Escribe Reynaldo Saccone

Las fabulosas ganancias de la industria farmacéutica provienen de los subsidios recibidos de los gobiernos y de la venta anticipada de toda su producción garantizada por convenios leoninos y leyes especiales de protección. Como remate, las patentes consolidan su monopolio de las vacunas. Con las ganancias aseguradas, y protegidas por las patentes, las multinacionales regulan su producción de acuerdo con la ganancia y no en función de las necesidades populares.
Pfizer recibió hace un año un subsidio de 2.500 millones de dólares del gobierno de Trump que, sumado a otros aportes, le permitió financiar el comienzo de la producción y los ensayos clínicos. A mediados del año pasado empezó a firmar los contratos de venta de su producción en los que su posición monopólica y sus personeros en los distintos gobiernos le permitieron obtener condiciones muy favorables. El secretísimo convenio con la Unión Europea, según filtraciones, exime de responsabilidad a Pfizer y Moderna por los efectos secundarios de sus vacunas. Si se produjeran, las indemnizaciones correrán por cuenta de los gobiernos, es decir, las compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica (La Vanguardia, 22/4/2021).

En la Argentina, el gobierno peronista, en acuerdo con Juntos por el Cambio, aprobó una ley que incluía todas las exigencias de las multinacionales, con el voto solitario en contra del Frente de Izquierda Unidad. Esa ley acepta, entre otras concesiones, la jurisdicción de los tribunales fijada en el contrato. Por ejemplo, Nueva York o Londres. No obstante estas “agachadas”, los laboratorios objetaron también la ley. Más agresivos, los ejecutivos de Pfizer señalaron el “supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley” y “la limitación de bienes” que el laboratorio podría embargar para cobrar el contrato si el Estado no le pagaba. Dos problemas, afirmaron, “que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”. Para Pfizer, estas menciones resultaron intragables y se retiraron de las tratativas (La Nación, 5/4/2021).
En ningún momento el gobierno peronista denunció la extorsión de las multinacionales, llevadas al extremo por Pfizer. Hasta un pro imperialista fascistoide como Bolsonaro denunció públicamente que el monopolio farmacéutico pretendía un contrato donde no se hacía responsable por los efectos colaterales. Muy por el contrario, desde el gobierno que pretende ser nacional y popular, la asesora presidencial Cecilia Nicolini declaró que “en ningún momento se cortaron las conversaciones con Pfizer” y hoy asistimos a una reedición en las que se vuelven a barajar opciones que satisfagan al monopolio. Claro que, esta vez, avisan que antes de octubre no podrán entregar vacunas en caso de acordar.
El gobierno nacional está dispuesto a ceder a las exigencias de la industria farmacéutica, en este caso de la multinacional Pfizer, cuando debería terminar con su doble discurso y suspender las patentes de vacunas, como firmó junto a decenas de países frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC), e incautar las vacunas de Garín.

Escribe Claudio Funes

En una entrevista, el gran artista catalán se refirió a la pandemia que está asolando a los pueblos del mundo.
“Le tengo asco a la pandemia porque provoca mucho daño”. Al ser preguntado sobre las patentes que benefician a las multinacionales farmaceúticas aseguró: “De esta pandemia tendremos que salir todos de la mano curados. Esta pandemia la ganaremos cuando se liberen las licencias de fabricación de los antivirales. Mientras su fabricación no sea libre y gratuita no nos vamos a salvar”.
Otra voz entre las miles que reclaman la liberación inmediata de las patentes de las vacunas.

 

Escribe Reynaldo Saccone

La gravedad de la segunda ola pone en primer plano la crisis del sistema de salud: la saturación de camas, el desborde de los servicios, la escasez de personal y la falta de insumos. Los sistemas pre pagos y las obras sociales sindicales que no pueden dar respuesta a sus afiliados, lejos de ampliar sus prestaciones buscan recostarse en el Estado para mantener sus ganancias. Insumos críticos como el oxígeno y los medicamentos aumentan sideralmente sus precios. La intervención del Estado es cada vez más necesaria para centralizar todos los recursos públicos y privados al servicio de la lucha contra la pandemia.

Las salas de terapia intensiva (UTI) son un sector crítico. El pico de internación en UTI en la primera ola se alcanzó el 26/10/2020 y fue de 5119 pacientes. El pico en la segunda ola actual fue el 3/5/2021 que, superando a la anterior, llegó a 5369. Un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva muestra que las UTI tienen una ocupación de casi 90%, prácticamente a saturación. De cada diez internados, seis lo son por Covid-19 y de éstos, cinco están con respirador. En cuanto al equipamiento, solo uno de cada cinco UTI lo tienen completo. El resto tiene algún insumo faltante.

En los últimos días se añadió un nuevo problema: la falta de un insumo crítico, el oxígeno. El consumo de este vital recurso se triplicó en las últimas semanas sobre una base que ya venía elevada: el año pasado, la demanda de ese insumo se había duplicado. Esto obligó hace unos días a que el gobierno congelara su precio por noventa días (había aumentado un 1000%) y exigiera a las fábricas a producir al 100% de su capacidad.
No se trata solo de falta de camas de internación e insumos, también está el déficit de recursos humanos capacitados causado por la falta de nombramientos y el empleo precario. Toda esta situación muestra cuán necesario es centralizar en el Estado los recursos humanos y físicos de salud, los hospitales y camas, sean estatales o privados y la producción y distribución de insumos para fortalecer el sistema y poder volcarlo a la lucha contra la pandemia. Para lo cual es necesario financiarlo con un verdadero impuesto a las fortunas y el no pago de la deuda externa.               

Escribe Claudio Funes

El gobierno sigue aplicando a cuentagotas las vacunas mientras deja pasar el incumplimiento de protocolos por parte de las grandes patronales. Peor aún, el propio gobierno alimenta, con sus medidas, al monstruo de la pandemia. Por ello sectores de trabajadores salen a las calles a reclamar por un derecho fundamental, ser inmunizados para poder vivir.

La burocracia de la Unión Tranviarios Automotor realizó una marcha el pasado jueves 29 de abril hasta el Ministerio de Salud para entregar un pedido formal a la ministra Carla Vizzotti para que los inmunice.
Por su parte, trabajadores autoconvocados de distintas líneas del AMBA, entre ellas la 60, 540 y otras de la zona oeste, realizaron el viernes 30 un bloqueo en la Panamericana, en el Acceso Oeste, a la altura de la ruta 23 y en el puente Pueyrredón, donde hizo uso de la palabra Pedro Rodríguez, dirigente de la oposición de zona sur. Reclamaron por los salarios del sector, las vacunas y los protocolos contra el Covid-19.

 “Necesitamos un plan de vacunación para el transporte. Ya tenemos dos compañeros muertos en la línea 60”, expresó un delegado, quien agregó: “Pedimos que se vuelva a los protocolos de diciembre, que nos saquen el plástico y pongan una mampara como corresponde. Estamos muy expuestos y cayendo como moscas. La clínica de nuestra obra social no da más. Un compañero se murió el otro día esperando una cama. Tenemos veintinueve muertos en el transporte colectivo”.

Las movilizaciones se repitieron el martes 4, cuando trabajadores del transporte de distintas líneas realizaron una protesta en Acceso Oeste y puente Pueyrredón por salarios y mejoras laborales. Los manifestantes bloquearon parte de la Autopista del Oeste a la altura de Moreno. “Nuestra intención no es perjudicar a nadie. Queremos ser escuchados. Tenemos un básico de 44.000 pesos. Hace cinco años que perdemos con la inflación”, dijo uno de los choferes. Mientras tanto, en vez de resolver el problema, el gobierno envía a la gendarmería y amenaza con reprimir las protestas.
También el viernes 30, como medida de fuerza, los trabajadores de las funerarias no retiraron los cuerpos de las personas fallecidas por coronavirus exigiendo ser vacunados.

El mismo reclamo expresan los combativos ferroviarios del Sarmiento. Aseguran, en un comunicado, que la masividad de los contagios registrados en distintas líneas los lleva a la interrupción de los servicios. Como ellos dicen: “Cada vagón del Sarmiento equivale a una fiesta clandestina”.
Día a día se suman más organizaciones sindicales que desmienten los dichos de la ministra de Salud Carla Vizzotti (“no es en fábricas ni aulas donde se dan los contagios, sino en las reuniones sociales”) y de su gobierno, que pretende salvar las ganancias capitalistas. Las trabajadoras y los trabajadores exigen la respuesta obvia ante la pandemia, vacunas para no morir.

• Por incautación de las vacunas de Garín y vacunas para todos 
• Rechazo a la “presencialidad administrada” del gobierno
• Por computadoras y conectividad gratuita 

Jueves 6 de mayo a las 12

Caravana hacia Panamericana y Puente Garín para ir al laboratorio mAbxience

Caravana a Garín - Hay que incautar las vacunas