Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa Izquierda Socialista FIT-U

El gobierno de Milei viene atacando los derechos de las personas con discapacidad desde una mirada reaccionaria y asistencialista como viene denunciando la Asamblea de Discas en Lucha. La motosierra del ultraderechista ha reducido en un 23% los fondos destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral para 2025, pasando de $3,034 billones a $2,355 billones. Además, se han interrumpido pagos a prestadores de servicios esenciales como transporte, centros de día e internaciones y hogares, dejando miles de personas sin acceso a prestaciones fundamentales y medicamentos. Si bien las pensiones de miseria y la precarización laboral de trabajadoras y trabajadores venían desde los anteriores gobiernos, la situación se agravó y es hoy crítica.
Con la excusa de aplicar una “auditoría” y nuevos obstáculos burocráticos para tramitar el CUD (certificado universal de discapacidad), se estima que podrían darse de baja hasta 200.000 pensiones. Las personas con discapacidad vienen denunciando las terribles condiciones para llevar adelante las auditorías médicas, con larguísimas colas y horas interminables de espera, y que se solicita documentación y actualización de estudios imposible de conseguir en los plazos solicitados. Esto sin contar que las pensiones no contributivas son de unos miserables $260.000, es decir de indigencia. Una persona con discapacidad que trabaja 4 horas por día en un Taller Protegido cobra 28.000 pesos por mes. A lo que se suma el incumplimiento del cupo laboral del 4%, que hoy se cumplen apenas en un 2%.
Lo mismo ocurre con quienes son prestadores de diversos servicios sociales. Por ejemplo, un transportista está cobrando $541 el litro de nafta, cuando sale más del doble, produciendo lo que trae consigo una reducción del servicio.
Ni hablar de la situación que atraviesan las y los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores del sector, que cobran 3.000 pesos la hora, cobrando a 90 o 180 días, una barbaridad por dónde se lo mire. El nomenclador que rige sus salarios precarizados está completamente desfasado de la inflación y congelado desde diciembre de 2024, y en muchas cosas se denuncia que las obras sociales ni siquiera lo cumplen. Muchas patronales de centros y escuelas privadas retienen hasta el 50% de lo que paga el miserable nomenclador y están reduciendo personal.
Nada extraña de un gobierno que vocifera discursos de odio hacia las personas con discapacidad, usando términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

¡Por una verdadera emergencia ya!
Este jueves 29 de mayo la Asamblea Discas en Lucha impulsa una Ranchada y Radio Abierta en la Plaza Congreso, en el marco de un paro de prestadores de 72hs que acompañaremos desde Izquierda Socialista. Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia del tratamiento de la emergencia en discapacidad, que tiene dictamen de la Cámara de Diputados en base a un proyecto originario de Daniel Arroyo (UxP). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) implicaría una erogación de entre $1,89 billones y $3,63 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI respectivamente. Es decir, estamos hablando de migajas si lo comparamos con los millones que se van al pago de la deuda externa.
Desde FIT-Unidad impulsamos un proyecto de fondo, no solo de emergencia, considerando insuficientes las medidas del dictamen. Por ejemplo, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social propuesta es del 70% de un haber jubilatorio, cuando debería ser equivalente a una Canasta Básica Total para una persona adulta o, en el caso de ser Jefe/a de hogar, el equivalente a una Canasta Familiar. También que ningún trabajador de salud del sector de discapacidad debería cobrar menos que la canasta familiar y terminar con los retrasos en el pago de sus salarios y la retención de las obras sociales e instituciones.
Advertimos que con el nuevo pacto que el gobierno firmó con el FMI el ajuste sobre discapacidad se va profundizar. Así como ocurre con las y los jubilados, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de Milei. El gobierno ya deja correr que ante una posible sanción de la emergencia vetaría la ley. Por eso creemos que la lucha de los colectivos de discapacidad y sus familias y de sus trabajadoras/os, tienen que unirse al conjunto de los reclamos de la clase trabajadora, exigiendo a la CGT y a las CTA un nuevo paro nacional de 36hs y un plan de lucha para tirar abajo el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Plata para las personas con discapacidad y las y los trabajadores del sector, no para el FMI.

Este miércoles 28 de mayo desde las 10 horas, docentes, no docentes y estudiantes de las universidades concentrarán en Plaza Congreso.

La diputada nacional electa Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista/FIT Unidad) y docente UBA, que en próximos días asumirá su banca en el Congreso, se refirió al tema diciendo: “Vamos a participar de la movilización junto a los gremios docentes, no docentes y estudiantes porque como venimos denunciando desde que asumió Javier Milei las universidades estamos en peligro, con un ajuste histórico que recae principalmente sobre los salarios docentes y no docentes, que perdieron un 40% del poder adquisitivo. El 2024 se recortó un cuarto el presupuesto universitario. Para este año, la crisis presupuestaria se profundizará, las autoridades del CIN (UCR-PJ) reclamaron un presupuesto de $7,2 billones, pero el gobierno de Milei otorgó solo $3,3 billones, lo que representa solo 0,43% del PBI. Todo para el objetivo del déficit cero para pagar la deuda externa y la nueva estafa con el FMI”

Mendieta agregó: “Desde el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto de emergencia presupuestaria que parte de un aumento para salarios docentes, no docentes y para becas estudiantiles según la inflación acumulada desde noviembre de 2023 y una cuadruplicación del presupuesto para Ciencia y Técnica. Para financiar a las universidades, sí hay plata, por eso proponemos que se deje de pagar la fraudulenta deuda externa y al FMI”. 

Mendieta finalizó: “Este año tenemos que profundizar la movilización y la unidad entre docentes, no docentes y estudiantes. No podemos confiar en el Congreso Nacional. No olvidemos que el año pasado Milei contó con cómplices de todos los bloques (PRO, EF, UCR y también del peronismo) que apoyaron el veto a la ley de financiamiento que implicaba apenas un 0,14% del PBI. El camino para arrancar una partida extraordinaria de emergencia es la movilización, por eso reclamos que se ponga fecha ya a la tercera marcha federal educativa para volver a ser miles en las calles”

Contacto:

Mercedes De Mendieta: 11 6542-5363

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Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Escribe Mercedes de Mendieta, Diputada Nacional electa Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Semanas atrás nos conmovimos con la foto del fotoperiodista Pablo Grillo desde la terraza del hospital Ramos Mejía, dónde se encuentra internado desde el 12 de marzo, cuando fue herido gravemente por la criminal represión durante la masiva movilización de jubiladas y jubiladas acompañadas por hinchas, jóvenes y sectores de trabajadores. Esta semana, Pablo tuvo que ser operado nuevamente, debido a un cuadro de hidrocefalia, consecuencia del traumatismo craneal. Mientras aspiramos por su pronta recuperación y enviamos toda la fuerza a Pablo y a su familia, exigimos juicio y castigo a los culpables materiales, intelectuales y políticos.

Lo de Pablo no es casual. La ministra Bullrich ha tenido especial cizaña en reprimir al periodismo como una forma de ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión. La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA) denunció que los reporteros son "objetivos a reprimir". A la represión, se suma el ataque a la prensa impulsado por Milei, quién levanta una campaña de odio contra periodistas que critican al gobierno, a quienes llamó una y otra vez “basura mentirosa”, “ensobrados”, entre otras barbaridades. Durante 2024 Fopea (Foro de Periodismo Argentina) registró una agresión cada dos días de parte del facho de Milei.

Basta de impunidad, castigo a los culpables

A pesar de contar con pruebas que identifican al cabo Héctor Jesús Guerrero como el autor del disparo, hasta la fecha, el gendarme no ha sido ni siquiera llamado a declarar, lo cual muestra las maniobras de una justicia funcional a Bullrich y a la represión criminal. No olvidemos que un día después del ataque a Pablo, un material que se subió a una cuenta de X del sitio Mapa de la Policía, muestra la reconstrucción que dos peritos hicieron del disparo revelando cómo el gas se tiró como si fuera una bala directo a la cabeza. Todo lo contrario a los dichos de Bullrich, cuando mintió diciendo que “el disparo lo hizo como dicen los manuales” y que el cartucho “habría rebotado en el piso”. Todas falsedades en función de intentar garantizar la impunidad, cuando las pruebas son contundentes.

La familia de Pablo y la querella a cargo del CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos denunciaron inconsistencias y vacíos en los videos proporcionados por Gendarmería Nacional y en las comunicaciones de la Policía Federal, investigación que está a cargo de la jueza federal María Servini y el fiscal Taiano. Estos materiales presentan omisiones en momentos clave del operativo, tendientes a que este hecho gravísimo quede en la impunidad y salve a los represores y a la ministra. Entre las omisiones, destacaron que no se presentó el material captado por una cámara GoPro incorporada al casco de un gendarme que se encontraba junto al cabo Guerrero, identificado como el autor del disparo que hirió a Grillo. Según las imágenes analizadas, tras lanzar el proyectil en línea recta y en dirección al rostro del fotoperiodista, otro policía le toca el hombro en señal de aprobación. Pero el registro de esa cámara no fue entregado. También denunciaron que el audio entregado por la PFA tiene una duración menor al rango horario consignado en el título del archivo, sin explicación sobre el recorte ni transcripción o referencia horaria precisa.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad exigimos junto la familia de Pablo y organismos de derechos humanos el fin de la impunidad, reclamando el castigo a los responsables de mando, materiales y políticos, empezando por el gendarme Guerrero, autor material del ataque que ya debería estar preso. Mientras seguimos acompañando el reclamo popular por la renuncia de la ministra Bullrich por ser la máxima responsable política del accionar criminal de las fuerzas represivas.

*foto de portada: Las y los migrantes son un sector perseguido por la nueva ultraderecha mundial

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un decreto para modificar el régimen migratorio siguiendo los pasos del ultraderechista Donald Trump. Una reforma que busca utilizar de chivo expiatorio a las y los migrantes frente a la crisis, además de alentar el odio y el racismo.

El nuevo decreto del facho de Javier Milei busca endurecer el régimen migratorio e instaurar un mecanismo represivo que facilite la expulsión de migrantes y restrinja las residencias, en particular de quienes provienen de países limítrofes. Al igual que Donald Trump, que desde que asumió en enero impulsa un paquete de leyes para expulsar migrantes y alimentar el odio racial, el gobierno intenta seguir el libreto de la extrema derecha mundial, para señalar a los migrantes como responsables de los problemas sociales. Milei quiere instalar la idea de que las y los migrantes son una amenaza y los presenta como “criminales” extranjeros, vinculándolos con el narcotráfico, la inseguridad y el “aprovechamiento” de recursos públicos como la educación y la salud. No debemos olvidar que, como consecuencia de ese odio racial, el año pasado la Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asesinó en Salta a Fernando Gómez, trabajador bagayero, acusado injustamente de “narco”.

Los falsos mitos de un relato racista

La medida del gobierno es un claro ataque xenófobo, basado en falsos mitos sobre los migrantes de países limítrofes. Manuel Adorni afirmó, sin aportar fuentes, que en los últimos veinte años ingresaron a Argentina 1.7 millones de migrantes ilegales. Sin embargo, según el Censo de 2022, la población migrante en el país representa el 4,2% (es decir, 2 millones de personas), cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la crisis económica.

Milei y Adorni impulsan una campaña de odio que criminaliza a todo migrante. Sin embargo, la supuesta “alta criminalidad” de los migrantes es un mito que no se sostiene con los datos oficiales. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2022, los migrantes representan apenas el 6% de la población carcelaria. La mayoría no tiene condena firme y están detenidos por delitos vinculados a las drogas, ya que, debido a su vulnerabilidad, muchas veces son usados como mulas o eslabones débiles, mientras que los verdaderos narcotraficantes permanecen impunes.

El vocero, entonces, anunció el pago de los servicios de salud para migrantes, afirmando que “durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos”, cifra que resulta completamente exagerada. Datos de la provincia de Buenos Aires indican que la población migrante representa apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. En Córdoba, menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros.

El año pasado, el gobierno ya había anunciado su intento de arancelar las universidades para residentes migrantes. Las históricas marchas en defensa de la educación pública repudiaron esta medida. Si falta presupuesto para la educación, no es por la presencia de migrantes (que representan apenas el 4,5% del total de estudiantes), sino porque este gobierno quiere terminar con todos nuestros derechos conquistados, junto con la salud y la educación pública.

Migrar no es delito

El gobierno pretende usar esta medida para alimentar la xenofobia, desviando la bronca del pueblo trabajador frente al ajuste y la crisis hacia las y los migrantes, y así dividir a la clase trabajadora por nacionalidades.

Como ocurre en muchos países, muchas personas se ven obligadas a emigrar por causas económicas y terminan siendo mano de obra barata. En Argentina, la mayoría de la población migrante proviene de países hermanos como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil.
En muchos casos, son quienes ocupan los puestos más precarizados: la construcción, los talleres textiles clandestinos o el empleo doméstico. Es decir, el sistema capitalista se aprovecha de su condición de migrantes para someterlos a la informalidad y la superexplotación.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos cualquier cambio reaccionario en el régimen migrante, cuando este gobierno, con su motosierra y el acuerdo con el FMI, profundiza el saqueo y la dependencia, llevando a millones a la pobreza, decimos bien claro: migrar no es delito, es un derecho.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei estamos enfrentando un enorme número de ataques contra las libertades democráticas, de la clase trabajadora, sectores populares, ambientales y de las mujeres y disidencias. El enfrentamiento con el Gobierno no es sólo ideológico o cultural, sino que se manifiesta en una agenda antiderechos sobre nuestras conquistas históricas.  

Desde que Javier Milei apareció en escena política veníamos advirtiendo la peligrosidad de que llegara al gobierno la ultraderecha. Hoy, a más de un año de su asunción, las consecuencias están a la vista: un ajuste histórico que llevó a más del 50% de la población a la pobreza, una mayor represión en las calles y persecución política. Los trabajadores enfrentamos masivos despidos en el Estado y el cierre de organismos en todas las áreas, mientras está en agenda una reforma laboral precarizadora votada con la Ley Bases. Enfrentamos los intentos de privatizar la educación pública universitaria, el vaciamiento de la ciencia y técnica y desmantelamiento de la salud y de los hospitales nacionales.  Luego de más de cuarenta años de vuelta a la “democracia” y de lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar, el Gobierno se pronunció como negacionista y avaló la visita de diputados de La Libertad Avanza a Ezeiza, mientras avanzó contra la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre del espacio de la Memoria Haroldo Conti. En el país del #NiUnaMenos hay una reducción a casi al borde de su desaparición, de las políticas para combatir la violencia de género y el ataque a los derechos de la disidencias sexuales y muchos otros decretos, nuevas leyes que avanzaron con la complicidad de los partidos patronales y los dirigentes de las centrales sindicales.

Está claro que esta agenda anti derechos de Milei no ha acabado, pero que tampoco ha logrado pasar en su conjunto gracias a la lucha en las calles. El 2024 será recordado por las masivas movilizaciones en las calles, como así el 1F la marcha del Orgullo antifascista y antirracista que salió a enfrentar, no sólo los discursos de odio de Davos de Milei hacia la comunidad LGBTQI+, sino al retroceso de políticas, que muy lejos de ser la panacea, veníamos peleando por su efectiva implementación bajo los anteriores gobiernos peronistas kirchneristas y de Mauricio Macri, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género y la de Cupo Laboral Travesti-Trans o la Educación Sexual Integral. En otras palabras, si no logró avanzar con todo su plan fue gracias a las peleas que venimos dando, pero estamos en estado de alerta y seguimos llamando a la organización y la lucha.

Enfrentamos a un gobierno con un programa racista, machista y negacionista del genocidio, que nos plantea la necesidad de la unidad de acción en las calles. Hay una batalla por defender nuestros derechos. La ultraderecha mundial encabezada en Estados Unidos por Donald Trump y en Argentina por Milei no es sólo un problema ideológico, sino que hoy gobiernan el país. Por eso denunciamos y discutimos contra sus discursos de odio y damos cada batalla contra su pensamiento reaccionario, pero llamando a unir las luchas contra su plan motosierra y el saqueo del FMI y por salida de fondo para el país, porque mientras haya capitalismo nuestros derechos conquistados estarán en peligro. Ahora, tenemos la enorme tarea de construir un masivo 8M de lucha en las calles volviendo a mostrar la fuerza del 1F para decir: ¡Ni un paso atrás, porque al fascismo se lo combate en las calles!