1. Aumento inmediato de salarios, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculada por las y los trabajadores de ATE Indec en 913.165 pesos (según la última actualización a fin de enero), ajustable mensualmente por inflación. Homologación automática de todas las paritarias, sin techo. Aumento de jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la Tercera Edad, calculado según la Defensoría del mismo nombre en 685.041 pesos. 82% móvil para todas las jubilaciones y pensiones.

2. Reincorporación inmediata de las y los despedidos. Pase a planta permanente de los contratados. Prohibición por ley de suspensiones y despidos y expropiación y puesta en funcionamiento bajo gestión de las y los trabajadores de toda empresa que viole esta disposición.

3. Suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa. Impuesto de emergencia a las grandes empresas y fortunas para financiar un plan de construcción de viviendas populares que genere inmediatamente millones de puestos de trabajo genuino.

4. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con  la especulación, la fuga de capitales y el contrabando.

5. Restitución, indexadas por inflación, de todas las partidas presupuestarias sociales, de salud y educación, recortadas por el gobierno de Milei.

6. Precios máximos a los artículos de la canasta familiar y aplicación de fuertes sanciones a los especuladores, que incluyan multas, clausuras e incluso la expropiación.

7. Reestatización de las empresas públicas privatizadas. En los casos de las de servicios públicos (luz, gas, agua, ferrocarriles) para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios, brindando servicios de calidad con tarifa social para quién la necesite. En los casos de las de recursos estratégicos no renovables (gas, petróleo) para, junto con la nacionalización de los yacimientos de minerales y litio, avanzar en un plan de desarrollo donde, respetando al ambiente y las comunidades locales, esos recursos puedan utilizarse estratégicamente, para terminar con el saqueo y la depredación.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En marzo se hizo el Congreso del PJ en medio de mucha crisis. Reapareció Cristina con un nuevo mensaje “contra el consignismo”. Pablo Moyano señaló que a los dirigentes del PJ les falta decisión para enfrentar a Milei y que hay que “reconstruir el PJ”. Miles de luchadores peronistas están enfrentando a Milei y otros lo quieren hacer y se preguntan con quién. ¿La salida pasa por reconfigurar el peronismo o hay que abandonarlo y cambiar por la izquierda?  
 
El peronismo salió derrotado de las elecciones y ahora está en la oposición patronal. ¿Hasta dónde se opone a Milei? Es cierto que hace críticas parciales al gobierno y votó en contra de la Ley Ómnibus en Diputados y el DNU en el Senado. ¿Pero con esto alcanza? Esto es lo que cuestiona su militancia, que se considera huérfana de su dirigencia.

También es cierto que la gran mayoría de los dirigentes de la CGT son peronistas, pero después del exitoso paro general del 24 de enero tras el cual cayó la Ley Ómnibus no convocó a otra medida, esperando que lo haga esta semana como se lo venimos exigiendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda para derrotar el plan motosierra de Milei.

“El peronismo está en la boludez de discutir liderazgos y la gente se hinchó las pelotas de nosotros”, dijo Malena Galmarini, ex titular de Aysa y esposa de Sergio Massa. “Con las mismas caras y diciendo lo mismo no se puede ganar una elección”, sostuvo preocupado en el Congreso del PJ el intendente de Echeverría, Fernando Gray, críticas que también se escucharon en boca de Berni y Rodríguez Saá. Pura pelea electoralista en vistas a 2025 y las presidenciales de 2027.

Repasemos qué hacen los principales referentes del gobierno anterior. Alberto Fernández fue removido de la presidencia del PJ y ahora está investigado por dos imputaciones por administración fraudulenta ante la trama corrupta por la contratación de seguros que montó en perjuicio del Estado. Alberto la pasa mal políticamente, pero no en lo personal: acaba de ser beneficiado con una pensión honorífica de siete millones de pesos mensuales (cobrará catorce millones de retroactivo). Por su parte, Sergio Massa sigue escribiendo su libro donde dice que revelará “nombres del verdadero poder”, el que no enfrentó cuando fue ministro. Y Cristina Kirchner, siguiendo su conducta de comentarista de la realidad, envió un audio a la militancia reunida en el plenario de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro de Morón, el partido de Martín Sabbatella (alineado con Máximo Kirchner), diciendo “Nuestra oposición no debe ser desde el dogmatismo y el consignismo.” ¿Qué quiere decir?
 
Cristina sigue con los guiños al gobierno

Cristina reitera sus “preocupaciones” por la situación del país (deuda externa y aumento de tarifas) y dice que esto “nos debe obligar a repensar estrategias y políticas sin dogmatismo ni consignismo”, recordando las treinta y tres páginas que publicó en febrero de este año. En ese momento ya había deslizado que el peronismo tiene que volver a dar discusiones que antes había clausurado, como la “actualización laboral”, es decir, abrirse a una reforma laboral. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que “podía apoyar iniciativas de Milei”, como el régimen de inversiones mineras y una reforma laboral (Clarín, 23/3). También Cristina habla de rediscutir la “calidad de la Educación Pública”. En este punto se conoce su postura de culpar a los paros docentes por la pérdida de clases o que la docencia trabaja “solo cuatro horas”.

También Cristina había propuesto para las empresas del Estado “una asociación pública y privada”, con el ejemplo de YPF, donde si bien el Estado se quedó con el 51% de las acciones, la petrolera cotiza en bolsa como cualquier privada y la primera que perforó Vaca Muerta fue Chevron, tras un pacto secreto en el gobierno de Cristina. A esto el kirchnerismo del Instituto Patria llama “pragmatismo”.

“Ella ve que algunas de nuestras consignas están agotadas”, dicen desde su entorno. En concreto, “hasta ahora la postura de CFK y La Cámpora ha sido más de repliegue y cautela, de dejar que la resistencia y la bronca comience por abajo. Una postura que tiene desanimada a parte de la militancia” (Página12, 7/4).
 
¿Kicillof no ajusta?

Pablo Moyano dijo de Kicillof: “Si Dios quiere se convertirá en el futuro presidente de la Nación; tiene muchas posibilidades de ser el nuevo conductor de la reconstrucción del peronismo” (BA12, 8/4). Elogió al gobernador como si no estuviera aplicando un ajuste. Por ejemplo, Kicillof prorrogó por decreto el Presupuesto 2023 congelando las partidas en Educación, Salud y Vivienda. Dio un aumento del 13,5% a la docencia (avalado por los dirigentes sindicales peronistas) con lo cual un preceptor pasará a cobrar 332,640 pesos, un maestro de grado con un turno 394.081 y con más de veinticuatro años de antigüedad 539.032, todo por debajo de la línea de pobreza que alcanzó los 685.000 pesos sin contar el alquiler. Además, Kicillof sigue sin hacerse cargo del Fonid recortado por Milei, rebaja también aceptada por los sindicatos docentes. Ni qué hablar de la situación desesperante que hay en los barrios populares del conurbano o los faltantes en los hospitales públicos, lo mismo que se sufre en otras gobernaciones peronistas.

Pablo Moyano, igual que Grabois y distintos referentes peronistas, llaman a “reconstruir el peronismo”. Pero el PJ está demostrando que no está jugado a derrotar el ajustazo de Milei, quiere la reforma laboral y solo piensa en las elecciones del año que viene. Además, el peronismo ya gobernó durante los últimos cuatro años (veintiocho desde 1983) dejando un 45% de pobreza tras el pacto que selló con el FMI. Con el peronismo no hay salida, por eso te llamamos a sumarte a Izquierda Socialista y a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mariano Barba

En medio de una pronunciada recesión y luchas crecientes por salarios y contra los despidos, el gobierno ultraderechista debate con los partidos de la oposición patronal una nueva Ley Ómnibus, más acotada que la anterior, pero con el mismo objetivo. Busca aliados para que pase el ajustazo, pero la crisis política al interior del radicalismo, de PRO, del peronismo y las idas y venidas en las propias filas del gobierno, obligan a negociar y renegociar para que se avance en esa nueva ley.

Hasta ahora el gobierno cuenta dos importantes derrotas políticas en cuanto a leyes logradas. A dos meses de gobierno cayó la primera Ley Ómnibus, tras el paro general de la CGT, y el Senado rechazó el DNU 70/2023. Luego siguieron dichos cruzados entre el ultraderechista Milei y varios de los gobernadores. La crisis ha hecho que hasta las multinacionales restrinjan inversiones en el país.

Para revertir su debilidad, el gobierno nacional realiza reuniones con gobernadores y diputados de la “oposición patronal dialoguista” buscando superar el estancamiento y lograr una nueva Ley a cambio de aumentar el ingreso de los gobiernos provinciales a través de un cambio en el Impuesto a las Ganancias. Tras la cita con gobernadores de Juntos por el Cambio, el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora destacó que “la nueva Ley Ómnibus no tiene nada que ver con la anterior, lo mismo el nuevo paquete fiscal […] hay que apoyarlos para darle instrumentos al presidente”. En forma similar se pronunció el radical Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé: “Vamos a apoyar la Ley Ómnibus pero queremos discutir las particularidades”.

El lunes 8, luego de reunirse con el ministro Guillermo Francos, diputados de Hacemos Coalición Federal encabezados por Miguel Pichetto declararon apoyar la Ley y pidieron “que se trate la modernización laboral y se fije un nuevo piso para el impuesto a las ganancias”.

Prometen más motosierra

En estas reuniones Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, buscan los votos necesarios en las cámaras para que salga la Ley; prometen a los gobernadores, un paquete fiscal reinstalando el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, cuyo piso estará en 1,8 millones de pesos, que luego coparticiparán a las provincias. También prometen que les van a reponer la actualización de los fondos previsionales que les habían congelado a trece provincias la semana anterior. Y que realizarán un blanqueo de capitales, una moratoria y un nuevo régimen para grandes inversiones.

Además de una reforma laboral, todavía no definida. Y, como el ajuste es brutal, el gobierno también tiene roces con el campo quienes esperan algún beneficio en esta Ley. O sea, que con esta nueva Ley Ómnibus ganan el gobierno, los gobernadores y los empresarios y se profundizará todavía más el ajuste que ya aplican con motosierra en la Nación y en cada provincia.

Hay que enfrentar el ajuste en todas sus formas (leyes, DNUs y resoluciones que lo sustentan) sin ninguna especulación. A diferencia del rol que está cumpliendo la dirección del peronismo, tenemos que oponer al plan motosierra un plan económico alternativo, obrero y popular que termine con el feroz ajuste, empezando por no pagar la deuda externa y romper con el FMI.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente Cicop, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los aumentos de las cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga han sido siderales e indiscriminados. En cuatro meses superan el 150%, tiempo en que los tribunales se inundaron de amparos por parte de familias que no pueden pagar más las cuotas, que van desde 250 mil pesos a 700 mil según el grupo familiar.

El ministro Caputo salió a decir que las prepagas “le declararon la guerra a la clase media” y Milei que “se les fue la mano, aunque no con mala intención”. Caraduras. Este gobierno es quien les posibilitó bajo la famosa “libertad de precios” y a través del DNU 70/23 se eliminó todo tipo de regulación.

El gobierno dice que las prepagas no entienden el “cambio cultural”. ¿Cuál sería? El de aplicar la competencia. Una ridiculez completa, ya que el negocio de las prepagas está controlado por unas pocas empresas que se pusieron de acuerdo al unísono en aumentar las cuotas en porcentajes similares.  

Diez de las empresas prepagas concentran el 83% de los afiliados a las mismas, siendo las primeras OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor, Omint, entre otras, como Medifé, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano y Jerárquicos Salud.

Los empresarios de las prepagas son mercaderes de la salud. En todos estos años se vinieron beneficiando ante el desastre del hospital público. Con pacientes que aun pagando altas cuotas mensuales tienen que a su vez abonar consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos; co-pagos a profesionales y centros por consultas y prácticas; parte del precio de los medicamentos, y otros rubros.

Estos empresarios dicen que están en una situación de “extrema gravedad” y que por ello no les queda otra que aumentar. Que fueron sometidas durante años a un desfinanciamiento y que “no son formadores de precios”. Una mentira total. Ahora aumentan sideralmente y bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron beneficiados con exenciones impositivas y del pago de contribuciones patronales, por ejemplo. Además, son las patronales que tienen a sus trabajadoras y trabajadores con salarios miserables y jornadas de pluriempleo.

El negocio de la salud entre 1990 y 2015 tuvo una rentabilidad del 13% anual, superando al negocio financiero y a la industria petrolera. Un sector privilegiado que crea una gran desigualdad, ya que cubre solamente a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud, el mismo porcentaje que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos sumamos al repudio a los aumentazos de las prepagas y llamamos a luchar para que se retrotraigan. Como la salud no debe ser un negocio privado capitalista, postulamos un sistema nacional único de salud, estatal, igualitario y de excelencia para todas y todos, con atención y remedios gratuitos, financiado con fondos que se van a la deuda externa y al FMI, controlado por trabajadores y profesionales del sistema, organizaciones de usuarios y vecinales.
 
 


 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 232.996 casos, 161 pacientes fallecidos y 19 provincias invadidas, estamos viviendo la epidemia de dengue más severa de toda la historia argentina. En la última semana de marzo, ocurrieron algo más de la quinta parte de todos los casos y la quinta parte de todas las muertes. Para combatirla hay dos estrategias simultáneas: una es protegerse del mosquito ya sea mediante repelentes como también mosquiteros y tules; la otra es la vacuna, que tiene consenso científico para aplicarla entre los cuatro y sesenta años de edad en grupos y zonas de riesgo. Ninguna de estas dos estrategias es impulsada por el ultraderechista gobierno de Milei a pesar de la gravedad del brote.

Un ministro de salud que no se ocupa de la salud

Después de semanas de silencio habló el ministro de Salud Mario Russo. No lo hizo desde la cadena nacional para dirigirse a toda la población, llevando tranquilidad y mostrando la acción del gobierno. Por el contrario, eligió charlar con un periodista amigo y mostró cual es la política de salud del gobierno libertario: “no habrá acción del gobierno nacional, de la epidemia deben encargarse las provincias; no se proporcionará la vacuna porque no está probada; habrá abundancia de repelentes porque se liberó la importación y, además, se pueden comprar por Amazon y otras plataformas de venta puerta a puerta”. El colmo del caradura. ¡Que el pueblo trabajador y sectores populares que no llegan a fin de mes compren repelentes y espirales a valor dólar tarjeta! Con todo cinismo, el ministro remató sus declaraciones diciendo que el ministerio: “no es un supermercado al que se le piden cosas” por lo cual que nadie espere del gobierno nacional medios para enfrentar la epidemia.

Movilizarse para arrancar al gobierno ultraderechista las medidas necesarias

El mercado de los repelentes está controlado en un 80% por la multinacional SC Johnson y el resto por empresas locales. En el país hay cuarenta laboratorios estatales de medicamentos algunos de los cuales ya están fabricando repelentes, pero en cantidad insuficiente para la situación. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad planteamos que el gobierno nacional debe intervenir la multinacional Johnson y las otras empresas del ramo y ponerlas a producir repelentes para que -trabajando en red con la producción estatal (que debe ser incrementada)- se pueda proveer gratuitamente a escuelas, hospitales y familias sin necesidad de importar.

Apoyamos todos los justos reclamos que numerosas organizaciones populares y de trabajadores están llevando adelante, especialmente la provisión gratuita de vacunas y elementos de protección por parte del Estado. Llamamos a movilizarnos para obligar tanto a este gobierno nacional ultraderechista, como así también a gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, a que tomen estas medidas que la defensa de la salud del pueblo trabajador requiere y para que los fondos destinados a la deuda externa vayan a la lucha contra la epidemia.