Izquierda Socialista
Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
El brazo criminal del gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu pretende extenderse al mundo, condenando a quienes se manifiestan contra la ocupación del territorio palestino. Acusan de terroristas a los integrantes de la Flotilla Global Sumud.
El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, criticó los “arrestos blandos” realizados a la anterior flotilla y propuso detener a sus integrantes, trasladarlos a prisiones de máxima seguridad, negarles un trato digno y tratarlos como terroristas.
Gvir defendió su postura apelando a “la inquebrantable posición de Israel para salvaguardar sus fronteras y garantizar la seguridad nacional”. Sin embargo, Gaza (destino de la flotilla) es territorio palestino, no israelí. Quien viola las normas internacionales es Israel, al imponer una ocupación y un bloqueo criminal. El mundo sabe que la Flotilla no transporta armas ni terroristas, sino alimentos, agua y medicamentos para intentar frenar este crimen de lesa humanidad.
Repudiamos las declaraciones de Ben Gvir y compartimos la declaración de la bancada del FIT Unidad, que hace un llamado “a todas las instituciones democráticas y personas que defienden los derechos humanos y a los gobiernos del mundo a tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los tripulantes y activistas, y estar alertas y repudiar los intentos de detención. Hacemos responsables al gobierno genocida de Israel y la OTAN por lo que pueda pasarle a los activistas de la flotilla”.
Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Durante semanas, los estibadores del puerto de Génova, Italia, recolectaron y organizaron alimentos para cargarlos en las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en apoyo a la lucha del pueblo palestino contra la ocupación.
Su compromiso va más allá de la ayuda humanitaria: comparten el objetivo de la flotilla de romper el cerco del ejército sionista y llevar asistencia para frenar la hambruna.
“Toda nuestra mercancía pertenece al pueblo, hasta la última caja debe llegar a su destino. Entre 13 y 14 mil contenedores salen cada año de esta región hacia Israel. No dejaremos que salga ni un solo clavo. Convocaremos una huelga internacional, bloquearemos las carreteras, bloquearemos todo”, advirtieron los estibadores si se impide el ingreso de esos alimentos a la Franja de Gaza.
Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Después de casi dos años movilizados, más de 600 organizaciones civiles presentaron una demanda ante el Estado Español para poner fin al comercio de armas con Israel. Apremiado por la movilización, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, se comprometió a presentar la medida en el Consejo de Ministros el martes 9 de septiembre. Sin embargo, a último momento dio marcha atrás e incumplió su promesa.
“Una vez más, el Gobierno ha mentido sobre el comercio de armas con Israel, diciendo que ‘de facto’ el embargo ya está en marcha, cuando no hay nada más lejos de la realidad”, expresó en un comunicado la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) . Más adelante dicen: “nuestra movilización está funcionando, sienten nuestra presión y por eso seguiremos movilizándonos mucho más hasta romper todos los vínculos con un régimen colonial, de ocupación militar, genocida y de apartheid. No más armas, no más barcos y no más relaciones de ningún tipo con Israel”.
Efectivamente este martes 9, para presionar al Consejo de Ministros, se realizaron movilizaciones en 13 regiones del Estado Español para manifestar su exigencia al Gobierno: aprobar sin más dilación un embargo integral de armas a Israel. “Palestina no puede esperar más. Necesitamos la aprobación inmediata de un embargo de armas que sea integral…”
Sigamos el ejemplo de la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina, continuemos exigiendo en cada país, que los gobiernos rompan relaciones diplomáticas, comerciales y militares con el Estado terrorista de Israel.
Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
En el peor momento del gobierno, con bronca popular por los escándalos de coimas, el colectivo de discapacidad y sus familias lucharon en las calles y tiraron abajo el primer veto de la era Milei.
La escena fue emocionante: miles de personas del colectivo de discapacidad, junto a sus familias, trabajadores y prestadores, aguardaron bajo el frío en la Plaza de los Congresos. Cuando se conoció el resultado, se abrazaron y lloraron en un gran festejo. En medio de la bronca popular por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Eduardo Menem, se logró tirar abajo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue la coronación de un proceso en el que quedó claro ante toda la sociedad que plata había, pero se destinaba a coimas mientras se recortaban pensiones y prestaciones a las personas con discapacidad, un hecho de extrema crueldad.
Los motivos para festejar sobraban. El Senado, por una mayoría abrumadora de 63 votos a 7 y ninguna abstención, derribó el veto mientras en la plaza se cantaba el jingle popular: “Karina es alta coimera”. El veto ya había sido rechazado por más de dos tercios en Diputados, por lo que ahora la ley queda firme y el gobierno tiene la obligación legal de promulgarla y cumplirla.
La importancia política de este hecho es enorme: es el primer veto presidencial que cae en los últimos 22 años y el primero durante el gobierno de Javier Milei, que en un año y medio gobernó a fuerza de decretos y vetos. Entre ellos, la Emergencia Presupuestaria para las universidades y el aumento de las jubilaciones, leyes conquistadas con la lucha popular y luego saboteadas por sus cómplices en el Congreso.
Se trata de un triunfo construido con la militancia del colectivo de discapacidad y sus familias, pero que también expresa la crisis del gobierno. Quedó sin discurso y mostró toda su miserabilidad cuando se destapó la olla: el eslogan de “no hay plata” iba de la mano con la baja de 110 mil pensiones y el desfinanciamiento de prestaciones, mientras las coimas engrosaban los bolsillos de la hermana del presidente, Karina “3%”, de su segundo, Menem, y de empresarios como los de la droguería Suizo Argentina.
Se va fundiendo el motor de la motosierra
Este triunfo deja varias reflexiones. ¿Qué diferencias hubo con los vetos a la ley de aumento de jubilaciones o a la del presupuesto universitario? ¿Qué hubiera pasado si diputados y senadores de la oposición patronal hubieran actuado de la misma manera entonces, en vez de negociar con Milei y los gobernadores? ¡Cuánto antes podrían haber caído estas medidas si la CGT, en lugar de sostener durante meses un pacto con el gobierno, hubiera impulsado nuevos paros generales y un plan de lucha!
La primera lección es clara: se le puede decir ¡Basta a Milei! siendo consecuentemente opositor, votando contra el gobierno en el Congreso y apoyando la lucha en las calles. En estas épocas electorales, la respuesta a quién lo hizo de forma coherente es clara: solo el Frente de Izquierda Unidad mantuvo esa conducta sin fisuras. Todas y todos los que nos apoyan saben que seguiremos poniéndonos del lado de las luchas, impulsando al sindicalismo combativo para derrotar el súper ajuste de este gobierno. Esto nos diferencia de todos los bloques opositores, incluso del peronismo, que dio votos claves al oficialismo, como ocurrió con el de Edgardo Kuider en la Ley Bases.
Desde ahora, la pelea sigue para que el dinero que se llevaron en coimas y el que va a la deuda externa se destine a garantizar esta ley. También para que se restituyan las pensiones dadas de baja, se reincorpore a las y los trabajadores de la Andis y se actualicen los salarios del sector. Sabemos que este es un gobierno ultraderechista, corrupto y al servicio de los buitres de la deuda y del FMI. Ya anunciaron que intentarán “judicializar” la ley, no cumplirla e incluso retener los fondos que están obligados a enviar. Una vez más, el desafío será imponer su cumplimiento con la movilización popular.
Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno de Javier Milei avanza en una ofensiva contra la libertad de expresión. El juez Patricio Maraniello (con denuncias de abuso sexual y negociados en su contra) dictó un fallo exprés solicitado por Patricia Bullrich, que establece censura previa sobre los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como sobre el canal de streaming Carnaval. Fueron ellos quienes dieron a conocer los audios de Diego Spagnuolo que destaparon las redes de corrupción de Karina Milei y el clan Menem. El fallo prohíbe difundir audios que impliquen a la hermana del presidente e incluye el pedido de allanamiento de los periodistas y del canal, algo nunca visto en democracia.
La censura previa está explícitamente prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cada vez queda más en evidencia que el gobierno no puede tapar el sol con la mano: estamos frente a la punta del iceberg de los negociados de la “cajera” Karina y de los Menem. El ataque y la persecución contra la labor periodística, avalados por una justicia cómplice, buscan intimidar y silenciar al periodismo.
El martes 2 de septiembre, ante la negativa de María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y diputada de La Libertad Avanza, de convocarla, la vicepresidencia primera (a cargo del FIT Unidad, representado por el diputado Christian Castillo del PTS) decidió autoconvocarla. A la reunión asistieron los dos periodistas damnificados. Desde Izquierda Socialista repudiamos la censura previa y expresamos nuestra solidaridad con ambos.
Durante la comisión, Rial declaró: “Estamos aquí no sólo en nuestro nombre, también en el de Pablo Grillo, ferozmente reprimido”. En relación a las amenazas que sufre como parte de esta persecución, agregó: “Algún trasnochado, el viernes, creyó que me podía meter en cana. Apareció un Falcon estacionado en la esquina de mi casa. No nos van a callar”.
Por su parte, Federico denunció el ataque contra quienes “sólo informan sobre corrupción”. Y afirmó: “No tengo nada que ocultar… hago mi laburo y lo hago bien, por eso molestamos”. También aclaró sobre las fuentes: “No son rusos, no son venezolanos, ni espías… Son laburantes, muchos que echaron, otros que están ahí adentro y directivos”.
Defendemos la tarea periodística como un derecho democrático y una herramienta fundamental para que el pueblo trabajador acceda a información de interés público. La importancia de estos audios se refleja en la bronca popular que crece en todo el país contra Milei, quien en un año y medio gobernó con la motosierra, la represión y la corrupción. La difusión de estos audios no es delito: el verdadero crimen es robarle dinero a las personas con discapacidad o a los jubilados para coimas y negocios privados.
Reivindicamos la labor periodística bajo el gobierno de Milei, que junto a Bullrich atacó a trabajadores de prensa durante los brutales operativos represivos. El caso más grave fue el de Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado de forma directa por el gendarme Héctor Guerrero, aún impune. Este mismo gobierno llamó “mandriles” y “ensobrados” a periodistas opositores, desatando una campaña de odio como la que sufrió Julia Mengolini, y ahora, con cinismo, afirma: “No odiamos tanto a Jorge Rial”. Hoy busca ir todavía más lejos, aplicando censura previa.
Llamamos a los sindicatos de prensa y a todas las organizaciones democráticas, políticas y sindicales a unirse en defensa de la libertad de expresión.
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