La ley que se votó el jueves 22 de agosto en la Legislatura de la Ciudad, presentado por el acuerdo de las fuerzas que componen Vamos Juntos en la Ciudad (PRO, radicales, Coalición Cívica y Socialistas de Cortina) para prorrogar la Emergencia social, ambiental y urbanística de la Cuenca Matanza Riachuelo por 5 años más, es un nuevo cheque en blanco a la falta de cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) por parte del gobierno nacional, de la capital y de la Provincia de Bs As. Hablamos del mayor problema ambiental de la Ciudad de Buenos Aires , que afecta a 17 jurisdicciones diferentes, 20.000 industrias y a más de 4 millones de personas. Según estudios ambientalistas, uno de los 10 centros más contaminados del mundo.

Después de 11 años del fallo de la Corte Suprema que impuso al estado de la nación la obligación de cumplimiento  del Plan de Saneamiento de la Cuenca, de préstamos de más 1.000 millones de dólares con bancos internacionales o de 3.500 millones de inversión según otras fuentes, el problema no se ha resuelto. En cambio la nueva ley otorga 5 años más de prórroga para el cumplimiento de los compromisos sin que se haya presentado el informe por parte de la Autoridad de la Cuenca, ACUMAR, que anualmente se debía presentar a la Legislatura de la Ciudad, y que pasó al mes de abril del próximo años, 8 meses más tarde.

Recolectando datos no oficiales y algunos que se desprenden del informe de ACUMAR a la corte en el 2018, nuestro bloque denunció que la relocalización de las 2.384 familias de CaBA que vivían en las márgenes del río y que debía concluir a fines del 2017 según el Convenio Marco por censo del 2011, no se cumplió. Faltan relocalizar 916 familias y aun las soluciones habitacionales que ya se otorgaron presentan problemas de construcción.

Así mismo señalamos que no se ha concluido la readecuación de parte de las empresas que emiten residuos contaminantes. El Dock Sur no ha resuelto la reconversión de la totalidad de las empresas radicadas, y subsiste el problema sanitario de su población, especialmente infantil, con altos porcentajes de plomo en sangre. Si bien se ha despejado de basura los márgenes del río, aún no se ha terminado el de los afluentes, por ejemplo el Cildañez, que sigue con alta contaminación.

Un capítulo siempre ignorado es el de las personas que trabajan en la recolección de basura que el informe de ACUMAR reconoce en número de 1.250 para ambas márgenes, bajo convenio con cooperativas de trabajo. Si bien no podemos afirmar el número preciso, hemos recibido el reclamo de su precariedad de laboral. Se trata de convenios que otorgan subsidios de 6.000$ por persona a cargo del estado nacional y 7.000$ no actualizados desde hace dos años por parte de ACUMAR. En total 13.000$ para un trabajo altamente insalubre, sin cobertura sanitaria. Las Cooperativas reclaman recibir un salario acorde a la canasta familiar, que sin computar gastos de alquiler la Dirección de Estadísticas de la Ciudad reconocía antes de la devaluación en 30.000$. A su vez reivindican su derecho al pase a planta permanente ya que el propio ACUMAR reconoce que su labor será continua.

Esta ley que prorroga la falta de compromisos con las cuestiones ambientales con la premura que se requiere, se da al mismo tiempo en que asistimos azorados a la quema después de 17 días del pulmón de la humanidad, la selva del Amazonas, sin que el gobierno de Bolsonaro, ni el de Macri a nivel continental dispusieran medidas de emergencia para controlarlo. La avaricia capitalista que descuida el ambiente pone en peligro no solo la calidad de vida sino la sobrevivencia misma de la especie humana. El control de la economía, con fines sociales y no de ganancia individual de cada capitalista, es la tarea histórica urgente que los socialistas planteamos.

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