Escribe Mariano Barba
*Foto de portada: Pozo de fracking en la costa del Lago Mari Menuco - Vaca Muerta

En Vaca Muerta, Javier Milei y Rolando Figueroa prometen la “salvación” exportadora con petróleo y gas extraídos a puro fracking. Pero para las y los trabajadores neuquinos esa riqueza pasa de largo, mientras comparan Neuquén con un Qatar sin libertades ni sindicatos.

Vaca Muerta es una formación geológica que, por sedimentación de restos orgánicos de dinosaurios y plantas de hace 80 millones de años, fue generando, a miles de metros de profundidad, una roca de 300 metros de espesor que alberga petróleo y gas en sus poros microscópicos.

Para extraerlos, rompen esa roca bajo tierra bombardeando con arenas silíceas, 600 químicos y millones de litros de agua a alta presión. Es la famosa hidrofractura o fracking. Ese bombardeo subterráneo genera cientos de movimientos sísmicos en la región, que afectan a poblaciones como Sauzal Bonito y Añelo, la capital de Vaca Muerta, que en 2026 ya sufrió 31 temblores.

Además, el agua y el barro que vuelven a la superficie en cada pozo se esparcen en piletones y sumideros que, con el correr de los años, contaminan la tierra, el aire y liquidan la fauna y la flora patagónica. A eso se suman los derrames periódicos que se producen por rotura de caños o explosión de pozos. Es el pasivo ambiental y los residuos tóxicos que las empresas nunca remediarán, y que generan destrucción del suelo y enfermedades en humanos y animales.

En cuanto a la producción, según el Ministerio de Energía de Neuquén, hasta ahora Vaca Muerta está siendo explotada solamente en un 15% de su superficie. En abril alcanzó los 628.924 barriles diarios de petróleo, un 32% más que en el mismo período del año anterior, de los cuales el 97% son de fracking, al igual que el 90% de los 101 millones de metros cúbicos de gas.

Para Horacio Marín, presidente de YPF, “el desarrollo de Vaca Muerta, junto con los proyectos vinculados al petróleo y al gas natural licuado (GNL) permitirá que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares a partir del 2031 y puede llegar a unos 50 mil millones de dólares si todo va bien”.

Más oleoductos y gasoductos

Para esta exportación se están construyendo oleoductos y gasoductos que parten de Neuquén y llegan a Puerto Rosales, Bahía Blanca, y al golfo San Matías, Río Negro. Allí se está construyendo una terminal petrolera y gasífera en Punta Colorada, un proyecto resistido con importantes luchas por defensores ambientalistas, ya que se trata de un área ecológica protegida.

Justamente, en relación con el negocio del gas natural licuado (GNL) en el golfo San Matías, Marín sostuvo que el proyecto avanza junto a las multinacionales ENI, de Italia, y Adnoc, de Emiratos Árabes, para una inversión de 24 mil millones de dólares. Será un negocio equiparable al de Qatar, principal exportador mundial de GNL.

Mucha pobreza y sin derrame

Se está generando un mito alrededor del crecimiento de la riqueza en Neuquén. Esa riqueza se la llevan las multinacionales del petróleo y el gas, ya que el costo de producción del millón de BTU de gas es de 2,30 dólares y se está exportando a 18 dólares. En petróleo, el precio que ya genera ganancias es de 40 dólares el barril y se está cotizando a casi 90. Mientras tanto, las regalías son solo del 12%, las más bajas del mundo.

Con la bravuconada de Sturzenegger, “la salida exitosa para la Argentina será cuando en 2050, un millón y medio de argentinos estén radicados en Vaca Muerta”, se abrió un debate porque esa riqueza no derrama para el pueblo trabajador. La pobreza alcanza al 20,3% de las familias y la indigencia es masiva en los barrios populares de la capital, incluyendo comedores sin provisión oficial de alimentos.

Faltan 80 mil viviendas en la provincia, mientras los alquileres se pautan según el barril del petróleo, y el 70% de los trabajadores cobra sueldos por debajo de la canasta de pobreza. A esto se suma que, en los últimos seis años, murieron 13 obreros petroleros por las terribles condiciones laborales.
Vaca Muerta y el fracking no ofrecen ninguna salida para el pueblo trabajador. Son un negocio al servicio de las superganancias de los pulpos transnacionales. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos luchar por la estatización del 100% de la industria hidrocarburífera, para terminar con semejante saqueo y que esa riqueza quede en el país para salario, salud, educación y viviendas.

Escribe Mariano Barba

Esta semana, el gobernador Rolando Figueroa pondrá en votación en la Legislatura un proyecto para la producción de gas con destino a la exportación de GNL. Para eso utilizarán el RIGI provincial y propondrán modificar la legislación, bajando retenciones, condonando impuestos como Ingresos Brutos y prometiendo no cambiar las condiciones por más de treinta años.

Promueven un saqueo enorme, porque fijan una regalía del 7,5% para un precio del millón de BTU de 16 dólares, cuando el costo base es de 2,3 dólares

Escribe José Castillo

Como no podía ser de otra manera, va camino a terminar en un escándalo la privatización más importante de la era de Javier Milei: la de la Hidrovía del Paraná. La preadjudicación fue otorgada a la transnacional belga Jan de Nul, la misma que viene operando la hidrovía desde su privatización en 1995. Lo hizo después de una feroz disputa con otra multinacional belga, DEME. Ambas apelaron a ganarse el favor de Estados Unidos y, a la vez, se acusaron mutuamente de favorecer supuestos intereses chinos en la región.

¿Por qué ganó Jan de Nul? Tal vez la respuesta esté en que, luego de más de 30 años de operaciones y negocios sobre la hidrovía y los puertos de la región, tenía más aceitada la relación con sus “clientes”: los grandes pulpos exportadores del complejo sojero, en particular las yanquis ADM, Bunge y Cargill. Pero hay otro motivo: aparece como socio menor de Jan de Nul uno de los empresarios “estrella” de Milei, el Grupo Neuss.

Todo el proceso licitatorio estuvo escandalosamente intervenido por Estados Unidos. Las dos transnacionales que competían recurrieron al lobby yanqui, desnudando que era ahí donde se decidía todo, con el gobierno argentino como mero ejecutor de las órdenes del amo del norte. Así, DEME, que resultó finalmente perdedora, llegó a denunciar supuestas relaciones con China de la otra empresa, la también belga Jan de Nul.

Para despejar esos ataques, un par de días antes de la preadjudicación, los directivos de la dragadora belga Jan de Nul fueron recibidos por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para explicar sus planes para la concesión y recibir la bendición.

Jan de Nul ofertó la misma tarifa que su competidora, también belga, DEME. Pero ganó en el llamado “tramo técnico”. Jan de Nul le aseguró a Lamelas que toda la tecnología y los insumos provendrán de “Occidente”, en particular de proveedores de Estados Unidos. Contraatacó diciendo que era DEME la que utilizaría tecnología china: 104 cámaras multiespectrales Raythink PM7S4, de la empresa Raythink-Tech, con sede en Shandong, China.

Una vez preadjudicada la concesión a Jan de Nul, DEME destapó otra olla: envió una carta al ministro Luis Caputo en la que cuestionó las condiciones del pliego, asegurando que puede operar la hidrovía con una tarifa 17,4% menor a la fijada como piso por el gobierno nacional, 4,77 dólares frente al piso de 5,78 establecido por el gobierno. También señaló que no pudo presentar esa propuesta porque el propio gobierno había fijado una tarifa mínima superior. Un auténtico escándalo de un gobierno que cuida hasta ese extremo las ganancias de los ganadores de una privatización.

La importancia de la hidrovía y del puerto de Rosario

Según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo de los puertos privados de esa ciudad pasó a ser el más importante del mundo. Por allí sale el 75% de todas las exportaciones argentinas. También por su privatización y casi nulo control estatal, Rosario se ha transformado en el eje exportador de los grupos narcos que operan en nuestro país.

La Hidrovía del Paraná y los puertos del Gran Rosario son estratégicos. Se impone la necesidad de recuperar la hidrovía, anulando esta licitación escandalosa, y reestatizar el control del río, en forma conjunta por el Estado nacional y las provincias, bajo gestión de los propios trabajadores.
Al mismo tiempo, también se deben reestatizar los puertos y articular todo con la nacionalización del comercio exterior, para que esta inmensa riqueza que circula por nuestra principal vía navegable se destine a resolver las necesidades del pueblo trabajador argentino.

Escribe José Castillo

El gobierno de La Libertad Avanza pasó todos los meses en que estuvo en discusión la ley de reforma laboral prometiendo que su objetivo era generar más y mejor empleo, terminando con la informalidad. Lo dijimos una y cien veces: era una vulgar mentira. Su objetivo era la superexplotación del pueblo trabajador y su sometimiento a condiciones esclavistas.

Ahora eso se materializó. El gobierno reglamentó la ley por medio de los decretos 407, 408 y 409, que llevan las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

Se establece el fin de la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos. Hasta ahora, si un convenio vencía y no había acuerdo en modificaciones entre la patronal y el sindicato respectivo, lo establecido anteriormente seguía vigente. Era una forma de proteger al colectivo trabajador, porque, de otro modo, bastaba con que la patronal se opusiera a todo para que un convenio “venciera” y cayera, perdiendo así las y los trabajadores todos los derechos conquistados.

Esto es, exactamente, lo que ahora establecen los nuevos decretos reglamentarios: es el paraíso de las patronales. Caen más de 100 convenios colectivos, con la Secretaría de Trabajo citando en 30 días a las partes para “renovarlos”.

¿Qué quiere decir que caen los convenios? Que se pierden todas las cláusulas, tanto las obligacionales como las normativas. Las primeras son provisionales, por ejemplo, las que establecen en algunos convenios la estabilidad laboral por un lapso de tiempo, como un año.

Las segundas son las que regulan toda la relación laboral: horarios, turnos, dotaciones mínimas por actividad, categorías, normas de descanso, seguridad, extensión de las jornadas, licencias parentales, vacaciones, etcétera.

Es el corazón de la reforma: acá está justamente la posibilidad para las patronales de discutir cambios, como llegar a jornadas de 12 horas, hacer desaparecer las horas extras creando los “bancos de horas”, fraccionar vacaciones y fijar arbitrariamente sus fechas, etcétera.

Todas las asociaciones patronales lo dicen en voz alta: “vamos por convenios a la baja”, tanto a nivel salarial como en derechos. La reglamentación de la ley permite, una vez caído el convenio de la actividad, la negociación de convenios “por empresa”. Esto, sumado a la situación económica y social actual, con la ola de cierres y despidos, es un regalo con moño a las patronales para obligar a las y los trabajadores a aceptar cualquier cosa.

La burocracia de la CGT, que primero dejó pasar sin lucha la aprobación de la ley, en medio de su vergonzoso pacto con el gobierno, después se mostró “decepcionada” porque los jueces la avalaron, rechazando los amparos presentados, y ahora dice estar “sorprendida” por esta reglamentación furibundamente antiobrera.

Pero ni aun así rompe su pacto con Milei: no llama a la huelga general ni a un plan de lucha para enfrentarla. Apenas menciona una serie de “conflictos escalonados”, que nadie sabe bien a qué se refiere.

Nosotros, desde Izquierda Socialista, el FIT Unidad y el sindicalismo combativo, así como nos opusimos a la reforma desde un primer momento, tildándola de esclavista, y nos movilizamos contra ella, hoy más que nunca exigimos que la burocracia rompa su tregua y llame, de una vez por todas, a un nuevo paro general y a un plan de lucha.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad.

La reunión de Juan Grabois con el ultraderechista y magnate tecnológico Peter Thiel volvió a abrir el debate sobre la estrategia política del diputado nacional y dirigente peronista de Patria Grande, y su permanente apuesta al “diálogo humanista” con sectores de la ultraderecha mundial.

Veamos algunos antecedentes. En 2023, en plena campaña presidencial, mantuvo una reunión con el entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, para exponer aspectos de su programa político, a diferencia de nuestra candidata a presidenta en aquel momento, Myriam Bregman. Meses después, el dirigente sorprendió al reivindicar aspectos “humanistas” del pensamiento de Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Donald Trump e impulsor de políticas antiinmigrantes y ultraconservadoras que fueron la punta de lanza del ICE.

Ahora, la polémica vuelve a instalarse a partir de su encuentro con Peter Thiel. El empresario es uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley y cofundador de Palantir, una compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial, con estrechos vínculos con agencias de seguridad y organismos militares de Estados Unidos. Como si fuera poco, su nombre aparece en documentos, agendas y correspondencia vinculados a Jeffrey Epstein.

Thiel defendió públicamente el uso de la inteligencia artificial para fines militares y estratégicos, lo que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Sus planteos se inscriben en una visión que concibe el desarrollo tecnológico como una herramienta para sostener la supremacía de las grandes potencias imperialistas en un escenario internacional cada vez más conflictivo. De hecho, la tecnología que desarrolló esta multinacional fue utilizada por el Estado sionista de Israel al servicio del genocidio en Gaza.

La llegada de Thiel a Argentina coincide, además, con el intento del gobierno de Milei por “atraer inversiones tecnológicas” mediante un súper RIGI con incalculables beneficios fiscales. Detrás de ello se esconde, además, otro fin. Según expresó en una columna publicada hace días en el Financial Times, para Milei esto sería parte de una estrategia para “liberar a la IA” y eliminar cualquier “regulación prematura”. En el marco de su alineamiento político internacional con la ultraderecha, esto resulta un peligro para la soberanía nacional y para la resistencia de quienes luchan contra la motosierra.
Hasta el momento, no hubo detalles sobre los contenidos de su conversación con Thiel. La diputada nacional de Patria Grande y compañera de Grabois defendió públicamente la reunión diciendo que “queremos gobernar, nos tenemos que reunir con todos”.

En un contexto atravesado por el avance de las grandes corporaciones tecnológicas y el crecimiento de la IA para la inteligencia al servicio del dominio imperialista, la reunión entre Grabois y Thiel vuelve a poner sobre la mesa que no hay “diálogo” humanista posible con empresarios multimillonarios ultraderechistas que definen tecnología de inteligencia y militar a favor del genocidio y del sometimiento de los pueblos oprimidos.