La Legisladora Laura Marrone (Izquierda Socialista) junto a Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) presentaron en al Legislatura porteña un repudio al asesinato de Jorge Martín Gómez, de 40 años, ocurrido en el barrio porteño de San Cristóbal, quien murió en el hospital Ramos Mejía luego de recibir una patada en el pecho  por parte del policía de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Ramírez. Exigimos justicia y castigo a los culpables.

Laura Marrone declaró: "Este asesinato, se da en el marco del crecimiento de la represión y los abusos policiales y los casos de gatillo fácil, incentivados por la doctrina Chocobar de Macri y Bullrich. Estos hechos se suman a los abusos policiales cotidianos por parte de las fuerzas policiales en los barrios populares y la criminalización de la protesta social que viene desarrollándose ante las luchas contra el ajuste en cursos, como ocurrió día atrás con los docentes de Chubut"

Marrone finalizó:"Desde el FITUnidad repudiamos las declaraciones de Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad porteño y Patricia Bullrich, que siguen la línea de la doctrina Chocobar para justificar al gatillo fácil y los abusos policiales, al servicio de fortalecer el aparato represivo en el marco del acuerdo con el FMI y una devaluación del 25% sumado a una inflación que no para.  La crisis social se acrecienta y vamos a una perspectiva de luchas contra la consecuencia de un plan económico que arroja a millones a la pobreza y a las y los trabajadores a vivir con salarios de miseria.Exigimos el juicio y castigo a los resónsables de este crimen".

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La ley que se votó el jueves 22 de agosto en la Legislatura de la Ciudad, presentado por el acuerdo de las fuerzas que componen Vamos Juntos en la Ciudad (PRO, radicales, Coalición Cívica y Socialistas de Cortina) para prorrogar la Emergencia social, ambiental y urbanística de la Cuenca Matanza Riachuelo por 5 años más, es un nuevo cheque en blanco a la falta de cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) por parte del gobierno nacional, de la capital y de la Provincia de Bs As. Hablamos del mayor problema ambiental de la Ciudad de Buenos Aires , que afecta a 17 jurisdicciones diferentes, 20.000 industrias y a más de 4 millones de personas. Según estudios ambientalistas, uno de los 10 centros más contaminados del mundo.

Después de 11 años del fallo de la Corte Suprema que impuso al estado de la nación la obligación de cumplimiento  del Plan de Saneamiento de la Cuenca, de préstamos de más 1.000 millones de dólares con bancos internacionales o de 3.500 millones de inversión según otras fuentes, el problema no se ha resuelto. En cambio la nueva ley otorga 5 años más de prórroga para el cumplimiento de los compromisos sin que se haya presentado el informe por parte de la Autoridad de la Cuenca, ACUMAR, que anualmente se debía presentar a la Legislatura de la Ciudad, y que pasó al mes de abril del próximo años, 8 meses más tarde.

Recolectando datos no oficiales y algunos que se desprenden del informe de ACUMAR a la corte en el 2018, nuestro bloque denunció que la relocalización de las 2.384 familias de CaBA que vivían en las márgenes del río y que debía concluir a fines del 2017 según el Convenio Marco por censo del 2011, no se cumplió. Faltan relocalizar 916 familias y aun las soluciones habitacionales que ya se otorgaron presentan problemas de construcción.

Así mismo señalamos que no se ha concluido la readecuación de parte de las empresas que emiten residuos contaminantes. El Dock Sur no ha resuelto la reconversión de la totalidad de las empresas radicadas, y subsiste el problema sanitario de su población, especialmente infantil, con altos porcentajes de plomo en sangre. Si bien se ha despejado de basura los márgenes del río, aún no se ha terminado el de los afluentes, por ejemplo el Cildañez, que sigue con alta contaminación.

Un capítulo siempre ignorado es el de las personas que trabajan en la recolección de basura que el informe de ACUMAR reconoce en número de 1.250 para ambas márgenes, bajo convenio con cooperativas de trabajo. Si bien no podemos afirmar el número preciso, hemos recibido el reclamo de su precariedad de laboral. Se trata de convenios que otorgan subsidios de 6.000$ por persona a cargo del estado nacional y 7.000$ no actualizados desde hace dos años por parte de ACUMAR. En total 13.000$ para un trabajo altamente insalubre, sin cobertura sanitaria. Las Cooperativas reclaman recibir un salario acorde a la canasta familiar, que sin computar gastos de alquiler la Dirección de Estadísticas de la Ciudad reconocía antes de la devaluación en 30.000$. A su vez reivindican su derecho al pase a planta permanente ya que el propio ACUMAR reconoce que su labor será continua.

Esta ley que prorroga la falta de compromisos con las cuestiones ambientales con la premura que se requiere, se da al mismo tiempo en que asistimos azorados a la quema después de 17 días del pulmón de la humanidad, la selva del Amazonas, sin que el gobierno de Bolsonaro, ni el de Macri a nivel continental dispusieran medidas de emergencia para controlarlo. La avaricia capitalista que descuida el ambiente pone en peligro no solo la calidad de vida sino la sobrevivencia misma de la especie humana. El control de la economía, con fines sociales y no de ganancia individual de cada capitalista, es la tarea histórica urgente que los socialistas planteamos.

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La Diputada Nacional Mónica Schlotthauer intentó disuadir a la policía de la represión a los manifestantes y recibió el ataque de un agente con gas hacia su rostro.

En estos momentos se realiza una marcha contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores; por aumento de salarios y jubilaciones; y reclamando la ruptura con el FMI junto al no pago de la deuda externa por parte del sindicalismo combativo y la izquierda.

La diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, acaba de presentar un proyecto de resolución para repudiar la quema del Amazonas y responsabilizó al gobierno de Jair Bolsonaro.

Schlotthauer señaló: “Estamos viviendo un gran crimen ambiental, el Amazonas se está quemando hace ya un mes y Jair Bolsonaro siguiendo las líneas del presidente Donald Trump minimiza la situación ambiental y hecha culpa a ONGS y ambientalistas mientras se están perdiendo miles de hectáreas del pulmón de nuestro planeta. Además de acabar con la vida y hogar de no solo las miles de especies habitantes, sino también el de los pueblos originarios’’.

Schlotthauer destacó: ‘’Responsabilizamos al derechista Bolsonaro porque mientras culpa a las ONG de los incendios, “relaja’’ las reglas de preservación y protección del medio ambiente y las reservas indígenas, hizo recortes presupuestarios, persigue y despide a empleados y especialistas y también se han incrementado un 50% la deforestación y un 85% los incendios forestales desde 2018. Los terratenientes -a quienes Bolsonaro defiende y representa- deforestan indiscriminadamente y luego producen las quemas para usar esas tierras para el agro negocio’’.

 Schlotthauer agregó: ''El flagelo de la deforestación se da bajo este gobierno y el anterior, de Lula-Dilma Rousseff y el PT. También se está quemando el bosque seco Chiquitano en Bolivia por responsabilidad de Evo Morales. Sin ir más lejos, hoy la Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. Con Mauricio Macri y los gobernadores peronistas, a pesar de la Ley de Bosques, en 2018 se deforestaron 112.766 hectáreas. La tala no ha cesado y sigue la explotación de nuestro suelo con la mega minería con Barrick, el robo del petróleo y el gas por parte de Chevron, la contaminación de nuestros campos y cuerpos con el veneno de Monsanto, entre tantas empresas a las que este gobierno y el anterior, han abierto las puertas para garantizar sus ganancias capitalistas. Macri avala todo esto y ni repudió las políticas de Bolsonaro. Y Alberto Fernández, como parte del gobierno anterior y las políticas que aplican los gobernadores del peronismo que están con él, también avala este saqueo".

Schlotthauer finalizó: “Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad somos claros, los grandes negocios capitalistas con el suelo, el aire y el agua están llevando a nuestro planeta a la destrucción. Mientras el imperialismo y los distintos gobiernos capitalistas garantizan la tala, la deforestación y el incendio en nuestros bosques son los pobres los que hoy no pueden respirar por el humo, los que no tienen acceso al agua potable o alimentos libres de veneno o contaminación. Los socialistas opinamos que hay que combatir de raíz a este sistema capitalista para reemplazarlo por otro, un sistema socialista que expropie a quienes nos llevan a la destrucción y bajo una economía planificada se satisfagan las urgentes necesidades populares imponiendo gobiernos de los trabajadores y el pueblo’’.

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Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló: “Alberto Fernández ha declarado con posterioridad a su encuentro con el FMI que el 80% del préstamo acordado por Macri fue a parar a los bolsillos de los usureros y especuladores, lo que desde el FIT Unidad denunciamos durante toda la campaña. Por eso hemos presentado desde nuestra bancada un proyecto de ley en el Congreso para que se desconozca el acuerdo con el FMI y se deje de pagar esa deuda usurera, mediante el expediente 2432 de fecha 14 de mayo de 2019”.

“Si los especuladores se llevaron 46.000 millones de dolares de un préstamo que no vimos, pagarlo sería convalidar esa estafa y quitarle comida y medicación a nuestra población, achicar escuelas y seguir desmantelando los hospitales. Necesitamos que la plata de esa deuda vaya a salarios de los trabajadores de Chubut, jubilaciones y a combatir el hambre y la miseria que reclaman las organizaciones sociales”, agregó Schlotthauer.

Schlotthauer siguió: “Fernández pide que Macri y el FMI tomen medidas para salir de la catástrofe social, pero durante cuatro años profundizaron el ajuste con leyes votadas por diputados como Massa, los gobernadores y otros candidatos del hoy Frente de Todos. Vamos a defender nuestro proyecto en la Cámara de Diputados y en las calles convocando a los trabajadores a luchar junto con el sindicalismo combativo, reclamando a las centrales nacionales un paro general. Alberto Fernández pide que esperemos hasta diciembre y después 180 días de tregua, esa película ya la vimos y la estrenó Macri hace cuatro años”.

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