Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

El Gobierno nacional publicó el decreto 847/2024 que reglamenta el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó esta reglamentación como “el cambio más importante en las relaciones laborales en años”. Seguramente no se equivoque. Sólo le faltó agregar que esta reglamentación, negociada con las direcciones burocráticas de la CGT, constituye un enorme retroceso para los derechos de trabajadoras y trabajadores en nuestro país.

En primer lugar, bajo el pomposo nombre de “programa de regularización de empleo no registrado con perdón de deudas” se esconde lisa y llanamente un enorme guiño a las patronales que han violado todas las legislaciones laborales vigentes. Establece que “se les perdonará una parte significativa de las deudas que tienen con el Estado por no haber pagado los aportes correspondientes. El porcentaje de deuda perdonada varía según el tamaño de la empresa: las más pequeñas y las organizaciones sin fines de lucro recibirán un perdón del 90%, las medianas del 80%, y las más grandes del 70%”, según publicó chequeado.com.

El segundo punto concreta una vieja pretensión del poder económico local: que se destruya el esquema actual de indemnizaciones laborales. Y habilita su reemplazo con el llamado “Sistema de Cese Laboral”. Con este sistema la reglamentación va mucho más allá de habilitar el reemplazo del viejo sistema de la Ley de Contrato de Trabajo por algo similar a lo que hoy existe en aquellos sectores como la construcción. A partir de ahora el monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se negocie en el convenio colectivo. Incluso lo que dispongan los convenios será optativo para los empleadores. Un tremendo avasallamiento a los derechos de la clase trabajadora, estableciendo que el régimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo y permitiendo incluso que seamos los propios trabajadores y trabajadoras los que vayamos a lo largo del tiempo aportando para nuestra futura indemnización.

El tercer gran ítem de la reforma laboral es la extensión en la regulación del período de prueba laboral. Esta nueva normativa amplía dicho período pasando de los anteriores tres meses a seis. Además, la Ley contempla disposiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles extender aún más este período en el que cualquier trabajador o trabajadora puede ser despedido sin causa y sin resarcimiento alguno hasta un año.

Todos estos avances contra nuestros derechos no dejan otra alternativa que salir a romper la tregua que las direcciones burocráticas vienen imponiendo y poner en pie un plan de lucha unificado para terminar con este avasallamiento a nuestros derechos.

El Socialista entrevistó a Diego Saavedra delegado de la junta interna de ATE en el Hospital Garrahan quien nos contó sobre el plan de lucha que vienen realizando por el salario.

El Socialista.- ¿Cuál fue el desencadenante del conflicto?
Diego Saavedra: Los conflictos por aumento del salario no son algo nuevo en el Hospital Garrahan, hace décadas que se viene luchando con sucesivos gobiernos que de la mano de las conducciones burocráticas de UPCN y Sutecba vienen firmando paritarias a la baja. El gobierno de Javier Milei ha profundizado esto, desde los primeros meses el salario se licuó tanto que provocó que a mitad de año tengamos un conflicto. Es común que escuchemos de las y los compañeros, que nos dicen que no se aguanta más. Los tarifazos, los aumentos de transporte, de los alquileres, de la comida. Tenemos profesionales de varias especialidades que están por debajo de la canasta familiar y otros miles que directamente están más cerca de la línea de pobreza.

A finales de agosto hemos tenido un nuevo episodio de estas grandes traiciones, con las paritarias estatales. UPCN acordó un “aumento” de 2% para septiembre y 1% para octubre. A esto se suma un presupuesto 2025 que es un clarísimo ajuste sobre áreas claves como salud, educación y ciencia. Una alarma sobre una problemática que va por encima de lo salarial, que tiene que ver con el rol del hospital público y con la defensa de la salud pública de calidad. Como trabajadores de la salud, vamos a defender al Hospital a capa y espada. La salud y la educación no son un servicio, son un derecho.

ES.- ¿Cuáles son los reclamos?
D.S.: Hemos convocado a asambleas que paulatinamente se fueron haciendo cada vez más grandes y fuimos sacando la conclusión de poner en pie un plan de lucha por una verdadera recomposición salarial. En este caso planteamos un 100% de aumento y que nadie gane menos de la canasta familiar, que según miden los compañeros de ATE Indec es de 1.450.000 pesos. También vamos contra el impuesto a la ganancia, porque hay un sector profesional con muchos años de antigüedad que pasa a tener que pagar impuesto al salario. Se suman reclamos relacionados al régimen laboral: por reducción horaria, licencias por estrés, requisitos jubilatorios. Estamos todos convencidos de que la dirección del hospital no puede negar que la alta complejidad es sostenida por trabajadores y trabajadoras con salarios de pobreza.

ES.- ¿Qué medidas vienen tomando?
D.S.: Después de varias asambleas, el 4 de septiembre fuimos al primer paro, que fue muy poderoso con un abrazo multitudinario al hospital. Para el 19 se votó un nuevo paro. Fue creciendo la fortaleza de entender que es el momento de pelear por un aumento de salario. En la última asamblea general hemos votado parar este miércoles 2 de octubre movilizar empalmando con la gran Marcha Federal Educativa convocando desde el Hospital para formar una nutrida columna de salud junto residentes de Nación y de CABA.

ES.- ¿Cómo reciben el bono a raíz del cual el Ministro de Salud echó al Directorio?
D.S.: El Consejo de Administración tuvo que reconocer el valor de la lucha. El 30 de septiembre tuvo que anunciar un bono especial de 500.000 pesos. Hasta hace un par de días nos venían diciendo que no había dinero para los trabajadores del Garrahan y de un momento para el otro apareció dos días antes del paro para tratar de descomprimir. Ahora el gobierno nacional a través del ministro de Salud sale con un comunicado a decir que van a echar al actual directorio por haber otorgado el bono. Si bien aseguran que el mismo se abonará a los trabajadores, no bajamos la guardia y estamos alertas y movilizados ante cualquier intento de arrebatarnos esta primer conquista del plan de lucha. Y seguiremos peleando, porque lo que necesitamos es recomponer el salario en forma permanente y no por única vez.

ES.- ¿Cómo la siguen?
D.S.: Hemos votado que iremos a un nuevo paro en forma inmediata el jueves 3 si no se paga el bono y a una nueva jornada de paro para el 8, con movilización hasta el Ministerio de Economía y a Plaza de Mayo. Estamos haciendo asambleas en los diferentes turnos, para fortalecer y continuar el plan de lucha. Ahora lo más importante es que después del paro del miércoles 2 y la movilización, continuaremos exigiendo a ATE que unifique las luchas de todos los estatales en un gran paro nacional.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste y referente de A Luchar

Dos días antes de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad y la educación pública, una delegación con los principales dirigentes de la CGT, encabezados por Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y Roberto Fernández (UTA), se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el “asesor estrella” Santiago Caputo. Lo hicieron en medio del brutal ajuste de Javier Milei y los gobernadores, del veto al aumento de las jubilaciones, los tarifazos en la luz, el gas, el agua, el transporte, del índice de pobreza más alta de la historia, los despidos, suspensiones y cierres de empresas, los paros de Aerolíneas, docentes, salud, estatales, de la reglamentación de la reforma laboral y los ataques a las obras sociales, los intentos de privatizaciones y más despidos. Sí, en medio de esta tremenda crisis social, la burocracia sindical de la CGT fue a acordar con el gobierno de Milei seguir la tregua que iniciaron después del último paro nacional del 9 de mayo. Trascendió que hablaron de cómo “regular” los bloqueos en conflictos obreros, cómo evitar el paro de transporte el 17 de octubre, el ingreso al “Consejo de Mayo” y seguir la tregua mientras no lleven al Congreso el proyecto de la UCR y el PRO de reforma sindical. Sobre el robo salarial, los despidos y el ajuste, ni una palabra, ¡Estos burócratas son una vergüenza!

Desde nuestra corriente sindical A Luchar llamamos a apoyar y rodear de solidaridad todas las luchas en curso de los trabajadores, para que puedan ganar. Tenemos que exigir a la CGT que rompan la tregua y llamen a un nuevo paro nacional y plan de lucha. Es fundamental la coordinación de los sectores en lucha para romper la atomización de los conflictos que impone la burocracia sindical.

Volvemos a llamar a las y los integrantes del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) a que reunamos su Mesa de Coordinación para apoyar los conflictos y romper la tregua de la CGT. Sumate a la corriente sindical A Luchar, para avanzar en estas tareas.

En estos días se dió la última ronda de testigos en el juicio de desafuero contra nuestro compañero Juan Manuel Di Vincenzo, delegado de Ademys. Continuamos movilizados para frenar este ataque.

El veto a la “Ley de Financiamiento Universitario” es inminente dado que el gobierno de Milei sostiene su declaración de guerra a la universidad pública

El brutal ahogo salarial y  presupuestario es una manifestación de guerra a las condiciones laborales de docentes y no docentes, pero también a la gratuidad, al ingreso irrestricto, a la investigación, a la creación y divulgación de conocimiento que no esté puesto al servicio del mercado.

Como venimos señalando, no estamos ante una paritaria más, sino ante la necesidad de enfrentar a un gobierno que definió a las universidades nacionales como enemigas, y por eso lanza su batería de calumnias de “adoctrinamiento”, “baja de tasa de graduación”, y “falta de auditorias”. Incluso, en algunas provincias, les estudiantes se anotan únicamente en la cursada para recibir las bajísimas remuneraciones de las “becas de estudio”. En definitiva, para Milei  la comunidad universitaria es una “fábrica de zurdos” y por eso busca en el vaciamiento presupuestario una estrategia para doblegarnos.

La histórica movilización del 23 de abril y el plan de lucha construído -a pesar de las dilaciones del Frente Gremial y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional-  torcieron la primera expresión de la política del gobierno que fue intentar dejar sin presupuesto para funcionamiento a las universidades de todo el país. Pero al día de hoy, los salarios de les trabajadores de la universidad pública son los más golpeados de todo el Estado nacional, perdiendo aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo desde que la motosierra se instaló en el Sillón de Rivadavia. Mientras, al mismo tiempo, se profundiza la precariedad laboral a través de variadas vías, como la falta de insumos e impulso de la virtualización del dictado de clases y las prácticas pre-profesionales, y el ajuste en las prestaciones de las obras sociales.

La persistencia del reclamo y el enorme apoyo popular que tiene la universidad entre el pueblo trabajador de nuestro país, hicieron que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que se restringe apenas a una actualización presupuestaria y salarial en función de la inflación del año en curso. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, representa un 0,14% del PBI, un tercio de la pérdida que representa en la recaudación estatal el levantamiento del cobro de bienes personales para la burguesía argentina.

Y si faltaba alguna otra muestra para clarificar la orientación de clase del gobierno y sus aliados, allí apareció el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que deja planteada a todas luces el desafío que tenemos por delante: bajo ningún punto de vista podemos dejar en manos del Congreso la defensa del presupuesto y los salarios.

Es necesario construir nuevamente una enorme movilización que se exprese en las calles de todo el país, y que desborde las calles entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Pero no solo eso, desde cada unidad académica en todos los días previos necesitamos ganar las calles para calentar motores, instalar el reclamo, y seguir sumando apoyo popular ante la bronca creciente con el gobierno que hace asaditos para festejar que hambrea jubilados.

Para eso, y en la perspectiva de construir una enorme movilización la primer semana de octubre, no basta con el día de paro que han adelantado algunos gremios docentes y no docentes para el jueves 26/9. No hay tiempo que perder, del 23 al 28 tenemos que impulsar el paro y también las clases públicas, como una forma de comprometer al movimiento estudiantil activamente en el reclamo y forjar la unidad necesaria para masificar el reclamo.

La universidad pública está en disputa y podemos ganarle esta batalla al gobierno ultraderechista de Javier Milei.

FUCSIA y nodocentes en lucha