2020 arrancó en Rosario y Santa Fe Capital con una nueva oleada de homicidios. Antes con Lifschitz (Partido Socialista-Frente Progresista) y ahora con el peronista Perotti, la provincia sigue sumida en la violencia, abrumada por robos y homicidios y cruzada por las guerras entre bandas narcos. Los gobiernos, el anterior y el actual, son los principales responsables y cómplices ante este auténtico desastre social.

Escribe Mariano Farre

El 10 de diciembre pasado asumió Omar Perotti, tras doce años de gestión del Partido Socialista-Frente Progresista. Perotti había centrado su campaña electoral en la necesidad de imponer “paz y orden”, afirmando que él “sí iba a manejar a la policía”. Estos planteos habían generado expectativas en sectores de la población, abrumadas por los robos, los homicidios y las guerras entre bandas de narcos. Sólo durante 2019, en Rosario y Santa Fe Capital, según un informe oficial, hubo 17,6 homicidios cada 100 mil habitantes, contra cinco casos en el resto de Argentina. En lo que va de 2020, ya tenemos más de 60 homicidios en la provincia, con 10 femicidios incluidos, nuevamente cifra record.

La “solución” de Perotti fue designar como ministro de seguridad a Marcelo Saín, un supuesto “especialista” en temas de seguridad. Saín planteó “purgar” la policía de Santa Fe y solucionar el problema destituyendo a varios jefes policiales. Pero rápidamente se desató una nueva oleada de homicidios, que terminó con la caída del nuevo jefe policial de Rosario. El jefe provincial decidió habilitar que los policías tengan “una bala en la recamara”, una medida que solo sirve para facilitar el gatillo fácil. El gobierno nacional de Alberto Fernández, por su parte, desplegó miles de gendarmes en la provincia, que por supuesto no frenaron los homicidios ni los robos y lo único que generó fue el incremento del acoso y persecución a la juventud. El “broche de oro” de todo esto fueron las ridículas declaraciones de Saín acerca de que la ola de homicidios: “Es algo bastante estacional en esta época”. Un verdadero insulto a quienes sufren a diarios la violencia en sus barrios.

¿Por qué pasan los gobiernos y el problema sigue?

La explicación de fondo es la situación de pobreza extrema, desempleo y abandono en que se encuentran zonas enteras de Rosario y Santa Fe Capital. Con barrios abandonados, sin obras públicas, transporte ni servicios esenciales. Con despidos permanentes en el cordón industrial. En los jóvenes precarizados, desempleados y por fuera del sistema educativo está el caldo de cultivo de los “soldaditos” que terminan reclutando las bandas de narcos. Décadas de ajustes “nacionales” y “provinciales” fueron dejando así la provincia.

A esto tenemos que sumarle la complicidad de la justicia, que le otorga plenos poderes a la policía en los barrios, con innumerables casos de gatillo fácil y abusos. Por citar sólo dos ejemplos de alta repercusión, recordemos a la docente María de los Ángeles Paris, muerta en una comisaría, donde tras la autopsia se verifica violencia y se descubre un audio donde la policía informa que se le había dado una golpiza en el estómago. O, días pasados, el caso del joven Carlos Orellano, brutalmente golpeado por policías y patovicas y arrojado muerto al río Paraná.

La suma de la pobreza extrema en aumento, la violencia policial y la complicidad de los gobiernos fue lo que permitió el arraigo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. A ellos se le suman los puertos privatizados, en manos de los negocios de los monopolios agroexportadores, una vía ideal para el negocio narco. El propio Saín no puede dejar de reconocer que: “En estos barrios, donde la cocaína es la economía de sustitución porque existe una desocupación estructural, mucha gente vive de la droga y de la enorme rentabilidad que genera, que luego se invierte en la economía legal”. Lo que no dice el ministro es que la ilegalidad de las drogas es lo que genera esa “enorme rentabilidad”, que soborna a policías, jueces y políticos patronales, además de armar bandas de sicarios para disputarse este negocio “ilegal”, pero que está a la vista de todos, incluida la policía que frecuenta los búnkeres para buscar su tajada.

Nuestra posición es muy clara: hasta que no se legalicen todas las drogas, lo que permitiría regular este negocio y tratar las adicciones como un problema de salud pública, no veremos el fin de la violencia narco. Esto vale, más que en ningún otro sitio, para Rosario y Santa Fe.

Pero, a la vez, no habrá solución para la violencia social, si no se atacan las causas más estructurales: el hambre, la miseria, los bajos salarios y el desempleo. El nuevo gobierno peronista de Perotti arrancó al revés: atrasó el pago de los docentes, no respetó su paritaria 2019, les ofreció un miserable 3% y retrasó el pago de la cláusula gatillo. Toda una muestra que su política es profundizar el ajuste. Enfrentando a estos gobiernos, correas de transmisión del ajuste nacional al servicio de pagar la deuda externa, peleando en las calles y denunciando todos y cada uno de los abusos y complicidades, planteamos la necesidad de otra alternativa política, la de las y los trabajadores y la izquierda, para resolver las más acuciantes necesidades populares.

Escribe Natalia Muller

Desde octubre del 2019 un grupo de familiares y afiliados a IOMA formamos una comisión que ya actúa en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y que integramos desde un principio varios compañeros de Izquierda Socialista, junto a nuestra diputada provincial Mercedes Trimarchi. Entregamos un petitorio al defensor del pueblo de la provincia denunciando el abandono de afiliados y la muerte de 24 de ellos en los últimos dos años.

La comisión de “Familiares y afiliados abandonados por IOMA” se movilizó a las delegaciones de San Isidro, Lomas de Zamora y Morón logrando que decenas de expedientes cajoneados en las oficinas de distintas delegaciones y de IOMA Central se movieran y se autorizaran medicamentos, prótesis, cirugías y tratamientos a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas degenerativas, oxígenodependientes, etcétera.

El 26 de febrero, al cumplirse dos años de la muerte de Gabriela Ciufarella, docente víctima de IOMA Lomas de Zamora marchamos a la sede exigiendo justicia para ella y para las otras 23 víctimas de este sistema perverso, reclamando por varios expedientes de compañeros en riesgo de vida. Al otro día la mayoría estaba resuelto.
La comisión debe crecer y llegar a todos los distritos de la provincia no solo con docentes y auxiliares sino también con administrativos, judiciales, entre otros, para resolver lo que los sindicatos mayoritarios no resuelven.

Continuaremos coordinando con más compañeros, más familiares, con toda organización política y social y con todos aquellos que se quieran sumar a estos reclamos y se movilicen hasta lograr el objetivo: que IOMA de solución a nuestras exigencias y brinde un servicio de calidad, acorde a las necesidades del paciente y no acorde a un presupuesto dibujado e insuficiente. Plata para Salud, no para la deuda externa.

El 23 de febrero, a los 76 años, falleció el compañero “Coco” Pereyra. Histórico militante de nuestra corriente morenista. Su militancia arrancó en el PRT, en aquellos años en que nuestro partido empezaba a hacerse fuerte entre el activismo obrero. Soldador de oficio y luchador de nacimiento, dedico gran parte de su vida a la construcción del partido revolucionario, muchos desde su actividad sindical en la Uocra o como delegado en la fábrica Ferrum, peleando contra la burocracia de todo color y pelaje. En los últimos tiempos venía colaborando con Izquierda Socialista en la zona de Berazategui, donde vivía. Participando de reuniones, actos,  charlas o ayudando a dar cursos de marxismo. Fiel defensor de la moral y la tradición partidaria, siempre lo vamos a recordar por sus cálidas charlas y conversaciones sobre los años de militancia y las enseñanzas de Nahuel Moreno. Lo despedimos con mucho dolor y reivindicando su trayectoria, como militante de la clase obrera y el trotskismo. Compañero Coco: ¡Hasta el Socialismo siempre!

El día viernes 21/02 se realizó una reunión de la comisión de despedidos, la Cicop y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS) con el Ministerio de Salud de la Nación en la cual se comprometieron a reincorporar a los 202 trabajadores que fueron incluidos en el listado presentado a dichas autoridades. El ofrecimiento está basado en el ingreso de 60 trabajadores en marzo (mitad bajo la forma de contrato “48” y mitad como monotributistas), y al otro mes los monotributistas serían pasados a contrato e ingresarían 30 nuevos, así hasta la reincorporación del resto. También prometieron regresarles el código de descuento a Cicop y STS en el hospital,  ya que la gestión macrista intentó hacer desaparecer esos sindicatos. Dicho acuerdo fue aceptado por mayoría en asamblea. Saludamos la enorme pelea que desde más de dos años vienen llevando a cabo las trabajadoras y trabajadores del hospital por la conservación de sus puestos de trabajo y con anterioridad a la misma cuando se plantaron ante el incremento de la precarización laboral (fundamentalmente el conflicto por las 12 horas de trabajo noche por medio) impulsada por el gobierno macrista. Este nuevo acuerdo es producto de la lucha inclaudicable que llevaron adelante los trabajadores, haciendo asambleas y distintas medidas de fuerza, y que deberán continuar hasta la reincorporación de la totalidad de los despedidos y contra la precarización laboral que el gobierno de Fernández quiere mantener en el hospital.
Corresponsal

El gobierno presentó una mentirosa ley que mantiene las altísimas jubilaciones de jueces, el cuerpo diplomático y el clero. A la vez sienta precedentes para atacar los regímenes especiales que gozan miles de trabajadores. Incluso estaba previsto en el proyecto originario el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres, lo mismo que recomienda el FMI y aplican otros gobiernos como Bolsonaro y Macron en Francia. El FIT presentó un dictamen propio atacando de verdad todos los privilegios.

Escribe Claudio Funes

El pasado 27 de febrero se debatió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que supuestamente combate las jubilaciones de los jueces y del cuerpo diplomático. ¿Por qué Alberto Fernández impulsa esta tramposa ley?

En diciembre pasado el gobierno congeló la actualización de los haberes jubilatorios por medio de la ley de emergencia económica. Exceptuó de esa medida a las jubilaciones de privilegio que beneficia a los magistrados del Poder Judicial, fiscales, servicio exterior, ex presidentes y vicepresidentes y a la cúpula de la Iglesia Católica. El repudio  se hizo sentir de inmediato. Por eso Alberto Fernández se vió obligado a anunciar que enviaría un proyecto para “corregir” la inequidad. Pero lo que siguió fue una autentica mentira.  

La ley que con tanta alharaca obtuvo media sanción mantiene los privilegios de los miembros de la Corte Suprema, embajadores y cónsules, ex presidentes y vice y los obispos y arzobispos de la Iglesia.
En lo que se refiere a jueces y fiscales, preservan sus altos sueldos, la exención en el impuesto a las ganancias, su carácter vitalicio y jubilaciones de privilegio. Continuarán cobrando el 82% móvil -que se les niega a los empleados judiciales y al resto de trabajadores y jubilados-, con sumas que van de 270.000 pesos a máximos de 770.00. Los ex presidentes continuarán cobrando un retiro de 341.710 pesos por los servicios prestados y por la gracia del genocida Videla, los arzobispos, obispos y prelados castrenses continuarán cobrando 102.285 pesos mensuales.

Tantos privilegios otorgados a los servidores de la gran patronal contrasta obscenamente con el congelamiento de la fórmula de actualización para millones de jubilados de a pie, de los cuales el 90% no cubre la canasta de pobreza. Con la aplicación de la ley de emergencia y el cambio en la movilidad el gobierno va a “ahorrar” 100.000 millones de pesos en el año para hacer buena letra con el Fondo Monetario.

También este proyecto de ley sienta precedentes para intentar liquidar, como lo intentó Macri, los regímenes de jubilaciones especiales (no de privilegio como el propio gobierno dice) que gozan miles de trabajadores, como es el caso de quienes realizan tareas penosas o insalubres que se jubilan con menos edad porque tienen menores expectativas de vida o regímenes diferenciales por la naturaleza de su actividad, como sectores de ferroviarios, docentes, investigadores, mineros, aviación, vidrio y plantas de combustibles, petroleros, salud, pesca, portuarios, la carne, telefónicos y Luz y Fuerza, entre otros. Trabajadores que aportan más del 11% del régimen general. Como vemos, algo muy distinto a las asignaciones vitalicias de ex presidentes, la Corte y el clero.

El Frente de Izquierda defendió un dictamen propio para terminar de verdad con todos los privilegios de jueces, políticos patronales y el clero. A la vez repudia el ajuste a los jubilados, propone que ninguno gane menos que el valor de la canasta básica calculada en 42.000 pesos, que se aplique el 82% móvil, se restituyan los aportes patronales que anularon Menem y Cavallo, elimine el trabajo en negro que no aporta a las cajas y que se deje de meter mano en el Anses como vienen haciendo todos los gobiernos para pagar una deuda usurera y fraudulenta.