Los abajo firmantes nos pronunciamos por la inmediata intervención, bajo control de profesionales y trabajadores, de la planta mAbxience, del Grupo Sigman, ubicada en el parque industrial de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Aquí se produce el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 en una cantidad que podría rápidamente inocular al conjunto de la población argentina y abastecer a los países de la región. La situación de un nuevo ascenso de contagios contrasta con la escasez de vacunas y la vigencia de la ley de patentes, que otorga a un puñado de laboratorios el monopolio de la elaboración de la fórmula. La producción de vacunas de la planta de mAbxience (AstraZeneca) se exporta a México y a los Estados Unidos, mientras los trabajadores y la población sufren las consecuencias de esta nueva ola del virus. Eso es lo que hay que evitar, como lo reclaman también profesionales de la salud, científicos y distintas personalidades.

El Frente de Izquierda Unidad presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se declare a este laboratorio de utilidad pública, se suspenda la exportación del principio activo, se reconviertan todos los laboratorios que puedan producir la vacuna y se garantice el correcto envasado, procediendo así a la inmunización de toda la población argentina. Exigimos que el Congreso lo trate en forma inmediata.

Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se presentó el proyecto planteando que se declare “de utilidad pública laboratorio del Grupo Insud-Pharma donde se producen principio activo vacunas covid-19 y se suspenda la exportación”.

“En este laboratorio de propiedad del empresario millonario ligado al gobierno nacional, Hugo Sigman, se producen 24 millones de dosis por mes que luego se van a México y Estados Unidos. Ninguna de esas dosis son para nuestro país, ni para Latinoamérica. Es más, hubo un desvío de 12 millones de dosis directamente de Argentina a Estados Unidos”.

El artículo 1º del proyecto plantea: “Se declara de utilidad pública a la empresa mAbxience Argentina sita en la calle José Zabala 1040 de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires […]. La administración y ocupación temporaria de la empresa estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) […].

El artículo 2° dispone la suspensión de “toda exportación del principio activo para la producción de vacunas contra la Covid-19”, y en el resto del articulado se sostiene que se “elaborará un plan de emergencia para continuar produciendo el principio activo y lograr la adquisición de los insumos necesarios, escalar la producción según las necesidades sanitarias y culminar el proceso de terminación y envasado de las vacunas de modo que puedan ser inoculadas a la población en forma segura”, disponiéndose a tal fin que se “reconviertan todos los laboratorios públicos”.

Más de doscientos profesionales de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Nora Cortiñas, entre otros, le han enviado una carta al presidente titulada “La Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”, en donde se solicita que se suspendan las remesas al exterior y que se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. A continuación, algunos pasajes:

“Queremos elevar la voz de alerta sobre el tema de la vacunación contra el Covid-19 en Argentina [...] Las remesas de vacunas llegan del exterior a cuentagotas. Frente a la escasez, sectores del poder concentrado hacen lobby para liberalizar la compra, distribución y administración de las vacunas [...] Sin embargo, pocos argentinos saben que en una planta del conurbano, mAbxience, propiedad del empresario Hugo Sigman, se producen semanalmente varios millones de dosis de vacunas AstraZeneca que son enviadas a México, donde el magnate Slim se comprometió a envasarlas y enviarnos 25 millones de dosis. Pero al día de hoy no ha enviado ni una y no se sabe cuándo lo hará”.

“Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y el Instituto Biológico “Tomás Perón” de La Plata.”

“Los que venimos defendiendo hace décadas la producción pública de medicamentos y vacunas sostenemos que ante la emergencia es imprescindible:

1) Suspender las remesas a México de la vacuna de AstraZeneca hasta que comience la entrega desde dicho país de manera regular y suficiente de las vacunas envasadas.

2) Se autorice bajo el régimen de emergencia a los laboratorios públicos y privados a envasar la vacuna producida por mAbxience, proveyendo la asistencia técnica y financiera necesaria.

Carlos Ferreyra es un reconocido médico de Córdoba, con formación en epidemiología y en salud pública, y además activista climático. Tiene más de treinta años de experiencia en la gestión pública y trabajó en más de cuarenta países para controlar brotes epidémicos de enfermedades infecciosas, tales como chagas, cólera o dengue, y de patologías crónicas y sindemias (tabaquismo, obesidad, violencias, etcétera).

Ferreyra, en una entrevista para Resumen latinoamericano, denuncia un apartheid sanitario global ante la pandemia, refiriéndose a la inequidad en el acceso a las vacunas, prestaciones médicas y a la salud en forma integral. Ante la crisis sanitaria mundial, el especialista señala que el responsable es el modelo de desarrollo capitalista, cuyo único objetivo son las ganancias privadas y de esa forma expropia la vida.

Sobre la producción en la Argentina de vacunas de AstraZeneca y su exportación expresó: “Es claro que si eso pasó es porque había intereses particulares. Ahora queda investigar por qué el Ministerio de Salud permitió que se fuera la vacuna a México cuando se sabía perfectamente que esta era la situación que se iba a producir cuando el mundo precisaría vacunas de manera urgente. Creo que se permiten todo tipo de situaciones muy serias que dañan la salud colectiva”.

Sobre el gobierno nacional opinó: “Fernández tiene la obligación de asumir la responsabilidad de trabajar para que esa vacuna que está en provincia de Buenos Aires se transforme en vacuna de todos los argentinos [...] envasar una vacuna en Argentina es un hecho fácil, tenemos instituciones que pueden hacer ese trabajo, tanto en el sector público como privado”. Y concluyó: “Eso es una solución más directa para los argentinos que estar negociando y peleando por pagar vacunas”.

Escribe José Castillo

Cristina dijo “no podemos pagarle al FMI”. Alberto Fernández afirmó que compartía los dichos de la vicepresidenta en una entrevistas con Horacio Verbitsky. Pero mientras tanto, continúan las negociaciones con el Fondo. ¿Cuál es la verdadera política del gobierno?

En la inauguración de sesiones legislativas del 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández le había dedicado largos párrafos a la estafa del préstamo con el FMI, que nos había dejado una deuda de casi 50.000 millones de dólares. Llevando el planteo a que se iniciaría acciones judiciales contra Macri y los otros funcionarios responsables de contraerlo. La vicepresidente Cristina Fernández, en un discurso el 24 de marzo pasado, afirmó  a su vez que “no podemos pagarle al FMI”. Por cierto, pocos periodistas se ocuparon de resaltar que, en la frase siguiente, la propia vicepresidenta propuso como solución que “se bajen los intereses” o “ampliar los plazos de pago”, en ningún caso planteó repudiar la deuda.

Entre muchos compañeros que conservan expectativas en el Frente de Todos, estas declaraciones pueden ser leídas como que el gobierno peronista “se endurecería” frente al FMI, y podría llegarse a una situación de suspensión de los pagos. Nada más alejado de la realidad. Veamos.

¿Cuál es la real política del gobierno?

Acá no hay fisuras. Más allá de los discursos “para la tribuna”, desde el primer día el gobierno de Alberto Fernández dijo que su prioridad era cumplir con los acreedores externos y el FMI. Alberto, Cristina, Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, impusieron la eliminación del reajuste a los jubilados, como una señal de cuál era la prioridad de pago ante los acreedores y el FMI. Posteriormente, hicieron votar (acompañados por Juntos por el Cambio) la autorización para renegociar la deuda, léase el reconocimiento de todo el endeudamiento, incluyendo los casi 50.000 millones de dólares con el FMI que habían denunciado como “truchos” en la campaña (dicho sea de paso, solo hubo dos solitarios votos negativos, los del Frente de Izquierda Unidad). El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alineado con Cristina, priorizó pagar un vencimiento a los acreedores antes que a los docentes. Y siempre, el designado “negociador” con los pulpos acreedores, el ministro de Economía Martín Guzmán, contó con el más pleno respaldo de todos los sectores del gobierno. Todos aplaudieron el acuerdo firmado con los acreedores y el comienzo de las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, y aún en medio de la pandemia, el gobierno del Frente de Todos ya abonó 6.000 millones de dólares de deuda externa.

El gobierno sabe que su discurso de campaña, de que era posible lograr un acuerdo “progresista” con el Fondo, donde éste supuestamente nos dejaría crecer y reducir la pobreza, era una vulgar mentira. En toda la historia del FMI no existió semejante acuerdo, que siempre exigió durísimos planes de ajuste. Como ejemplo cercano en el tiempo, tenemos el ajuste que le exigió a Ecuador en 2019, que dio lugar a un levantamiento popular que impidió su puesta en ejecución.

La política del Frente de Todos, entonces, es correr lo más posible los vencimientos y, de ser posible, la firma del mismo acuerdo hasta después de las elecciones, y en todo caso que se reduzcan un poco los intereses. Y nada más. Sabe que, en cuanto esto se concrete, tendrá que cumplir con las exigencias de un ajuste mayor que el actual, de las auditorías permanentes del Fondo, y por sobre todas las cosas, de pagos astronómicos, cercanos a 10.000 millones de dólares por año a partir de 2025.

Ni siquiera es real el planteo de Cristina de pedirle al FMI que el préstamo se pague en veinte años para achicar los montos anuales. “Eso no se puede”, respondió el propio ministro Guzmán, oficiando de vocero del FMI. En síntesis, lo anticipamos, todo va a terminar, más temprano que tarde, con un nuevo acuerdo firmado en algún futuro inmediato, bendecido por el voto conjunto de peronistas y Juntos por el Cambio.

¿Cuál es la salida?

No hay que confundirse. Más allá de discursos y poses electorales, la política del gobierno peronista del Frente de Todos no tiene nada de “progresista” o “nacional y popular”. Su prioridad es negociar con el FMI y garantizar el cumplimiento de los pagos a los pulpos acreedores internacionales.

Y no hay salida por ese camino. Sólo habrá más ajuste, más miseria, marginación social, bajos salarios, desempleo y saqueo de nuestras riquezas. Por eso, insistimos, la única alternativa es dejar de pagar ya mismo, romper con el FMI y poner todos esos recursos para resolver las más urgentes necesidades populares. Eso, exactamente, es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad.