Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

El jefe de gobierno Jorge Macri y su ministra de educación Mercedes Miguel llevan adelante un nuevo ataque a la docencia porteña. Hay una evidente intención de cercenar derechos, hostigar y estigmatizar a la docencia y tirar a la baja el salario de las y los trabajadores de la educación: ahora pretenden censurar la voz de estudiantes, docentes y no docentes. Empecemos por el principio: el 27 de diciembre la ministra firmó la resolución 2769/2024 que cambia el Reglamento Escolar, modificando los derechos y deberes de la docencia. Entre los aspectos más virulentos se encuentra la expresa prohibición a docentes que se expresen sobre aspectos vinculados a “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otras de similar relevancia”. Literalmente busca imponer una mordaza en las escuelas, en todos los niveles educativos, para evitar cualquier tipo de pensamiento crítico y/o reflexión que surja del intercambio entre estudiantes y docentes. Si eventualmente surgieran por parte del estudiantado dudas o inquietudes sobre los temas mencionados, un “equipo especializado” brindaría las respuestas pertinentes a estudiantes y familiares. De manera obscena lo que pretenden es generar un clima de persecución y pensamiento único, donde las voces disidentes serán erradicadas a través de la sanción.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta por su nivel de agresión a los derechos de la docencia está vinculado a pensar la educación como un servicio, como una mercancía más de intercambio en un “libre mercado”. En el reglamente escolar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, explícitamente prohíbe “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento“ un claro intento de presionar a la docencia para que no ejerza su derecho a huelga amparado en varias leyes, entre ellas la constitución nacional.

A estos ataques se deben sumar las modificaciones curriculares que se alinean con el retiro de los contenidos pedagógicos vinculados a la educación sexual (ESI) de la página oficial que el ministerio realizó durante las primeras semanas de enero para una supuesta revisión “neutral”. Si a esto sumamos la sanción en la legislatura a fin del año pasado de la ley que impulsa la educación socioemocional para sustituir la ESI por el autocontrol de las emociones, nos encontramos con una fuertísima embestida contra las comunidades educativas en su conjunto.

Desde Ademys venimos denunciando estos ataques del gobierno de la ciudad a la educación y junto a la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda -Unidad con la legisladora Mercedes Trimarchi, presentamos un proyecto de Ley para anular los nuevos artículos del reglamento escolar que intentan amordazar a la docencia para que no se exprese contra el brutal ataque a la educación publica. Te invitamos a sumarte a esta campaña y a organizarte contra las políticas antieducativas de Jorge Macri, el mejor alumno de Milei.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Se acerca el inicio del ciclo lectivo en las escuelas del país y por segundo año consecutivo el gobierno ultraderechista de Milei ataca a la educación pública desde lo ideológico y la desfinancia, aún más, con su discurso de “no hay plata”. La realidad es que sí hay, pero la usa para pagarle al FMI. Se niega nuevamente a convocar a las paritarias nacionales, además de haber quitado el dinero de Nación que iba a las provincias a través del Fondo de Incentivo Nacional Docente (Fonid), conectividad, programas socioeducativos, eliminación de textos sobre Educación Sexual Integral (ESI) de la plataforma virtual Educar.

Por otro lado, se van desarrollando las paritarias docentes provinciales. Las propuestas de los gobernadores son de ajuste y vienen en sintonía con el gobierno nacional (sean peronistas, radicales o del PRO): poner techos salariales. Propuestas que nos dejan por debajo de la línea de pobreza, con avances en la flexibilización laboral, presentismo, diversas reformas educativas en distintos niveles y modalidades, cierres de cursos; hasta la criminalización de la protesta, como es el caso del secretario general de Atech (Chubut) para quien la fiscalía pidió tres años de prisión en el marco de una movilización en la que participaba.

En Buenos Aires el acuerdo, rechazado por la Multicolor y aceptado por Suteba de Baradel y el FUDB, ha sido de 9 % en dos cuotas, 7% a cobrar en marzo y 2% en abril.

En CABA, con el rechazo de Ademys, la propuesta fue del 5% en febrero; en Santa Fe el gobernador plantea paritarias semestrales; en  Santa Cruz, la nueva conducción Multicolor de Adosac convoca a Congreso ante la negativa del gobierno de aumento salarial y en San Juan ya se votó el paro para el 24, en rechazo a la propuesta de llevar el cargo testigo de MG a 550.000 pesos, una verdadera miseria.

En este marco es lamentable el rol de la conducción de la Ctera y los gremios docentes nacionales que mantienen el pacto con Milei y los gobernadores dejando avanzar el ajuste.

 ¿Qué esperan? La conducción de Ctera debe convocar al paro nacional y plan de lucha por todas las demandas. Y sus sindicatos provinciales deben dejar de apoyar a los gobiernos provinciales y llamar a luchar.
Por eso es necesaria la Coordinación Nacional de la docencia combativa, no sólo para exigir a Ctera paro y plan de lucha, sino también para impulsar y coordinar la organización desde abajo, que unifique la pelea por salario igual a la canasta familiar y en defensa de la escuela pública.

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac Santa Cruz

El gobierno de Vidal recorta y ajusta en educación, mientras regala nuestras riquezas, dejando a la vista que no es otra cosa que un aliado del gobierno de Milei. 

El sábado 15 el congreso de Adosac rechazó de manera unánime la segunda oferta del gobierno, la cual consistía en un 2,1% implementado como una engañosa la cláusula gatillo, hasta diciembre.

Sumado a esto la reiterada falta de inversión en los edificios escolares, ha llegado al colmo de que Camuzzi ha retirado los medidores de gas, con el consecuente corte del servicio por falta de pago, en las escuelas privadas subvencionadas y públicas.

Pero lo que más ha indignado entre las y los compañeros es la decisión de cerrar cursos en todos los niveles, especialmente en el inicial, vaciando escuelas y superpoblando otras con las inscripciones.  El congreso aprobó por unanimidad un No Inicio.

Desde la comisión directiva provincial alertamos que, si en la próxima paritaria no hay soluciones concretas a estos tres ejes, habrá paro y plan de lucha.

Nuestra agrupación, Naranja Docentes en Marcha, está muy presente en la actividad de recorrido de las escuelas para preparar con la docencia una gran marcha el día de la paritaria el miércoles 19.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

El viernes 31 de enero se llevó a cabo un importante festival frente al Hospital Laura Bonaparte (CABA) en repudio a los 200 despidos. Sigue la solidaridad en defensa de los puestos de trabajo, contra el vaciamiento de este gobierno ultraderechista y el ataque sistemático a la salud pública con despidos en todo el sector.

El 15 de enero las y los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte recibieron la notificación de 200 despidos entre personal administrativo y profesionales de la salud. Desde ese momento resolvieron realizar una serie de medidas de lucha bajo el lema “vaciar es cerrar” y “sin trabajadores no hay salud mental”. Una semana después, el Gobierno de Milei definió una intervención.

Las y los trabajadores vienen de enfrentar en octubre del año pasado un intento de cierre al que lograron derrotar, contando con una amplia solidaridad por parte de pacientes, vecinos de la zona y un importante arco de organizaciones sociales y políticas.

El Bonaparte es el único hospital nacional especializado en salud mental y el tratamiento de consumos problemáticos. Trabajaban alrededor de 600 personas. Con los actuales despidos se ataca al 40 por ciento de su personal. Además de atender pacientes por demanda espontánea, también se alojan derivados de otros hospitales generales y monovalentes. Cuenta con una farmacia que entrega medicación gratuita a pacientes y el denominado Jardín de Los Abrazos al que asisten 80 niñas y niños de 45 días a 5 años, hijos e hijas de trabajadores de la administración pública nacional, quienes no tienen aseguradala continuidad pedagógica. Y se brindan más de 50 talleres terapéuticos a los usuarios del hospital, que también es reconocido por realizar capacitaciones.

Durante el año pasado se brindó atención a más de 25.000 personas y se atendieron más de 98.000 consultas únicamente en los servicios asistenciales. A su vez, recibieron más de 15.000 consultas en los dispositivos de abordaje territorial.Como vemos, el rol del Bonaparte es vital.
El Frente de Izquierda estuvo presente en el festival, entre ellas nuestra diputada nacional y dirigenta ferroviaria combativa Mónica Schlotthauer. También  presentó un proyecto en la Cámara de Diputados en rechazo al vaciamiento y en apoyo a esta lucha.

Las conducciones sindicales del hospital apostaron a una mesa de diálogo con el Gobierno nacional accediendo a no realizar medidas de acción directa mientras duren las negociaciones. Este equivocadísimo método solo sirvió para envalentonar el despido de trabajadoras y trabajadores con especial ensañamiento contra el activismo que lleva adelante la difusión del conflicto. Para frenar estos atropellos aberrantes de Javier Milei hace falta que ATE lleve adelante un plan de lucha sostenido de todo el sector salud y que la CGT rompa el pacto con el gobierno y convoque a un nuevo paro general y plan de lucha, para unificar las luchas contra la motosierra de Milei. Mientras tanto, llamamos a seguir apoyando al Bonaparte y demás peleas en curso, para que puedan triunfar.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

El gobierno ultraderechista de Javier Milei creó el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger para llevar a cabo con mayor crudeza el desguace del Estado. Ya dejó un tendal de miles de compañeras y compañeros despedidos y llevó al cierre o desaparición por vaciamiento de aéreas esenciales.

Entre diciembre de 2024 y lo que va de 2025 se han despedido a 2400 trabajadoras y trabajadores en el Ministerio de Justicia, con un particular ensañamiento en la Secretaría de Derechos Humanos. Vaciando áreas especializadas en la búsqueda de personas apropiadas (entonces bebés) durante la última dictadura militar y los sitios de memoria, donde funcionaban los centros clandestinos de desaparición y tortura (CCD). También un brutal ajuste en el área de Salud, con 360 despidos en el Ministerio homónimo, 200 en el Hospital Bonaparte, 150 en el Sommer y otros tantos en el PAMI, el Posadas y demás dependencias nacionales del sector.

En los últimos días el gobierno ha salido a desparramar la noticia que busca para este 2025 un recorte del 30% de la dotación de estatales vía “la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat, de organismos descentralizados y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos”. (La Nación, 27/1/25). Esto se suma a los casi 40 mil despidos que ya lleva el primer año de Milei. Con las consecuentes reducciones o eliminaciones de funciones en distintas áreas, muchas de ellas súper sensibles para el pueblo trabajador como la salud o el acceso al agua potable.

Es imprescindible que salgamos a enfrentar de manera decidida esta nueva etapa del ajuste. Algunos burócratas sindicales como Andrés Rodríguez de UPCN dicen que no hay motivos para salir a la lucha y otros, como los dirigentes de ATE, sólo se quedan en discursos encendidos. Debemos seguir el ejemplo de las y los trabajadores del Bonaparte, que enfrentan con dignidad los despidos y el vaciamiento del hospital. Exigimos un plan de lucha unificado de todas y todos los estatales hasta derrotar la motosierra salvaje y la nueva ola de ataques que prepara.