El 1° de mayo de 1886 estalló una huelga en Estados Unidos por la jornada laboral de ocho horas. En Chicago, el conflicto recrudeció y la policía asesinó a manifestantes. El gobierno culpó a varios de sus dirigentes, que fueron encarcelados y asesinados. Pasarían a la historia como “los mártires de Chicago”. En 1889, la Internacional Socialista declaró ese día como jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.  

Escribe Francisco Moreira

A lo largo del siglo XIX se dio un avance arrollador de la industria capitalista. Las enormes ganancias se obtenían a costa de la brutal explotación de los obreros y obreras, quienes debían realizar jornadas de trabajo extenuantes de doce horas en promedio, con salarios muy bajos y viviendo en míseras condiciones. 

Pero a mediados de 1800 comenzaron a tomar fuerza las luchas obreras que exigían mejoras en las condiciones laborales. Uno de los reclamos más generalizados fue la jornada laboral de ocho horas.

Los mártires de Chicago

En Estados Unidos, tras años de luchas reivindicativas, en 1881 se constituyó la American Federation of Labor (Federación Norteamericana del Trabajo). Desde su nacimiento, exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Pero las dilaciones y negativas patronales la llevaron a anunciar en 1884 que, si para el 1° de mayo de 1886 no se había implementado en todos los lugares de trabajo, comenzaría la huelga. La fecha llegó sin respuestas y la huelga estalló, a pesar de las propias dudas de muchos dirigentes sindicales. Nunca antes el país había vivido un levantamiento obrero de esas dimensiones. Más de cinco mil fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a las calles y plazas a manifestar sus exigencias: “¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!”. Ese mismo día, unos 125.000 obreros conquistaron la jornada laboral de ocho horas. A fin de mes, otros 200.000. Para fin de año, un millón ya la había logrado.

Pero en Chicago, uno de los grandes centros comerciales e industriales, los sucesos tomaron un giro dramático. Los obreros y obreras allí vivían en peores condiciones. Muchos trabajaban todavía catorce horas diarias. Numerosas familias habitaban hacinadas. Por eso el 2 de mayo la huelga continuó y la policía dispersó salvajemente una concentración de 50.000 trabajadores en el centro de la ciudad. Al día siguiente, la policía volvió a reprimir y asesinó a seis trabajadores que se encontraban en una protesta frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormik. El 4 de mayo, al finalizar un acto en la plaza Haymarket, convocado para denunciar esos brutales asesinatos, la policía volvió a cargar contra la multitud. Murieron treinta y ocho obreros. Durante la noche, el gobierno decretó el estado de sitio, estableció el toque de queda, los militares ocuparon los barrios obreros y organizaron violentas razzias en locales sindicales y hogares de dirigentes obreros. El gobierno culpó a anarquistas y socialistas por lo sucedido. Los dirigentes y activistas August Spies, Albert Parsons, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg y Oscar Neebe fueron llevados a un juicio maniatado en el que les impuso a cinco de ellos la pena de muerte. Su crimen había sido exigir un límite horario a la explotación laboral. Pasaron a la historia como “los mártires de Chicago”. 

Una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista

En 1889, cuando se fundó la Internacional Socialista (Segunda Internacional), se resolvió impulsar la jornada del 1º de Mayo para unificar las luchas obreras en todos los países. El congreso, reunido en París, denunció que el avance de la producción capitalista “implica la explotación creciente de la clase obrera por la burguesía […] y tiene por consecuencia la opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degeneración física y moral”. Por ello, establecía que los trabajadores de todos los países tenían “el deber de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento de la humanidad”.

Al año siguiente, por primera vez, marcharon miles de obreros en decenas de ciudades del mundo en homenaje a los mártires de Chicago, por la jornada de ocho horas y otros reclamos y por el socialismo. Así, de la mano del socialismo revolucionario nacía la tradición del 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.

El 1° de Mayo en la Argentina

En nuestro país, unos tres mil trabajadores se reunieron en el Prado Español (Recoleta) en aquella jornada del 1° de mayo en 1890. En su mayoría, eran inmigrantes sometidos a condiciones inhumanas de explotación, que daban los primeros pasos del movimiento obrero en la Argentina. Desde esa jornada, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores pasó por los avatares de la lucha de clases del país y la política de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero. 

El 1º de mayo de 1909 un acto anarquista en plaza Lorea (hoy parte de plaza Congreso) fue reprimido por orden del jefe de policía Ramón Falcón. La muerte de ocho obreros desencadenó una huelga general que exigía la renuncia del jefe de policía. Seis meses después, el joven obrero anarquista Simón Radowitzky hizo justicia por mano propia y lo asesinó. Esa noche se desató otra brutal represión bajo el estado de sitio, con cientos de detenidos, torturados y deportados por la Ley de Residencia. 

En las décadas de 1920 y 1930 el avance de direcciones reformistas en el movimiento obrero, primero los sindicalistas y socialdemócratas (PS), y después los estalinistas (PC), fueron transformando el 1° de Mayo en una jornada “democrática”, de apoyo a los gobiernos o sectores “progresistas” patronales. Finalmente, en 1947, Perón impuso la “Fiesta del Trabajo”, un día de festejo, bailes, desfiles y hasta la elección de la “reina del trabajo”. Así buscó transformar la jornada del 1° de Mayo en un día festivo o de descanso. 

Los socialistas revolucionarios seguimos conmemorando el 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista. Un día para honrar a los mártires de la clase obrera y reivindicar todas las luchas en la perspectiva de lograr gobiernos de trabajadores que terminen con la explotación capitalista. Así lo haremos, una vez más, este viernes 1° de Mayo, junto al sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

A la terrible situación que ya padecemos las trabajadoras y trabajadores venezolanos, ahora se suman las consecuencias de la pandemia y el confinamiento social que ha impactado severamente en la economía ya destruida del país. Todo esto ha ocasionado un acrecentamiento de las catastróficas condiciones sociales en Venezuela.

En las últimas semanas hemos presenciado cómo los precios de los productos de primera necesidad se han ido hasta las nubes mientras nuestros salarios son cada vez más miserables. Empresarios y comerciantes aprovechan la cuarentena y la crisis sanitaria para incrementar abusivamente los precios de los productos esenciales.

Esto ha agudizado el hambre y la desesperación en miles de pobladores de los barrios populares, especialmente en las zonas más pobres del país, que han salido a saquear comercios en sus localidades al grito de “Tenemos hambre, queremos comida”. Ante eso, el gobierno vuelve al expediente de la represión. Ya hubo un muerto y dos heridos de bala en la población de Upata, en el estado de Bolívar.

Si bien es importante mencionar que aún son protestas aisladas y no masivas y en zonas poco pobladas, el gobierno de Maduro, temiendo la explosión social, hace esfuerzos por garantizar algo de comida a través de las cajas Clap y mínimos servicios en las grandes ciudades, especialmente en Caracas.

Todas estas protestas y saqueos son expresión del hambre que sufren millones de habitantes de los sectores populares cansados de la frustración de no poder comprar comida a sus hijos.

El gobierno busca acordar precios con los empresarios y ocupa temporalmente algunas empresas. Esta política ha fracasado en otras ocasiones.

En tal sentido, el Partido Socialismo y Libertad sigue planteando que es necesario imponer con la movilización un plan económico y social de emergencia. El gobierno de Maduro debe orientar todos los recursos económicos a enfrentar la crisis social y sanitaria.

Hemos venido llamando a todos los sectores sindicales, organizaciones populares, juveniles y a la verdadera izquierda revolucionaria a unificarnos para dar la pelea por ese plan que parta de exigir un salario igual a la canasta básica.

No se puede seguir pagando la deuda externa. Debe suspenderse el gasto en armas, así como los ejercicios militares. Hay que confiscar los bienes de los corruptos de Pdvsa y los importadores fraudulentos, así como cancelar los contratos de empresas mixtas con las transnacionales; asimismo, imponer a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales un impuesto especial para atender la crisis social y sanitaria.

Estados Unidos: el “sueño americano” se transformó en pesadilla

Con un millón de contagiados y más de 55.000 muertos, los Estados Unidos se han convertido, lejos, en el país con la mayor cantidad de víctimas del coronavirus. Lo que en otro momento podría esperarse que aconteciera en un ignoto país africano, hoy lo está sufriendo la principal potencia imperialista del planeta. Y, como si esto ya no fuera una verdadera tragedia, imitando prácticas medievales, su presidente, Donald Trump, rodeado de sus principales asesores, anunció que habría que experimentar “inyectarse lavandina y otros desinfectantes para combatir el virus”. 

Estas declaraciones desopilantes, que rápidamente tuvieron que ser desmentidas por el campo de la medicina, inclusive por los propios fabricantes de estos productos frente al temor de que la recomendación del presidente negacionista causara una tragedia mayor, son apenas algunos de los problemas que enfrenta el país del Norte. Como ya venimos denunciando, las protestas y huelgas de trabajadores se han multiplicado por la falta de medidas de seguridad, tanto por parte del gobierno como de las propias patronales que se niegan a implementar el aislamiento social.

La pandemia ha dejado al desnudo la verdadera situación de crisis social y política que impera en los Estados Unidos y que deja a 26 millones de desocupados en poco más de un mes de iniciada. El “sueño americano” prometido por Trump se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, sobre todo para los sectores populares y de menores recursos. Además del oscurantismo necio del presidente, el pueblo trabajador está enfrentando la falencia del sistema público de salud, donde la falta de insumos básicos para combatir el virus amenaza convertir a la hasta ahora mayor potencia capitalista imperialista en un escenario en ruinas.

Los propios trabajadores de la salud continúan denunciando la falta de recursos, de barbijos, de test para diagnosticar infectados, de cobertores para abrigar los enfermos, etcétera. Como declaró Andrew Artenstein, director de un centro sanitario de Massachusetts: “Nunca pensé que en mi condición de líder de un sistema de salud que trabaja en un país rico, altamente desarrollado, con lo mejor de la ciencia y la tecnología [...] enfrentaría este tipo de circunstancias [...] Da la impresión de que no viene la caballería en ayuda”. Y, probablemente, el Séptimo de Caballería nunca llegue, porque no se trata de uno de los clásicos westerns yanquis, sino de la cruda realidad de un capitalismo en crisis de la que cada vez le resulta más difícil salir para continuar gobernando el mundo.

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Francia, entre el coronavirus y el hambre

La periferia de París ha sido la más golpeada por la pandemia. Las más altas tasas de mortalidad se registran en los barrios más humildes, donde conviven trabajadores, inmigrantes, autónomos o precarizados (que dependen de changas o pequeños servicios) y desocupados. De estos barrios también proceden quienes están en el “frente de batalla” y ponen en riesgo su salud: enfermeras, cajeras de supermercado, transportistas, entre otros.

A todos ellos el virus y el confinamiento forzado les han cambiado la vida para peor. Al temor del contagio ahora se le ha sumado el miedo al hambre. Muchos sin papeles, no tienen acceso al seguro de desempleo y otros no pueden salir a la calle a buscar el sustento diario. Por esa razón, al paisaje tradicional de edificios de bloques de estos barrios se han incorporado las largas colas de vecinos esperando la ayuda organizada en los centros comunitarios. 

En un centro municipal de Clichy-sous-Bois, la misma región que desde 2005 es reconocida por los levantamientos de los hijos de inmigrantes, se reparte arroz, aceite, leche, frutas y verduras. “Muchos nos dicen que jamás habrían pensado en venir a buscar paquetes de ayuda. Hay hambre”, denuncia Mohamed Mechmache, miembro del centro AC Le Feu. Y agrega: “Pero son gente digna. Hay dignidad en el barrio”.

Ante esta situación no es extraño que los choques entre jóvenes y policías, que ya acontecían antes de la cuarentena, se incrementen, como en la última semana. En la periferia de París existe un alto índice de familias que viven por debajo de la línea de pobreza, algo inconcebible para un país como Francia. La falta de respuestas por parte del gobierno de Macron a los graves problemas sociales de esos barrios será la generadora de nuevos disturbios, ahora agravados por el coronavirus y el hambre.  

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Brasil: ¡fuera Bolsonaro!

La política del gobierno de Bolsonaro y de la burguesía de no aplicar una cuarentena organizada ya ha costado miles de vidas. La falta de equipamientos de protección y condiciones sanitarias adecuadas para los trabajadores de servicios esenciales como la salud, el transporte o la limpieza urbana configura un verdadero desastre.

En medio de esta gravísima situación acaba de renunciar el ministro de Justicia Sergio Moro, considerado el más popular del gabinete presidencial, que denunció que Bolsonaro quería interferir directamente en la Policía Federal para manipular los procesos que corren contra sus hijos por denuncias de corrupción y de interferencia, mediante fake news, en el proceso electoral. Además, para evitar que se investigue la estrecha relación del clan familiar con la milicia de Río de janeiro. 

Brasil vive una coyuntura marcada por el avance del coronavirus y el aumento de la crisis política, económica y social. Ya se han contabilizado hasta 474 muertes en un dia y en total superan las 5.000 hasta la fecha. Los cadáveres se acumulan en los corredores de los hospitales de ciudades del Gran Río y el cementerio de Manaos no consigue sepultar a todas las víctimas. Más de un millón de trabajadores están sufriendo la suspensión de contratos de trabajo, reducción de salarios y de derechos laborales sin que haya medidas de protección por parte del gobierno. Mientras tanto, los banqueros esperan la votación en el Congreso de un proyecto que propone estatizar las deudas de los bancos privados. Un escándalo.  

Los compañeros de la CST (sección brasileña de la UIT-CI) seguirán llamando a la más amplia unidad de acción contra el proyecto autoritario de Bolsonaro y proponiendo que este 1° de Mayo las principales centrales sindicales incorporen los reclamos de ¡Fuera Bolsonaro y Mourao!, por una cuarentena controlada, con salario integral, sin despidos y con equipamientos de protección adecuados. Por el no pago de la deuda e impuestos a las grandes fortunas y multinacionales, canalizando esos recursos para el Servicio Único de Salud, para establecer un salario básico de emergencia para los desempleados y precarizados y para asistir con alimentos a las familias necesitadas.

Editorial

El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y privados, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los testeos ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema –que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas–, lo cierto es que el gobierno ha reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.

“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”. Éstas fueron las palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García frente al hecho tremendo de que el 14% de los contagiados por el Covid 19 forman parte del personal de salud, y coloca a nuestro país en los primeros lugares del ranking mundial del sacrificio de los integrantes del equipo de salud.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Un mar de quejas inunda las redes sociales por la falta de equipamiento de protección personal. Los trabajadores hacen demostraciones callejeras, elevan petitorios, realizan asambleas e interponen recursos de amparo en todo el país. Hay jueces que emplazan a responsables de establecimientos públicos y privados para proveer los insumos de protección necesarios, pero el ministro, con desparpajo patronal, culpa a las víctimas e, incluso, insinúa con cinismo, que son los trabajadores los que contagian.

Pero el contagio existe y se extiende. Además del Hospital Belgrano, en la Capital Federal hay personal contagiado en los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Tornú; en La Plata los hospitales Gutiérrez, Gonnet y Cestino de Ensenada donde se cerró la terapia intensiva; en Río Negro y en el Chaco. Tanto el gobernador Kicillof como el jefe de gobierno Rodríguez Larreta convocaron a profesionales jubilados para prestar servicios con la carnada de permitirles cobrar su nuevo sueldo manteniendo el cobro de su jubilación; medida desatinada dado que se trata de gente añosa y de alto riesgo de perder la vida en caso de enfermar.

Los comités de crisis con participación de los trabajadores

En sintonía con Ginés y con el mismo olvido de la verdad, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán declaró que “los hospitales bonaerenses están completamente abastecidos”. Afirmaciones que son desmentidas a diario por los trabajadores, como denunciaron públicamente la semana pasada los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, donde hubo 25 contagiados. El director de ese hospital trató por todos los medios de evitar la participación de los trabajadores en el comité de crisis que era limitado a algunos jefes de servicio. Profesionales y enfermeros querían intervenir para lograr medidas de protección. Ese fue uno de los ejes del enfrentamiento. En virtud de la situación creada en ese establecimiento, el ministerio aceptó el reclamo de Cicop de constituir comités de crisis con participación de los trabajadores. Este lunes 20 se realizó en La Plata la primera reunión central, con los gremios y autoridades del ministerio y se adoptaron varias medidas de protección de los trabajadores, entre ellas, la recomendación de crear estos comités en cada uno de los hospitales.

El poli empleo favorece el contagio

El poli empleo se funda en los bajos salarios. Décadas de salarios a la baja han naturalizado esta costumbre, que es, lisa y llanamente, superexplotación. Médicos, enfermeros, técnicos, todos trabajan 12 o más horas por día, incluyendo sábados y domingos. Para un costo de la canasta familiar de 60.000 pesos (Indec), los sueldos del ingresante no superan los 25.000 para una enfermera y los 38.000 para un médico. Estos bajos sueldos los obligan a ir de un empleo a otro. Esta situación, que ya era extenuante y predispone a enfermarse, se ve agravada ahora porque el trabajador sufre, además, una prolongada exposición diaria y semanal al riesgo de contagio multiplicándose por dos o por tres de acuerdo a los sitios que concurra.

Si bien la defensa de su propia salud es hoy el eje de las preocupaciones del personal de salud, su lucha por el salario no se detiene. Sigue su curso en la provincia de Buenos Aires (donde el gobierno ofreció un mísero 20%), en Santa Fe, en Chubut donde los trabajadores cobran con un mes de retraso y en Tucumán donde el gobernador Manzur anuló unilateralmente la cláusula gatillo. Los gobernadores persiguen a los trabajadores que defienden legítimos reclamos como en Tucumán la persecución de que es objeto Cristian Luna, secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), como también lo hacen en La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Denunciamos muchas veces que el gobierno no cuidaba al personal de salud. Hoy, con la elevada tasa de contagiados, nadie puede dudar de la corrección de nuestra denuncia. Es necesario reforzar la lucha de los trabajadores de salud que tiene una doble faz: por un lado, la pandemia, por el otro la lucha por no enfermarse. El personal sanitario reclama hoy, elementos para protección personal, test para identificar los portadores del virus y comités de crisis por establecimientos para defenderse.