Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El diputado radical Atilio Benedetti, de la UCR de Entre Ríos, presentó en el Congreso un proyecto redactado al servicio del agronegocio y apoyado por diputados libertarios, macristas y peronistas, con el respaldo de corporaciones como la Sociedad Rural (SRA), las bolsas cerealeras y Monsanto. El nombre del proyecto es engañoso: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Lejos de proteger el ambiente, su verdadero objetivo es legalizar fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de zonas pobladas.

El único bloque que rechazó de forma unificada este proyecto fue el Frente de Izquierda Unidad. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano lo denunció en la comisión donde comenzó el debate parlamentario y exigió que se escuche a las víctimas, asambleas socioambientales y científicos que denuncian desde hace años el modelo de producción basado en agrotóxicos.

La periodista Anabel Pomar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Exaltación de la Cruz, explica cómo se ocultan las consecuencias del agronegocio. Para eso cita una frase que se hizo popular: “Es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y nosotros acá podríamos extender la idea al conjunto de la realidad argentina: “Es imposible que los gobiernos reconozcan que están envenenando al pueblo si el pago de la deuda externa depende de eso”.

El modelo sojero transgénico que impulsó Monsanto comenzó hace 30 años. Desde entonces, las fumigaciones se transformaron, por un lado, en la principal fuente de ingreso de dólares para pagar la deuda externa, garantizando ganancias millonarias para las corporaciones del campo y la exportación, especialmente hacia China. Por otro lado, convirtieron al país en un Chernóbil silencioso, un desastre sanitario del que no se habla y que los gobiernos ocultan para proteger el negocio sojero.

En los primeros 22 años del paquete tecnológico Roundup (que incluye el glifosato, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), la superficie cultivada creció un 50% a costa de desmontes y destrucción ambiental. Pero el dato más grave es otro: el uso de agrotóxicos aumentó un 858%. Ningún gobierno quiso medir las consecuencias sanitarias. Sin embargo, distintos estudios demuestran un aumento alarmante de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones. Uno de los más conocidos es el trabajo del médico Medardo Ávila-Vázquez (2017) en Monte Maíz, Córdoba. Allí se concluyó que “la incidencia de cáncer, la prevalencia y la mortalidad fueron entre dos y tres veces mayores que el promedio nacional”.

El proyecto que hoy discute el Congreso legaliza el avance de las fumigaciones y elimina conquistas logradas en luchas locales que establecieron zonas de resguardo para escuelas y viviendas rurales. Propone fumigar con veneno a 10 metros con mochilas manuales, a 40 metros con drones y a 150 metros con aviones. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. El estudio encabezado por Natalí Bernardi (2015) en Marcos Juárez demostró que no hay diferencia en los daños genéticos y respiratorios en niños que viven a 500 metros o a 1.500 metros de las zonas de fumigación. Es decir: el veneno viaja y envenena igual.

Digamos las cosas por su nombre: el proyecto impulsado por Benedetti, la Sociedad Rural y el gobierno es una licencia para matar a la población rural, en especial a los niños y a las y los trabajadores del campo. Este proyecto no debe pasar. Tenemos que fortalecer la organización y la lucha para frenarlo en las calles y en el Congreso.

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En los últimos días se viralizaron imágenes de especies muy particulares, provenientes del fondo del mar argentino, a la altura de Mar del Plata. Batatita, la estrella de mar culona, la langosta drag y otros personajes similares llenaron las redes sociales acompañados de una reivindicación del Conicet y de la ciencia argentina.
Sin embargo, el nombre de la expedición revela un trasfondo más complejo: Talud Continental IV. Las tres exploraciones anteriores (I, II y III) se habían hecho con infraestructura nacional. Esta cuarta expedición sólo fue posible gracias al apoyo del Instituto Oceanográfico Schmidt, con base en Estados Unidos. A pesar de ello, los 27 científicos y científicas que integraron la tripulación del buque Falkor Too se formaron en la educación superior pública argentina y muchos hoy trabajan en universidades nacionales. Lejos está, entonces, de tratarse de un producto exclusivo de la “inversión privada”, como intentaron hacer creer algunos referentes libertarios.
La realidad es que la motosierra de Javier Milei, sumada a un ajuste prolongado sobre el sistema científico argentino durante los últimos gobiernos, destruyó la capacidad del país para recolectar soberanamente información sobre las profundidades de su propio territorio. Esto plantea un interrogante: ¿el Instituto Schmidt podría apropiarse de parte de las muestras recolectadas? ¿Tiene la capacidad de realizar un mapeo detallado de nuestro fondo marítimo? De ser así, podría incluso aportar información estratégica para avanzar con la explotación de combustibles fósiles.
Pese a esta situación, los libertarios salieron a instalar que se trataba de una campaña británica para generar empatía con las especies del fondo del mar y frenar la explotación offshore. Un argumento ridículo que incluso acusó al kirchnerismo de estar detrás de esa maniobra. Pero lo cierto es que fue el Frente de Todos, durante su gestión, quien promovió el desembarco de multinacionales en el Mar Argentino. El entonces ministro de Ambiente, Juan Cabandié, habilitó el ingreso de YPF, Equinor y Shell sin contar con estudios serios de impacto ambiental y desoyendo el masivo rechazo popular.
Tras analizar los resultados de la exploración sísmica autorizada por el gobierno peronista, la empresa Equinor decidió pausar el proyecto por considerar que la inversión no garantizaba rentabilidad. Hoy, tanto los libertarios como los kirchneristas insisten en que YPF retome la exploración, bajo la misma lógica que se aplica en Vaca Muerta: que el Estado subsidie las ganancias de las petroleras y de los accionistas privados. Con dinero público, buscan avanzar sobre el conjunto de la biodiversidad que habita el mar Argentino y sobre los servicios ecosistémicos que este brinda.
No se trata solo de batatita y sus compañeros submarinos. Está en juego el futuro de las actuales fuentes laborales e ingresos de la costa argentina (como la pesca y el turismo), el derecho del pueblo a disfrutar del mar, y la necesidad de evitar una catástrofe ambiental en nombre de un negocio ruinoso. También está en juego la defensa de la ciencia: necesitamos derrotar la motosierra de Milei sobre el sistema científico nacional. Solo así nuestras investigadoras e investigadores podrán contar con salarios dignos y con los recursos necesarios para trabajar al servicio del interés colectivo.

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista + Independientes)

El documentalista de Javier Milei, Santiago Oría, recogió en la red social X (ex twitter) una noticia que graficaba la posibilidad de nevadas en el AMBA y expresó: “Dedicado a los conchudos del calentamiento global” (SIC). Es habitual que los trolls facho-libertarios cada vez que la temperatura baja medio grado de lo habitual, interpreten que eso los habilita a cuestionar la abrumadora evidencia científica respecto del proceso de calentamiento global en curso. Una militancia abiertamente terraplanista. Veamos.

En general, ya en la primaria nos enseñan que una cosa es el clima (como patrones meteorológicos de larga duración) y otra el tiempo (como medida de las variaciones diarias, lo que cada día cuenta el pronóstico). El pensamiento libertario es ajeno a este y cualquier tipo de sutileza, y vale en primer lugar la aclaración de que cuando hablamos del proceso de calentamiento global, hablamos de cambio climático, por ende de fenómenos de largo aliento, que perduran largos períodos. Ningún fenómeno climático aislado de por sí rebate aquella dinámica planetaria.

En segundo lugar, las bajas temperaturas que estamos atravesando son fenómenos habituales, fruto del desplazamiento de masas de aire polares. Los días de temperaturas por debajo del promedio del mes en nada modificarán la dinámica más general. Llevamos más de un año en más de 1,5° de temperatura global superior a las de la era preindustrial, a pesar de que no superar esa marca fue el objetivo del Acuerdo de París suscrito en 2025. Enero de 2025 fue el mes más caluroso jamás registrado, en el marco de que los últimos 10 años han sido los más cálidos de los que se tiene noticia.

En tercer lugar, lo esencialmente característico del proceso de calentamiento global es la alteración de los regímenes climáticos que conocíamos y la aparición de cada vez más fenómenos extremos. Esto último puede incluir también procesos de muy bajas temperaturas. No es el caso de nuestra ola polar actual, pero sí hay estudios científicos que plantean que fruto del calentamiento global, avanza el deshielo del Ártico, eso altera las corrientes de aire que ayudan a regular las temperaturas continentales, y eso da lugar en Estados Unidos a olas de frío más violentas. Puede que le estalle la cabeza a un libertario imposibilitado de razonamientos complejos: pero sí, el calentamiento global puede disparar fenómenos meteorológicos locales de bajas temperaturas.

Cuando hablamos de los temporales e inundaciones en Bahía Blanca y el conurbano bonaerense, de los incendios masivos en la Patagonia y Corrientes, de las sequías que cada vez más frecuentemente afectan las cosechas de nuestro país, hablamos de fenómenos que no son directamente disparados por el calentamiento global, sino que éste los hace más probables, más frecuentes y más violentos. La acumulación de esos fenómenos extremos y de un inapelable registro de mayores temperaturas a nivel global y también en nuestros territorios, dan cuenta de que el régimen climático que conocimos durante miles de años de historia humana ya no existe más. Y a eso, no hay negacionismo libertario que pueda refutarlo.

Por último, señalar que el negacionismo climático tiene el fin de combatir cualquier tipo de medidas de mitigación y adaptación ante el calentamiento global que afecte las políticas pro-empresariales y de ajuste y motosierra sobre las políticas estatales. El veto de Milei a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales es la otra cara de la moneda de la militancia terraplanista libertaria contra la certeza del aumento de la temperatura planetaria.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Javier Milei allana el camino a las mineras al desregular por decreto la explotación extractivista en los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para todo el país.

El gobierno anunció que planea modificar por decreto la Ley de Glaciares N° 26.639, algo que ya había intentado incluir en la redacción original de la Ley Bases y que finalmente fue removido. Esta ley prohíbe expresamente las actividades extractivistas en los glaciares y en los ambientes periglaciares (las zonas cercanas que permanecen congeladas gran parte del año) con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua y los ecosistemas asociados. La norma fue fruto de años de lucha socioambiental, fue aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner en 2008 tras una fuerte presión del lobby minero, y finalmente sancionada en 2010. En 2016 se intentó modificarla nuevamente, pero fue defendida en las calles por organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas.

En este nuevo intento de las mineras por avanzar sobre los glaciares, la modificación fue redactada (según diversas fuentes) por un abogado vinculado a Barrick Gold. El decreto busca reducir las áreas protegidas y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias químicas y residuos, y la construcción de infraestructura sin fines científicos. Este intento representa un grave retroceso en materia de legislación ambiental, un nuevo avance del extractivismo con la complicidad del gobierno ultraderechista, y además viola compromisos internacionales de rango constitucional, como el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó y que prohíbe expresamente la regresividad en normas de protección ambiental.

Los glaciares son considerados recursos hídricos estratégicos: resguardan el 70% del agua dulce del planeta y actúan como verdaderas fábricas de agua que alimentan ríos, ecosistemas y comunidades enteras. Ya vienen siendo amenazados y reducidos año tras año por el calentamiento global, y ahora podrían ser dinamitados y contaminados para permitir la exploración de hidrocarburos. Instituciones científicas, investigadores del Conicet y universidades nacionales han advertido sobre el impacto ambiental devastador que implicaría este proyecto. Afectaría de forma directa a todas las regiones que dependen de estos cursos de agua, agravando las sequías y profundizando la escasez en zonas que ya enfrentan una crisis hídrica.

Desde el gobierno de Milei admiten que actúan por presión de las mineras, con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica”, lo que en realidad significa darles a las multinacionales las mayores comodidades de inversión, a costa de nuestra salud, los ecosistemas y los territorios. Todo en sintonía con el régimen de saqueo del RIGI y el proyecto económico extractivista y reprimarizador de la economía que impulsa el gobierno.

El agua es vida y un derecho que vamos a defender en las calles. La movilización del movimiento socioambiental, junto a las y los trabajadores, las comunidades, las universidades y la ciencia, es el camino para enfrentar el lobby de las mineras, el avance del extractivismo y a este gobierno negacionista climático y cipayo.

Escribe Marcela Martín, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Córdoba vuelve a ser noticia, ahora con el gobierno y a través del Poder Judicial provincial, profundizando la criminalización de la protesta de los defensores ambientales con la elevación a juicio por la lucha en defensa del bosque nativo, los sitios arqueológicos y las poblaciones originarias.

La lucha comenzó en 2018 cuando el gobierno peronista de Juan Schiaretti impuso un proyecto de autovía de montaña y provocó la irrupción de las asambleas ambientales del Valle de Punilla que defienden las zonas rojas de extrema protección ambiental. Esta obra es parte del ambicioso proyecto bioceánico extractivista de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que permite la salida por vía terrestre de nuestras riquezas a cualquier costo.

Las asambleas, conformadas por vecinos y vecinas de todas las localidades a lo largo del Valle, impulsaron múltiples actividades locales y regionales para visibilizar los riesgos graves que la concreción de este tramo implicaba para la biodiversidad, cuencas hídricas y sitios originarios. En esa lucha, el gobierno tuvo que retroceder, y retirar el proyecto y buscar otra salida, ya que además se diseñaba sobre un yacimiento de uranio.

El gobierno debió replantear la obra, ahora por el oeste de las laderas de las Sierras, pero afectando también la zona roja. A pesar de la audiencia pública virtual, con 24 jornadas,  más de 600 inscriptos, y un 90% de rechazo, el gobierno da ilegalmente la licencia ambiental, convocando a licitación de los 22 km divididos en cuatro tramos para la construcción de la mega obra.

Debido a la enorme lucha, se dispuso de un aparato represivo, policial y judicial, persiguiendo a las y los activistas, iniciando un proceso de criminalización para frenar la organización vecinal y garantizar su plan. Es así que se llegó a la imputación de 18 defensores ambientales, de los cuales seis, hasta el momento, hemos sido elevados a juicio para acallar la lucha de los pueblos vecinos del Valle, ya que se viene el segundo tramo hacia La Cumbre.

La Cámara de Acusación de Villa Dolores, donde apelamos, ratificó la medida. El 31 de marzo de 2025 se inició el proceso en la Cámara de Cruz del Eje, un hecho inédito en la justicia cordobesa, como lo es el enjuiciamiento de Defensores Ambientales.
El hecho por el que se nos imputa es por haber participado de una manifestación colectiva, donde estaba el repudiado intendente de la ciudad de Cosquín, Raúl Cardinal, quien avaló la iniciativa gubernamental.

Ahora la justicia cordobesa nos quiere castigar, criminalizando la protesta para garantizar los negocios inmobiliarios de los grandes grupos empresarios, amparados por el gobierno del peronista Llaryora y el ultraderechista Milei.

Llamamos a la más amplia unidad de las asambleas ambientales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a repudiar la judicialización de la protesta, exigiendo el inmediato sobreseimiento de los defensores ambientales perseguidos.
Si hay condena, no hay justicia. Protestar es un derecho, no un delito.