Escribe Mariano Soria, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El gobernador Pullaro y el Frente “Unidos” -compuesto por la UCR, el Partido Socialista y el PRO- intentan aprobar una reforma integral del sistema de jubilaciones de los empleados del Estado de la provincia de Santa Fe, las empresas públicas y la mayoría de los municipios. Esto es un nuevo y brutal ataque, que se suma a la eliminación virtual de la paritaria, y la instalación del presentismo y los descuentos por días de paro.

Pullaro aprovecha el control que Unidos tiene de las dos cámaras de la legislatura provincial, algo poco habitual en Santa Fe. Y por supuesto tiene la ventaja de contar con un peronismo dividido y repudiado, luego del lamentable gobierno de Omar Perotti, quien acompaño al no menos desastroso gobierno de Alberto y Cristina.

Gobiernos a los que las conducciones burocráticas de los sindicatos santafesinos apoyaron hasta el último día. Muchos de los cuales siguen callados frente a la reforma, como los de ATE Provincial -conducida por la agrupación Verde y Blanca-, así como UPCN, Luz y Fuerza y Aguas Santafesinas, entre otros.

Esta situación permite a Pullaro mostrarse como un personaje que “pone orden”, y es capaz de hacer el ajuste a fondo, más y mejor que el propio Milei, preanunciando una reforma constitucional el año próximo, o incluso a una posible postulación presidencial en 2027.

¿Qué significa la reforma jubilatoria de Pullaro?

La reforma del gobierno provincial y sus legisladores es otro ataque a los derechos jubilatorios de las y los trabajadores, y también a la educación pública. Como Milei y su motosierra, busca terminar con los regímenes específicos y el 82% móvil. Además ambos gobiernos atacan las condiciones laborales de las mujeres, en primer orden, impulsando reformas que implican la suba de la edad jubilatoria.

En primer lugar, quieren terminar con la enorme conquista para la docencia, que significa poder jubilarse a los 57 años las mujeres y 60 los hombres. La nueva reforma establece que solo excepcionalmente, en casos muy puntuales se podrá mantener esa posibilidad, que ya es una edad elevada por las características del trabajo docente. El compensatorio 2x1 (2 años de aportes x uno menos en edad), permitía paliar esta situación, pero también será eliminado. Esto, además de empeorar las condiciones de trabajo, generará que la juventud no acceda a la estabilidad laboral en tiempo y forma, habrá menos horas y cargos disponibles para su ingreso, gravando la condición precaria de suplentes eternos. De esta forma se suma un mayor ajuste a nuestro salario de pobreza, ya que las cifras que no son remunerativas, ahora no serán parte de nuestra jubilación.

En el ámbito educativo esta reforma tiene consecuencias desastrosas en las relaciones pedagógicas y de enseñanza. Docentes del nivel inicial, de los primeros grados o de la modalidad especial, afectadas a dar clases hasta los 60 años o más, para jubilarse; una relación etaria de niñx-abuela o bisabuela. Docentes del nivel secundario que, ya están precarizados trabajando en varias escuelas y con decenas de alumnxs, en una relación etaria que dista mucho de optima, dadas las necesidades y las experiencias generacionales. O docentes de educación física, que dan clase en los patios, en plazas, que llevan adelante jornadas campamentiles al aire libre. Y especialmente, una barbaridad extender la edad de trabajo de compañeras docentes, que cargan con el mandato patriarcal de las tareas de cuidado de los hogares ¡Significará claramente perjudicar la salud!.

Pero en términos generales, esta reforma significa un cambio en el sistema de cálculo del haber inicial, reduciéndolo, y una perdida en cuanto a la movilidad jubilatoria, que pasa a ser a los 60 días, de los aumentos a los activos. Además de más descuentos a ingresantes y trabajadores que obtengan un ascenso de categoría.

¿Es “necesaria” esta reforma, como dice Pullaro?

El gobierno festeja que obtuvo “un resultado positivo de 160.311 millones de pesos” para el primer semestre del año. O sea, HAY PLATA. Pero además reconoce que la Nación le debe $700 mil millones a la provincia de Santa Fe -que recién hace un par de semanas reclamaron- mientras, Pullaro y Javkin, se siguen sacando fotos con Milei y apoyando sus leyes. Una vergüenza. La única idea para cubrir el déficit que se le cae al gobernador es destruir la Caja de Jubilaciones provincial.

Mientras tanto el impuesto inmobiliario rural a los grandes Terratenientes es casi insignificante en la recaudación provincial, al igual que Ingresos brutos a las cerealeras. Hay que imponer fuertes impuestos a estos sectores para cubrir el déficit. Que se deje de pagar la deuda externa, y de beneficiar a las multinacionales, para solventar el déficit con quienes se la llevan en pala. Por otra parte diputados y senadores, Jueces y la Policía deben estar fuera de la Caja, porque sea por sus jubilaciones o sus sistema de retiro, es imposible que se financien con los aportes de docentes, asistentes escolares, y médicos o enfermeros

Por eso es fundamental que la Caja este administrada por las y los trabajadores, para saber cuál es el déficit real. Necesitamos que todos los sindicatos estatales -pero también las Centrales como CGTs y CTAs- dejen de mirar para otro lado, enfrentemos esta reforma con un paro provincial y un plan de lucha, hasta frenarla.

Veamos los principales cambios de esta reforma:

 1)        Te imponen un “aporte de ingreso”, de un sueldo completo. También se impone un aporte compulsivo cuando se asciende -como al tomar un cargo directivo- por la diferencia de salario entre el nuevo cargo y el anterior.

2)        Se aumenta el aporte jubilatorio de 14,5% actual a un mínimo de 15,5%, que llega hasta 21%, en salarios más altos (44 hs, más antigüedad, doble cargo, cargos directivos)

3)        Respecto de la edad mínima para jubilarse como docente, actualmente las mujeres pueden hacerlo a los 57 años y los varones a los 60 con 30 años de servicios docentes con aportes. La reforma sube la edad mínima para las mujeres a los 60 años. Y reduce la edad mínima a los 57, pero solamente a aquellos que acrediten 30 años de servicios “prestados en su totalidad frente al aula”, así como directores y supervisores, quedando afuera de esta posibilidad los catedráticos del nivel superior, los catedráticos de secundaria de menos de 30 horas y los cargos de preceptor, bibliotecario o secretario por ejemplo. Muy difícil que alguien pueda lograrlo.

4)        Pero, en el caso de jubilarse a los 57 años, chau “82% móvil”. Te jubilas con el 76%, y se incrementara 2% más por año, hasta llegar al 82% recién a los 60.

5)        Respecto de la compensación entre edad y años de aporte (2x1), solamente se podrán compensar sobrante de edad con faltante de aportes pero no a la inversa, como sucede actualmente.

6)        Con la reforma Cambia el cálculo del haber: propone que del promedio salarial de los últimos 120 meses se descuente un 20% y se sume el 50% del salario mínimo de la administración pública (siempre que este 50% no supere el 20% descontado). Así se reducen las jubilaciones de quienes tengan un salario un poco más alto (44 hs, doble cargo o cargos directivos)

7)        Se termina la movilidad automática: el aumento a lxs jubiladxs deja de ser simultáneo al de lxs activxs, y empieza a ser a los 60 días.

8)        Declara la emergencia previsional por 2 años que se pueden prorrogar 2 más. Deja abierta la posibilidad de que Pullaro, por decreto,  pueda modificar las condiciones para acceder a la jubilación si cambian las condiciones jubilatorias a nivel nacional. Lo que Milei ya dijo que quiere hacer. Además establece en ese tiempo un aporte “solidario” de los jubilados a la Caja de entre el 2% y el 6% de acuerdo a su haber.

11/09 13 hs Concentración en Rodriguez Peña y Plaza Congreso
Marchamos con una columna independiente con estas consignas

Martes 10/09. 11 hs. Conferencia de Prensa en la plaza Congreso. Miércoles 11/09, concentración y luego acto independiente

* Basta de despidos. Ninguna flexibilidad laboral. Reincorporación de todos los despedidos del sector privado, del Estado y del Plan Potenciar Trabajo.
* Por un salario equivalente a la canasta familiar indexado.
* No al veto de Milei y Macri a la Ley jubilatoria. Aumento de emergencia en salario, jubilaciones y planes sociales. Movilidad automática.
* Abajo la “esencialidad” educativa. Pleno derecho a huelga. Basta de ajuste en la Universidad. Ningún salario por debajo de la línea de pobreza.
* Por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar todo el plan de Milei.
* Basta de hambre, por trabajo genuino y la devolución de los alimentos a todos los comedores populares.
* Abajo la reforma laboral, la antiobrera “Ley Bases” y el Mega DNU.
* Basta de persecución política. Cierre de todas las causas contra los luchadores. Libertad a los detenidos por luchar. Abajo el protocolo de Bullrich.} y el “comando unificado” represivo.
* Viva la lucha de los docentes de Neuquén, de los jubilados, los trabajadores del neumático, de los docentes, no docentes y estudiantes de la universidad pública, los trabajadores aceiteros, el movimiento piquetero independiente, del Hospital Garraham y los trabajadores de la salud, y todas las luchas de los trabajadores.
* Por una gran acción nacional contra los despidos y todos los ataques a los trabajadores.

Convocan: sindicatos combativos, organizaciones de jubiladas/os, organizaciones sociales y partidos de izquierda

“Que se despierte la CGT”. Esto gritó una jubilada mientras era reprimida frente al Congreso por las fuerzas de choque de Patricia Bullrich y Javier Milei. El veto a la nueva Ley de Movilidad no fue suficiente para que la CGT anunciara alguna medida de fuerza, solo sacó un comunicado el día después.

El reclamo de esa digna jubilada redobla lo que venimos exigiendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda. La CGT debe romper la tregua con el gobierno y convocar a un nuevo paro general y plan de lucha nacional.

No hay “clima para un paro”, dicen los burócratas del sector mayoritario de la CGT en el que convergen “gordos”, “independientes” y Luis Barrionuevo. ¿Pero por qué no hacen asambleas y plenarios de delegados para consultarle a los millones de trabajadores si hay clima o no? ¿Acaso no hubo clima en los paros generales exitosos del 24 de enero y el del 9 de mayo?  
 
“El gobierno libertario provocó un saque en el gasto público que al tipo de cambio oficial suma alrededor de 37.000 millones de dólares. El 32% del paquete total le pegó a jubilaciones y pensiones, un 26% fue por el parate de obras públicas nacionales y provinciales y 18% corresponde a recortes en subsidios económicos. El guadañazo más grande de los últimos treinta años”. (Clarín, 31/8). Sin embargo Héctor Daer, Gerardo Martínez, y la mayoría de la cúpula cegetista, mantienen negociaciones con el secretario de Trabajo y hombre de Techint, Julio Cordero, para que salga, supuestamente, una “reglamentación buena” de la reforma laboral prevista en la Ley Bases. Pero Federico Sturzenegger acaba de decir que la semana que viene la va a reglamentar para que los empresarios “fijen el sistema de despidos como quieran”, incluso pagados con fondos de los propios trabajadores como en la Uocra.

También se supo que “a través de Santiago Caputo y Luis Barrionuevo se acordó el reparto de fondos para las obras sociales, entre otras coincidencias que evitan por ahora un choque” (La Nación, 31/8).

 Esto ocurre al mismo tiempo que los últimos acuerdos paritarios se firmaron por debajo de la inflación. UPCN acaba de pactar el 2% para septiembre y 1% para octubre, cuyo titular, Andrés Rodríguez, dijo que no había que hacer más marchas ni juntarse con los “zurdos” porque hay que apostar al “diálogo institucional” con Milei. El gobierno, a su vez, dijo que a partir de octubre pretende no homologar acuerdos salariales superiores al 2% mensual.

Hasta Rubén Urbano (UOM Córdoba y CGT regional) dijo: “Tendríamos que fijar una fecha para un paro general con movilización por los jubilados y la situación general. Si no, le seguimos haciendo el caldo gordo a un gobierno que está haciendo mucho daño”. Y agregó: “me parece que vamos a tener que esperar que los dirigentes vuelvan del Vaticano”, en referencia a la visita al Papa pautada para el 16 de septiembre. ¡Con el Papa y no con la clase trabajadora!

Después del exitoso paro general del 9 de Mayo, la CGT se borró. Dejó pasar la Ley Bases (impuesto al salario, reforma laboral, privatizaciones) y ni estuvo en la marcha del 12 de junio sino que la repudió. Allí hubo una feroz represión y treinta y tres manifestantes encarcelados. Luego, para simular que estaba activa, participó simbólicamente en la marcha de San Cayetano el 7 de agosto, tres meses después del paro. Hoy es 4 de septiembre. Pasaron cuatro meses de la última huelga general.

Mientras ocurre esto, el sindicalismo combativo lucha. Vaya el ejemplo del plan de lucha que ya va en su octava semana de la docencia de Neuquén con la combativa seccional Capital encabezada por nuestra compañera de Izquierda Socialista Angélica Lagunas. Este miércoles se movilizan nuevamente las y los jubilados al Congreso contra el veto y preparan una marcha nacional para el 20 de septiembre en conmemoración de su día.

 En este marco, en una conferencia de prensa de este martes, el Frente Sindical (representado por Pablo Moyano, secretario General de la CGT), la Corriente Federal (Sergio Palazzo de La Bancaria), las dos CTA (Yasky y “Cachorro” Godoy) y la UTEP convocaron a marchar al Congreso el próximo miércoles 11 de septiembre, a partir de las 13, contra el veto de Milei a la ley jubilatoria. Es muy importante que dirigentes que forman parte de la CGT llamen a movilizar. Desde la corriente sindical A Luchar recientemente conformada que encabeza Rubén “Pollo” Sobrero y otras y otros importantes dirigentes nacionales, llamamos a marchar el 11. Y lo vamos a hacer exigiendo que la CGT de conjunto abandone la tregua con el gobierno y fije fecha para concretar un nuevo paro general como parte de un plan de lucha nacional unificando al conjunto del movimiento obrero. Para el martes 10 se había convocado una marcha a Plaza de Mayo junto al Sutna y el resto del sindicalismo combativo. Llamamos a unificar esa acción confluyendo todas y todos el 11. Con la política de retomar el ejemplo de los primeros meses de lucha contra el gobierno de Milei, con enormes movilizaciones y dos paros generales, convencidos que de esa forma se podrá derrotar el plan motosierra de Milei, el FMI y los gobernadores.

Escribe José Castillo

Al mismo tiempo que el gobierno vetó el reajuste jubilatorio e impuso un techo de 2% en las paritarias, se desató un vendaval de aumentos de tarifas de todo tipo. El objetivo, confesado por el propio ministro Luis Caputo, es garantizar los fondos para pagar los próximos vencimientos de deuda de este año y el próximo.

A partir de este mes las tarifas de luz, gas y agua subirán en promedio un 4,5%. Un nuevo salto en los tarifazos que se vienen dando desde el comienzo del gobierno ultraderechista de Javier Milei.

La canasta de servicios públicos (datos IIEP/UBA) subió un 380% entre diciembre pasado y agosto, mientras que el salario mínimo pasó en el mismo período de 156.000 a 262.000 pesos. Para comparar, hoy una familia tipo gasta en promedio 150.000 pesos exclusivamente en pago de servicios (luz, gas, agua y transporte). Para un ingreso promedio, estas tarifas pasaron de representar el 6,2% del total a ser actualmente el 14,3%.

Digamos además que este tarifazo no será el último, ya que el gobierno ha proclamado que quiere llevar los subsidios a cero, cuando hoy todavía representan el 56% del valor de la tarifa. Por lo que hay que esperar que en los próximos meses haya nuevas subas llevando cada servicio al doble que lo actual. Como los sectores que conservan todavía los subsidios son los de menores ingresos, estos nuevos aumentos van a pegar de lleno entre los más pobres, agravando su situación.

En lo que respecta al transporte, ya hubo un tarifazo muy fuerte en colectivos, subte y tren en el AMBA a principios de agosto. Ahora se suma que el gobierno nacional anunció que retira el subsidio a los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En lo inmediato, las empresas ya anunciaron que reducirán sus frecuencias, en especial de noche. Además se eliminará el boleto combinado (que permite pagar menos por un segundo y tercer viaje inmediato al anterior). Partiendo de la base de que un trabajador o trabajadora toma promedio tres medios de transporte de ida (y otro tanto de vuelta) para desplazarse a sus lugares de trabajo, se calcula que solamente esta medida significa un incremento de 40% en el costo diario de transporte.

A todo esto hay que sumarle los aumentos autorizados en los otros precios regulados: las prepagas, los servicios de internet y telefonía celular, las cuotas de los colegios privados y los combustibles, todos en un promedio de 5%. Y, además, los alquileres, que, en el caso de tocarles ser ajustados por la ley vieja, subirán este mes un 245% (un alquiler de 200.000 pesos pasará a ser de más de 650.000).

¿Bajarán los precios de los productos de primera necesidad?

El gobierno miente diciendo que todos estos aumentos de tarifas son para “financiar” la baja del impuesto PaIs, que pasará este mes de 17,5% a 7,5%. Primero y principal, digamos que ese impuestos (a compra de dólares y productos importados) lo aumentó el propio Milei cuando asumió (a contramano de todas sus promesas demagógicas de que antes de subir un impuesto “se cortaba la mano”). Segundo, si a alguien favorece esa baja, es a los grandes empresarios, que podrán traer del exterior sus insumos o productos terminados a un menor precio.

Sin embargo esto no redundará en que bajen los productos finales que el pueblo trabajador ve en las góndolas. De hecho, es al revés. Las consultoras LCG y EcoGo registraron una fuerte aceleración de la suba de los precios de los alimentos en la última semana de agosto. Tanto las cadenas de supermercados como las empresas productoras de productos de consumo masivo ya le anticiparon al ministro Caputo que “no ven condiciones” para bajar sus precios. Pueden hacer esto porque nadie las controla. Y, obviamente, con el guiño del gobierno siguen priorizando sus superganancias, engrosadas con el enorme salto que le dieron a todos los bienes tras la devaluación de diciembre.  

En síntesis, todo seguirá aumentando a costa del bolsillo del pueblo trabajador. ¿Para qué? Milei y su ministro Caputo dicen que es para “no entregar su gran logro, el superávit fiscal”. El mismo argumento que utilizan para vetar  el reajuste jubilatorio. Pero este superávit fiscal, conseguido a costa de hambrear al pueblo trabajador, no es para generar ninguna reactivación o mejora futura. Al contrario.

Lo reconoce el propio ministro: la prioridad es cumplir con los millonarios vencimientos de deuda externa. Los que faltan de este año (5.680 millones de dólares) y, sobre todo, los impresionantes del año que viene (28.000 millones, y de ellos, 5.000 millones en enero).

Lo dijimos una y mil veces. Así no tenemos futuro. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper el acuerdo leonino que tenemos con el FMI. Hay que parar los tarifazos, retrotraerlos y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, para ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadoras, trabajadores y usuarios, única forma de garantizar servicios de calidad con tarifa social para quien la necesite. Hay que terminar con los abusos de las empresas monopólicas de consumo masivo y las grandes cadenas de hiper y supermercados, congelando y poniendo precios máximos a los productos de la canasta familiar, con severas sanciones a quienes los violen. Hay que eliminar el IVA a esos productos, así como el impuesto a las ganancias sobre los salarios, reemplazándolos por fuertes tributos a pagar por parte de las grandes empresas y los multimillonarios.Todo ello al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones justas, trabajo genuino, y salud, educación y vivienda, y garantizarlos para todas y todos.  

Escribe Adolfo Santos

Como vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria le parecía poco, el gobierno ultraderechista de Milei reprimió violentamente a las y los jubilados que reclamaban contra el veto frente al Congreso. La aplicación del Protocolo de Seguridad de la ministra Bullrich contra uno de los sectores sociales más vulnerables el miércoles 28 de agosto, expresa una brutalidad pocas veces vista. Pero se equivocan Milei, Bullrich y el FMI si creen que los pueden amedrentar y continuar robándole sus haberes impunemente.

Para la consultora del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa): “Fue tan fuerte la licuación de jubilaciones que en el promedio 2023 habían perdido un 35% de su valor real respecto al promedio 2017. En el caso del haber mínimo (con un bono que les puede ser retirado en cualquier momento) la pérdida fue de 15%”. Jubiladas y jubilados son el sector más atacado por los sucesivos gobiernos. Con Macri perdieron el 20%. Alberto Fernández y Cristina modificaron la movilidad con lo que, a finales de diciembre de 2023, si sumamos la devaluación de Milei, las jubilaciones perdieron el 32%. Llegó Milei e hizo lo mismo, cambió la fórmula de cálculo, y de los 20,6% de inflación de enero sólo dio 12,5%.

Por eso no hay palos ni gas pimienta que puedan frenar la protesta ante semejante robo. Las organizaciones que nuclean a las y los jubilados, entre las que se encuentra la Utjel/A Luchar, vienen trabajando de manera unificada y han demostrado una importante capacidad de movilización. El 28A marcharon al Congreso y de ahí a Plaza de Mayo con importantes columnas, enfrentaron con un coraje conmovedor la represión policial que dejó varias compañeras y compañeros heridos. Lejos de recular, el viernes 30 convocaron a una conferencia de prensa en el local del Sutna para llamar a una nueva movilización este 4 de septiembre contra el veto presidencial y preparan una gran Marcha Nacional el 20S, día de las y los jubilados.

No es que esta Ley sea buena, pero es necesario pararle la mano a un ajuste permanente que afecta el haber jubilatorio y retira beneficios. Mientras ajusta brutalmente a las y los jubilados para obtener superávit fiscal, Milei dispone de 100 mil millones de pesos en concepto de “gastos reservados” para organismos de inteligencia que nadie controla, otorga beneficios a los grandes empresarios mediante el RIGI y la reducción impositiva y continúa pagando la fraudulenta deuda externa. El 12S nos sumaremos a la convocatoria de Pablo Moyano, Sergio Palazzo, las CTA, la UTEP y Territorios en Lucha contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. Exigimos que la CGT en su conjunto salga del letargo, convoque a un paro y plan de lucha, y se sume a esta movilización contra el veto.