Tuvieron que pasar 37 años para que apenas 25 de los centenares de asesinos que participaron en Argentina del “Plan Cóndor” sean puestos en el banquillo a partir del 5 de marzo, día en que se inició el juicio oral por esta causa. Se trata de Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros. En tanto que, “por razones médicas”, el Tribunal dispuso la suspensión del enjuiciamiento a Ramón Díaz Bessone y Ernesto Arturo Alais, consideración que ninguno de los perversos genocidas tuvo hacia ninguna de sus víctimas.

La pena fue dictada en una causa en la que se investigaron delitos contra 23 víctimas, siete de ellas embarazadas, a las que hicieron parir en maternidades clandestinas en Campo de Mayo.

Aunque la ministra Nilda Garré y funcionarios como Aníbal Fernández lo habían negado hasta el hartazgo, finalmente el peritaje dio cuenta que la Gendarmería ha venido realizando espionaje contra distintas organizaciones y luchadores sociales, sindicales y políticos. Las pruebas van desde trabajadores de Kraft al momento en que enfrentaban los despidos, hasta referentes de Derechos Humanos como las Madres Elia Espen y Nora Cortiñas, no alineadas con el gobierno.

Días pasados enviamos esta carta a los partidos que conformar el FIT junto a Izquierda Socialista. Atento a ello, el viernes 8 se llevó a cabo la primera reunión del Frente de Izquierda, donde planteamos las propuestas que aquí ponemos en conocimiento para nuestros lectores.

Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Como todos los años, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, nos movilizamos para terminar con la impunidad de ayer y de hoy.