y transgéneros son altamente discriminadas y excluidas desde temprana edad de los ámbitos educativos, de salud y luego del trabajo formal. 
Se ven expuestas a muchas formas de violencia: física, simbólica, psicológica, sexual y económica. Esto es lo que lleva a que en la Argentina su esperanza de vida sea de 35 años. Entre las causas principales de muerte están los travesticidios y el sida. A pesar de los últimos avances en materia legal, como la ley de matrimonio igualitario (2010) o la ley de identidad de género (2012), las personas trans siguen siendo altamente estigmatizadas y criminalizadas. Un informe elaborado por el CELS de 2017 señala que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ocho de cada diez travestis están presas sin condena.

Quién era Diana Sacayán 
Diana fue una defensora de los derechos humanos, activista travesti impulsora de las leyes de identidad de género y la del cupo laboral para las personas trans. A sus 39 años, llevaba dos décadas de militancia social. En 2001 creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas de la diversidad sexogenérica. Nació en Tucumán, de una familia humilde que se trasladó a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, siendo ella todavía muy chica. Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió su identidad travesti a los 17 años y desde su adolescencia fue víctima de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba al travestismo. 
En 2012, Diana se convirtió en la primera travesti en postularse como Defensora del Pueblo por La Matanza, logrando integrar la terna final. Logró ver un mes antes de su asesinato la sanción de la Ley de Cupo Laboral travestitrans en la provincia de Buenos Aires, que al día de hoy sigue sin reglamentarse. 
Desde Izquierda Socialista acompañamos a la familia de Diana durante el juicio y celebramos la condena a cadena perpetua por travesticidio. Fue triunfo de la movilización de las organizaciones sociales, políticas y de la diversidad sexogenérico que, junto al movimiento de mujeres, viene avanzando en su organización y masividad, tal como se vivió el pasado 8M, que se suma al logro que significó la liberación de Higui, el año pasado. Este jueves 28 de junio vamos a participar de la tercera marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios que en Buenos Aires será de Plaza de Mayo a Congreso a las 18. Solo luchando y en las calles lograremos nuestros derechos.

Escribe Mercedes Trimarchi

El pasado jueves 28 se realizó la tercera marcha nacional contra los travesticidios y los transfemicidios, en varias ciudades del país se hicieron concentraciones, radios abiertas y marchas. En Buenos Aires, la jornada reunió a miles de personas que luego de concentrarse en Plaza de Mayo, marcharon hacia el Congreso en el que se leyó el documento de cierre, consensuado entre distintas organizaciones que convocaron. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda adherimos a la convocatoria y marchamos exigiendo el fin de los crímenes de odio y por el cupo laboral trans.

A una semana del fallo histórico que significó la condena a cadena perpetua de Gabriel Marino, asesino de Diana Sacayán, quienes participamos en la movilización exigimos justicia también para las 42 travestis y trans que fueron asesinadas en lo que va del año. El fin de los crímenes de odio, de la persecución policial, el acceso al trabajo, la efectiva implementación del cupo laboral trans, el respeto a la ley de identidad de género, la entrega de medicación a quienes viven con VIH-SIDA, son algunos de los reclamos al gobierno que desde la comunidad travesti trans se vienen haciendo y que fueron las principales exigencias de la convocatoria. 
A su vez, en el palco se recordó a Lohana Berkins, histórica referente de la comunidad, así como también a otras reconocidas activistas como Diana Sacayán, Pía Baudracco y Maite Amaya que pelearon hasta su último día de vida contra la discriminación y por los derechos de las personas travestis y trans. Recordemos que la expectativa de vida en la actualidad de las travestis es de 35 años y las persecuciones policiales y maltratos son moneda corriente para el colectivo. Por eso, debemos seguir en las calles exigiendo el derecho a una vida sin violencias.

Escribe Mercedes Trimarchi

El #8A permitió visibilizar el rol de la reaccionaria y ultraconservadora Cámara de Senadores, que negó el derecho al aborto, desoyendo a las millones de personas que nos movilizamos en Buenos Aires, las provincias y decenas de países del mundo. Los partidos PRO, la UCR, el PJ y el FpV privilegiaron su acuerdo con la Iglesia Católica y votaron en contra.

Ante esto, algunos sectores de los partidos patronales plantean la “realización de una consulta popular” por el aborto legal a lo que, lamentablemente, se sumó un sector de la izquierda como el PO (Prensa Obrera, 16/08/2018). Este debate no es nuevo, ya en marzo cuando con la movilización logramos que se abriera la discusión en el Congreso, también se planteó esta propuesta. En aquel momento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto elaboró correctamente una declaración en la que argumentaba por qué era un error plantear la consulta popular ya que nuestros derechos no pueden plebiscitarse.

Esto es así porque estamos hablando de un derecho humano, a la salud de las mujeres y a decidir sobre el propio cuerpo. Derecho que hoy está siendo vulnerado en nuestro país. En segundo lugar, porque el aborto se practica de manera clandestina en condiciones de peligro. Y en tercer lugar, porque la sociedad ya se posicionó en las calles masivamente por este derecho.

Insistir con una consulta popular o plebiscito es depositar expectativas sobre los mecanismos de este régimen antidemocrático. Desde el inicio del debate sostuvimos que no podíamos confiar en el Parlamento y sus partidos patronales porque responden a los intereses de la Iglesia Católica y los sectores más reaccionarios de la sociedad. No podemos poner expectativas en las instituciones de este régimen que han demostrado con creces estar en contra de los derechos de las mujeres. Ir a una campaña por una consulta popular con los medios de comunicación, la Iglesia Católica y los partidos patronales en contra, es una trampa para el movimiento de mujeres.

Creemos que nuestra tarea es seguir peleando para que el aborto #SeaLey apostando a la movilización permanente. Sigamos tomando las calles impulsando una gran jornada global el 28 de septiembre en el marco del Día Internacional por el Derecho al Aborto en Argentina y todo el mundo.