Izquierda Socialista

Línea H: Desde la banca de Izquierda Socialista cuestionaron por qué no se avanzó con las obras hacia la zona sur de la ciudad|

La legislatura porteña extendió por dos años el plazo para expropiar un inmueble en Aveniza Sáenz N 753 en Nueva Pompeya, para la realización de la estación Sáenz de la línea H de subte. Desde la banca de Izquierda Socialista cuestionaron por qué no se avanzó con las obras de la línea H en sentido a Nueva Pompeya.

Larua Marrone, legisladora por Izquierda Socialista en el FIT, declaró: "la ley es del año 2001 y fue rectificado su recorrido en el 2014 cuando se votó la expropiación. Esto no se realizó y al mismo tiempo se extendió la Linea H hacia el norte lo que postergó a la zona sur".

Marrone continuó: "Acompañamos a los trabajadores del subte que denuncian la contaminación con asbesto que afecta tanto a trabajadores como a usuarios. El asbesto fue detectado en los coches comprados por el gobierno de Macri en Madrid. Los coches en cuestión estaban prohibidos desde 2001 y sin embargo el Gobierno de la Ciudad los compró. Los trabajadores reclaman su retiro, que la empresa se haga cargo de los problemas de salud ocasionados y que se condene penalmente a los funcionarios que compraron material prohibido"

Marrone conluyó: "Frente a los negociados de Macri y Larreta, que durante años beneficiaron al Grupo Roggio, el FIT plantea que la única salida es la reestatización del servicio, gestionado por sus propios trabajadores y usuarios".

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"De pobreza 0" al 52, 6 %

En el día de ayer se cayó parte del techo de al Escuela Primaria del Polo Educativo Mugica en el barrio de la Villa 31 que había sido inaugurada por Larreta a mediados de año. Además, circuló un video que mostraba cómo se inundaba la escuela 3 DE 18, en el barrio de Montecastro.

La legisladora Laura Marrone declaró: "El 52,6 % de nuestros niños y adolescentes hoy son pobres y van a la escuela pública. La escuela pública concentra la pobreza y los casos más graves de marginalidad social. El PRO es responsable de esta realidad, subsidiando a la educación privada y reduciendo la inversión en la escuela pública, que muchas veces no tiene clases porque no tiene agua, luz o las paredes están electrificadas o sus aulas inundadas.

Marrone continuó: La deuda del estado nacional en dólares con especuladores privados e instituciones como el FMI alcanza la cifra de 330.000 millones de dólares. Con Larreta o Lammens, no hay salida a esta situación si continúa el endeudamiento y los subsidios a las escuelas privadas.

Marrone finalizó: "Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que desconocer el acuerdo con el FMi y dejar de pagar la deuda exerna. Necesitamos plata para educación, no para la deuda. Además, proponemos la renacionalización del sistema educativo y la quita de los subidios a la eduación provada y religiosa y un plan de construcción de escuelas públicas y jardines de infantes para cubrir la falta de vacantes".

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Acto del FIT contra la ley de emergencia del Frente de Todos

El Frente de Izquierda realizó un acto frente a Congreso mientras se debatía la ley. Hablaron la diputada nacional Romina Del Pla, el diputado nacional Juan Carlos Giordano por Izquierda Socialista y Celeste Fierro.

Giordano señalo: “Al revés de lo que dice el gobierno de que esta ley beneficia a los que menos tienen, es un nuevo ajuste que ataca a los jubilados para pagar una deuda usura bajo la exigencia del FMI. Y es una ley para salvar a los bancos, privatizadas y multinacionales, mientras se le rebajan las retenciones a las mineras y se elimina el impuesto a la renta financiera.”

Giordano siguió: “El artículo 57 de la ley destina 4500 millones de dólares para los pagos de la deuda, mientras se les roba a los jubilados y a los trabajadores.”

Giordano finalizó: “El proyecto autoriza a renegociar la deuda. Desde el Frente de Izquierda decimos ruptura con el FMI, plata para los jubilados, salario y trabajo, no para la deuda.”

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Ley de emergencia: Ajustan a los jubilados y trabajadores para pagar la deuda y salvar las ganancias capitalistas

Se aprobó la denominada “ley de emergencia”. Alberto Fernández la presentó diciendo que beneficia a los que menos tienen, frena el desastre de Macri y le pone plata al bolsillo de la gente. ¿Esto es verdad?

Millones vieron bien los primeros anuncios de 5.000 a los jubilados, la tarjeta alimentaria, la rebaja del 8% en los medicamentos o la suba de las retenciones al campo. Pero a medida que se fue conociendo el articulado de la ley y sus verdaderos alcances, en muchos generó incertidumbre, e incluso entre propios votantes de Fernández se escuchó decir “para esto no lo voté”. Otros dijeron, ante la miseria actual, “agarremos algo ahora y después vemos”.

¿Qué es lo que encubre la ley? Desde Izquierda Socialista advertimos que no se trata de una ley “solidaria” donde la crisis se la hacen pagar a los que más tienen para beneficiar al pueblo trabajador. Sino que detrás de anuncios rimbombantes y de un doble discurso se ataca a los jubilados y a los trabajadores y se exime de impuestos a multinacionales y bancos. Por eso la ley recibió el apoyo de grandes empresarios y tuvo un guiño del FMI.

Detrás de algunos paliativos, la ley ataca a los jubilados y a los trabajadores. Esta es la pura realidad. También salva las ganancias de las petroleras y mineras (a quienes le bajan las retenciones), beneficia a bancos y especuladores (sacándoles el impuesto a la renta financiera), ratifica el robo de las privatizadas (manteniendo los tarifazos de Macri) y beneficia a los usureros internacionales y al FMI, a quienes se les sigue pagando una deuda usurera y fraudulenta.

El propio Fernández tuvo que salir a aclarar que no se van a “congelar” las jubilaciones. Pero después de los 5.000 pesos por única vez para diciembre y enero a los que cobran la mínima, se va a suspender la ley de movilidad para evitar pagarles el 28% de aumento que les correspondía en los próximos meses. El gobierno dice que les dará otros aumentos en marzo, pero claramente serán menores a la tremenda suba de precios, cuando los jubilados vienen perdiendo el 20% de sus ingresos. Así nunca van a recuperar lo perdido con el 55% de inflación de 2019 y el 40% proyectado para 2020. Y los que ganan más de 19.068 pesos ahora no percibirán nada… ¡porque el gobierno los considera “privilegiados”!, mientras la canasta para un adulto mayor ya llegó a los $38.000. O sea, no se les saca a los que vinieron ganando fortunas con Macri para darle a los que ganan la mínima, se les saca a los propios jubilados que aportaron durante décadas.

Solo por el escándalo público que se le armó a Fernández es que tuvo que retroceder con la quita de los regímenes especiales (los que aportan más al sistema jubilatorio) de docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores, aunque se mantiene para trabajadores de otros gremios. Esto no representa ningún fin “solidario”. También siguen vigentes los privilegios jubilatorios para los ex presidentes y vice, la justicia, diplomáticos, la Iglesia Católica y altos cargos ejecutivos, además de que los jueces están eximidos del impuesto a las ganancias mientras lo pagan millones de trabajadores.

En 2017 hubo una rebelión contra el robo jubilatorio votado por Macri con el apoyo del PJ recortándoles 100.000 millones de pesos. Ahora el gobierno acentúa ese camino. A tal punto que un diputado de Macri dijo: “Están haciendo con los jubilados lo que siempre quisimos hacer nosotros”. Son las políticas que exige el FMI y contra las cuales los trabajadores en Francia están en huelga general.

Con esto y el resto de las medidas, el gobierno está aplicando un ajuste que le permitirá un “ahorro” de entre 6.000 a 9.000 millones de dólares, del cual el "aporte" de los jubilados será el más relevante, u$s2.800 millones de dólares, la tercera parte, algo que ocultan Fernández y el gobierno (iProfesional.com, Claudio Zlotnik, 20/12/2019).

Lo mismo quiere hacer el gobierno con los salarios. Va a dar una suma fija a cuenta de futuros aumentos y las próximas subas serán por decreto, menores a la inflación, en un virtual “congelamiento” de las paritarias. Esto implica que si las jubilaciones y salarios van por detrás de la inflación, no solo va a seguir la pobreza sino que junto a la devaluación, los salarios y jubilaciones quedaron baratos medidos en dólares, en un claro beneficio para las patronales y el gobierno, que guarda el billete verde para pagar a los usureros internacionales.

Que el ajuste tiene por objetivo pagar la deuda no es una ocurrencia de la izquierda. El artículo 61 de la ley habilita a emitir una letra en dólares por 4.571 millones de dólares para ser destinado a tal fin, y los artículos 2 y 3 habilitan a renegociarla, avalando el pacto con el FMI.

Al mismo tiempo, si bien la ley congela las tarifas por seis meses, se avalan los tarifazos de Macri y se mantiene el saqueo de nuestros servicios esenciales a manos de las privatizadas. En el tema impuestos, mientras se va a perjudicar a millones de familias reponiendo el IVA a los 13 productos de la canasta familiar que habían sido exceptuados, se perdonarán impuestos a las patronales, se deja a un mínimo el “impuesto a la riqueza” (muchísimo más bajo que en otros países), se otorgará una enorme moratoria a 12 años para medianas y pequeñas empresas y el 30% de impuesto al dólar seguro se va a trasladar a los precios. A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.

En definitiva, si se reducen jubilaciones y salarios, se paga una deuda que el pueblo no contrajo, se mantienen las privatizaciones y nada se dice de frenar la fuga de capitales, no habrá solución a los males sociales.

Es curioso que por manifestar nuestro repudio a la ley, sectores del peronismo y del kirchnerismo acusen al Frente de Izquierda de “hacerle el juego a la derecha”. Quien le hace el juego a la derecha es este gobierno que mantiene el pacto con el FMI, paga una deuda usurera, ataca a los jubilados y ahora, como se está haciendo en Mendoza, el Frente para la Victoria de esa provincia con el aval de Alberto Fernández votó junto al gobernador de la UCR una reforma a la ley 7722 que prohibía la megaminería, -como también quieren hacer en Chubut-, provocando inmensas movilizaciones en esta provincia en defensa de aquella ley y del agua, las cuales fueron violentamente reprimidas. ¿Quién es funcional a la derecha entonces?

Es el mismo discurso de los Lula, Evo Morales o Maduro, que dejaron intacta a la derecha, sin tocar los pilares del capitalismo. El actual ataque a los jubilados y a los trabajadores demuestra que el ajuste no es patrimonio de la derecha liberal de los Macri o Piñera, sino también de los gobiernos supuestamente “progres”.

Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores y llamamos a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazarla. La CGT y CTA deben abandonar el pacto con el gobierno y llamar a enfrentar la ley, reclamando un inmediato aumento salarial y jubilatorio hasta compensar la pérdida inflacionaria.

¡Que ningún jubilado ni trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar! Indexación mensual de sus ingresos de acuerdo a la inflación real. Nos pronunciamos por la aplicación del 82% móvil; reincorporación de todos los despedidos; prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; plan de obras públicas para generar empleo genuino; reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios; nacionalización de la banca y el comercio exterior, y fundamentalmente por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda. Es decir, luchamos y postulamos un plan económico alternativo con medidas de fondo para reactivar la economía y empezar a combatir de verdad los males sociales dejados por Macri. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Declaración de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, 24/12/2019.

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Vuelve el peronismo del doble discurso

Se fue Macri y asumió el peronismo del Frente de Todos. Alberto Fernández empieza a gobernar con todos los índices sociales a la baja. Lo usa para enarbolar el discurso de la famosa herencia recibida (“tierra arrasada”) diciendo que habrá que esperar y que muchos temas no tienen soluciones inmediatas. Su promesa de crecer para posteriormente honrar los pagos de una deuda usurera, es una receta que ya se probó en los doce años kirchneristas, el país no se desendeudó y los males sociales persistieron. Las expectativas en el nuevo gobierno chocarán con la necesidad de salir a enfrentar la carestía de la vida y el pacto social que preparan empresarios y burócratas sindicales.

Macri se despidió de la Casa Rosada ante unos pocos empleados con caras largas. Les dijo, es un “lunes especial”. Es que los Ceos de Cambiemos perdieron el poder. Si bien logró remontar dos millones de votos en las elecciones de octubre, el grueso de los trabajadores y sectores populares lo castigó. Su resignado objetivo sólo fue entregar el sillón de Rivadavia sin trastabillar, conformándose con que un gobierno no peronista termine el mandato.

Millones esbozan alegría al sacarse de encima a un gobierno ajustador y mentiroso, títere del FMI, las multinacionales y la patria financiera. Hoy asume el Frente de Todos, pero los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda tuvieron mucho que ver para echar a Macri, ya que la rebelión de diciembre de 2017 contra el robo jubilatorio (ante la claudicación de la CGT y el voto favorable de la ley de gran parte del peronismo) significó un antes y un después del cual Macri nunca se pudo recuperar. El pacto con el FMI lo terminó de enterrar.

Desde allí la burocracia sindical traicionó las luchas y junto al peronismo fueron cómplices de Macri en la aplicación del ajuste llamando a canalizar la bronca vía las elecciones. Así culminó el ciclo de la denominada “derecha liberal”.

La vuelta del peronismo y la receta de la renegociación

El Frente de Todos comandado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner es el tercer gobierno peronista desde que cayó la dictadura. En la asunción hubo decenas de miles movilizados y siguen las muestras de importantes expectativas con el nuevo gobierno. Pero el propio Fernández le viene bajando los decibeles a las apresuradas aspiraciones de que se puedan resolver los males que deja Macri.

Son tan desastrosos los índices sociales que cualquier medida que adopte el nuevo gobierno, aunque sea parcial o cosmética, será considerada como positiva. Los anuncios de un bono para jubilados, la asignación por hijo o una suma fija para los trabajadores, serán solo un paliativo. En eso consistirá la política de “ponerle plata al bolsillo de la gente”. Pero la pobreza que superó el 40%, el 50% de la industria parada, la pérdida salarial y jubilatoria del 20% y los 158.000 puestos de trabajo privados industriales que se perdieron, necesitan medidas de fondo para combatirlos, no parches coyunturales.

Fernández asume en una mayor crisis capitalista comparado con la que la que le tocó al kirchnerismo en 2003 cuando asumió. En ese momento había un viento de cola, un elevado valor de las materias primas (la soja al doble de la actual) y un país que había dejado de pagar la deuda por varios años. Eso le permitió hacer algunas ayudas sociales imprescindibles. Hoy la crisis capitalista nacional y mundial se lo impedirá.

No negamos que la crisis sea profunda, el debate está en qué políticas hacen falta para enfrentarla. Se ha instalado en el ideario popular por dichos del flamante Ministro de Economía estrella -como fue presentado el catedrático Martín Guzmán -que el gobierno “dejaría de pagar la deuda por dos años”. Pero nunca el Frente de Todos dijo que va a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario ni mucho menos que no va a pagar.

La receta que propone el gobierno es la “renegociación constructiva” de la deuda para postergar por un tiempo los vencimientos, lo que no tiene nada que ver con ningún “no pago”, ni desconocimiento del acuerdo con el FMI. El no pago de la deuda lo impuso el Argentinazo de 2001 tras una enorme rebelión popular. El plan de Fernández es otro, la renegociación.

Los bonistas privados que deberían cobrar los vencimientos de 2020 seguramente pedirán para renegociar la cobertura política del FMI, organismo que seguirá actuando en la vida nacional y exigirá más condicionamientos económicos y políticos. Si Argentina posterga algunos vencimientos tal vez lo haga con el visto bueno de Trump y el FMI para amortiguar la tremenda crisis social y evitar un estallido. Lo harán a cambio de asegurarse que con Fernández se van a garantizar los pagos de la deuda a costa de más ajuste aunque el gobierno lo intente encubrir. Por eso no habrá ninguna “renegociación nacional y popular”.

La política de Fernández solo tiende a postergar vencimientos cuando lo que hace falta es romper con el FMI. Lo dicen hasta los propios especialistas en el tema (ver reportaje a Eric Toussaint donde recomienda romper con dicho organismo, algo que no está en la prédica de Fernández).

Fue tan siniestro el endeudamiento de Macri y el préstamo de 46.000 millones de dólares del FMI, que Fernández lo aprovecha para que le tiren una soga y tratar de renegociar en mejores condiciones. Si lo logra, simulará que “convenció” al Fondo Monetario ante la crítica situación, dándole el carácter de un FMI bueno, cuando se trata de un organismo imperialista que donde actuó solo impuso ajustes, tarifazos, privatizaciones y más endeudamiento de la mano de los gobiernos de turno desde siempre.

“Los muertos no pagan”, decía Néstor Kirchner, frase quereplica el actual gobierno. El plan de renegociar (con quita o no) es para volver a pagar como ya lo hizo el kirchnerismo pos Argentinazo. Pasamos de un Macri que decía “el FMI nos va a salvar”, a un Alberto Fernández que a través de su doble discurso dice “vamos a renegociar para crecer y poder pagar”. Vuelve a quedar claro que la alternativa sigue siendo, o priorizar la plata para salario, trabajo, comida, salud, educación, vivienda o presupuesto para combatir la violencia de género, como postula la izquierda, o pagarle a los usureros internacionales como pregonan los Fernández.

Las perspectivas de Argentina en una Latinoamérica convulsionada

“La luna de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los “cheques en blanco” sencillamente ya no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen que tendrá que revalidar día a día”, escribió el periodista peronista Mario Wainfeld (Página12, 1/12). Está reconociendo que el gobierno tendrá momentos difíciles.

Por su parte, Monseñor Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal Argentina) dijo en la misa que brindó en Luján delante de Macri y Alberto Fernández: “Todos somos conscientes de lo que viene en el mundo y en Latinoamérica. Necesitamos de todos, nadie sobra en esta construcción”. La “misa anti-grieta” celebrada por esta institución retrógrada y privilegiada va en consonancia con el mensaje moderado y por la “unidad” de Alberto Fernández en la asunción, y del macrismo en su rol de opositor. Larreta dijo “si a Alberto le va bien nos va bien a todos”. Es un mensaje a la clase capitalista de que más allá del signo político de los gobiernos que se alternan, sean de derecha o nacionales y populares, el objetivo de ellos pasará por recomponer las ganancias empresariales e intentar maniatar a los que luchan. Cuando hablan de cerrar la grieta, se refieren a eso.

El famoso pacto social (“contrato ciudadano”) entre gobierno, empresarios, dirigentes sindicales y la Iglesia, tiene ese objetivo. Van a simular que se controlarán los “precios y salarios”, mientras se mantendrán el robo de las privatizadas, la flexibilización laboral por gremio, la garantía de que seguirá el saqueo con una ley especial de hidrocarburos para las multinacionales que operan en Vaca Muerta y los pagos de la deuda.

Como no habrá soluciones de fondo, el espejo en el que se tendrá que mirar Alberto Fernández, en perspectiva, será Chile, más allá de las desigualdades en los procesos de lucha de cada país. En el país trasandino no pueden parar una rebelión popular contra el modelo capitalista y represivo de Piñera.Antes fueron Puerto Rico (donde cayó el gobernador), luego Ecuador, donde se frenó un aumentazo en las naftas aconsejado por el FMI, y ahora la rebelión en Colombia, como parte de una oleada que recorre el mundo, ahora con epicentro en la huelga ferroviaria en Francia.

Sacar las rejas de la Plaza de Mayo para simular que desde ahora ese espacio “vuelve a ser del pueblo” o la actitud de Cristina de no mirar a Macri o no usar la misma lapicera para firmar el libro del cambio de mando, son gestos para posar de que se está ante “un gobierno distinto”, que “rechaza el ajuste de la derecha”, dando el mensaje que con gobiernos nacionales y populares se solucionarán los problemas. Pero no solo están siendo repudiados los gobiernos ligados directamente a Trump como Macri, Piñera, Iván Duque de Colombia o Lenin Moreno de Ecuador, sino también los gobiernos patronales supuestamente progresistas del doble discurso, como Lula, Evo Morales, Maduro y Ortega, que por mantener los pilares del capitalismo y no aplicar medidas de fondo (lo cual han envuelto en discursos “antiimperialistas y contra la derecha”), han permitido que la derecha se fortalezca, o llevado a regímenes totalitarios en Venezuela y Nicaragua, y en todos aplicando el ajuste. El hecho de que Fernández haya invitado a su jura al presidente ajustador y represor de Chile, Sebastián Piñera -el cual no pudo venir porque se cayó un avión militar- y el compromiso de visitar aquel país, es un claro apoyo a ese mandatario repudiado por millones y un revés al heroico pueblo chileno en su lucha por sacarlo.

El sindicalismo combativo y la izquierda tienen el desafío de acompañar al pueblo trabajador ante el nuevo gobierno de Alberto Fernández, llamando a que el salario, las jubilaciones y el trabajo no pueden esperar. Lo mismo el reclamo del movimiento de mujeres por el aborto legal, el cual ni fue mencionado por Fernández en su largo discurso en el Congreso. El paro de las Guardas del Sarmiento que lograron abrir una negociación para que se cumplan las condiciones laborales de higiene y seguridad; la rebelión de los residentes de CABA que con su lucha obligaron a que se retrotraiga una ley que los superexplotaba y precarizaba, y las aguerridas docentes y estatales de Chubut que dieron una enorme pelea contra el gobernador Arcioni (Frente de Todos) marcan el camino. Un gran aliciente para seguir llamando a enfrentar el pacto social y seguir denunciando que si Argentina sigue sometida a los dictados de las multinacionales, los bancos y el FMI y pagando una deuda fraudulenta, no habrá solución a los males sociales. Para dar estas peleas llamamos a seguir fortaleciendo a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda Unidad.

Berni y Solá

Felipe Solá es el flamante canciller de Alberro Fernández. Desde hace tiempo se viene impulsando en su contra la campaña #ConEllosNo en repudio a quien es acusado ante la justicia por ser autor político e intelectual de la Masacre de Avellaneda, donde fuerzas de seguridad reprimieron una protesta social y asesinaron a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La orden de reprimir la dio Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a otros miembros del Poder Ejecutivo. Solá dijo ante los hechos que se trataba de ‘un enfrentamiento de pobres contra pobres’ y felicitó públicamente al entonces comisario y asesino Fanchiotti. “Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”, dicen los familiares. Sergio Berni, por su parte, fue designado por Kicillof como ministro de Seguridad bonaerense. El ex carapintada Berni es experto en reprimir conflictos obreros, como en Lear. El propio Berni se autodenomina “un hombre de derecha” y un soldado de Cristina, y es defensor de las pistolas taser de Bullrich y mucho más. Una pinturita.

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