Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza y candidata a diputada provincial, Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Sin dudas, el video de una profesora exaltada polemizando con sus alumnos sobre la política de los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto da muchos temas para analizar. Como la docente defendía a su gobierno y a Cristina, Alberto Fernández lo pudo considerar “un sano debate que abre la cabeza de los alumnos”. Pero los docentes sabemos que ella tuvo una actitud antipedagógica, que no fue “un sano debate” como los que tenemos regularmente con nuestros alumnos. El video muestra un estado de saturación y desborde emocional de la docente como el que sufrimos miles en todo el país. Antes de la pandemia el estrés laboral en el gremio docente era el más alto entre los trabajadores, obligados a trabajar dos y tres turnos, en muchas escuelas, corriendo de un lado para otro, con aulas superpobladas y escuelas en pésimo estado y sin los materiales didácticos necesarios. Esto se potenció con la pandemia, trabajando sin límites horarios y de manera virtual y presencial. Todo con salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Quién puede sostener esto?

Al contrario, los sinvergüenzas de Juntos por el Cambio Vidal, Finocchiaro y Acuña salieron en coro a denunciar que los docentes “adoctrinamos” y que hay que terminar con eso. ¡Caraduras! Son los mismos que apoyaron a Macri cuando, aprovechando el acto de la jura de la bandera con miles de niños de 4° grado en Rosario, les hizo gritar a coro “¡sí se puede!”, la consigna del macrismo. Y frente a alumnos de primaria dedicó un discurso contra el sindicato de camioneros, “la mafia de los Moyano”, les dijo. Y Acuña y Finocchiaro no dudaron en utilizar alumnos y escuelas públicas para hacer sus spots de campaña y actos proselitistas. Todos ellos defienden a sus próceres genocidas contra los pueblos originarios, como Roca, Avellaneda y la “campaña del desierto”. Eso es adoctrinar.

Los docentes reivindicamos el intercambio de opiniones con nuestros alumnos, respetuosamente, para incentivarlos a cuestionar todos los “discursos oficiales” de la historia y del presente y para que investiguen. Rechazamos los discursos únicos y hegemónicos. Y repudiamos a aquellos que se rasgan las vestiduras hipócritamente con ataques o falsas defensas a la docencia pero se niegan a invertir en salarios, edificios y presupuesto para la escuela pública mientras subsidian el negocio de la educación privada y usan el dinero para pagar la deuda externa. Por eso, para defender a la escuela pública en las elecciones, llamamos a votar al FIT Unidad lista 1A.
 

La decisión del gobierno nacional de regresar a la presencialidad en medio del pico de muertes por pandemia, está mostrando sus facetas más trágicas. Los gobernadores de casi todas las provincias intentan implementarlo de cualquier manera. Hay muertes cotidianas por Covid-19 de docentes y trabajadores de la educación que nos enlutan e indignan.

En los medios no dejan de reivindicar la importancia de la supuesta “educación presencial”, pero las imágenes de niños y docentes congelados de frío, cubiertos con mantas, sin calefacción, con ventanas abiertas, muestran la brutal hipocresía de los gobernantes. Eso no es “educación”, es maltrato. Nadie puede aprender con el frío y el hambre que están pasando la mayoría de los alumnos.

Además, los salarios docentes están por debajo de la pobreza, mientras la inflación no para. La bronca obliga a algunos gobernadores a citar a gremios para hacer “una evaluación salarial”. ¿Qué hay que evaluar? ¡Exigimos reapertura de paritarias e inmediato aumento al básico ya! Basta que Ctera y los gremios provinciales pacten a espaldas de los docentes. Les reclamamos asambleas para votar un plan de lucha nacional.

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta del Suteba La Matanza

La semana pasada, la más fría del año, el gobernador bonaerense decidió seguir convocando a la docencia y los estudiantes a clases presenciales. Además, con escuelas en pésimo estado, sin gas ni buenas condiciones de infraestructura. Esto fue repudiado por las conducciones multicolores de la provincia.

Buenos Aires no es la única. Además de la CABA de Larreta, de Cambiemos, siguen sufriendo esta política criminal la docencia y la comunidad de la provincia de Córdoba bajo el gobierno peronista de Schiaretti. Y varias más. En Neuquén, el gobernador del MPN, Gutiérrez, “anunció” que se retomaba la presencialidad, pero las escuelas siguieron vacías porque no había condiciones edilicias ni sanitarias para volver.

Reproduzco aquí parte de la declaración que aprobamos en Suteba La Matanza, que ratifica nuestra postura de parar contra esta política irresponsable de Kicillof, del gobierno nacional y de numerosos gobernadores.

“Los números de la pandemia en Argentina indican que la situación está lejos de normalizarse como el gobierno pretende presentar: 4.300.000 contagios que nos colocan 12° a nivel mundial, 89.043 fallecidos (8°), la mitad de los fallecidos (45.000) son de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra solamente el 38% de la población. Los contagios ascienden a 1.800.000. Datos que nos ubican lejos de la ‘normalidad’ para imponer una presencialidad sin condiciones, como pretende Kicillof, con el acuerdo especialmente de la conducción celeste del Suteba de Baradel.

La falta de condiciones fue evidenciada por la enorme cantidad de escuelas que no podían iniciar las clases por la falta de calefacción o de condiciones generales de infraestructura.

La lenta vacunación en la docencia, donde recién el 45% de las docentes están siendo citadas para recibir la primera dosis.

Desde los Suteba Multicolor rechazamos el regreso apresurado a la presencialidad. Antes deben bajar efectivamente la circulación del virus y los contagios, se tiene que completar la vacunación de docentes y auxiliares y avanzar seriamente en la vacunación del conjunto de la población.

Kicillof debe aumentar el presupuesto y realizar todas las reparaciones y obras de infraestructura necesarias. Y tiene que pasar el momento de peores condiciones climáticas. Mientras, es necesario que garantice conectividad y dispositivos gratuitos para estudiantes y docentes, se desdoblen los cursos superpoblados y se nombre todo el personal docente faltante para terminar con la sobrecarga laboral y dar una salida a la creciente desocupación docente. Cientos de miles de alumnos y sus familias están en creciente pobreza, es urgente la restitución del IFE al valor de la canasta básica. La inflación hace estragos con nuestro poder adquisitivo y es urgente la reapertura de la paritaria salarial”.

Por eso hemos resuelto continuar enfrentando la presencialidad sin condiciones y seguir adelante con nuestro plan de lucha por el conjunto de demandas.

Además de asambleas entre docentes y familias, estamos realizando relevamientos por escuelas con fotos, videos, petitorios que muestren y denuncien la realidad de las escuelas bonaerenses. Continuamos con la suspensión de clases presenciales y la retención de servicios presenciales.

Llamamos a toda la docencia a organizarse y a exigirles a Kicillof, a Fernández y a cada gobernador donde corresponda, que dejen de jugar con la salud y la vida de docentes y familias por especulaciones electorales y por negarse a invertir lo necesario para que pueda haber una educación virtual coherente y masiva. Que inviertan en infraestructura escolar para poder volver a escuelas dignas. Que garanticen aumento salarial y nombramientos. También llamamos a reclamar a los dirigentes de Suteba, Ctera y los gremios provinciales a que dejen de apoyar todo este ajuste en educación y esta política sanitaria irresponsable y llamen a asambleas y a una medida de fuerza nacional.

Escribe Noe Agüero, delegada docente y legisladora electa Izquierda Socialista/FIT Unidad en Córdoba

Córdoba se transformó en las últimas semanas en la provincia, luego del AMBA, con mayor cantidad de contagios, al punto que este martes batió un récord de 5.132 casos. En mayo se duplicó la tasa de incidencia y el sistema sanitario se encuentra casi en su totalidad colapsado. Las principales clínicas privadas y hospitales públicos están entre el 95 y el 100% de las camas ocupadas. Y se espera para estos días un salto en contagios y muertes. Sólo un 6% está vacunado con las dos dosis y un 21% con una.
Con este panorama, y luego de adherir a las restricciones de la semana pasada, el gobierno peronista de Schiaretti lanzó nuevamente la presencialidad en casi todo el sistema educativo. La misma política criminal que aplican los gobiernos de Cambiemos de Larreta en CABA y Suárez en Mendoza. Mientras más necesaria es la reducción de la circulación, más peligros de contagios y colapso sanitario, estos gobernadores exponen a millones de familias trabajadoras, entre las que estamos la docencia.

En Córdoba, la burocracia de UEPC encabezada por Monserrat, hace “recomendaciones” a las familias, que no envíen los chicos, en lugar de tomar el camino que en CABA impulsó Ademys, los Suteba Multicolores o SUTE en Mendoza, con paros y otras medidas. El domingo, ante el creciente desconcierto y bronca de la docencia y familias, sin realizar ninguna asamblea, UEPC sacó un formulario para que quienes quieran, de forma individual, informe a los directivos que no se presentarán. Grahovac, ministro de educación, anunció que esa nota no tiene ninguna legalidad y que se considerarán faltas injustificadas, con sanciones.

Desde Docentes en Marcha y diferentes sectores de la oposición venimos desarrollando asambleas autoconvocadas, plenarios de coordinación y este lunes realizamos una importante caravana en Córdoba capital y otras localidades. Exigimos al gobierno provincial la suspensión de la presencialidad, vacunación masiva, conectividad y computadoras. Y al gremio, que convoque a asambleas escolares para votar un plan de lucha ya.

Ante la enorme preocupación social, el ministro de salud Cardozo alertó que, de seguir estas cifras, se podría ir a la suspensión de la presencialidad y la vuelta a fase uno. Los gobiernos de Cambiemos y el peronismo cordobés muestran su política criminal. El gobierno de Fernández y Trotta, más allá de declamar una restricción educativa mayor, no toman ninguna resolución, ni invierten en conectividad ni en ayuda social. Y, fundamentalmente, se niegan a resolver la escasez de vacunas, incautando las millones que fabrica Sigman en nuestro país y se van a Estados Unidos. Lejos de cuidar la salud y la vida, priorizan las ganancias de los grandes empresarios.
La burocracia de Ctera debe abandonar su pacto con el gobierno y llamar a un paro nacional por la virtualidad, conectividad, vacunas y salarios.
 

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, CABA

Está claro que, lamentablemente, Larreta y su ministra de Educación Acuña han tomado a la docencia y a la escuela pública porteña como uno de sus principales blancos de ataque. Escondidos detrás de un discurso sobre su preocupación por la educación (“primero la escuela”), los hechos son tan contundentes que desnudan abiertamente una realidad opuesta.

En estos diez últimos años el gobierno de Cambiemos ha avanzado en la privatización del sistema educativo al punto de que CABA tiene más porcentaje de alumnos en matrícula privada que Chile, país emblema mundial en la lucha social por el derecho a la educación pública.

Larreta impuso un sistema de inscripción online que deja a decenas de miles de alumnos sin matrícula ni opciones de reclamo, en la disyuntiva de quedar sin escuela o pagar en las privadas.

Con Acuña intentaron cerrar escuelas nocturnas y profesorados, atacaron la transparencia en el nombramiento para los cargos docentes disolviendo las juntas de clasificación, privatizaron la formación y capacitación docentes, todos los servicios educativos (desde la limpieza, hasta los comedores escolares, etcétera). Estos datos son contundentes para demostrar que lo que Cambiemos entiende por “prioridad educativa” es “prioricemos los negocios con la educación”.

En 2019 Acuña quedó al descubierto en un zoom donde decía que la docencia porteña era ignorante, pobre, sin capacidad de viajar y ofrecer cultura a estudiantes, que estaba controlada por la izquierda y otras barbaridades que, en cualquier lugar del mundo, habrían implicado su renuncia inmediata. Larreta la bancó.

En plena pandemia, Larreta y Acuña han tomado la falsa bandera de “defender la educación”, contraria a la “educación virtual”, medida elemental para evitar contagios y muertes por Covid. Han obligado a docentes, estudiantes y familias a presentarse en plena pandemia, contagiarse, contagiar y convivir cotidianamente con el peligro de la muerte. Como resultado de esta política ya han fallecido dieciséis docentes y auxiliares, la CABA tiene el mayor índice de mortalidad del país. Los datos son contundentes, como lo venimos denunciando desde Ademys, Docentes en Marcha e Izquierda Socialista. Los especialistas nos han dado la razón de la gravedad extrema de potenciar el contagio con la circulación social que implican las clases presenciales. Se lo hemos exigido a Larreta y al gobierno de Fernández también.

Fernández y todos los gobernadores debieron suspender la presencialidad. ¡Pero Larreta y Acuña, en vez de pedir disculpas y autocriticarse, decidieron dejar directamente sin clases a todos los alumnos porteños! ¡Se niegan a que, como en el resto del país, reciban clases virtuales!

Muchas escuelas, desoyendo a Acuña, ya estaban dando gran parte de sus clases de manera virtual, casi todo el sistema secundario. ¡Ahora hasta eso prohíben!

Larreta prefiere dejar sin clases a miles de estudiantes antes de desnudar que no han invertido nada en entrega de computadoras y en conectividad gratuita para estudiantes y docentes. ¡Y tampoco garantiza la entrega de alimentos cuando el hambre arrecia entre las familias de nuestros alumnos!

¿Qué hará Larreta si, como consideran tanto docentes como familias, el pase a virtualidad educativa sigue siendo una imperiosa necesidad? ¿Nos dejará sin educación lo que resta del año sosteniendo la presencialidad o la nada?

Exigimos al gobierno de Larreta el pase a la educación virtual y que se garanticen equipos y conectividad para docentes y estudiantes. Que se garanticen las canastas de alimentos para todas las familias. Y le exigimos al gobierno nacional la incautación de las vacunas de Garín para garantizar la vacunación para toda la población, única solución de fondo para el sistema educativo y la pandemia.