Miles de docentes y millones de trabajadores creyeron en las promesas electorales de Fernández y el Frente de Todos que “no van a pagar la deuda con el sufrimiento del pueblo” o “la deuda es con el pueblo”, etcétera. Pero, además del ajuste a los jubilados, las paritarias docentes demuestran que no cumplen: priorizan pagar la deuda externa ajustando la educación pública y el salario docente.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys

La propuesta paritaria salarial nacional se oficializó sólo 4 días antes del inicio de clases y en las provincias fue después, pese a que desde febrero estamos en las escuelas. Es una propuesta vergonzosa: “sube” el piso salarial a la miseria de 23mil pesos, 1/3 de la canasta familiar (sólo 6 provincias tenían salario más bajo) y Nación entrega un bono de 1.250 pesos hasta julio. Los gobiernos provinciales “mejoraron” esa “oferta”: salvo Neuquén, en el resto sacaron la cláusula gatillo y propusieron bonos o aumentos entre 2000 a 4000 pesos hasta julio. O sea, se consolida la enorme pérdida salarial que tuvimos en 2019 con el macrismo y se ofrece un salario a la baja en 2020! Además, no hay mejora real en construcción de aulas y escuelas, obras sociales y demás necesidades. Mientras, Fernández, Kicillof y los gobernadores, no dudaron en pagar cash millones a los bonistas por la deuda externa… Aunque no les guste “la palabrita”, esto es un brutal ajuste al salario docente y a la educación pública.

Las burocracias capitulan, las bases rechazan

Ctera y los gremios nacionales (CEA, UDA, AMET, Sadop) aceptaron esta burla. Yasky y Baradel dijeron que la cláusula gatillo es “inflacionaria” y que había que apoyar al nuevo gobierno. No les fue fácil imponer ese acuerdo en las provincias. En Amsafe Santa Fe, de donde es Alesso la secretaria general de Ctera, resolvieron no iniciar con 48horas y otras 48horas de paro, igual que en Neuquén, Santa Cruz y Catamarca. Hay 72hs en Entre Ríos y Chubut. En Formosa, Misiones, Jujuy, 24horas de paro. En CABA, mientras UTE y otros sindicatos se negaban a luchar, Ademys llamó al paro y movilización, en unidad con los Sutebas Multicolores de Buenos Aires, mientras Baradel, Petroccini y Díaz del FUDB llamaban a trabajar. En Salta y Tucumán se retoman procesos de rebelión y autoconvocatorias, con paros y movilizaciones por fuera de los gremios. En La Rioja también se están autoconvocando. Córdoba no está de huelga sólo porque Monserrat de UEPC, insólitamente, se negó a presentar la oferta de Schiaretti y a que se vote el paro.

El “normal inicio de clases” ponderado por Fernández y el ministro Trotta, es una ficción. Sólo la nueva capitulación de la burocracia evita un fuerte plan de lucha nacional.
Plata para educación, no para la deuda y el FMI

La salida para los reclamos docentes por un salario igual a la canasta familiar, blanqueo y cláusula gatillo y la defensa de las obras sociales, la escuela pública y las jubilaciones, es que aumente el presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y el quite de subsidios a la educación privada. Para lograrlo es fundamental arrancarle a Ctera el paro nacional. Y avanzar con la coordinación de las provincias en lucha para romper su aislamiento. Llamamos a todos los docentes, trabajadores y estudiantes, a apoyar la lucha por un salario digno y en defensa de la escuela pública.

Ademys y Sutebas multicolores se movilizaron al ministerio de Educación

Mariana Scayola (secretaria general de Ademys): “Larreta ofreció un aumento del 13%, 126 pesos en negro por día. Además hay miles de estudiantes que no tienen vacantes. Y las condiciones en las escuelas son tremendas. Dicen que no hay plata, igual que el gobierno nacional. Mientras subsidian con millones a la educación privada, dándole más que todo el presupuesto de La Matanza. Lo vergonzoso es que UTE, junto a los sindicatos oficialistas de CABA, agachó la cabeza y aceptó esta miseria haciéndole el juego a Larreta. Con Ademys estuvimos de paro y marchamos junto con los Sutebas Multicolores al ministerio de Educación. E impulsamos la coordinación nacional de todas las provincias en lucha que no estén dispuestas a aceptar el pacto de Ctera y Fernández”.
Graciela Calderón (secretaria adjunta Suteba La Matanza): “la oferta de Kicillof es una verdadera miseria, indefendible, al punto que la FEB y Udocba tuvieron que “rechazarla”, mientras el híper kirchnerista Baradel y Suteba Celeste la aprobaron. Pero todos unidos en el FUDB decidieron darle una tregua a Kicillof y no hacer paro. Los Sutebas Multicolores la rechazamos y La Matanza, Escobar y Ensenada votamos parar y movilizarnos junto a Ademys, porque no podemos proponer no hacer nada ante este brutal atropello.”

Neuquén: “defender la actualización trimestral para todo el 2020 y una recomposición salarial”

Angélica Lagunas: “ATEN tiene dos semanas de 48 horas de paro. Guagliardo y la conducción TEP están siendo arrastrados a las medidas y no pusieron fecha de nuevas asambleas. Hay una alta adhesión, superior al 90%. Las actualizaciones salariales cada tres meses se realizan sobre el básico, producto de la gran conquista que logramos en el 2018 con la rebelión docente. El gobierno de Gutiérrez nos propone actualizarla sólo hasta junio. Peleamos por sostenerla todo el año y por recuperar el poder adquisitivo perdido durante todos estos años. También defendiendo las condiciones jubilatorias.”

Santa Fe: “defender la cláusula gatillo, el salario igual a la canasta familiar con aumentos al básico”

Daniela Vergara (secretaria de cultura, Amsafe Rosario): El paro de Amsafe, con una masiva votación provincial, fue contundente.  El gobernador Perotti ofreció un miserable 3%, eliminando la cláusula gatillo y con sumas en negro, perjudicando a las y los jubilados. Conjuntamente paran ATE y Siprus (sindicato de médicos provinciales), que no fueron llamados aún a paritarias. En Rosario la movilización  fue multitudinaria, desbordó la Plaza San Martín de cara a la casa de gobierno. El plan de lucha continúa con paro de 48 horas los días 11 y 12 y marcha a la ciudad de Santa Fe. En el marco del paro internacional de la mujer en Amsafe Rosario, resolvimos  parar y movilizar.

Santa Cruz: inmediata reincorporación de los docentes cesanteados por parar

Daniela Pérez (secretaria general Adosac Pico Truncado): “El Congreso de Adosac realizado el pasado viernes 28 rechazó los 2000 pesos de aumento que ofreció el gobierno de Alicia Kirchner y resolvió un No Inicio de clases con 48 horas de paro. El fin de semana Alicia decretó la conciliación obligatoria, medida repudiable que ataca el derecho de huelga”. Adosac no fue notificado oficialmente hasta el lunes, mantuvo la huelga y llamó a congreso provincial. Pero el gobierno, además, sacó una resolución que despide a todos los docentes recién nombrados que hayan adherido al paro.Este es un brutal ataque al derecho de huelga, a la autonomía de los sindicatos y a las leyes laborales. Cuyo único objetivo es quebrar la lucha por justos reclamos de la docencia santacruceña a través de represión, persecución y despidos.Llamamos a que la CGT, CTA, Ctera, todos los gremios docentes y dirigentes y agrupaciones, repudien estas medidas represivas y exijan el levantamiento de la conciliación obligatoria y la inmediata reincorporación de todos los docentes cesanteados.

Entre Ríos: “paritarias, sin cifras en negro”

Cesar Baudino: “En Entre Ríos arrancamos las 72 horas de paro con alta adhesión, desbordando a la conducción de Agmer. En Paraná hicimos una importante marcha a casa de gobierno y un acto frente a la CGE. Hay bronca en la docencia por la “mentira de la paritaria nacional” y los “montos en negro” vía sumas fijas y Fonid, que no llegan a los jubilados. Por la intención del gobernador Bordet de modificar la Ley de Jubilaciones y porque se convoca a paritaria el 6 de marzo”.

Rebelión en Salta y Tucumán

En Tucumán a mediados de enero se inició un proceso de autoconvocatorias muy fuerte. El disparador ahora fue que el gobierno de Manzur no pagó la cláusula gatillo y sólo ofreció 1.800 pesos. Y amenazó con descuentos al que parara. Se movilizaron miles, por fuera de las estructuras sindicales. También hay conflictos en salud y se está tratando de coordinar un Frente de lucha. En Salta también se reiniciaron las autoconvocatorias en el interior de la provincia. En muchas ciudades se votó el paro, a pesar de que los sindicatos oficialistas resolvieron empezar.

Con motivo del acto en Campo de Mayo realizado el día 21 de febrero en donde despidió tropas que viajan a una misión de “paz” a Chipre, el presidente Alberto Fernández manifestó que “toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Somos categóricos: fue un genocidio, no damos vuelta ninguna página.

Escribe Martín Fú

Las declaraciones de Alberto Fernández generaron repudio e indignación de manera automática. En ellas, el presidente niega el genocidio, que significó un plan sistemático de persecución y aniquilación, organizado desde un gobierno militar con la anuencia de empresarios, la Iglesia y el apoyo del imperialismo. Por eso, al hablar de “inconductas”, el presidente pretende pasar por alto la existencia del terrorismo de Estado, tratándolos como hechos “aislados” de militares que habrían incurrido en faltas disciplinarias. Y lo peor fue que Alberto Fernández lo hizo desde Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores y crueles centros de detención y exterminio, por donde se calculan que pasaron más de 5.000 detenidos.

¿Se imagina el presidente las “inconductas” de quienes secuestraron al joven Floreal Avellaneda, de 16 años, para luego ser torturado en El Campito, subido a un avión del Ejercito, también en Campo de Mayo y ser arrojado vivo al Rio de la Plata en los llamados “vuelos de la muerte”? ¿Cómo puede hablar de “inconductas”, pedir “dar la vuelta la página”, nuevamente desde Campo de Mayo, donde también funcionó una maternidad clandestina, donde decenas de parturientas detenidas dieron a luz a bebes que luego fueron apropiados por los militares? Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas no tardaron en salir rápidamente a rechazar las declaraciones.

El presidente Alberto Fernández no es el primero en banalizar el genocidio. Ya antes lo había hecho Macri y allí nos encontró a quienes hace décadas nos movilizamos en las calles repudiando cualquier intento de olvido, conciliación o de alivianar las condiciones de detención de los genocidas. Nora Cortiñas expresó su malestar: “Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho. Según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos-desaparecidos, cuando costó mas de cuarenta años de lucha”(Página12, 24 de febrero).

Fernández pretende lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, lo hace al recalcar que el Ejército tiene a todos sus cuadros renovados, “nacidos de la democracia” e “integrados a la sociedad”. Esto es falso, todavía quedan muchos oficiales formados durante la dictadura y con la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los yanquis. Es el caso de Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien acompañó al presidente en la despedida de las tropas a Chipre, al igual que el kirchnerista “general del pueblo” Cesar Milani, todos oficiales salidos del Colegio Militar en plena dictadura.

El repudio generalizado obligó a Fernández a ensayar una disculpa, primero en las redes sociales: “No quiero pasar por distraído ante una queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en que lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”.
El presidente toma como “queja” una lucha de décadas, de movilizaciones multitudinarias, de juicios, escraches a genocidas y de no bajar las banderas. Nos pide “no dividirnos” a pesar de los intentos de división de gobiernos y espacios políticos que el presidente integró e integra, y de su política de cooptar organismos de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos peleando por el juicio y castigo a todos los genocidas, desentramando las complicidades cívico-militares, denunciando a sus encubridores y a cada uno de los gobiernos que con leyes como las de Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos y los pedidos de “vuelta de página” pretenden cubrir con un manto de impunidad a los responsables de perpetrar uno de los más brutales crímenes contra la clase trabajadora argentina. Le decimos al presidente que no fueron “inconductas”, son 30.000 compañeros y no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas.

Escribe Martín Fú

El pasado 27 de febrero la policía bonaerense al mando del gobernador Kicillof y Sergio Berni reprimió nuevamente a trabajadores de la planta de Cresta Roja ubicada en El Jagüel. Sus trabajadores vienen peleando en defensa de los puestos de trabajo, enfrentando despidos, suspensiones, salarios adeudados, cierres de plantas, entre otras cosas, desde hace más de cuatro años.
Cristina, Scioli, Macri, Vidal y ahora Alberto Fernández y Kicillof han dejado pasar el desangrado de la empresa, los despidos y fueron los ejecutores de las numerosas represiones. Todos ellos han usado a Cresta Roja como parte de sus campañas electorales y políticas, llenando a sus trabajadores de promesas que solo se cristalizaron en despidos y represión.

Hasta el mismo presidente Alberto Fernández, una semana antes, inaugurando unas piletas en Ezeiza, se había referido al conflicto de Cresta Roja con un “no me olvido de ustedes, compañeros”.
Los “compañeros” habían sido recibidos los últimos días de diciembre y principios de este año por tres ministros, Moroni de Trabajo, Kulfas de Producción y Arroyo, de Desarrollo Social. “Somos cientos de familias las que aun permanecemos en la calle a la espera de que se cumplan las promesas asumidas por el actual gobierno de solucionar nuestra problemática” (Télam, 27 de febrero), declaraban los trabajadores luego de una andanada de promesas que nunca se concretaron.

Tres despedidos que se habían subido al tanque de agua, para visibilizar aún más el reclamo y a pesar de habérseles prometido no tomar represalias fueron detenidos. En las cercanías de la planta donde se desarrolló la represión hasta se encontró munición letal de 9 milímetros que la policía dejó luego de replegarse al interior de la empresa.
Repudiamos este nuevo ataque, esta vez al mando de Kicillof y Berni, que desnuda nuevamente el doble discurso del gobierno y de como todos los gobiernos patronales que se alternan en el poder, y en Cresta Roja solo responden con más represión y despidos.
                          

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) ya se encuentra preparando la convocatoria en un nuevo aniversario del golpe cívico militar del ´76. Nos proponemos concentrar en Congreso desde las 14 horas y movilizar hacia la Plaza de Mayo. Como cada año seguimos peleando contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra las políticas que han permitido que la mayor parte de los genocidas estén libres. Recordemos que en nuestro país funcionaron 600 centros clandestinos de detención, y que al día de hoy hay aproximadamente 900 condenados por sus crímenes de lesa humanidad, (uno y medio por centro de exterminio), y aún resta recuperar la identidad de cientos de bebés apropiados por los milicos y sus amigos. Una vez que logramos sepultar las leyes de impunidad, esta realidad se debe en gran medida a las medidas dilatorias de los juicios, y a la negación por parte de los gobiernos de abrir los archivos de la dictadura.

Pero además, el otro gran legado de la dictadura fue la destrucción de la economía del país y el inicio de un ciclo de endeudamiento que seguimos pagando hasta el día de hoy. Recordemos que el FMI fue el primer organismo en bendecir con su reconocimiento al dictador Videla. Por eso, este 24 también marchamos para decir ¡Fuera al FMI! ¡No al pago de la deuda externa!

Izquierda Socialista concentra en Congreso a partir de las 14

Alberto Fernández anunció que el gobierno presentará su proyecto de legalización del aborto. Luego de años de lucha, el anuncio generó muchas expectativas. Pero el movimiento feminista ya tiene su proyecto, el de la Campaña Nacional por el derecho al aborto consensuado por más de 700 organizaciones y presentado con 70 firmas de diputadas y diputados de todos los bloques políticos y que al día de hoy tiene estado parlamentario. ¿Por qué el gobierno no lo apoya?

Escribe Mercedes de Mendieta, Legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial de embarazo, que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar”, dijo Fernández en el Congreso. Es la primera vez que un presidente reconoce que existe el aborto clandestino y que es un problema de salud pública. Esto es un triunfo de la histórica #MareaVerde que recorrió el mundo por el aborto legal. Ya nadie puede mirar para otro lado.

La masividad de esta lucha puso en agenda la necesidad de este derecho fundamental para las mujeres y personas gestantes, siendo uno de los grandes temas durante la campaña electoral de 2019. Ahora bien, ¿por qué el gobierno se juega a presentar su propio proyecto en vez de tomar el de la Campaña Nacional que se volvió a presentar en el Congreso y por el que venimos defendiendo en las calles desde hace años? Creemos que la respuesta podrá estar en el contenido del proyecto del Ejecutivo.

Los interrogantes sobre el contenido del proyecto

A fines del año pasado, Fernández participó en la presentación del libro “Somos Belén” y dijo públicamente que presentaría un proyecto propio por el derecho al aborto. Desde entonces, comenzaron los interrogantes sobre su contenido y sobre cómo debía posicionarse el movimiento feminista. Lo concreto es que hasta hoy no lo conocemos y la Campaña Nacional no fue consultada ni incluida para su redacción. Desde ya advertimos.

Al día siguiente del masivo pañuelazo del 19F en apoyo al proyecto de la Campaña, el Ministro de Salud Ginés González García dijo que “detalles como la objeción de conciencia, siempre y cuando se garantice que se cumpla el caso, se contemplará. Una institución religiosa, no necesariamente católica, se puede negar”. Este guiño a las iglesias podría significar un claro obstáculo para quienes quieran ejercer el derecho al aborto. No sólo permite la posibilidad de una objeción de conciencia individual por parte de los médicos sino que el ministro deslizó que podría ser institucional. Lo que significa que sanatorios privados o incluso obras sociales y prepagas puedan negarse a la práctica.

El proyecto de la Campaña es el que construimos sin objeción de conciencia, en el que el derecho sea garantizado en los centros de salud públicos y privados e inscripto en el Plan Médico Obligatorio, pensado como un verdadero derecho humano. Un proyecto que incluye el carácter de orden público, es decir obligatoria para todas las provincias, priorizando el derecho de las mujeres y personas gestantes por encima de los acuerdos con las iglesias. Un proyecto que incluye la educación sexual integral y fue construido desde lo colectivo, desde el movimiento feminista, desde las organizaciones que integramos desde hace quince años la Campaña y que fue presentado por octava vez el año pasado.

El gobierno peronista de Fernández tiene mayoría en ambas cámaras y podría dar luz verde para que se apruebe ahora el proyecto de la Campaña. Sin embargo, ha decidido presentar otro, desconociendo a las organizaciones que integramos la Campaña. Por eso insistimos y exigimos que se apruebe inmediatamente, sin dilaciones ni modificaciones, el proyecto del movimiento feminista y no otro, acordado con las iglesias. Llamando desde ahora a enfrentar las maniobras y dispositivos que puedan ocurrir, que vayan en desmedro de nuestro derecho.

Si este año es ley, es una conquista de la lucha feminista

La pelea por el derecho al aborto tiene décadas en Argentina y es una de las grandes banderas de los reclamos del movimiento de mujeres y diversidad. Esta lucha pegó un salto con la #MareaVerde en 2018, arrancó la media sanción en diputados y ganó las calles con millones de movilizadas. Durante este proceso, ganamos el debate social y demostramos que la clandestinidad del aborto es un problema de salud pública, que lleva a cientos de mujeres a perder la vida, afectando a las más pobres y jóvenes. Que es un derecho humano y que es parte de la pelea por la autonomía de nuestros cuerpos y por una maternidad deseada, no obligatoria. Pelea que terminó en el Senado con los partidos tradicionales -PJ, UCR, PRO- votando por el aborto clandestino en total acuerdo con los sectores antiderechos y reaccionarios como son las iglesias católicas y evangélicas.

Este 8 y 9M en el marco del paro feminista y las jornadas de lucha por el día de las mujeres trabajadoras, tenemos el desafío de volver a llenar las calles con nuestros pañuelos verdes en reclamo de nuestro derecho a decidir. A su vez, debemos seguir movilizadas y de manera independiente de todos los gobiernos capitalistas y patriarcales que son los responsables de la situación de las mujeres y disidencias. Vamos a conquistar el derecho al aborto, convencidas de que si este año es ley, será por la fuerza imparable de nuestra lucha.