Foto de portada: Lago escondido, la escandalosa “propiedad privada” de Joe Lewis 

Escribe Guido Poletti

Bajo el título de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, asistimos a uno de los saqueos más importantes de las últimas décadas. El proyecto modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los desalojos ante usurpaciones y flexibiliza las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de particulares extranjeros. Al avanzar de la mano con la derogación y reforma de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), opera como un andamiaje legal para profundizar y acelerar la extranjerización del territorio nacional. Se trata de una entrega planificada de la soberanía territorial y de los recursos naturales del país a los pulpos transnacionales.

El núcleo duro radica en el desmantelamiento de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Aquella norma establece un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, prohíbe expresamente que un mismo propietario de otra nacionalidad posea más de mil hectáreas en la codiciada “zona núcleo” pampeana o sus equivalentes en otras regiones. También incluye una restricción absoluta sobre tierras con cuerpos de agua de gran envergadura o ubicadas en las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera. Al eliminar estas barreras mediante la nueva legislación desreguladora, el Estado renunciará a su capacidad de control sobre áreas sensibles para la defensa nacional y el abastecimiento hídrico.

Esta desprotección adquiere ribetes dramáticos cuando se analiza el mapa de las fronteras argentinas, donde la presencia de terratenientes extranjeros ya es un hecho consumado. El ejemplo más emblemático en la Patagonia es el del magnate británico Joe Lewis, cuya propiedad en la provincia de Río Negro rodea por completo el Lago Escondido e impide el libre acceso a un bien público. Este enclave, situado a escasos kilómetros de la frontera con Chile, constituye de hecho un “Estado dentro de otro Estado”, con una pista de aterrizaje privada de proporciones militares y una nula sujeción al control federal.

No es un caso aislado. El grupo italiano Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino, es el mayor terrateniente del país y acumula cerca de un millón de hectáreas distribuidas en Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Muchas de estas estancias colindan directamente con la Cordillera de los Andes y la frontera internacional. Estas tierras, ricas en recursos minerales, fuentes de agua dulce y con un incalculable valor ambiental, han sido escenario de violentos ataques contra las comunidades originarias, como el que derivó en el asesinato de Santiago Maldonado en 2017.

Hay casos menos conocidos. Escondido detrás de testaferros argentinos, el Estado de Qatar ya adquirió 14 mil hectáreas en áreas fronterizas de Río Negro. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, acumula más de 50 mil hectáreas en tres zonas estratégicas entre la cordillera y la costa. También crecen las denuncias de apropiación de tierras por parte de capitales israelíes.

La nueva ley viene a legalizar y multiplicar estas situaciones. Ahora, cualquier corporación multinacional o fondo de inversión podrá adquirir miles de hectáreas en la sensible línea de frontera sin necesidad de someterse a dictámenes de seguridad nacional, defensa o derechos preexistentes de los pueblos originarios.

El saqueo ambiental

Pero el engranaje de esta reforma no se limita al “libre mercado” inmobiliario rural. Para que el negocio de la extranjerización sea completo, se necesita allanar los obstáculos que la legislación ambiental impone a la especulación. Es aquí donde la ley de “fortalecimiento” introduce su modificación más perversa, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815).

La normativa vigente hasta ahora, reformada en 2020 para combatir la ola de incendios intencionales provocados con fines especulativos, prohibía durante 30 años en zonas productivas y de pastizales, y durante 60 años en bosques nativos, la modificación del uso de las tierras que hubieran sufrido incendios. De este modo, impedía que un terreno quemado fuera rápidamente loteado para desarrollos inmobiliarios o reconvertido de forma exprés a la agricultura intensiva.

El nuevo proyecto de ley viene a eliminar de cuajo esta prohibición. Esto habilita y crea un fenomenal incentivo al fuego intencional. Se abre la puerta para que grandes grupos económicos y desarrolladores inmobiliarios, muchos de ellos extranjeros interesados en expandir la frontera agrícola o crear barrios privados exclusivos, utilicen el fuego como una herramienta rápida y barata de “limpieza” del suelo.

Un bosque degradado o un pastizal sensible que antes requería décadas de recuperación ecológica ahora podrá ser rápidamente reconvertido en un lucrativo negocio sojero o ganadero apenas se apaguen las brasas.

De este modo, se consolida un círculo vicioso perfecto para el capital transnacional. Por un lado, se quitan los límites para que los extranjeros compren la Patagonia, el norte productivo y las zonas de frontera. Por el otro, se les otorga la impunidad de modificar el uso del suelo tras un incendio forestal o de pastizales, eliminando cualquier costo de oportunidad ambiental o social derivado de la destrucción del ecosistema.

En conclusión, la Ley de “Fortalecimiento de la Propiedad Privada” está redactada a la medida de los grandes fondos de inversión, las corporaciones de agronegocios y los magnates globales que ven en la Argentina un inmenso reservorio de recursos naturales baratos, libres de regulación estatal y control democrático.

De implementarse plenamente, la geografía argentina pasará a ser un mosaico fragmentado de propiedades extranjeras inaccesibles, donde la soberanía nacional será apenas una ficción en un mapa escolar, escrita sobre un suelo devastado por el fuego y la especulación.