Escribe Mariano Barba

Más de un mes de lucha llevan los trabajadores auto convocados de la salud pública. Su fuerza está intacta a pesar de las provocaciones del gobierno provincial que aplica a rajatabla el ajuste nacional en acuerdo con Alberto Fernández. La primera provocación fue cuando la burocracia de ATE encabezada por Carlos Quintriqueo firmó con el gobierno, al igual que UPCN, una paritaria salarial por solo el 12 % de incremento siendo que desde el 2019 no se tocan los salarios. Los hospitales rechazaron masivamente el acuerdo, igual la burocracia lo firmó. Allí estalló la bronca y comenzó la rebelión de la base. La Inter hospitalaria constituida con representantes de todos los hospitales va coordinando la lucha semanalmente según los mandatos de las asambleas de cada establecimiento. Exigen al menos el 40 % de incremento y el pase a planta permanente de los contratados con motivo de la pandemia.

Hasta ahora realizan todo tipo de actividades, paros, marchas, festivales y la última semana llevaron a cabo un corte de la ruta nacional 22, a la altura de Arroyito, lugar donde hace catorce años fusilaron al docente Carlos Fuentalba. En esta oportunidad los sanitaristas permanecieron cortando la ruta desde las 4 de la mañana hasta las 17 del jueves santo. Una acción de repercusión nacional dado la afluencia masiva de turistas. Un nutrido grupo de militantes de Izquierda Socialista acompañamos, desde el comienzo, esa fuerte acción. Al igual que seguimos acompañando el resto de sus acciones en las calles, como en la enorme caravana con cerca de mil autos que se llevó a cabo el último domingo, demostrando la gran adhesión popular. Al cierre de esta edición estamos, junto a los trabajadores de salud apostados en la ruta del petróleo, donde otra acción sobre las rutas está cerrando el circuito productivo. Se ha iniciado un fondo de huelga que deberá ser muy importante porque el gobierno atacó además la lucha con descuentos masivos de sueldos para quebrar la combatividad de miles de trabajadores hospitalarios. Con un agravante que aumentó la indignación, ya que los diputados de la provincia se incrementaron el sueldo en unos 70.000 pesos mensuales.

Los trabajadores de la clínica Constituyentes, junto con sus delegados, vienen impulsando asambleas en las que deciden medidas de fuerza para enfrentar los ataques de la patronal. La conducción burocrática de la seccional de ATSA (sanidad) no tuvo otra opción que hacerse presente debido a la presión de la base, aunque ha intentado distintas maniobras para desmovilizar. Tampoco existen controles por parte del gobierno ante estos hechos, que premió a estas patronales explotadoras pagando parte de los salarios con el ATP y no intercede ante los incumplimientos de los dueños de la clínica en el pago completo de los sueldos.

En la zona oeste hay varios conflictos en los que los trabajadores están llevando distintas acciones y hasta han llegado a ocupar los establecimientos. La clínica provincial de Merlo amenaza con despidos, el Instituto Médico Agüero, de Morón, escalona el pago de salarios, y las clínicas San Andrés y del Sagrado Corazón, de Caseros y Hurlingham, respectivamente, cerraron sus puertas.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos apoyando y llevando la solidaridad a estos conflictos. Además, en la clínica Constituyentes ya se hizo presente el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, junto con una delegación de trabajadores del Sarmiento, para llevar la solidaridad del cuerpo de delegados. En el gremio de sanidad es hora de unir los conflictos y exigirle a la conducción un plan de lucha para que triunfen.                                              

Corresponsal

Los trabajadores del hospital Larcade volvieron a protagonizar una movilización el martes 30 de marzo desde el establecimiento hasta la puerta de la Municipalidad de San Miguel.

Participaron numerosas organizaciones políticas y sindicales, como las y los trabajadores del Sanatorio San Miguel, que están peleando por la defensa de su fuente laboral; la Cicop, con una importante delegación de la cual fue parte Mónica Méndez (secretaria de Organización y referente de Salud en Marcha) y las distintas fuerzas que componemos el FIT Unidad en la zona, entre otras.

Los reclamos son: aumento salarial ya, pase a planta permanente, condiciones edilicias e insumos acordes con la situación de pandemia. Contra la persecución, el desplazamiento de cargos y la no renovación de contratos que sufren los trabajadores de la salud a manos del intendente de San Miguel, Jaime Méndez, para amedrentarlos y disciplinarlos.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos todas las acciones que definan las y los trabajadores y seguimos a su disposición. Exigimos al intendente que dé respuestas urgentes a los justos reclamos, y al gobierno provincial de Kicillof que intervenga en el conflicto. Porque en el inicio de la segunda ola del Covid-19 la salud pública no puede esperar.                                     

Corresponsal

En febrero pasado 52 trabajadores de Just de Lomas del Mirador, La Matanza, fueron desplazados de sus puestos de trabajo. La empresa cerró el depósito en el que trabajaban. Los compañeros están reclamando volver a sus puestos. Desde hace un mes y medio vienen ocupando la sede de Lomas del Mirador de la empresa, se movilizaron a la embajada suiza y hace casi dos semanas vienen realizando un acampe en la puerta de la fábrica en General Rodríguez. Producto de esta medida lograron que el municipio de Rodríguez tenga que interceder y que la patronal se siente a negociar, pero la empresa todavía se niega a reinstalarlos en sus puestos y les ofrece trabajar en Escobar a casi 100 kilómetros del domicilio de la mayoría de ellos y por un sueldo muy inferior al que cobraban. Desde Izquierda Socialista venimos apoyando su lucha tanto en la toma de Lomas del Mirador como en el acampe, en donde llevó la solidaridad nuestro compañero ferroviario “Pollo” Sobrero y nuestra compañera Graciela Calderón secretaria adjunta del Suteba La Matanza.  Los seguiremos acompañando hasta que triunfen.

Corresponsal

Escribe Pilar Barbás, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

Empezaron las clases en las universidades y nos encontramos con los mismos problemas que el año anterior. El ahogo presupuestario educativo se agudizó. Cuándo se retornaría a las aulas y en qué condiciones, no se sabe ni se avizoran soluciones.

Mientras se destinan millones de dólares al pago de la deuda externa, el presupuesto educativo sigue siendo miserable, lo que provoca que nuestros docentes tengan que dar clases con salarios a la baja y sin recursos, cuando no son directamente ad honorem. Quienes estudiamos no contamos con los medios suficientes para sostener una cursada digna, las páginas web o plataformas se caen con frecuencia, falta internet, se recortan becas… y sigue la lista.

Ante esta realidad, las conducciones burocráticas de las federaciones y los centros de estudiantes le hacen seguidismo a las autoridades y al gobierno, no convocan a la organización y menos a la lucha. Son funcionales porque se adecuan a la miseria presupuestaria, tampoco le reclaman un presupuesto de emergencia al gobierno nacional para revertir esta situación.

Estas conducciones no organizan al movimiento estudiantil para poder salir a pelear por mejores condiciones y vacían y boicotean cualquier proceso genuino que surja desde abajo. Esta situación fue la que primó en todo 2020.

Ante esta realidad, hay una avanzada de las autoridades universitarias, que son cómplices del ajuste y toman resoluciones antidemocráticas que producen más deserción estudiantil. En febrero, por ejemplo, miles de estudiantes del ingreso de la UBA no pudieron entrar a las carreras de grado porque la página para dar los últimos exámenes no funcionaba. Otra traba para que más alumnos no puedan seguir en la universidad. Hace una semana, en la Universidad de La Plata, a puertas cerradas, sin ninguna consulta real al conjunto de la comunidad educativa, las autoridades se “prorrogaron” su mandato un año. No respetaron el proceso democrático donde el conjunto de las estudiantes y los docentes pudieran decidir.

Además, en estos días se va a conocer la fecha para que avance el juicio de los procesados de la Universidad de Río Negro, lo cual se suma al procesamiento de otrxs veintisiete estudiantes de Córdoba por la huelga estudiantil nacional de 2018, creando un precedente terrible acerca de la criminalización de la protesta estudiantil.

En este marco, desde la Juventud de Izquierda Socialista pensamos que es de vital importancia la participación de los estudiantes ante la situación actual, organizándose en comisiones de base y asambleas estudiantiles para pelear por todos nuestros derechos.  Apoyando a nuestros docentes por su reclamo salarial, que este 6 y 7 de abril convocaron al paro desde Conadu (Histórica) y los gremios de base afiliados. Y seguir luchando por el aumento de becas, dispositivos móviles e internet, por el desprocesamiento de todos los estudiantes por luchar y por una universidad pública, democrática, gratuita, laica, científica y de calidad al servicio del pueblo trabajador.