
Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei estamos enfrentando un enorme número de ataques contra las libertades democráticas, de la clase trabajadora, sectores populares, ambientales y de las mujeres y disidencias. El enfrentamiento con el Gobierno no es sólo ideológico o cultural, sino que se manifiesta en una agenda antiderechos sobre nuestras conquistas históricas.
Desde que Javier Milei apareció en escena política veníamos advirtiendo la peligrosidad de que llegara al gobierno la ultraderecha. Hoy, a más de un año de su asunción, las consecuencias están a la vista: un ajuste histórico que llevó a más del 50% de la población a la pobreza, una mayor represión en las calles y persecución política. Los trabajadores enfrentamos masivos despidos en el Estado y el cierre de organismos en todas las áreas, mientras está en agenda una reforma laboral precarizadora votada con la Ley Bases. Enfrentamos los intentos de privatizar la educación pública universitaria, el vaciamiento de la ciencia y técnica y desmantelamiento de la salud y de los hospitales nacionales. Luego de más de cuarenta años de vuelta a la “democracia” y de lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar, el Gobierno se pronunció como negacionista y avaló la visita de diputados de La Libertad Avanza a Ezeiza, mientras avanzó contra la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre del espacio de la Memoria Haroldo Conti. En el país del #NiUnaMenos hay una reducción a casi al borde de su desaparición, de las políticas para combatir la violencia de género y el ataque a los derechos de la disidencias sexuales y muchos otros decretos, nuevas leyes que avanzaron con la complicidad de los partidos patronales y los dirigentes de las centrales sindicales.
Está claro que esta agenda anti derechos de Milei no ha acabado, pero que tampoco ha logrado pasar en su conjunto gracias a la lucha en las calles. El 2024 será recordado por las masivas movilizaciones en las calles, como así el 1F la marcha del Orgullo antifascista y antirracista que salió a enfrentar, no sólo los discursos de odio de Davos de Milei hacia la comunidad LGBTQI+, sino al retroceso de políticas, que muy lejos de ser la panacea, veníamos peleando por su efectiva implementación bajo los anteriores gobiernos peronistas kirchneristas y de Mauricio Macri, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género y la de Cupo Laboral Travesti-Trans o la Educación Sexual Integral. En otras palabras, si no logró avanzar con todo su plan fue gracias a las peleas que venimos dando, pero estamos en estado de alerta y seguimos llamando a la organización y la lucha.
Enfrentamos a un gobierno con un programa racista, machista y negacionista del genocidio, que nos plantea la necesidad de la unidad de acción en las calles. Hay una batalla por defender nuestros derechos. La ultraderecha mundial encabezada en Estados Unidos por Donald Trump y en Argentina por Milei no es sólo un problema ideológico, sino que hoy gobiernan el país. Por eso denunciamos y discutimos contra sus discursos de odio y damos cada batalla contra su pensamiento reaccionario, pero llamando a unir las luchas contra su plan motosierra y el saqueo del FMI y por salida de fondo para el país, porque mientras haya capitalismo nuestros derechos conquistados estarán en peligro. Ahora, tenemos la enorme tarea de construir un masivo 8M de lucha en las calles volviendo a mostrar la fuerza del 1F para decir: ¡Ni un paso atrás, porque al fascismo se lo combate en las calles!
Escribe Agxs Mermet
Luego de la masiva Marcha del Orgullo Antifascista Antirracista del #1F el gobierno redobló la apuesta en su discurso de odio: desde funcionarios hasta legisladores de La Libertad Avanza y sus cómplices renuevan los ataques a las mujeres y disidencias.
El mismo Javier Milei en una entrevista con el lamebotas de Esteban Trebucq volvió a insistir con su discurso de odio de Davos, ya sin ediciones. Sumado a eso, su vocero Manuel Adorni anunció medidas que atacan directamente a las infancias y adolescencias travestis trans a nivel nacional. Su aliado Jorge Macri en CABA hizo reformas institucionales que buscan restar importancia a la violencia de género y seguir socavando la Educación Sexual Integral (ESI).
Esta seguidilla mediática de discursos de odio, que luego se expresan en decisiones de gobierno, no hacen más que profundizar la desigualdades y la violencia de género hacia mujeres y disidencias. Esto allana el camino para que ataques brutales como el triple lesbicidio en Barracas tengan lugar. Así sucedió en el barrio de Recoleta, donde una pareja de lesbianas fueron golpeadas por un hombre que cuestionó su forma de vestir y sexualidad. Lo mismo sucedió semanas atrás en Cañuelas con el incendio a la casa de otra pareja de lesbianas, con amenazas previas de un vecino que las hostigaba. También trascendió el intento de asesinato a una activista lesbiana en Salta, quien intentó apuñalar un hombre que venía amenazándola hace tiempo.
Estos hechos de violencia no son aislados: responden a las formas institucionales y políticas de violencia que lleva adelante el gobierno de Milei y sus cómplices regionales siguiendo la agenda de la ultraderecha gringa con Donald Trump y Elon Musk a la cabeza. Junto a su plan de ajuste que profundiza la miseria y el hambre, afectando sobre todo a mujeres y disidencias, el ataque concreto a las identidades travestis trans, la figura del femicidio, la ESI, son una declaración de guerra contra estos sectores y el conjunto de la clase trabajadora.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de Juventud de Izquierda Socialista y secretaria FUA
El pasado viernes 21 de enero se convocó a un Congreso Ordinario de la Federación para la renovación de autoridades. Después de un 2024 de pelea incansable contra el gobierno de Javier Milei, la Franja Morada convoca a un Congreso por fuera del calendario estudiantil para que no participen les estudiantes.
El 2024 fue un año de lucha impresionante en defensa de la universidad pública y gratuita. El ataque de este gobierno a nuestra universidad fue tan grande que se planteó la unidad en las calles de todos los sectores: el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, los gremios docentes y no docentes y todas las agrupaciones estudiantiles. Convocamos a dos masivas marchas federales que consiguieron el presupuesto de funcionamiento. Ante la traición de los diputados de la Franja Morada (UCR) y el peronismo que ayudaron a Javier Milei a vetar la Ley de Presupuesto Universitario, el movimiento estudiantil despertó con tomas en más de cien facultades de Jujuy a Tierra del Fuego. Sin embargo, la Franja Morada y el peronismo decidieron dar gobernabilidad y sacar el pie de la lucha, llamando a confiar en la votación del presupuesto 2025.
Para sorpresa de nadie la rosca parlamentaria terminó sin actualización de presupuesto para nuestras universidades. Actualmente la plata que es destinada para los salarios docentes y no docentes, para los gastos de funcionamiento, las becas, el boleto educativo y la ciencia es mucho menor a lo que contabamos a comienzo del año pasado.
Por eso desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) sostenemos que tenemos que redoblar el plan de lucha este año en defensa de lo que nos corresponde. Con el impulso que nos dio en las calles el histórico 1F, tenemos que llevar ese movimiento a nuestras universidades para llenar de debate y lucha el primer cuatrimestre y exigir a las conducciones que convoquen a una Tercera Marcha Federal Educativa cuando arranque el cuatrimestre. Este gobierno que hambrea jubilados, despide trabajadores, le da nuestros territorios a los grandes capitales extranjeros, tiene el plan de avanzar con la privatización de nuestra universidad vaciándola de presupuesto. Es fundamental que retomemos la lucha comenzada en el 2024, junto a nuestros docentes y no docentes, convocando a asambleas estudiantiles e interclaustros para pensar un plan de lucha nacional. Esa tarea la vamos a plantear en el Congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Además impulsaremos una lista unitaria de los espacios combativos independientes del gobierno y las autoridades universitarias (en su mayoría radicales y peronistas) para seguir dando la pelea dentro de la FUA para ponerla al servicio de las luchas contra el gobierno de La Libertad Avanza. Y para seguir peleando por las demandas históricas como la democratización de los órganos de cogobierno universitario.
Es fundamental seguir impulsando una alternativa independiente de la Franja Morada y el peronismo kirchnerista, que luche a fondo por conseguir el presupuesto universitario para defender nuestra universidades públicas y gratuitas para el acceso de les trabajadores.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys
El jefe de gobierno Jorge Macri y su ministra de educación Mercedes Miguel llevan adelante un nuevo ataque a la docencia porteña. Hay una evidente intención de cercenar derechos, hostigar y estigmatizar a la docencia y tirar a la baja el salario de las y los trabajadores de la educación: ahora pretenden censurar la voz de estudiantes, docentes y no docentes. Empecemos por el principio: el 27 de diciembre la ministra firmó la resolución 2769/2024 que cambia el Reglamento Escolar, modificando los derechos y deberes de la docencia. Entre los aspectos más virulentos se encuentra la expresa prohibición a docentes que se expresen sobre aspectos vinculados a “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otras de similar relevancia”. Literalmente busca imponer una mordaza en las escuelas, en todos los niveles educativos, para evitar cualquier tipo de pensamiento crítico y/o reflexión que surja del intercambio entre estudiantes y docentes. Si eventualmente surgieran por parte del estudiantado dudas o inquietudes sobre los temas mencionados, un “equipo especializado” brindaría las respuestas pertinentes a estudiantes y familiares. De manera obscena lo que pretenden es generar un clima de persecución y pensamiento único, donde las voces disidentes serán erradicadas a través de la sanción.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta por su nivel de agresión a los derechos de la docencia está vinculado a pensar la educación como un servicio, como una mercancía más de intercambio en un “libre mercado”. En el reglamente escolar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, explícitamente prohíbe “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento“ un claro intento de presionar a la docencia para que no ejerza su derecho a huelga amparado en varias leyes, entre ellas la constitución nacional.
A estos ataques se deben sumar las modificaciones curriculares que se alinean con el retiro de los contenidos pedagógicos vinculados a la educación sexual (ESI) de la página oficial que el ministerio realizó durante las primeras semanas de enero para una supuesta revisión “neutral”. Si a esto sumamos la sanción en la legislatura a fin del año pasado de la ley que impulsa la educación socioemocional para sustituir la ESI por el autocontrol de las emociones, nos encontramos con una fuertísima embestida contra las comunidades educativas en su conjunto.
Desde Ademys venimos denunciando estos ataques del gobierno de la ciudad a la educación y junto a la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda -Unidad con la legisladora Mercedes Trimarchi, presentamos un proyecto de Ley para anular los nuevos artículos del reglamento escolar que intentan amordazar a la docencia para que no se exprese contra el brutal ataque a la educación publica. Te invitamos a sumarte a esta campaña y a organizarte contra las políticas antieducativas de Jorge Macri, el mejor alumno de Milei.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys
Se acerca el inicio del ciclo lectivo en las escuelas del país y por segundo año consecutivo el gobierno ultraderechista de Milei ataca a la educación pública desde lo ideológico y la desfinancia, aún más, con su discurso de “no hay plata”. La realidad es que sí hay, pero la usa para pagarle al FMI. Se niega nuevamente a convocar a las paritarias nacionales, además de haber quitado el dinero de Nación que iba a las provincias a través del Fondo de Incentivo Nacional Docente (Fonid), conectividad, programas socioeducativos, eliminación de textos sobre Educación Sexual Integral (ESI) de la plataforma virtual Educar.
Por otro lado, se van desarrollando las paritarias docentes provinciales. Las propuestas de los gobernadores son de ajuste y vienen en sintonía con el gobierno nacional (sean peronistas, radicales o del PRO): poner techos salariales. Propuestas que nos dejan por debajo de la línea de pobreza, con avances en la flexibilización laboral, presentismo, diversas reformas educativas en distintos niveles y modalidades, cierres de cursos; hasta la criminalización de la protesta, como es el caso del secretario general de Atech (Chubut) para quien la fiscalía pidió tres años de prisión en el marco de una movilización en la que participaba.
En Buenos Aires el acuerdo, rechazado por la Multicolor y aceptado por Suteba de Baradel y el FUDB, ha sido de 9 % en dos cuotas, 7% a cobrar en marzo y 2% en abril.
En CABA, con el rechazo de Ademys, la propuesta fue del 5% en febrero; en Santa Fe el gobernador plantea paritarias semestrales; en Santa Cruz, la nueva conducción Multicolor de Adosac convoca a Congreso ante la negativa del gobierno de aumento salarial y en San Juan ya se votó el paro para el 24, en rechazo a la propuesta de llevar el cargo testigo de MG a 550.000 pesos, una verdadera miseria.
En este marco es lamentable el rol de la conducción de la Ctera y los gremios docentes nacionales que mantienen el pacto con Milei y los gobernadores dejando avanzar el ajuste.
¿Qué esperan? La conducción de Ctera debe convocar al paro nacional y plan de lucha por todas las demandas. Y sus sindicatos provinciales deben dejar de apoyar a los gobiernos provinciales y llamar a luchar.
Por eso es necesaria la Coordinación Nacional de la docencia combativa, no sólo para exigir a Ctera paro y plan de lucha, sino también para impulsar y coordinar la organización desde abajo, que unifique la pelea por salario igual a la canasta familiar y en defensa de la escuela pública.