Escribe Adolfo Santos

Nunca antes habíamos asistido a un ajuste tan rápido y brutal como el que está llevando a cabo el gobierno ultraderechista de Milei al servicio de los grandes empresarios y el FMI. En poco más de dos meses viene licuando con saña los salarios, jubilaciones y planes sociales, produciendo un aumento exponencial de la pobreza y la indigencia.

La CGT y CTA ante el gran ajuste, el crecimiento del malhumor social y la exigencia de paro y plan de lucha del sindicalismo combativo, cacerolazos y asambleas populares se vieron obligadas a convocar un paro general con movilización el 24 de enero. Fue una exitosa medida que, junto a las movilizaciones posteriores, resultó uno de los elementos decisivos para derrotar la pretensiosa Ley Ómnibus del gobierno.

Sin embargo, después de esa importante medida de fuerza que demostró una clara voluntad de lucha de la clase trabajadora y de sectores populares, las direcciones sindicales burocráticas no estuvieron en las movilizaciones frente al Congreso reprimidas por Bullrich repudiando la ley, volviendo a la inmovilidad, limitándose a declaraciones. “El gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida”, dijo Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. En el mismo sentido se expresó Pablo Moyano: “No vamos a poner fecha todavía, pero se está discutiendo el paro general”.  

Mientras tanto, el gobierno no saca el pie del acelerador aplicando medidas contra la clase trabajadora, las y los jubilados y demás sectores populares. Es lo que acaba de suceder en el Consejo Nacional de Salarios (CNS). Reunido el 15 de febrero, la CGT solicitó un aumento del 85% sobre los 156 mil pesos fijados en diciembre, los empresarios lo rechazaron y el gobierno decidió que el nuevo salario mínimo vital y móvil irá a 180 mil en febrero y 202 mil en marzo. Con eso, el deterioro del SMVM será de más del 20% en tan solo tres meses. Hasta el propio Daer convocó a un paro en Sanidad para este jueves 22 y la Fraternidad a un paro de trenes.

No es tiempo de titubeos ni medias tintas. Desde Izquierda Socialista en el FITU junto al sindicalismo combativo exigimos a la CGT y CTA que le den continuidad al paro del 24 con un nuevo paro general y un plan de lucha con movilización para derrotar el plan de ajuste de Milei y el FMI. Esencialmente por un inmediato aumento de emergencia de salarios y jubilaciones igual a la canasta familiar y contra los despidos, por comida y ayuda social para los desocupados. Para impulsar estas medidas llamamos a realizar asambleas en los lugares de trabajo y a profundizar todas las formas de coordinación de la protesta social que se vienen dando: asambleas barriales, culturales, del movimiento ambiental, de mujeres, con cacerolazos y otras formas organizativas que surjan.

Escribe Diego Martínez

Los aumentos son siderales, a niveles nunca vistos. En el AMBA el transporte aumentó un 295% en un mes, llevando el pasaje mínimo de colectivo a 370 pesos, el tren a 208 pesos y el subte a 125, mientras va a llegar a 757 pesos en junio, un 500% de aumento.

Miles de usuarios hacen filas interminables para registrar su SUBE y recibir un mísero descuento en el pasaje. Para quienes tienen auto, el ajustazo también llegó. Cargar un tanque de nafta promedio hoy cuesta más de 40.000 pesos y los peajes van a costar 3.000 en junio. Una locura completa.

En el resto del país el panorama es aún peor. Milei anunció el fin de los subsidios al transporte en el interior lo que podría llevar el boleto a 1.100 pesos. En la ciudad de Córdoba, el boleto ya trepó a 700.
Viajar en transporte público se ha convertido en una cara odisea. En el AMBA hay quienes utilizan 3 o 4 medios de transporte para ir a su lugar de trabajo y la misma cantidad para volver, con lo que pueden llegar a gasta hasta tres mil por día solo para ir a trabajar. En el resto del país hay quienes viajan diariamente a localidades cercanas pagando mucho más. Hay trabajadores que renunciaron a su laburo por no poder pagar el boleto. Se ha visto gente bajándose de un colectivo por no poder abonarlo y la típica escena en la que solidariamente un pasajero prestaba su tarjeta para que pague su pasaje, es cada vez más rara, porque el resto del pasaje tampoco tiene crédito para hacerlo.

Todo esto mientras se viaja como ganado en servicios que tienen cada vez menor frecuencia, estaciones de subte que se inundan con una mínima lluvia, colectivos sin mantenimiento ni las mínimas condiciones de seguridad para resguardar la integridad de pasajeros y choferes.

Gobiernos peronistas y macristas le dieron millonadas en subsidios a las empresas del transporte, pero nunca controlaron adónde iba ese dinero. Los empresarios se llenaron los bolsillos sin mejorar la calidad de un servicio totalmente ineficiente.

El transporte público de pasajeros es un servicio esencial para millones de usuarios que lo utilizan a diario para ir a trabajar, estudiar y demás actividades, como asistir a centros de salud o hacer trámites. No puede estar en manos de empresarios inescrupulosos que como sucedió con el gobierno de Alberto y Cristina se llevaron el 85% del precio del boleto con subsidios estatales sin garantizar un servicio acorde a las necesidades del usuario. O, como sucede ahora con Milei, donde cobran boletos inalcanzables para el bolsillo popular.

El transporte público es una necesidad y un derecho. Tal como sucedió en el AMBA con los colectivos hasta 1959 (año en que lo privatizó el entonces ministro de Economía de Frondizi, el ultraliberal Álvaro Alsogaray), con el subte hasta principios de los 90 y como sucede parcialmente en algunas provincias y en otras partes del mundo, el transporte público debe ser 100% estatal, bajo control de trabajadores y usuarios.

Proponemos un sistema único nacional integrado de transporte que nuclee al transporte urbano e interurbano junto a una red nacional de ferrocarril bajo control de trabajadores y usuarios, para que todas y todos los trabajadores del país podamos ejercer nuestro derecho a tener un transporte eficiente con tarifas accesibles.

Entrevistamos a Ignacio Rivas Fontas, biólogo, becario postulante a beca Conicet y militante de la Juventud de Izquierda Socialista Exactas.



¿Por qué luchan en el Conicet?
El CONICET es el principal organismo científico del país. Coordina a decenas de institutos de investigación y a miles de trabajadores del sector. Al igual que la educación y la salud, sufre un ataque directo por parte del gobierno, que le asignó el mismo presupuesto que en 2023, algo incompatible con la brutal inflación que vivimos. A esto se suman despidos y renovaciones de contratos por 3 meses.
El 12 de enero debían publicarse los resultados de la convocatoria 2023 a becas doctorales y promociones en la Carrera de Investigador Científico (CIC). El directorio respondió que no se iba a publicar ni asignar nada hasta que se resolvieran las cuestiones presupuestarias, poniendo en riesgo el futuro de cientos de personas. Las becas doctorales son contratos laborales informales, otorgadas para la realización de investigaciones de 5 años con dedicación exclusiva. Les becaries conforman el grueso de la fuerza laboral de los laboratorios de investigación, por lo que son vitales para sostener el sistema científico.

¿Cómo se vienen organizando estudiantes y becaries para impulsar esta pelea desde la facultad de Ciencias Exactas de la UBA?
Anticipándonos al ajuste, hace unos meses creamos la Coordinadora Interclaustros de Ciencias Exactas y Naturales (CoordinEx), un espacio que une estudiantes, becaries, docentes y no docentes, y las asambleas de los institutos de nuestra facultad. Estos espacios son invaluables en el contexto de desmovilización por parte del centro de estudiantes y la dirección de la facultad.

¿Cuáles son las próximas acciones para conseguir las reivindicaciones?
Este miércoles 21 de febrero vamos a estar nuevamente en el polo científico reclamando al directorio por la asignación de las 1300 becas doctorales y su inicio en la fecha estipulada, los ingresos y promociones en CIC, y la reincorporación del personal despedido. También vamos a estar realizando ferias de ciencias junto a asambleas barriales para llevar la ciencia y nuestros reclamos a las calles y plazas. Además, es fundamental la organización en cada lugar de trabajo y estudio, reclamar a las autoridades que se pronuncien y tomen medidas contra el ajuste, y salir a las calles en unidad para que se oigan nuestros reclamos.

Escribe Adolfo Santos

El DNU eliminó la Ley de Alquileres y desreguló completamente el mercado inmobiliario. Alquilar se ha transformado en una verdadera odisea. La supuesta libertad para acordar entre propietarios e inquilinos los nuevos contratos -que iría a aumentar la oferta de propiedades y a permitir el equilibrio de precios-, es una verdadera falacia. Con todo el poder en sus manos, los dueños de inmuebles y los capitostes del negocio inmobiliario imponen condiciones leoninas que se tornan prácticamente imposible de aceptar por parte de los inquilinos.

Alquileres de un departamento de dos ambientes que hasta hace poco costaban alrededor de 50 mil pesos en barrios como Barracas de CABA, se dispararon a 250 mil (Página12, 12/02/24). Ni qué hablar de propiedades en zonas más privilegiadas. Las asociaciones de inquilinos vienen denunciando que en promedio los aumentos para renovar los contratos giran alrededor del 400%. Peor todavía, porque exigen varios meses de depósito y seguros de garantía que encarecen la operación, o son pactados en dólares y de forma temporaria.

Ante este escenario muchas personas y familias enteras se están viendo obligadas a cambiar de hábitos.  Algunos se mudan a barrios con menos servicios, que los alejan de sus lugares de estudio o trabajo, otros deciden mudarse a ciudades del interior, y hay los que vuelven a vivir a la casa de sus padres o de algún familiar.

Una docente de jornada completa de CABA cuenta: “Estoy viendo si dejo mis cosas en distintos lugares y empiezo a vivir un tiempo con mi pareja y otro con mi hija”. Otros acabarán en pensiones, compartiendo baño y cocina. Una verdadera violencia contra quien trabaja y no tiene la libertad de elegir donde vivir.

Todo esto lleva a redoblar la pelea por derrotar el DNU como hicimos con la Ley ómnibus, y luchar por una salida de fondo para la vivienda, construyendo 500.000 como proponemos desde Izquierda Socialista con el dinero que se va al Fondo Monetario.

Hay miles de familias que no tienen acceso a la red de gas natural. Por eso tienen que recurrir al gas licuado en garrafas. Una garrafa de 10 kilos (una familia necesita dos por mes) está entre 6.000 y 10.000 pesos. Pero ahora se anuncia un aumento del 204%, llevándola a valores entre 18.000 y 30.000 pesos cada una. ¡Una familia necesitará en los próximos meses 60.000 pesos sólo para acceder al servicio básico del gas!

Todo esto es producto del ajuste salvaje de Milei. También desnuda la falta de inversiones de todas las empresas distribuidoras desde la privatización. Hay que congelar el precio ya mismo. Y avanzar en la reestatización de todo el negocio gasífero, bajo gestión de trabajadores y usuarios.