Macri sigue descargando un brutal ajuste con la complicidad de los gobernadores. El gobierno usa la “calma del dólar” y la supuesta “tranquilidad en diciembre” para mostrar que tiene todo controlado. Pero millones repudian sus políticas de hambre y la popularidad del presidente sigue cayendo. Si el gobierno puede continuar con el ajuste es por la tregua de la CGT y la “gobernabilidad” cómplice que le brinda el peronismo. Este año hubo dos contundentes paros generales e innumerables luchas, presagiando un 2019 convulsionado con nuevos choques sociales. Oficialismo y oposición buscan encarrilar la crisis hacia las elecciones. Los luchadores y la izquierda deben seguir postulando una salida de fondo, en las calles y en el proceso electoral.

El mismo gobierno que no pudo garantizar el River-Boca quiere hacernos creer que tiene todo controlado. Muestra para ello la “efectividad” del mega-operativo de seguridad que le cuidó las espaldas a los jefes imperialistas del G20. Y para seguir encubriendo los efectos del ajuste, ahora el gobierno enarbola la campaña de la ministra Patricia Bullrich otorgando licencia para matar a sus fuerzas represivas. Pero por más que Macri trate de ocultar la cruda realidad y se muestre ante el imperialismo y el FMI como capaz de garantizar el ajuste, tiene serios problemas.

A tres años de gobierno se muestra de cuerpo entero la crisis económica y la de un gobierno ajustador y patronal, títere del FMI. El país sigue en recesión y con una inflación altísima, que terminará el año rondando el 50%. La desocupación y la pobreza continúan creciendo. Hubo 70.000 despidos en el último año (39.000 en la industria). En los tres años de Macri la inflación subió 155%, el dólar 290%, los combustibles 200%, los tarifazos 1.000% de promedio y la deuda externa creció hasta 400.000 millones de dólares. Los próximos vencimientos globales hasta 2023 alcanzarán los 150.000 millones de dólares, mostrando que la deuda es impagable y una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar.

Todo esto genera un crecimiento de la pobreza y la marginalidad social (afectando mucho más a los jóvenes) y un constante deterioro en el nivel de vida de millones. El robo salarial y jubilatorio es sideral. A tal punto que para compensar esta pérdida el famoso “bono” que pactó la CGT debería ser de 75.000 pesos en vez de 5.000.

Es ridículo que ante semejante situación el ministro de Producción Dante Sica promueva la “semana de la moda” con promociones en tres cuotas para los comercios de indumentaria, o que Vidal anuncie 3.500 pesos para una parte de los jubilados. Es la imagen que se quiere vender de un FMI que “contemplaba a los más vulnerables”. Son migajas, mientras siguen aplicando un tremendo ajuste que saquea al pueblo trabajador y a los sectores populares con el único fin de garantizar los pagos de la deuda externa y asegurar las ganancias de banqueros, multinacionales y petroleras.

Casi ocho de cada diez repudian al gobierno

Macri solo cumplió dos de veinte promesas de campaña, y de las dos, una fue mantener la asignación por hijo (aunque su poder adquisitivo se vio casi pulverizado por la inflación) y la otra es la “ley del arrepentido” que da más impunidad en las causas judiciales. Por eso es que al mote de “gobierno para los ricos” se le sumó, con razón, el de “gobierno mentiroso”.

A tal punto es la profundización del ajuste y los intentos represivos del gobierno que hasta la reaccionaria Elisa Carrió dijo “no vamos a ir al fascismo”, ante la resolución de la ministra Bullrich que habilita el gatillo fácil. También Carrió criticó en estos días la nueva ley electoral posibilitando que las empresas aporten a las campañas de los partidos patronales. Todo esto sería irrelevante si no fuera porque está mostrando las tremendas peleas por arriba -al igual que otras tantas entre Macri y la UCR- en una coalición de gobierno en permanente crisis política al calor de la aplicación del ajuste y ante la constante pérdida de su base social y de la propia clase media que los votó. Ocho de cada diez no votarían al gobierno. El chacarero Alfredo De Angeli en una cumbre de PRO reconoció que “cuando tocamos timbre no sabemos si va a salir un vecino o un bulldog”, mostrando la indignación popular con el gobierno.

Ahora saltó que el padre y el hermano de Macri, igual que su primo Calcaterra, están seriamente involucrados con las coimas que le pagaron al kirchnerismo para quedarse con el negocio de las autopistas.

Pero si hay un fenómeno donde se ve más claramente la ruptura de millones con el gobierno, es en las luchas. Los paros generales, verdaderos plebiscitos contra el ajuste, fueron masivos. Lo mismo que la rebelión educativa de este año y las innumerables huelgas y movilizaciones obreras y populares por el salario, contra los despidos, la defensa de la salud y la educación pública. Millones de mujeres también se sumaron a la movilización en las calles, expresándose contra el gobierno, la Iglesia y los partidos patronales que les negaron el derecho al aborto legal.

La complicidad de la CGT y del peronismo

La relativa “calma” que Macri intenta mostrar hay que buscarla en el rol cómplice de la CGT y del peronismo. Los burócratas sindicales no marcharon contra la aprobación del presupuesto 2019 y cambiaron un posible paro por un bono miserable. Moyano fue a una misa a Luján. Ahora la CGT junto a la CTA Yasky y los movimientos sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie), consensuaron un documento que le presentaron a la Iglesia vía el Episcopado para “intercambiar ideas” con el gobierno ante la crítica situación social (Clarín, 11/12).

Del lado del PJ tampoco hay ningún disimulo en el apoyo al gobierno. Pichetto defendió la necesidad de votar el presupuesto del FMI y avaló la represión en las marchas en su contra del 24 de octubre y el 14 de noviembre al mejor estilo Bullrich. Massa enarboló la consigna electoralista “Macri fracasó” después de que el Frente Renovador le votara todas las leyes. El peronismo nucleado en Argentina Federal (Pichetto, Urtubey, Schiaretti, Massa), que en todos estos años coqueteó con el gobierno, ahora busca canalizar el espacio que dejan Macri y Cristina con una variante patronal absolutamente ajena al movimiento obrero y popular.

Pero quien movió el tablero político en estas semanas fue Cristina Kirchner. La ex presidenta y actual senadora, que viene siendo imputada ante probados casos de corrupción bajo su gobierno confesados incluso por los propios empresarios de la obra pública y hasta por su ex jefe de Gabinete Abal Medina, acaba de generar un gran impacto en la base kirchnerista al hacer público su llamado a la “unidad del peronismo” con quienes le vienen avalando el ajuste a Macri, vía la aplicación en sus provincias o votándoselo en el Parlamento. También es la propia Cristina Fernández quien se encargó de decir que en caso de ganar las elecciones no va a romper con el FMI, sino a renegociar el acuerdo, además de provocar el repudio entre las mujeres de sus propias filas cuando llamó a la unidad de los pañuelos verdes y celestes.

El kirchnerismo critica a Macri solo en pos de lograr un recambio electoral en 2019, pero no para cambiar el modelo económico. Lo reconoció el propio Axel Kicillof al brindar un reportaje en la revista Forbes, una de las leídas por el establishment económico mundial, diciendo que en caso de ser gobierno no van a aplicar una política “antiempresa”. A medida que avanza el ajuste y la crisis, el kirchnerismo se va aggiornando para hacer buena letra y prepararse el año que viene, si le da, para un recambio no traumático para los intereses de las patronales y el imperialismo.

Que Cristina se haya refugiado en el Sur llamando a no participar de la marcha contra el G20 demuestra que su próximo gobierno no “va a sacar los pies del plato” del ajuste capitalista. Esto deja claro que no hay lugar para las medias tintas. O se está por derrotar el ajuste y aplicar medidas de fondo como propone la izquierda, o se está por convivir con el ajuste capitalista y en contra del pueblo trabajador. Esa es la disyuntiva.

Apoyar las luchas y fortalecer al Frente de Izquierda

Un reciente estudio revela un amplio repudio de masas a los partidos tradicionales y a las instituciones de esta democracia para los de arriba. “El promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995” (Informe 2018, Latinobarómetro). La misma fuente aclara el perfil promedio de quienes más están desencantados: “joven, pobre, con bajo nivel de educación y mujer, es decir, los grupos afectados por las desigualdades”. Esto muestra que las nuevas generaciones repudian a los políticos tradicionales y a esta democracia para los ricos, abriendo nuevas oportunidades para la verdadera izquierda. El repudio a los gobiernos se expresa no solamente en Latinoamérica, sino también en Francia (ver páginas 14 y 15). Lo muestran los chalecos amarillos contra Macron, el presidente que ganó las elecciones con falsas promesas y rápidamente fue repudiado en las calles por aplicar el ajuste y gobernar para los empresarios y los ricos.

En diciembre del año pasado en la Argentina hubo un antes y un después con la rebelión popular contra el robo jubilatorio. Un repudio que fue creciendo y debilitando al gobierno. Esto se agravó con el pacto colonial con el FMI, mostrándo ante las masas el desbarranque económico de un gobierno que prometía que los capitales extranjeros nos iban a salvar.

Al calor de la aplicación del ajuste hay que prepararse para nuevas luchas y confrontaciones sociales. Las elecciones de 2019 se van a dar en medio de nuevos intentos de aplicar el presupuesto de ajuste del FMI, los despidos y robo salarial. La izquierda debe seguir dando respuestas claras. Primero, seguir apoyando las luchas para derrotar el ajuste y el pacto con el FMI ahora, no esperar las elecciones de 2019 como dice la CGT y el peronismo, repudiando la tregua y exigiendo el paro general. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar las medidas represivas del gobierno. Segundo, postular un plan económico alternativo sobre la base del no pago de la deuda externa, como lo viene planteando el FIT, junto con otras medidas de fondo. Tercero, postular al Frente de Izquierda contra Macri y la falsa oposición del peronismo, mostrando que la salida viene por izquierda en la pelea por un gobierno de los trabajadores. El gran acto que nuestro partido llevó a cabo el pasado 8 de diciembre en Ferro está puesto al servicio de estas urgentes tareas. Para todo ello llamamos a fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

Franco Macri fue citado a declarar. También su hijo Gianfranco Macri, el hermano del presidente. Es por el pago de coimas al gobierno de Néstor Kirchner para quedarse con la concesión de Autopistas del Sol. En la misma causa ya está procesado el primo de Mauricio, Angelo Calcaterra, involucrado en las coimas de Odebrecht para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Y si el presidente Macri ha sido sobreseído en algunas causas (cuentas offshore en paraísos fiscales, por ejemplo) no es porque no sea corrupto, sino porque ahora la justicia actúa para él. Por ahora.

Lo cierto es que la familia presidencial está en problemas. “Mauricio no es Franco”, dicen desde la Casa Rosada. Y agregan: “Esto demuestra que en el gobierno no hay impunidad para nadie”. Una risa.

El gobierno habla de terminar con la decadencia de hace 70 años para encubrir que la familia Macri viene haciendo grandes negociados, en especial con la dictadura del 76 y luego con todos los gobiernos “constitucionales”.

El “Mauricio que no es Franco”, siendo presidente, le perdonó la deuda millonaria que mantenía su padre con el Correo. Y van… Esto prueba que los negocios capitalistas corruptos se dieron tanto con el kirchnerismo como ahora con este gobierno “de la transparencia”. Para los responsables pedimos cárcel ya, mientras seguimos luchando contra este sistema capitalista corrupto al servicio de las ganancias mafiosas de los gobiernos patronales.

Nuestra compañera juró el pasado 6 de diciembre, reemplazando en la rotación de las bancas del Frente de Izquierda a Patricio del Corro (PTS). Allí expresó: “Juro por Ana María Martínez y los 30.000 desaparecidos. Por Lucía Pérez y todas las víctimas de la justicia patriarcal. Por la clase trabajadora y los pueblos del mundo contra el imperialismo. Por un mundo socialista”.

Durante su anterior mandato Laura presentó varios proyectos para la construcción de escuelas públicas, que por supuesto fueron ignorados por el gobierno de PRO, que continuó favoreciendo a la educación privada.

También se comprometió a ser vocera de las millones de mujeres y las luchas por sus derechos. A seguir denunciando el accionar violento de la Policía de la Ciudad contra las manifestaciones sociales y especialmente contra el gatillo fácil y las arbitrariedades en las villas de la Ciudad.

Laura Marrone, al incorporarse en su banca, envió una carta a Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO), planteando la necesidad de conformar un bloque único del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña.

El lunes 10 asumió como concejal de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda el compañero Manuel Sánchez. profesor de educación física y ex miembro de la comisión directiva seccional de ATEN Capital por la minoría en años anteriores. Cumpliendo con la rotación acordada en el Frente de Izquierda, asume en reemplazo de Patricia Jure (PO) quien ejerció el primero de los cuatro años que dura la concejalía.

Lo acompañaron en la jura sus padres, su compañera Noelia y su bebé de 6 meses, junto a militantes de Izquierda Socialista que exhibieron banderas partidarias y del FIT en el recinto y cánticos en apoyo al “concejal de los trabajadores”. Manuel juró por los 30.000 desaparecidos bajo la dictadura, por justicia completa para Carlos Fuentealba y en apoyo a las luchas de los trabajadores del mundo.

Escribe José Castillo

La ministra de Seguridad puso en vigencia una nueva reglamentación para la policía que le permite disparar sin necesidad de identificarse ni dar la voz de alto. Manos libres para matar a los pibes de los barrios o para represiones como la que terminaron con la vida de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.

El gobierno de Macri ha establecido un nuevo “protocolo de actuación” para las fuerzas de represión federales (policía, gendarmería, prefectura), a la vez que llama a refrendarlo en las provincias para que también pueda ser aplicado por su sus policías. A partir de ahora, las fuerzas represivas podrán disparar sin identificarse previamente (la conocida “voz de alto”) y hacerlo sin necesidad de que se verifique que la otra persona está armada, e incluso tendrán permitido dispararle si la otra persona está corriendo (presumiendo que estuviera “huyendo” de un delito). El protocolo llega incluso a permitir el uso del arma “si el número de los agresores impide materialmente el cumplimiento del deber”. Como se ve, se le da prácticamente vía libre a la policía y otros aparatos represivos para que puedan disparar y, en todo caso, tengan todos los justificativos posteriores que los libre de cualquier consecuencia legal.

El planteo no es aislado. Lo hace la misma ministra que se jugó a fondo para defender a la gendarmería en la represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, en la justificación a la prefectura ante el asesinato de Rafael Nahuel y en la defensa del policía Chocobar, caso emblemático de gatillo fácil. La misma Patricia Bullrich que a lo largo del gobierno de Macri siempre fue la primera en salir a defender todas las represiones que se dieron contra las protestas populares.

El gobierno intenta con esto hacer desaparecer de las noticias el tema del feroz ajuste económico, el crecimiento de la miseria y el desempleo y los salarios y jubilaciones que cada día alcanzan para menos, y reemplazarlo por la cuestión de la “seguridad”. Es una vil maniobra para entrar al próximo año electoral.

Obviamente que a los trabajadores y los sectores populares les preocupan el aumento de los robos y la violencia que cotidianamente se sufre en las calles. Ellos son los principales afectados, y no los ricos, cuidadosamente pertrechados en sus barrios privados con su propia seguridad. Pero son los mismos trabajadores y vecinos de las barriadas que ven cómo se persigue, e incluso se mata, a los pibes jóvenes, por el solo “delito” de ir con una gorra, estar en una esquina tomando una cerveza o directamente por “portación de cara”. A la vez que la policía, la gendarmería y la prefectura aparecen involucrados todo el tiempo en el negocio de las “zonas liberadas” para robar, en el negocio de los desarmaderos, la trata, la prostitución y la venta ilegal de drogas.

Con una supuesta “mayor mano dura”, y mucho menos con este protocolo que consagra la impunidad para que la policía mate, no se resolverá nada del drama de la inseguridad. Al contrario. Para hacerlo hay que desmantelar un aparato represivo que, además de estar metido en todos los negocios del delito, es fortalecido y pertrechado exclusivamente para reprimir la protesta popular. Los vecinos autoorganizados en los barrios y la elección popular de los comisarios, son las medidas reales que se necesitan si se quiere de verdad atacar el flagelo de la inseguridad. Unida, por supuesto, a dar trabajo, salud, educación y reales oportunidades en la vida a los pibes de los barrios, hoy puestos en la mira del gatillo fácil por el nuevo protocolo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo rechazamos, como lo hemos expresado en las legislaturas provinciales de Córdoba y Neuquén, donde a iniciativa de nuestros legisladores Ezequiel Peressini y Angélica Lagunas, respectivamente, se votó el repudio a esta vía libre al gatillo fácil de Bullrich y Macri.