Escribe José Castillo

JPMorgan Chase & Co. es el banco más grande de los Estados Unidos y uno de los más poderosos del mundo. Se creó en el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Bank con J.P. Morgan & Co., pero sus orígenes se remontan a 1799, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del sistema financiero internacional.

Con oficinas centrales en Nueva York y activos financieros superiores a los 2,4 billones de dólares (es decir, 2.400.000.000.000), JPMorgan carga con una historia tan extensa como vergonzosa. En el siglo XIX fue uno de los mayores beneficiarios del tráfico de esclavos en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Ese origen ligado a la explotación extrema se prolongó en el tiempo con su rol clave en las crisis financieras globales y las estafas de la deuda externa.

Desde mediados de 1990, el banco fue protagonista del endeudamiento latinoamericano a través del llamado Plan Brady, un mecanismo diseñado para transformar deuda pública impagable en nuevos bonos de deuda, con lo que se aseguró el sometimiento financiero de países enteros, entre ellos la Argentina. Fue en ese período cuando JPMorgan abrió su Departamento de América Latina para colocar bonos y obtener comisiones millonarias a costa de empujar a los países de la región a un nuevo ciclo de saqueo financiero.

En este departamento trabajó buena parte del equipo económico que gobierna hoy en la Argentina. Entre ellos, el actual ministro de Economía Luis Caputo, quien durante sus años como operador financiero hizo ganar miles de millones de dólares a JPMorgan. Más tarde, ya como funcionario del gobierno de Mauricio Macri, Caputo volvió a beneficiar a su antiguo empleador con el ciclo de endeudamiento más grande desde la dictadura militar. Ahora, por tercera vez, él y sus socios regresan al poder para garantizar superganancias al capital financiero internacional, empezando por el mismo banco al que sirvieron siempre.

Escribe José Castillo

Tras la renuncia del entonces canciller Gerardo Werthein, en la semana previa a las elecciones, el presidente Javier Milei se apresuró a nombrar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al hasta ese momento secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
El funcionario que ahora estará al frente de la política exterior argentina no tiene la menor experiencia en diplomacia ni en relaciones internacionales. Pasó gran parte de su vida fuera del país trabajando para el capital financiero internacional. Se destacó especialmente por sus largos años al servicio de JPMorgan, donde llegó a ocupar el cargo de director para América Latina.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional por Izquierda Socialista/FITU

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich volvió a negar la violencia de género y los femicidios en nuestro país. En su informe de gestión en la Cámara de Diputados afirmó que hubo “126 homicidios de mujeres” y dijo no tener cifras de femicidios. Ante la denuncia que realicé utilizando los datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que registró 178 femicidios hasta el 30 de septiembre de este año (de los cuales 14 fueron cometidos por varones pertenecientes a fuerzas de seguridad) y demostrando que hay un recrudecimiento de la violencia machista, que se expresa en el aumento de femicidios múltiples (dobles y triples), la ministra mintió de forma alevosa desconociendo esas cifras.

Bullrich exhibió su carácter negacionista y provocador cuando dijo que “las feministas no sabemos contar”, intentando deslegitimar las estadísticas feministas con una maniobra burda: usar datos de homicidios comunes para negar y ocultar el crecimiento de la violencia de género en la Argentina. Pero los que no quieren contar son ellos, por eso salimos a contar nosotras y reivindicamos el trabajo de los observatorios feministas que registran y visibilizan lo que el gobierno quiere ocultar: en este país nos matan todos los días por ser mujeres y disidencias. No es casualidad. La derecha siempre tiene problemas con los números: dicen “no fueron 30 mil” para negar el genocidio de la dictadura militar, y ahora dicen “no hay 178 femicidios” para negar la violencia machista.

Tampoco respondió si sostiene las declaraciones donde responsabilizó a los “feminismos extremos” por la violencia de género. Tampoco contestó si seguirá culpando a las víctimas en lugar de responsabilizar a los agresores mientras defiende a un gobierno que presentó un presupuesto que no destina un solo peso a combatir la violencia de género. Quien calla, otorga.

Frente al negacionismo, el movimiento feminista seguirá alzando la voz por las que no están. Vamos a seguir organizadas y en las calles para enfrentar a un gobierno que impulsa discursos de odio que legitiman y envalentonan a los violentos, y que es responsable político del crecimiento de la violencia machista que quiere negar. Ni un paso atrás. #NiUnaMenos ¡Vivas nos queremos!

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El diputado radical Atilio Benedetti, de la UCR de Entre Ríos, presentó en el Congreso un proyecto redactado al servicio del agronegocio y apoyado por diputados libertarios, macristas y peronistas, con el respaldo de corporaciones como la Sociedad Rural (SRA), las bolsas cerealeras y Monsanto. El nombre del proyecto es engañoso: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Lejos de proteger el ambiente, su verdadero objetivo es legalizar fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de zonas pobladas.

El único bloque que rechazó de forma unificada este proyecto fue el Frente de Izquierda Unidad. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano lo denunció en la comisión donde comenzó el debate parlamentario y exigió que se escuche a las víctimas, asambleas socioambientales y científicos que denuncian desde hace años el modelo de producción basado en agrotóxicos.

La periodista Anabel Pomar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Exaltación de la Cruz, explica cómo se ocultan las consecuencias del agronegocio. Para eso cita una frase que se hizo popular: “Es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y nosotros acá podríamos extender la idea al conjunto de la realidad argentina: “Es imposible que los gobiernos reconozcan que están envenenando al pueblo si el pago de la deuda externa depende de eso”.

El modelo sojero transgénico que impulsó Monsanto comenzó hace 30 años. Desde entonces, las fumigaciones se transformaron, por un lado, en la principal fuente de ingreso de dólares para pagar la deuda externa, garantizando ganancias millonarias para las corporaciones del campo y la exportación, especialmente hacia China. Por otro lado, convirtieron al país en un Chernóbil silencioso, un desastre sanitario del que no se habla y que los gobiernos ocultan para proteger el negocio sojero.

En los primeros 22 años del paquete tecnológico Roundup (que incluye el glifosato, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), la superficie cultivada creció un 50% a costa de desmontes y destrucción ambiental. Pero el dato más grave es otro: el uso de agrotóxicos aumentó un 858%. Ningún gobierno quiso medir las consecuencias sanitarias. Sin embargo, distintos estudios demuestran un aumento alarmante de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones. Uno de los más conocidos es el trabajo del médico Medardo Ávila-Vázquez (2017) en Monte Maíz, Córdoba. Allí se concluyó que “la incidencia de cáncer, la prevalencia y la mortalidad fueron entre dos y tres veces mayores que el promedio nacional”.

El proyecto que hoy discute el Congreso legaliza el avance de las fumigaciones y elimina conquistas logradas en luchas locales que establecieron zonas de resguardo para escuelas y viviendas rurales. Propone fumigar con veneno a 10 metros con mochilas manuales, a 40 metros con drones y a 150 metros con aviones. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. El estudio encabezado por Natalí Bernardi (2015) en Marcos Juárez demostró que no hay diferencia en los daños genéticos y respiratorios en niños que viven a 500 metros o a 1.500 metros de las zonas de fumigación. Es decir: el veneno viaja y envenena igual.

Digamos las cosas por su nombre: el proyecto impulsado por Benedetti, la Sociedad Rural y el gobierno es una licencia para matar a la población rural, en especial a los niños y a las y los trabajadores del campo. Este proyecto no debe pasar. Tenemos que fortalecer la organización y la lucha para frenarlo en las calles y en el Congreso.

Escribe Cristian Duarte, comisión de Reclamos del Ferrocarril Sarmiento

Con una amplia diferencia, la Lista Bordó, encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero, volvió a imponerse en las elecciones del cuerpo de delegados y comisión de reclamos de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento. Los comicios se llevaron a cabo el martes 28 y registraron una importante participación de las y los compañeros, que ratificaron por el 67% de los votos (815 contra 387)  a una dirección sindical combativa y democrática.

El resultado constituye un mensaje claro para la conducción nacional de la Unión Ferroviaria, dominada por la Lista Verde de Sergio Sasia. Mientras la Bordó defiende la organización desde los lugares de trabajo, la burocracia sostuvo una política de paritarias a la baja, retiros voluntarios y complicidad con el vaciamiento del sistema ferroviario. Alineados con el gobierno ultraderechista y los planes privatizadores, fue funcional al ajuste sobre los salarios y las condiciones laborales de miles de ferroviarios y ferroviarias.

La señal que dejaron las urnas en el Sarmiento llega en un momento decisivo, tras las elecciones legislativas nacionales, cuando el gobierno de Javier Milei redobla su ofensiva con una reforma laboral regresiva que busca liquidar conquistas históricas y poner a la clase trabajadora de rodillas. El voto a la Bordó expresa la decisión de enfrentar ese ataque y defender nuestros derechos, la organización sindical y la lucha.

La importancia de este resultado se proyecta a todo el ferrocarril. Con salarios que en muchos sectores se ubican por debajo de la línea de pobreza y una creciente sobrecarga laboral por la falta de personal, las y los trabajadores del ferrocarril saben que se vienen tiempos difíciles.

En esta elección también se expresaron sectores de oposición combativa en otras líneas. En el Ferrocarril Roca se presentó la Lista Multicolor, integrada por la Gris (PO), Bordó (Izquierda Socialista e independientes), Naranja (PTS) y Púrpura (independientes), que obtuvo 660 votos frente a los 2300 de la Lista Verde. En el Belgrano Sur, la Lista Verde obtuvo 915 votos y la Marrón 305; mientras que en el Belgrano Norte la Verde cosechó 719 votos frente a los 249 de la Roja. Aunque la Verde mantiene su dominio en la mayoría de las líneas, el crecimiento y consolidación de listas opositoras marca un avance hacia alternativas sindicales democráticas, independientes de las patronales y de la burocracia peronista de Sasia.

Desde la Bordó valoramos enormemente el respaldo de las y los trabajadores que volvieron a apoyar una alternativa de lucha. Agradecemos a todas y todos los que participaron y fortalecieron con su voto la construcción de una organización sindical al servicio de las y los trabajadores y no de los gobiernos de turno. 

Ratificamos nuestro compromiso de enfrentar el ajuste, las privatizaciones del sistema ferroviario y la reforma laboral antiobrera que impulsa el gobierno nacional. 

Seguiremos defendiendo la unidad de las y los trabajadores, la democracia sindical y un ferrocarril estatal y bajo gestión de sus trabajadores y usuarios al servicio del pueblo. Por eso, seguir consolidando una dirección combativa en el Sarmiento es una referencia para el conjunto de las líneas ferroviarias y del sindicalismo combativo en el país.