Menéndez fue el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar y máxima autoridad de la represión en Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Fue condenado doce veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tras ser acusado en más de 800 causas que incluyen desapariciones, torturas, violaciones y robo de bebés.

En su momento se había beneficiado con el Punto Final de Alfonsín y el indulto de Menem. Pero cuando la lucha popular logró la anulación de estas leyes de impunidad, le llegó la seguidilla de condenas. Sin embargo, Menéndez no murió en la cárcel. Lo hizo en un hospital de Córdoba al que había sido trasladado desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria. El genocida que tenía el récord de condenas a cadena perpetua terminó sus días viviendo cómodamente en su casa. Este beneficio que la Justicia de Macri le está dando a los genocidas es una vergonzosa señal de impunidad. Por eso seguiremos reclamando ¡Cárcel común y efectiva para todos los genocidas! ¡Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!

La marcha del denominado 21F fue masiva. Miles de trabajadores se movilizaron contra el ajuste de Macri, la complicidad de los gobernadores y los dirigentes traidores de la CGT que siguen con la tregua. Fue una gran movilización en repudio a los despidos y el robo salarial, a pesar de la campaña sucia del gobierno que trató hasta último momento de debilitarla.

La rebelión de diciembre contra el saqueo a las jubilaciones demostró que los trabajadores están dispuestos a luchar contra el ajuste. El pacto de Macri con los gobernadores y la CGT quedó muy mal después de esas jornadas. Esto explica por qué la marcha del 21 de febrero fue enorme a pesar de la natural desconfianza de los luchadores con Moyano. Recordemos que el dirigente camionero estuvo con Cristina en su momento, luego con Macri y, por poner un antecedente más cercano, no apoyó las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre contra la “reforma previsional”.

Si bien Hugo Moyano criticó a Macri y denunció que gobierna para los ricos, dejó pasar una gran oportunidad para darle continuidad a la pelea. No convocó a un paro general ni a un plan de lucha. No solo eso, sino que sembró ilusiones en que un posible gobierno del PJ en 2019 podría combatir los graves problemas sociales (ver nota en página 3).

Todos los medios registraron el comportamiento de Moyano, destacando su “discurso moderado, conciliador”, no confrontativo. No nombró las luchas en curso. No habló de los despidos ni del techo de 15% en las paritarias. Hasta sorprendió al no decir nada sobre el cambio de convenio que quieren imponerle las patronales del transporte a los camioneros, su gremio. Incluso, desalentó que las columnas cantaran contra Macri.

Después de la marcha Moyano dijo que podría reunirse con el presidente. El gobierno le pide que no abandone la “mesa de diálogo” que compartió con los empresarios del transporte y Triaca, para seguir avanzando en el cambio del convenio de camioneros, donde Moyano ya habría aceptado varias modificaciones.

El sindicalismo combativo y la izquierda marcharon el 21 con grandes columnas, encabezadas por trabajadores que lideran las luchas en curso, y exigieron paro y plan de lucha. El momento es el oportuno. Justo en la semana de la marcha de Moyano se supo que la imagen presidencial seguía en descenso. “Por primera vez caen las expectativas y preocupa al gobierno”, tituló La Nación el 25 de febrero. Y en las canchas de fútbol se sigue repudiando a Macri, aunque la AFA lo quiera prohibir.

La política de Moyano de hacer una demostración de fuerza para negociar no es lo que necesita el movimiento obrero. Por eso las luchas siguen. Los docentes no van a iniciar las clases en muchos distritos por culpa de la política de robo salarial de Macri, Vidal y el resto de los gobernadores. Los trabajadores del INTI se movilizan nuevamente en caravana este viernes 2. Hubo otras en Salta y Jujuy la semana pasada, contra los 1.200 despidos de los ingenios azucareros. Sigue el reclamo por los despedidos del Posadas. Los bancarios vienen repudiando el 9% que les ofrecen las patronales. Y el 8 de marzo las mujeres harán un nuevo paro internacional con marchas masivas.

La lucha en las paritarias contra el techo de 15% es clave. La inflación sigue haciendo estragos en los bolsillos populares. Las gasíferas piden otro tarifazo de 35% a 46% para el mes de abril. Por la suba de los alimentos y las naftas la inflación en enero fue 25% más alta que la del mismo mes del año pasado, y la de febrero se espera que sea la mayor de 2018.

Los trabajadores que luchan, junto al sindicalismo combativo, tienen de ahora en más la tarea de seguir apoyando y coordinando los conflictos en curso para que se desarrollen y puedan triunfar. Esas peleas cuentan con un enemigo central: Macri, con la complicidad de los gobernadores y la vendida CGT de Daer y los Gordos. Se verá en las próximas semanas cuál será la conducta de Moyano, Camioneros y las CTA que convocaron a la marcha del 21. Si seguirán poniendo paños fríos o no. Por ahora eligieron el primer camino. Esto prueba que hay que batallar por otro modelo sindical, antiburocrático y combativo, que enfrente a las patronales, al gobierno y a la tregua de los dirigentes vendidos. Esa fue la posición con la que marchamos el 21, exigiendo paro general y diciendo que nada teníamos que ver con el modelo sindical de Moyano.

Con esa autoridad, el sindicalismo combativo y la izquierda se dirigen a los miles de trabajadores que quieren derrotar el ajuste del gobierno, llamándolos a apoyar las luchas y coordinarlas.

Juntos seguiremos denunciando la tregua y el inmovilismo de gran parte de los burócratas sindicales y las vacilaciones de otros, como Moyano, exigiendo paro y plan de lucha, y peleando por una nueva dirección del movimiento obrero.
Desde el Frente de Izquierda continuaremos luchando por un plan económico al servicio de los trabajadores sobre la base del no pago de la deuda externa y por una nueva alternativa política.

Nuestro compañero Sebastián Sancevich, integrante de la APDH y del equipo de abogados que representa a la Familia de María de los Ángeles Paris, docente muerta en custodia policial el pasado 3 de mayo recibió una denuncia en su contra impulsada por la Directora  del Instituto Médico Legal Alicia R. Cadierno  ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogado.

Se acusa a Sancevich de “intimidación” a los funcionarios, por haber exigido que cesara el impedimento del ingreso al perito de parte de la Familia de María de los Ángeles para la reautopsia de su cuerpo, hecho motivado por las múltiples irregularidades que hubo en la primer autopsia.

Es sabido que el Instituto Médico Legal tiene en su haber numerosas denuncias por encubrimiento del accionar policial y no es la primera vez que funcionarios de este organismo realizan denuncias intimidatorias a abogados de las víctimas.

El Instituto Médico Legal y los sectores de la Justicia y el gobierno que buscan la impunidad para el caso de María de los Ángeles quieren silenciar a quienes vienen impulsando la lucha por esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables. La sanción del Tribunal de Ética podría significar la perdida de matrícula para Sancevich, convirtiéndose en un precedente muy peligroso.

Desde Izquierda Socialista llamamos a impulsar una campaña unitaria de todos aquellos que defendemos las libertades democráticas y la lucha contra la impunidad para exigir la completa absolución de Sebastián Sancevich del caso mencionado, y a seguir impulsando el castigo para los responsables de la muerte de María de los Ángeles.

Escribe: Mariano Soria

Escribe Adriana Astolfo Secretaria general de Adosac Pico Truncado

Alicia Kirchner cerró 2017 aprobando un polémico “doble calendario”: el 1° de febrero debíamos presentarnos los docentes que hicimos paro y nuestros alumnos para “culminar 2017” y semanas después los alumnos cambiarían de docentes para “empezar 2018”. Un absurdo político, gremial y pedagógico.

Además, durante las vacaciones, Alicia pagó en cuotas y atrasado el sueldo y el aguinaldo, y sacó la resolución 066 que establece un presentismo para tratar de quebrar las huelgas docentes: un premio a la asistencia  perfecta que otorga 3 puntos al título docente, muchísimo más de los que se consiguen anualmente por capacitación pedagógica. ¡Otra aberración! Para el gobierno kirchnerista es más valioso y merece un mayor puntaje un docente carnero, que soporta todo tipo de atropellos sin luchar, que un docente que hace cursos de perfeccionamiento. También dictó la resolución: 2.575 que anula acuerdos paritarios, despidiendo a 200 docentes por la implementación de la reforma en secundaria.
Con estas medidas, sumado a la falta de servicios de nuestra obra social, edificios escolares destruidos, el ataque al régimen de licencias y al Estatuto Docente y la negativa de recomposición salarial, el gobierno kirchnerista va en consonancia con la política de ajuste de Macri.
Nuestra agrupación Naranja Docentes en Marcha plantea la necesidad de cambiar el rumbo de la política gremial que la conducción provincial Lila sostiene en Adosac, que nos llevó a una dura derrota en 2017. Desmoralizó a miles de compañeros después de 105 días de paro levantando la lucha a cambio de nada, en un “gesto” a los gobiernos nacional y provincial, avalado por otras agrupaciones, como Tribuna Docente del PO.
Hay que abandonar la orientación gremial de enfrentar sólo el ataque de Alicia Kirchner, diferenciándolo de los ataques de Macri y Cambiemos, ambos son aliados en el ajuste. Hay que nacionalizar la lucha y tratar de salir del aislamiento en que nos mete la conducción de Ctera. Impulsamos organizar una campaña nacional docente de apoyo a Santa Cruz e instalarnos en Buenos Aires con una delegación para denunciar a Alicia y a Macri. Lamentablemente esto no fue impulsado por Cormack, secretario general de Adosac. Es fundamental cambiar el rumbo, bajo el riesgo de que la política Lila vuelva a desmoralizar y liquidar la lucha en 2018. 

Escribe Mónica Schlotthauer, Cuerpo de Delegados Ferrocarril Sarmiento y diputada electa de Izquierda Socialista/FIT

El 22 de febrero de 2012 el tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento avanzaba hacia la estación Once. A la formación de ocho vagones le faltaba un compresor (máquina que hace funcionar el sistema de frenos) y tenía otro inservible. Venía con “freno largo”, es decir que necesitaba más distancia para frenar, y tampoco había velocímetro en la cabina del conductor.

A 20 kilómetros por hora recorría sus metros finales, pero el conductor no logró detenerlo. A las 8:30 el tren impactó contra el paragolpes hidráulico que estaba mal instalado y no funcionaba. Murieron 52 personas y más de 800 resultaron heridas.
El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a 21 de los 28 acusados por esa masacre, entre ellos a Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ex secretarios de Transporte, y a Claudio Cirigliano, propietario de TBA (Trenes de Buenos Aires). El fiscal de la causa manifestó que la tragedia de Once fue producto de un plan criminal. Así hacía referencia al vaciamiento del servicio ferroviario y a la red de corrupción que se inició con las privatizaciones menemistas y continuó con el kirchnerismo, en la que estaban comprometidos funcionarios del gobierno, empresarios, gerentes y burócratas sindicales.
La persistente lucha y movilización de los familiares de las víctimas por justicia, la solidaridad y las denuncias del cuerpo de delegados de la lista Bordó del Sarmiento, junto al masivo repudio popular a la impunidad, fueron las reales causas que lograron la realización de los juicios y el dictado de condenas. Cinco años después de aquel trágico día, la misma lucha consiguió la imputación y el proceso al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. En la actualidad, junto con Ricardo Jaime son los únicos presos, pero por otras causas. ¡Sigue sin haber justicia para las víctimas! A seis años de la masacre no hay ningún responsable preso y la Sala III de la Cámara de Casación mantiene frenada la causa. ¡Así funciona la justicia patronal!
El próximo 22 de febrero estaremos presentes junto al Pollo Sobrero, la lista Bordó y los ferroviarios del Sarmiento para acompañar a los familiares y junto a ellos reclamaremos: ¡cárcel para Cirigliano, Schiavi y los demás responsables! Convocamos a todos los trabajadores a sumarse a esta lucha por justicia para las víctimas, en la perspectiva de lograr también la reestatización de todo el sistema ferroviario bajo control de los trabajadores y usuarios, única salida para que sea eficiente y seguro.