Escribe Mariano Barba
 
Una hora y media duró la exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante los jueces del Tribunal Oral Federal  N° 2, en el marco del juicio por la obra pública. Hizo fuertes críticas al sistema judicial tratando de victimizarse y desmentir, con argumentos políticos más que probatorios de que no es culpable. Toda su intención fue aparecer como víctima de una persecución judicial que afectaría también al peronismo de conjunto. Tan evidente fue esa intención que llegó a afirmar que “los peronistas nunca reprimimos, nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”.

¿Es cierta esta afirmación? Los últimos gobiernos encabezados por el peronismo, desde Perón e Isabel en la década del setenta hasta los últimos treinta años donde gobernaron veinticinco, estuvieron signados por varios hechos represivos más allá de los diversos momentos económicos que transcurrieron. Lamentablemente los más afectados fueron el pueblo trabajador y los sectores populares que luchaban  por diversas reivindicaciones. Dentro de los reprimidos podemos asegurar que fueron mayoría los trabajadores que simpatizaban con el peronismo. Si nos remontamos al gobierno de Isabel Perón, recordamos la represión a las huelgas que enfrentaban el pacto social y el criminal accionar de la Triple A y de las patotas de la burocracia sindical que asesinaron a centenares de activistas obreros y estudiantiles antes del golpe militar de 1976.

Ya por los años ‘90, el presidente Menem activó una seguidilla de represiones muy violentas contra lo que enfrentamos las privatizaciones. Se dio el histórico Santiagueñazo de 1993 donde hubo centenares de presos y heridos; lo mismo que la represión desatada en 1994 contra los obreros metalúrgicos en Tierra del Fuego cuando defendían su fuente de trabajo, lucha que continuó varios meses hasta que en 1995 una bala policial asesinó a Víctor Choque. En 1997 se envió la gendarmería a la pueblada en Cutral Có que terminó haciéndola retroceder.

Bajo la presidencia  de Eduardo Duhalde una represión feroz, de la mano de Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad, terminó con la vida de Maxi Kosteki y Darío Santillán en el puente Pueyrredón de Buenos Aires.

Y ahora, bajo los quince años que lleva gobernando el peronismo kirchnerista (los doce de Néstor y Cristina y los tres de Alberto Fernández), se fueron sucediendo actos represivos contra reclamos y luchas. Tal fue la represión en 2010 contra los pueblos originarios, cuando fueron quemadas las viviendas y Roberto López, miembro de la comunidad Qom Potae Napocna Navog, fue asesinado por la Policía por orden del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, uno de los principales aliados de Cristina Fernández y dirigente del Frente para la Victoria. En octubre del 2010 ocurrió el brutal asesinato de Mariano Ferreyra a manos de la patota de Pedraza, burócrata de la Unión Ferroviaria ligado al gobierno kirchnerista en complicidad con la policía bonaerense. En 2011, fue la persecución de ferroviarios del Sarmiento acusados por Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, de quemar trenes. Una denuncia que determinó la prisión del Pollo Sobrero, luego liberado por falta de pruebas y que demostraron una clara persecución política contra dirigentes sindicales de oposición. Con Axel Kicillof se da el violento desalojo a las familias de Guernica, que peleaban por tierra para vivir, con Sergio Berni incendiando las casillas y pasando las topadoras sin distinguir a niños o mujeres, con el apoyo de Andrés “Cuervo” Larroque.

Por estas razones, no es cierta la declaración de Cristina que el peronismo no reprime. Con la aplicación del ajuste el peronismo ya no es alternativa para resolver la creciente pobreza y seguirá reprimiendo ante el avance de las luchas. Para hacer pasar el ajuste, más temprano que tarde, llega la represión.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos presentó en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto 2023. Además de los dibujos y las mentiras de todos los años, contiene una verdad: ahí está planteado el ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional.

Como todos los meses de septiembre, hizo su ingreso al Congreso el proyecto de presupuesto para el año próximo. ¿Para qué discutirlo si sabemos que está dibujado y la mayoría de los números que ahí aparecen son mentira? Muy simple, porque es exigencia del FMI que se apruebe conteniendo las metas de ajuste para el año que viene.

Esto es lo central. Si el gobierno se comprometió a terminar este año con un déficit fiscal de no más de 2,5% del PBI (y para eso está llevando adelante el ajuste que sufre día a día el pueblo trabajador), el acuerdo con el Fondo dice que dicho ajuste debe ser mayor aún el año próximo: hay que llegar a bajar el déficit hasta 1,9% del PBI. A esto le agregamos que la meta monetaria de cuánto puede asistir el Banco Central al Tesoro (para que se entienda: cuanto es el máximo que puede emitirse) debe reducirse a apenas 0,6% del PBI (del 1% actual).

El FMI quiere que se vote esto. Compromete para ello al oficialismo del Frente de Todos y a la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Hernán Lacunza y Luciano Laspina, los economistas de PRO que salieron a fijar la posición de dicho partido, ya adelantaron que podrían “votar a favor o a lo sumo abstenerse”. Es que saben que el Fondo exige que “quede escrito” el compromiso de ajuste para el año que viene.

La ley anexa: se viene un nuevo blanqueo

Pegado al presupuesto viene la ley de “incentivo a la inversión, construcción y producción argentina”. Consiste, en concreto, en autorizar a las grandes empresas y multimillonarios a poder usar parte de sus dólares fugados en nuevos emprendimientos, sin que nadie les pregunte el origen de los fondos ni les exija que paguen los impuestos adeudados. Una ley a la medida, además, de todos los negocios delictivos habidos y por haber, como el narcotráfico, la trata de personas o armas y un largo etcétera. Es la forma en que el gobierno del Frente de Todos tratará desesperadamente de hacerse de algunas divisas de más para mostrarle al FMI que cuenta con las reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda.

Pagos netos al FMI

El acuerdo con el Fondo estableció que este año 2022, junto con cada revisión del organismo, llegaría un dinero exactamente igual a cada vencimiento con el organismo. O sea, la plata “entra” a la Argentina, e inmediatamente “sale” para pagar cada cuota que vence con el FMI.

En 2023 será distinto, el dinero que aportará el Fondo será mucho menos a los vencimientos con dicho organismo. Habrá que pagarle al FMI 4.000 millones de dólares en efectivo, saliendo de nuestras reservas. Por supuesto que el gobierno ya nos dice que “no nos preocupemos”, que para eso conseguirá nuevos préstamos, del BID, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento. Aunque lo logre, solo significará más endeudamiento que habrá que pagar a futuro, agrandando una bola de nieve ya imparable.

Las mentiras

Por supuesto, el proyecto de presupuesto no deja de tener las mentiras de siempre. Vamos a la más importante: dice que la inflación bajará al 60% anual.

Y el dólar va a estar a 270 en diciembre de 2023.

Ya lo anticipamos: es un vulgar engaño. Colocado para disimular el desastre económico que continuará el año próximo, sin duda. Pero también para después, cuando la inflación sea superior, tener las manos libres para que los salarios, las jubilaciones, los planes sociales y las partidas destinadas a salud, educación o vivienda suban menos que los precios y así, por esa vía, llevar adelante el ajuste.

En síntesis, hay que repudiar este presupuesto, a la medida del FMI, y por supuesto votarlo en contra. Y oponerle lo que planteamos desde siempre, otro programa económico, obrero y popular, que partiendo de no pagar la deuda externa y romper con el FMI priorice las urgentes necesidades del pueblo trabajador, de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

La inflación oficial de agosto cerró en 7%, más arriba incluso de lo que preveían las consultoras privadas. La aceleración que se está dando desde julio pasado ya nos marca una certeza, se va a terminar el año con un suba de precios de alrededor de 100%.

La suba de septiembre será de, al menos, un 6,5% en promedio, y para octubre va camino a otro 7%. Todo esto sin contar cualquier eventual devaluación, que termine tirando los precios aún más arriba.

Este incremento de la carestía tiene sus consecuencias. Esta semana se conocerá el dato de pobreza al final del primer semestre del año. Diversos estudios calculan que rondará el 37%, o sea 17,2 millones de personas. Pero prestemos atención, ese número nos marcará la situación antes del descalabro inflacionario total, que estalló a partir de julio. Que, sin duda, aumentó la pobreza por sobre el valor del primer semestre. Por eso podemos afirmar que actualmente la población en esas condiciones supera largamente el 40%.

Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos sigue autorizando aumentos. Ya le dio el visto bueno a un incremento del 29,6% para las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión. Tenemos ya corriendo el tarifazo del gas y la electricidad, que aparecerá en las facturas a pagar en octubre o como mucho en noviembre en la primera cuota, con más aumentos en diciembre y febrero de 2023. Y, por si todo esto fuera poco, quedan dos aumentos autorizados para octubre y diciembre de las prepagas de salud, de 10,5% cada uno.

Mientras tanto, los precios de los productos de la canasta familiar siguen subiendo en las góndolas. El secretario de Comercio Matías Tombolini se reunió con las principales empresas de la alimentación y artículos de limpieza y tocador (Molinos, Arcor, Coca-Cola, Quilmes, Procter & Gamble, Unilever) que se comprometieron a “moderar” las subas. Pero la realidad es que está pasando exactamente lo contrario. Casi la mitad de estas empresas ya mandaron listados con incrementos. Veamos: Coca-Cola, un 20%; Molinos, 20%, Quilmes, 6%. Arcor, Unilever y Procter & Gamble disimulan, no subiendo en los supermercados, pero sí haciéndolo en los listados que envían a los negocios de cercanías (supermercados chinos y almacenes). Lo concreto es que entre treinta y cuarenta productos de la canasta básica subieron esta quincena en valores que van desde 40 hasta 90%. La consultora LCG asegura que la suba promedio de alimentos y bebidas para este mes de septiembre será de 7,7%. Otro informe, esta vez de Ecolatina, sostiene que en el rubro de indumentaria el incremento fue de 17,7%.

La contrapartida a todo esto es que los salarios están por el piso. Todos los trabajadores, sin excepción, estén en blanco o precarizados, vienen perdiendo frente a la inflación. Muchos gremios tienen como último acuerdo un 60% anual y en cuotas. Ahora, tras el descalabro antes mencionado, quieren arreglarlo llevando el techo a un 80% (por supuesto, nuevamente en cuotas), cuando ya todas las proyecciones dan una inflación de 100%. O se empieza a hablar de un supuesto “bono” recién para fin de año.  

Hay que exigirle a la burocracia sindical de la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y que salgan a enfrentar las consecuencias de este ajuste brutal que está pulverizando los salarios. Es necesario un aumento de emergencia para todos, pero ahora mismo, no “a fin de año”. Y no puede ser un monto insignificante: tiene que alcanzar para que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza, hoy calculada por los trabajadores de ATE Indec en 192.651 pesos. Que se actualice mensualmente de acuerdo al alza del costo de vida. Para, a partir de allí, reabrir la discusión en todas las paritarias. Esto, y una real control de precios, fijando valores máximos para todos los artículos de la canasta familiar y sancionando de verdad a quiénes lo violen, con la aplicación de la ley de abastecimiento, son las auténticas medidas para enfrentar el flagelo inflacionario.

Escribe José Castillo

El gobierno insiste en que el tarifazo del gas y la electricidad solo lo pagarán los sectores de mayor riqueza.

Sin embargo, terminada la carga de la planilla de los que supuestamente pidieron la exención, el número da que el 30% no se inscribió y, por lo tanto, deberá pagar la tarifa plena (la totalidad del tarifazo en curso): son 5,5 millones de personas.En los casos de Córdoba y Santa Fe la cuestión ya tiene ribetes de escándalo: entre el 45 y el 50% no se anotaron en el registro.

Es imposible que este número coincida con los “ricos” de la Argentina. Se calcula que cerca de un millón de hogares serían efectivamente de “ingresos altos” (cobran más de 390.000 pesos por mes o tienen bienes que pueden calificarse como “de lujo” o señal de manifestación de riqueza).

¿Qué pasa con los otros 4,5 millones de personas que no se inscribieron? Muchos adultos mayores no lo han hecho. También muchas personas que integran los sectores más pobres y marginados, sea por desconocimiento, no saber cómo llenar la planilla o directamente falta de acceso a internet.   

Conclusión: el tarifazo de gas y electricidad pegará con todo sobre el conjunto de la clase trabajadora. Esa es la realidad, una medida más como parte del ajuste exigido por el FMI.
            

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Los dirigentes de Ctera Sonia Alesso (Sta. Fe), Baradel (Bs As), López (CABA) y Monserrat (Cba) volvieron a pactar con el gobierno nacional. Según ellos, cerraron la paritaria 2022 “con un aumento salarial anual del 82%”, que se completarían con pagos en tres cuotas en octubre, noviembre y diciembre. Como ya sabemos, esos porcentajes (que están por debajo de la inflación anual oficial y mantienen salarios de pobreza), no tienen nada que ver con la realidad de las provincias, donde trabajamos el 90% de la docencia, particularmente de los salarios que acordaron estos representantes de Ctera en sus propias provincias.

Ctera le pidió al gobierno “colaboración para superar los conflictos de Río Negro, Santa Fe, Corrientes y Chubut” y “presentó una nota de Adosac Santa Cruz” (ahí sólo hizo de cartero...). Un absurdo más, ya que tanto Alesso en Santa Fe y López en CABA están en paro, pero ellos no los nombraron. Monserrat viene de firmar una paritaria a la baja, bajo el repudio masivo de la docencia cordobesa. Y Baradel viene de ser muy bien recibido por el embajador de Estados Unidos, pero la docencia de la provincia de Buenos Aires acaba de realizar el segundo paro masivo convocado por la Multicolor, en contra de su conducción de Suteba. Además, se “olvidaron” que Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Misiones, Tierra del Fuego, también están en lucha.

La Ctera ratificó su apoyo a la Reforma Educativa, la implementación de la 5° hora en todo el país y acordaron comenzar a modificar el Estatuto Docente y armar un nuevo “Convenio Colectivo”, habilitando el plan del gobierno de legalizar la precarización laboral.

Está claro que estos dirigentes siguen apoyando al gobierno del Frente de Todos y los gobernadores provinciales y su plan de ajuste pactado con el FMI, contra la docencia y la escuela pública. Por eso es fundamental avanzar en la coordinación nacional de las provincias que están en lucha, para evitar el desgaste de luchas aisladas y pegar todas juntas. Tarea que debería realizar la Ctera, que se lo exigimos, pero que tenemos que organizar los que estamos luchando y queremos ganar.

Un primer paso lo dimos con la conducción de Amsafe Rosario, que este martes 27/09 participó en un acto frente a la Casa de Santa Fe en CABA, en unidad con Ademys y los Suteba Multicolores. Llamamos a todas las conducciones combativas a convocar a una urgente reunión de coordinación de las provincias en lucha. Y que en cada asamblea y reuniones de delegados de los sindicatos que están en conflicto se plantee esta necesaria unificación nacional, para coordinar las medidas de fuerza de manera unificadas y con movilizaciones conjuntas.