El gobierno de Milei está usando el sorpresivo triunfo electoral que obtuvo el 26 de octubre, como era de prever, para avanzar en lo que denomina “las reformas de segunda generación”. Es decir, redoblar su Plan Motosierra salvaje contra el pueblo trabajador. Lo está haciendo con la complicidad de los gobernadores y en beneficio directo de las patronales, las multinacionales del saqueo, el FMI y el imperialismo norteamericano comandado por Donald Trump. Pero no todo es camino de rosas. El sindicalismo combativo y la izquierda llaman a salirle al cruce en este nuevo intento por poner de rodillas al pueblo trabajador diciendo abajo la reforma laboral y toda la motosierra, exigiendo a la CGT que llame al paro general y a un plan de lucha nacional. El ejemplo del Garrahan marca el camino.
El gobierno de Javier Milei logró un triunfo en las elecciones generales del 26 de octubre. Quedó como primera minoría en Diputados sobrepasando al peronismo (algo que no ocurría desde 1989) y con más senadores. Si bien no logró la mayoría para tener quórum propio (lo cual lo obligará a tejer alianzas para lograrlo), se acercó bastante. Fagocitó a los radicales, se siguió quedando con la base electoral de un PRO en crisis y doblegó al peronismo esencialmente en la estratégica provincia de Buenos Aires. Eso le dio una ubicación política que no tenía y el aire necesario para el actual envalentonamiento en pos de avanzar en su plan salvaje. “Iba a perder, lo apoyé y ganó”, dijo en estos días Trump. El jefe del imperialismo yanqui en decadencia se relame. Aspira a que su hijo mimado Milei avance en las reformas capitalistas que, de concretarse, llevaría a un grado de superexplotación obrera, saqueo y sometimiento inédito al país. Pero la elección también mostró enormes contradicciones para el gobierno: perdió dos millones de votos comparado con las elecciones de dos años atrás, quienes lo votaron no lo hicieron con entusiasmo, 11.459.149 de personas no fueron y la crisis social que sufren millones se agrava día a día.
No es modernización, es esclavitud
El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para intentar aprobar un paquete de leyes, entre ellas el Presupuesto 2026, con recortes sociales enormes para cumplir con el FMI. Le sigue la reforma laboral vendiendo mentirosamente, que si se ataca el “costo laboral” (un mito), vendrán más inversiones y trabajo genuino. Algo que nunca ocurrió. En los años ‘90 se flexibilizaron las relaciones laborales y el desempleo pasó del 8% al 21%. Además, la rebaja de los aportes patronales y la contratación de personal informal (no como trabajador registrado), le permitió a las patronales quedarse con casi 600 mil millones de dólares entre 1994 y 2024 que, por supuesto, no los pusieron en abrir fábricas, contratar personal o aumentar los salarios. El capitalismo no está para eso. Hoy quieren hacer lo mismo con los beneficios que les otorga el borrador de proyecto de Ley Laboral a los empresarios, que dejarán de aportar a las cajas previsionales y en concepto de obras sociales alrededor de 10.000 millones de dólares por año, haciéndose cargo el Estado de pagar las indemnizaciones por despidos en vez de que lo hagan las patronales (ver páginas centrales). Una verdadera aberración, además de elevar la jornada laboral, fomentar los despidos, considerar a las y los trabajadores de las aplicaciones como “independientes” (sin relación laboral), atacar el derecho de huelga y a la organización sindical, entre tantas barbaridades.
También quieren cambiar la Ley de Glaciares para que los gobernadores tengan la facultad de anular la prohibición de instalar la megaminería extractivista, como acaba de ocurrir en Mendoza, donde Alfredo Cornejo y el Senado provincial aprobaron 28 proyectos mineros sin la presentación de los correspondientes estudios de impacto ambiental, amenazando las fuentes de agua de una provincia árida que depende de sus glaciares y ríos. Y con la reforma al Código Penal quieren imponer la baja de la edad de imputabilidad y más mano dura, mientras el narco y los delitos económicos siguen su curso. Es decir, más motosierra antiobrera y antipopular y más legislación represiva y fortalecimiento del aparato represivo para imponerla.
El antecedente de Macri
Muchos analistas y políticos patronales alertan con lo que le pasó a Mauricio Macri en 2017. “Había ganado las elecciones de octubre, pero no recordó la frase de Napoleón ´ejército que triunfa, descansa´. Quiso tratar una reforma jubilatoria en diciembre y el año terminó muy mal”, dijo Miguel Pichetto (Clarín, 9/12).
Recordemos que en diciembre de 2017 hubo una rebelión popular con cien mil personas frente al Congreso donde, si bien no evitó que la ley anti jubilatoria se aprobara, el gobierno tuvo que archivar la reforma laboral que tenía en carpeta, perdiendo las elecciones dos años después. Ahora Milei quiere aprender del pasado y pisa el acelerador. Cree que aprovechando en caliente, en medio de las fiestas y con el apoyo de los gobernadores, las grandes patronales y Estados Unidos, puede avanzar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hasta dijo que ya trabajan para la reelección de Milei en 2027. Pero todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente.
Es cierto que el gobierno ha logrado un mayor respaldo electoral y parlamentario, pero nadie festeja la actual situación. Hay cierres de fábricas y de establecimientos, 38 por día en promedio; la apertura de las importaciones generan despidos, suspensiones y no pago de salarios; en noviembre cayeron las ventas un 9% en alimentos y bebidas, calzado, materiales para la construcción; el gobierno anuncia un 10% de despidos de estatales para fin de año; le sigue perdonando y bajando impuestos a las patronales y las retenciones al campo, provocando la baja de la recaudación y se está volviendo a endeudar para pagar los 4.500 millones de dólares de deuda externa que vencen en enero, mientras el FMI le reclama aumentar las reservas en 9.000 millones de dólares, entre otros condicionamientos. Mientras esto ocurre, millones viven por debajo de la línea de pobreza (el 60% de los asalariados registrados y el 90% de los no registrados son pobres), las jubilaciones y el salario mínimo y vital son de indigencia, las familias se tienen que endeudar a tasas del 300% para comprar lo indispensable o trabajar en dos laburos, provocando sobreexplotación y accidentes laborales.
El gobierno, pérfidamente, se apoya en la crítica situación social para generar una luz de esperanza con sus reformas, donde muchos dicen “peor no podremos estar”, aunque la mitad de los encuestados, por ejemplo, considera que la reforma laboral va a traer más despidos y no va a generar nuevos puestos de trabajo.
¿Y la CGT? ¿Y el peronismo?
La CGT dice “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados” ante la reforma laboral. Llamó a una reunión de emergencia para este jueves 11 donde va a “profundizar la ronda de encuentros con gobernadores, senadores y diputados”, según dice, nunca con las y los trabajadores; que tal vez convocaría a una marcha cuando se trate la reforma laboral que Patricia Bullrich quiere apurar para antes de las fiestas y, en caso de salir la ley, apelará a la Justicia.
A tal punto quedó en evidencia su pacto con el gobierno que Gerardo Martínez venía participando del Consejo de Mayo junto al gobierno, hasta que esta semana tuvo que faltar para la foto donde Adorni anunció la agenda antiobrera y la reforma laboral. El gobierno ni siquiera se dignó en convocar a la CGT a una reunión. “Nos reunimos con Santilli, luego con Santiago Caputo, después con Menem que responde a Karina Milei para ver si podemos limar algunos artículos perjudiciales”, habían dicho algunos de los dirigentes de la CGT, como si en el gobierno hubiera algún sector “menos malo”. Un verdadero escándalo, de una CGT que le vino dando la espalda a luchas heroicas como la del Garrahan, jubiladas y jubilados, personas con discapacidad, universidades, a las peleas contra los despidos y cierres de empresas y firmando paritarias al 1% mensual.
Recordemos que la CGT es la pata sindical del peronismo. Un Partido Justicialista (PJ) que quedó en una crisis brutal tras la derrota electoral a manos de la ultraderecha. Pedía el voto para ponerle un “límite a Milei”, sacaron 7 millones de sufragios y están en una verdadera desbandada. “Una balcanización”, como dijo Cristina Kirchner, quien acaba de sorprender una vez más justificando la invasión imperialista de Putin a Ucrania diciendo que “fue defensiva”.
Dentro del Consejo de Mayo el gobierno se reunió con 18 gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil del PJ de Tucumán y Catamarca, ambos fervientes defensores de la reforma laboral. Luego se sumaron Sergio Ziliotto de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz a un diálogo con Diego Santilli. ¿Y qué pasa con “los rebeldes” Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)? ¿Acaso no aplican el ajuste y el saqueo en sus provincias?
En la pelea al interior del peronismo no hay ningún sector que “resista” a Milei más que en los discursos. Ni Máximo Kirchner, ni Massa, ni Kicillof, ni Juan Grabois. El gobernador bonaerense acaba de votar un presupuesto de ajuste en Salud y Educación y en vez de cobrarle un fuerte impuesto a la oligarquía del campo, ricos y multinacionales que pululan en la provincia de Buenos Aires, se endeudó por 3.000 millones de dólares porque dice que de lo contrario no podrá pagar los salarios de los estatales y los aguinaldos.
El PJ dejó correr a Milei y ahora paga las consecuencias. Por todo esto es necesario fortalecer al Frente de Izquierda Unidad para seguir enfrentando al Presidente y a sus cómplices y superar al peronismo por izquierda, tanto sindical como políticamente.
La tarea de las y los luchadores y el Frente de Izquierda Unidad
Como decíamos tras el triunfo de Milei en octubre: “Tiene que avanzar con su plan motosierra con más ataques a la clase trabajadora y a distintos sectores populares, y sabe que va a haber resistencia por parte del pueblo trabajador, como se ha demostrado en estos dos años de gobierno ultraderechista […] a pesar del rol traidor de la CGT, lejos está de haber sido derrotado como quisiera Milei” (El Socialista N°615, 29/10/25). Y agregábamos que Milei “no tiene ningún cheque en blanco”.
El 2025 arrancó con un contundente 1F, una enorme marcha antifascista y antirracista del movimiento de mujeres y disidencias contra el discurso de odio de Milei; hubo marchas permanentes de jubiladas y jubilados, el Garrahan, personas con discapacidad, universidades, paros de la docencia y un nuevo paro general arrancado a la CGT. Venimos del contundente triunfo de las y los trabajadores del Garrahan, marcando el camino, arrancando el 61% de aumento salarial, pelea que ahora sigue contra los 44 sumariados por luchar y en estos días miles de mendocinas y mendocinos marcharon desde distintos puntos de la provincia a la capital en una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos contra el saqueo extractivista, entre otras expresiones de lucha.
El sindicalismo y demás sectores combativos, movimientos piqueteros independientes, jubiladas y jubilados, organizaciones de derechos humanos, juveniles junto a la izquierda convocan a enfrentar la reforma laboral esclavista reclamando que la CGT abandone el pacto con el gobierno y fije un paro y plan de lucha. Llamando a una marcha unitaria el próximo 18 de diciembre cuando se empieza a tratar la Ley en el Senado.
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, con el apoyo de los 900 mil votos logrados en las elecciones y la fuerza que ha conquistado en estos años, convoca a la mayor unidad en cada lugar de trabajo, estudio y barrio para organizar el enfrentamiento a la reforma laboral y al conjunto de la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Dando la pelea para que la plata vaya al pueblo trabajador, no al Fondo Monetario, rompiendo las cadenas coloniales que nos atan al imperialismo, postulando una salida de fondo en beneficio del pueblo trabajador, como sólo el Frente de Izquierda lo postula y siendo solidarios con la causa Palestina. Sumate a Izquierda Socialista para seguir dando esta pelea.

Escribe José Castillo
El gobierno de Milei se juega a aprobar lo más rápidamente posible su ley esclavista. Se le quita al pueblo trabajador prácticamente todos los derechos conquistados en 120 años de lucha. La CGT plantea apenas algunas tibias expresiones de oposición. Hay que dar una respuesta contundente, en las calles, llamando a un paro general y un plan de lucha.
Se va terminando de conocer el denominado proyecto de “modernización laboral” propuesto por el gobierno ultraderechista de Milei y el FMI, con el apoyo de las patronales y el guiño de los gobernadores. De conjunto, es una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora, un verdadero proyecto de reforma laboral esclavista, que busca demoler 120 años de conquistas de la clase trabajadora argentina.
Los objetivos que se buscan lograr con este proyecto de reforma laboral, son explícitos: hacer que el trabajador o la trabajadora le salga más barato al patrón, que lo pueda explotar, “exprimir” más y que lo tenga a plena disposición a toda hora (en horarios, días de trabajo).
Despedir más fácil y barato
Se reducen los montos a partir de los cuáles se calcularán las indemnizaciones por despidos. En concreto, ya no se tendrán en cuenta las vacaciones ni el aguinaldo, ni ningún monto remunerativo. Se invierte la carga de la prueba, donde ahora el o la trabajadora tendrá que demostrar que el despido es arbitrario o sin causa. Y se busca reducir al mínimo las multas e intereses si la patronal demora o dilata el pago, beneficiando esas maniobras patronales.
Desfinanciar al Anses y las obras sociales
Justamente para abaratar los despidos se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que consiste en una contribución de las empresas del 3%, pero que se descuenta de lo que actualmente se paga en aporte jubilatorio. Además, de aprobarse la ley, las alícuotas de los aportes pasarían del 20,40% para las grandes empresas de comercio y servicios y del 18% para el resto de las patronales, al 17,40% y 15%, respectivamente. Todo esto se sobrepone a las numerosas reducciones y exenciones que ya tienen los aportes patronales. La contrapartida de todo esto es la desfinanciación de las cajas jubilatorias y de las obras sociales.
Salarios más bajos
El proyecto vuelve a habilitar la práctica de los años ‘90 de pagar una parte del sueldo en especie, como se hacía con los tristemente conocidos “tickets canasta”, solo canjeables en determinados comercios. Se suma a esto el salario por productividad o mérito, que, por supuesto, pasará a ser determinado por la patronal.
También se instaura el llamado “banco de horas”, donde, además de lo que implica en avanzar sobre el tiempo libre de las y los trabajadores, prácticamente liquida la posibilidad de cobrar horas extras, ya que estas se irán sumando indistintamente a cuando se realicen durante el mes.
Ataque al derecho al descanso de las y los trabajadores
El ya citado banco de horas liquida la jornada de 8 horas y el descanso de fin de semana, creando un colectivo de trabajadores prácticamente a disposición de la patronal a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Pero además también se fraccionan las vacaciones y se incrementan los derechos de las patronales a otorgarlas en cualquier momento del año.
Dejar desamparado a las y los trabajadores frente a los patrones
Un centro del proyecto oficialista es atacar los convenios colectivos de trabajo. Lo hace liquidando la llamada “ultraactividad”, que consiste en que, en caso de no acuerdo entre sindicato y patronal, sigue vigente el convenio actual. Eso cambiaría ahora, por lo que a las patronales les bastaría con no acordar nada para dejar desprotegido al trabajador o trabajadora.
También se plantea que prevalecerán los convenios por empresa, o regionales, por sobre las nacionales, buscando así debilitar y fraccionar a la clase trabajadora.
Atacar a la organización sindical y las medidas de lucha
El proyecto limita al extremo el derecho a huelga, planteando que un conjunto de actividades (docentes, salud, transporte) serán consideradas “esenciales”, debiendo garantizarse un 75% de presencialidad en caso de una medida de fuerza. Y se agrega además otro rubro, llamado “actividades trascendentales”, donde se incluye prácticamente todo, hasta la hotelería y la gastronomía, en que se debe garantizar un 50%.
También se limita la realización de asambleas fuera y dentro de la planta, requiriéndose autorización expresa del empleador sobre el horario, duración y lugar de realización. Se señala además que no se percibirá salario durante el tiempo que se participe en dichas asambleas. Se reducen también los derechos de los delegados a la actividad gremial a apenas 10 horas mensuales.
¿Qué plantea la CGT?
Frente a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador, indigna la respuesta de la CGT. Después de meses de hacer silencio, colaborar con el gobierno sentando a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo, esperando que saliera un proyecto de reforma “liviano” que no tocara sus privilegios, la burocracia se encontró con que se está presentando la versión más ultraderechista y salvajemente pro-patronal elaborada por Sturzenegger, prácticamente un calco del DNU 70/23.
La conducción de la CGT recién ahora se da por enterada, realizando una tardía reunión. Su “estrategia” para enfrentar esta reforma parece un chiste. Trascendió que elaboraron un “semáforo” de partes del proyecto que estarían dispuestos a aceptar (luz verde) (básicamente el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones), otras en las que discreparían “con suavidad” (luz amarilla) como la reducción de indemnizaciones, y otras a las que se opondrían (luz roja) como la caída de la ultraactividad y la reducción de los aportes patronales.
Como “acciones” concretas proponen profundizar el diálogo con gobernadores y legisladores, insistir en sus contactos con lo que interpretan como el ala supuestamente “dialoguista” del gobierno (Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo “Lule” y Martín Menem”) y testear la vía judicial. Solo al final aparece, tibiamente, la “posibilidad en estudio” de un plan de lucha.
Hay que salir a enfrentarlo en las calles
Desde el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad tenemos un planteo contundente: hay que salir ya mismo a enfrentar este proyecto esclavista. Por eso nos movilizaremos el 18 de diciembre al Congreso. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo a la CGT la convocatoria a un paro general y un plan de lucha para derrotarlo. Tenemos que poner en marcha al conjunto del pueblo trabajador para, con la contundencia de la movilización masiva, tirar abajo esta reforma esclavista de Milei, las patronales y el FMI.
El FITU presentó un proyecto de ley alternativo a la propuesta de reforma laboral esclavista de Milei, las patronales y el FMI. Con la firma de Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Alejandro Vilca, el texto, en vez de quitar derechos, propone garantizarlos y ampliarlos para el conjunto del pueblo trabajador.
Comienza declarando la Emergencia Laboral Nacional y de la Promoción del Empleo Formal. Durante ese período, se deberá garantizar empleo estable, formal y con derechos. Para eso se derogaran todas las normas que hayan profundizado la precarización laboral, entre ellas el DNU 70/23 y todas sus disposiciones en materia laboral, así como las leyes y decretos de flexibilización dictados durante la última dictadura militar.
Se prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones, tanto en el sector público como en el privado. También se dispone el pase a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios y monotributistas.
El proyecto propone, además, la creación de un Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, para generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, creando más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Plantea además la puesta en marcha del Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, dirigido a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años.
Para financiar este proyecto se propone la creación de un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes. Estos fondos se incrementan con la suspensión de todo pago de la deuda externa. Los recursos obtenidos se destinarán a los gastos derivados de esta iniciativa.
El proyecto de ley establece, asimismo, una jornada laboral máxima de seis horas diarias o treinta semanales, sin reducción salarial.
También plantea un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales llevándolos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, por su parte, no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar publicada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE-Indec.
En relación con las jubilaciones, se exige la restitución de la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social eliminados por gobiernos anteriores. A su vez, se establece la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone que todos los fondos y sistemas previsionales sean administrados bajo control de jubilados y trabajadores, mediante comisiones de representantes electas democráticamente.
Para las y los trabajadores de plataformas digitales, se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. Se establecen derechos básicos, como la jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, la exigencia de la provisión por parte de las empresas de todos los elementos de trabajo, el derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, la cobertura previsional y el derecho a sindicalización reconocido por las empresas.
Finalmente, se prohíbe al Poder Ejecutivo interferir en la actividad de las organizaciones sindicales y en las formas de organización que elijan libremente las y los trabajadores. Tampoco se podrá regimentar el derecho de huelga ni la participación en la vida sindical.
El “Pollo” estuvo en TN este miércoles. Rebatió los falsos argumentos del diputado Martín Tetaz, el abogado patronal Julián de Diego y varias diputadas de Milei que sostenían que con la reforma laboral se busca más empleo registrado. “En los años ´90 y con la Banelco ocurrió todo lo contrario. Es una ley en beneficio de las empresas y contra la clase trabajadora. Muéstrenme un artículo favorable al trabajador, no lo hay”, señaló. Además, en nombre de Izquierda Socialista y A Luchar, convocó a marchar el próximo 18 de diciembre junto al sindicalismo combativo y la izquierda.
El pasado 5 de diciembre, en una sala colmada de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó la Audiencia Pública contra la reforma laboral esclavista, convocada por las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad a iniciativa de los diputados nacionales Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra, a su vez, las y los diputados nacionales Christian Castillo (PTS), Néstor Pitrola (PO), Vilma Ripoll (MST) y la flamante diputada por la provincia de Buenos Aires y delegada ferroviaria, Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista).
Giordano y De Mendieta llamaron a la mayor unidad para derrotar la reforma laboral, exigieron que la CGT rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro y plan de lucha nacional, y llamaron también a participar de la marcha que se prepara para el 18 de diciembre.
Estuvieron presentes importantes referentes nacionales del sindicalismo combativo y de distintos sectores en lucha, junto con delegaciones de numerosos lugares de trabajo, sindicatos, cuerpos de delegados y activistas, destacándose Rubén “Pollo” Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y dirigente de la Corriente Sindical A Luchar), acompañado por una importante delegación ferroviaria; Soledad Mosquera (flamante secretaria general del sindicato docente Ademys de CABA); y Pablo Almeida (delegado general de ATE Ministerio de Economía y miembro de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo, movimientos piqueteros independientes y jubiladas y jubilados en lucha), entre otras compañeras y compañeros.
Brindaron importantes testimonios el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Pesca y Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno; Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca; Jorgelina Matusevicius (Marabunta-Vientos de Cambio); Cristian Canay, trabajador de la fábrica ocupada Morvillo; Sergio Villalba, chofer de la línea 46; Laura Soria, trabajadora despedida del Ministerio de Capital Humano; Noemí, integrante de “Soy Garrahan”; Ana Valverde (Unidad de Trabajadores Jubiladas y Jubilados en Lucha); Ingrid Urrutia (ATE Incaa); Alberto Bertis (Jubilados Trabajadores Portuarios); Olga Ortigoza, concejala de La Matanza por Izquierda Socialista; y Mónica Méndez (Cicop y Salud en Marcha), entre otras valiosas exposiciones.
Al cierre, además de reivindicar la importancia de tener diputadas y diputados del Frente de Izquierda que impulsen iniciativas de esta magnitud, hubo coincidencia en que todas y todos salimos fortalecidos para llevar las conclusiones a los lugares de trabajo, a los barrios y a las instancias de coordinación de los distintos sectores en lucha. Se llamó a profundizar la pelea para derrotar la nefasta reforma laboral esclavista de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Felicitaciones a todas y todos por hacer posible esta importante convocatoria.
Diputado Juan Carlos Giordano
Diputada Mercedes De Mendieta
Sec. Gral. Unión Ferroviaria Oeste - Rubén "Pollo" Sobrero
Diputada Mónica Schlotthauer
Sec. Gral. de Ademys - Soledad Mosquera
Audiencia Completa