Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos años del rechazo del Senado a la interrupción legal del embarazo, seguimos exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para 2021 con la excusa del Covid-19. “Si no hubiéramos tenido la pandemia se iba a debatir este año”, explicó el funcionario al diario Perfil en una nota del 11 de agosto. El día anterior, Infobae tituló “Los motivos por los cuales el presidente no enviará el proyecto de ley de aborto legal al Congreso este año” y en esa nota, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo: “Estamos con 7.500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Estas declaraciones se suman a las del presidente, quien ya había expresado que tenía otras urgencias.

No es cierto lo que dicen lxs funcionarixs, que si se legaliza el aborto se presiona aún más al sistema de salud. Es al revés de lo que dice Vilma Ibarra, porque la presión sobre el sistema de salud se está produciendo ahora por la clandestinidad, ya que son las complicaciones de los abortos inseguros las que ocupan unas 53.000 camas al año. Están ocultando que existen tratamientos ambulatorios con medicamentos para interrumpir los embarazos que no requieren de la ocupación de camas. Si el aborto fuera legal se podrían hacer los acompañamientos y las consultas en las áreas de ginecología u obstetricia sin ningún tipo de dificultad.

Ya está todo discutido

En la nota de Infobae se explica que la razón por la que acordaron postergar el debate es porque el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, están solo dedicados a la pandemia y no podrían sumarse al debate del aborto en este contexto. Pero recordemos que en 2018 hubo más de setecientos expositores en el Congreso, entre los que participó el actual ministro de Salud. Aquello duró meses, fue seguido por miles cada martes y jueves por las redes y medios de comunicación antes de la votación final. Y ese mismo debate se ganó con multitudes en las calles, logrando la despenalización social. Luego de la media sanción en Diputados, las cúpulas eclesiásticas y los sectores antiderechos acordaron con todos los partidos patronales, es decir PRO, los radicales y los peronistas para que finalmente no salga la ley. Por lo tanto, no faltó debate sino voluntad política para terminar con la clandestinidad del aborto.

Por otro lado, no debería sorprendernos que la decisión gubernamental de no tratar la legalización del aborto se dé luego de los agradecimientos públicos que Alberto Fernández hizo al papa Francisco por su acompañamiento y apoyo al acuerdo logrado con los bonistas en el pago de la deuda externa. Denunciamos ese acuerdo miserable de entrega de nuestros recursos porque cada peso que se va al pago de la deuda no se queda en el país para mejorar el sistema de salud ni para combatir la violencia de género, que sí son urgentes.

Basta de dilatar, que se apruebe el proyecto de la campaña

Hasta el momento, el único proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde, este es nuestro proyecto, el que está en las calles y que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Así lo expresamos el pasado 8A con el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso, a dos años del voto negativo del Senado. En una acción callejera, unitaria y con todos con los cuidados necesarios de distanciamiento social, exigimos a lxs legisladorxs que se apruebe el proyecto de la campaña y así tener #AbortoLegal2020.

El sábado 08 de Agosto a las 11 hs se concentrarán las agrupaciones conglomeradas en el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso para realizar un pañuelazo verde, a dos años de que el senado vetara la ley por el aborto legal seguro y gratuito. De la misma participarán distintas referentes del movimiento de mujeres y la izquierda, entre ellas Mercedes Trimarchi, diputada provincial (M.C) de Izquierda Socialista en el FIT-U y Mercedes de Mendietta, legisladora electa CABA por Izquierda Socialista en el FIT-U. Ambas parte de la campaña nacional por el derecho al aborto.

Mercedes Trimarchi, señaló: “A dos años del #8A donde los dinosaurios del senado del PRO, la UCR y el peronismo mantuvieron su pacto con las iglesias y votaron por el aborto clandestino. Nosotras seguimos peleando porque el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sea ley”.

Trimarchi finalizó: “Mientras el presidente Alberto Fernández dice que el aborto no es prioridad, la pandemia del COVID 19 y las medidas de aislamiento social obligatorio profundizan los problemas de las mujeres y disidencias. No hay tiempos para dilaciones ¡Nuestras vidas no pueden esperar!”.

Contacto:

Mercedes Trimarchi: 1159561007 @mercedestrimar

Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Extracto de la intervención de Mercedes Trimarchi, diputada provincial (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad y dirigenta de Isadora, sección argentina de la UIT-CI, en el “Plenario general de la conferencia”.

Somos parte de las luchas contra los planes de ajuste que todos los gobiernos aplican, con la excusa de la pandemia, para descargar la crisis sobre la clase trabajadora. La reforma previsional, los despidos y la precarización laboral, que nos afectan más a las mujeres, travestis, trans, no binarias y a la juventud en todo el mundo.

Desde 2015 estamos atravesando la cuarta ola de luchas feministas, que es global y que hace temblar la Tierra con las movilizaciones y los paros internacionales cada 8 de marzo contra la violencia de género.

Fue equivocada la política del PO, que durante quince años se negó a integrar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una campaña que surgió de los encuentros nacionales de mujeres.  

Quiero resaltar la importancia de la coordinación entre las organizaciones feministas y socialistas en la disputa contra la cooptación del movimiento por los gobiernos de doble discurso, que usan el fantasma de la derecha (avance de los evangélicos, la Iglesia Católica) para frenar nuestros reclamos y sacarnos de las calles.

Solo confiamos en la fuerza de la movilización independiente de los gobiernos para conquistar nuestros derechos, poder decidir sobre nuestro cuerpo, ganar el mismo salario por la misma tarea, que paren de matarnos al grito de Ni Una Menos.

Esta lucha cotidiana no elude la pelea más estratégica de nuestra organización internacionalista y revolucionaria. Buscamos unir la lucha antipatriarcal a la lucha anticapitalista, para que ambos sistemas caigan juntos. Vamos por una sociedad socialista en la que no haya lugar para la explotación ni la opresión.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista en el FIT Unidad

En 2018 senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos juntaron los treinta y ocho votos necesarios para impedir el derecho al aborto en nuestro país en acuerdo con las iglesias. Así, le dieron la espalda al reclamo de millones que nos encontrábamos en las calles exigiendo el fin de la clandestinidad. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando #AbortoLegalYa.

Luego de que la #MareaVerde impuso la despenalización social del aborto, ganara las calles y el debate, el gobierno, junto a los partidos patronales y las iglesias, se unieron en una cruzada contra las mujeres y disidencias para que no saliera la ley. Con la votación desfavorable, y a pesar de las lágrimas de muchas, no nos fuimos derrotadas aquella madrugada del 9 de agosto. Bajo la lluvia, levantamos una vez más nuestro pañuelo verde y nos juramos seguir peleando por nuestro derecho a decidir al grito de “va a ser ley”, y en menos de un mes y medio, el 28S, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, estábamos en la Plaza de Mayo cantando “aborto legal en el hospital”.  

En 2019, por octava vez, volvimos a presentar con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto el proyecto de ley. Pero esta vez los partidos patronales establecieron que, como era año electoral, no “convenía” hablar de aborto porque les “restaba” votos y decidieron que no se trate en el recinto. 

Pero por más que intenten ocultar el tema, en la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública. Por eso, el Frente de Izquierda Unidad es la única alianza electoral que en el Congreso y en las calles levanta la bandera del aborto legal, seguro y gratuito.

Llegamos a 2020 sin aborto legal, pero Alberto Fernández tuvo que reconocer en la asamblea legislativa del 1º de marzo que era necesario despenalizarlo y fue allí donde se comprometió a tratarlo. Él dijo que enviaría un proyecto propio y distinto del elaborado por el movimiento de mujeres nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, hasta el momento no solo no lo dio a conocer, sino que se excusa con el argumento de la pandemia. Dice que hay otras urgencias ahora y que no se tratará en el corto plazo. Parece que, para el presidente, las secuelas por abortos inseguros y la muerte de las mujeres pobres por esa causa no son algo urgente.

Que se apruebe el proyecto de la #MareaVerde

El proyecto de ley de la campaña fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En el texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir, que se podría votar ahora si existiera la voluntad política de hacerlo. Pero los bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Cambiemos se niegan.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la consideramos un espacio muy valioso de coordinación federal. Es más, por ser heterogéneo y reunir más de setecientas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, ha logrado en sus quince años mantenerse independiente de los gobiernos de turno, y ahí están su fortaleza y su potencia. Por eso, con la fuerza que hemos construido en tantos años, hoy más que nunca tenemos que mantener viva a la campaña y a la ofensiva para que se discuta nuestro proyecto. No es tiempo de tener paciencia, como pretenden las organizaciones políticas que integran el Frente de Todos. Entendemos las expectativas que hay en el proyecto de ley que presentará Alberto Fernández, pero la realidad es que nadie conoce su redacción y que el único proyecto que existe con estado parlamentario es el de la campaña, que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Ese es nuestro proyecto y debemos defenderlo frente a cualquier otro negociado a nuestras espaldas y que no contenga nuestras demandas. Tenemos que apostar a la movilización feminista independiente de los gobiernos de turno, esa es nuestra única garantía para conquistar nuestros derechos. Tal como nos lo prometimos hace dos años, cuando dijimos que el aborto va a ser ley. ¡Que se vote el proyecto de la campaña, queremos #AbortoLegal2020!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El proyecto de ley para regular el teletrabajo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado con media sanción, con el apoyo de peronistas kirchneristas y macristas, es un nuevo ataque a nuestros derechos como clase trabajadora y, en especial, contra las mujeres.

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) muchas trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, continuamos con nuestro trabajo pero desde nuestras casas. Es verdad que de esta manera se evitaron muchos contagios, no solo en los lugares de trabajo sino también en el transporte público. Pero esta situación excepcional por la pandemia no debe institucionalizarse, como pretende esta ley, cuando termine la cuarentena, porque implicará un retroceso en nuestros derechos laborales.

De acuerdo con una encuesta realizada por Quiddity publicada en el diario La Nación el 10 de julio, casi el 40% de las personas que están realizando sus tareas con esta modalidad durante la cuarentena admiten que están trabajando más horas que antes. Y esto es así porque no hay límites en los horarios y no se respeta la jornada laboral. Cuesta más concentrarse y, sobre todo, cuando hay otros miembros de la familia a los cuales atender. Nos mandan correos electrónicos a cualquier hora y nos piden trabajos sin respetar los horarios de descanso. Además, ninguna empresa se hace cargo del aumento del consumo de electricidad o de gas o, incluso, de la reparación y mantenimiento de los equipos electrónicos que utilizamos para trabajar.

Quienes están a favor de esta ley argumentan que, de aprobarse, se terminarían los abusos por parte de las patronales porque en el texto del proyecto aparece tipificado el derecho a la desconexión, el respeto a la jornada laboral y la entrega de dispositivos electrónicos por parte de la empresa. Pero sabemos muy bien que esto no ocurrirá, porque al estar en soledad y en la casa tenemos muchas menos posibilidades para organizarnos colectivamente con compañeras y compañeros para enfrentar estos atropellos patronales que solo buscan aumentar sus ganancias.

Las tareas de cuidado seguirán recayendo sobre nosotras

Por otro lado, nos quieren convencer de que esta ley sería un avance para quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a otras personas, porque en su artículo 6° enuncia: “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

En primer lugar, este tipo de cuidados debería estar a cargo del Estado y no recaer en una persona (que por el orden patriarcal termina siendo una mujer) que lo hace gratuitamente y que, además, tiene otro trabajo. Pero a la vez también será una trampa para nosotras que, con años de lucha, logramos acceder al mercado laboral fuera de nuestras casas y aun así, con muchas más desventajas que los varones. Techo y paredes de cristal, brecha salarial, acoso laboral, solo por nombrar algunas de las consecuencias que pagamos por haber ingresado en el mundo de la producción que estaba reservado a los hombres.

Las patronales pregonan los “beneficios” del teletrabajo en general, pero especialmente dirigido a las mujeres. Hablan del tiempo que se gana al “estar en casa” evitando los traslados y que hasta se “ahorraría” el costo de contratar a una niñera. Todo un discurso que intenta esconder la superexplotación que vivimos las trabajadoras. Está cantado que, aunque la ley hable de “personas que tengan a otras a su cargo”, sabemos que estas tareas de cuidado recaerán sobre nosotras. No hay duda de que a las primeras que mandarán a trabajar a sus casas será a las mujeres. No es casualidad que nos quieran “devolver” al espacio doméstico una vez más. Para muchas, estar en un lugar diferenciado para el trabajo tiene varias ventajas, como la posibilidad de estrechar vínculos fuera del ámbito familiar, de organizarse colectivamente, de disponer de un espacio/tiempo específico para esas tareas y para el desarrollo personal. La lucha de años por el ingreso de las mujeres en el mercado laboral, principio básico de nuestra autonomía económica, se está viendo amenazada por esta norma. No podemos permitir semejante atropello, debemos organizarnos para que se respeten nuestros derechos conquistados y, a la vez, contra la doble jornada laboral que recae sobre nosotras. Basta de violencia laboral contra las trabajadoras.