Escribe Angélica Lagunas, Diputada Izquierda Socialista/FIT

La denuncia publicada en el diario español El País sobre depósitos en el Banco de Andorra, que implica al ex gobernador del MPN Jorge Sapag en actos de soborno, no es más que la confirmación de una sospecha que recorre la provincia. En estos días el comentario es que al fin saltó la corrupción petrolera y empezó por lo más alto del poder político. Los funcionarios son socios en la corrupción, por eso este acto está vinculado con el ex subsecretario general de la Presidencia macrista, Valentín Díaz Gilligan.

Además de la investigación que corresponda para aclarar la magnitud del robo y la sanción penal, desde nuestra banca le exigimos al ex gobernador que devuelva inmediatamente los 5 millones de dólares, porque si no los colocó en ese banco bien debe saber dónde los tiene guardados. Que los devuelva para que vayan, por ejemplo, a los servicios de pediatría en los hospitales públicos que están en estado de coma por responsabilidad de su gestión.

Durante décadas de gobierno del MPN se han regalado los recursos hidrocarburíferos, por eso el caso de Sapag es una muestra de lo que reciben a cambio los políticos patronales por hacer favores a las empresas nacionales y extranjeras que sacan las riquezas del suelo y fugan la plata del país.

En esa oportunidad se trata de las empresas que participaron de licitaciones a medida desde el año 2008 usando a GyP S.A., firma creada por el gobierno para otorgar en nombre del Estado las concesiones de las áreas más jugosas. Fue la antesala para que luego se impusiera el conocido pacto YPF-Chevron que se votó en la Legislatura a libro cerrado, con cláusulas secretas y balazos de goma en las calles. No por nada también está involucrado en esta denuncia el ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

Escribe José Castillo

Apareció un nuevo funcionario con cuentas en el exterior. Es otra muestra de la composición de este gobierno de CEOs. La bronca creciente hizo que esta vez Macri tuviera que soltarle la mano.

No se trata del primer caso y, muy probablemente, tampoco del último. El diario español El País reveló que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, poseía una cuenta en Andorra por la suma de 1,2 millones de dólares. Su defensa fue antológica, dijo que figuraba ahí sólo porque se lo pidió su amigo Francisco “Paco” Casal, empresario uruguayo dedicado a la compraventa de jugadores y uno de los que manejan la siempre abierta pelea global por los derechos de la televisación del fútbol. En síntesis, se defendió diciendo que era sólo “un testaferro”.

Lo “nuevo” que aportó el caso Gilligan fue que esta vez Macri estuvo obligado a soltarle la mano y el funcionario offshore tuvo que renunciar. Que el gobierno haya tenido que desprenderse de Gilligan es una demostración de cómo está pegando la bronca que viene incrementándose desde las multitudinarias movilizaciones de diciembre contra la reforma jubilatoria. Las encuestas muestran cómo cae la imagen presidencial y esto se refleja, más popularmente, en los masivos insultos a Macri en las canchas de fútbol.

Gilligan integra la ya larga lista de funcionarios del gobierno con negocios de este tipo en el exterior. Repasemos: la encabeza el propio presidente Mauricio Macri, que apareció en los famosos Panama Papers figurando como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. También tenemos al ministro de Finanzas Luis Caputo, que manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware (Paradise Papers), además de ocultar en su declaración jurada haber sido el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre las cuales figura Princess International Group (islas Caimán). Le sigue el ministro de Energía Juan José Aranguren, director de al menos dos empresas offshore vinculadas a Shell, mientras se desempeñaba como CEO de esa compañía. También podemos mencionar al intendente de Lanús Néstor Grindetti, apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que aparece integrando el directorio de Kalushy de Panamá; al intendente de Vicente López Jorge Macri, secretario de Latium Investment de Panamá, y al secretario legal y técnico de la Presidencia Pablo Clusellas, que figura como intermediario en el montaje de sociedades en paraísos fiscales, entre tantos otros.

Parecería que tener algún tipo de participación en una empresa offshore o cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales formara parte del “currículum” necesario para ser funcionario macrista.

Sumémosle a esto los otros casos de corrupción, como el que trascendió hace poco tiempo del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada que tenía en negro y encima la había designado en la intervención del SOMU mientras cumplía tareas de “servicio doméstico”. O las vinculaciones entre Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri, con Angelo Calcaterra, primo del presidente, y de ambos con la transnacional Odebrecht en operaciones corruptas como el soterramiento del Sarmiento.

Con la sola renuncia de Gilligan no alcanza: tienen que irse todos los involucrados en estos casos de corrupción. Como dice el proyecto de ley anticorrupción que presentó nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda, hay que invertir la carga de la prueba y que todos los funcionarios involucrados en denuncias de este tipo tengan que demostrar ellos mismos su inocencia, que vayan presos y que sean obligados a devolver lo robado o fugado al exterior.

Escribe Claudio Funes

Esteban Castro, secretario general de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), habló en la marcha del 21 en nombre de los movimientos sociales, arengando “Viva el Papa”. Según este dirigente “el Papa está con los pobres”. ¿Francisco está contra el ajuste de Macri? Nosotros respondemos categóricamente que no.

El kirchnerismo dice que el Papa no viene a la Argentina porque estaría contra “el neoliberalismo” de PRO. Lo hace para enarbolar otra mentira: decir que Francisco es “nacional y popular”.

El Papa y la jerarquía de la Iglesia Católica argentina siempre llamaron al “diálogo”, es decir, a frenar las luchas. Fue a su pedido que en 2016 el triunvirato de la CGT levantó un paro general para ir a una “mesa de diálogo” que terminó en la nada.

El papa Francisco apoya a los burócratas sindicales que son cómplices del ajuste de Cambiemos. La relación entre la Iglesia y la dirigencia sindical peronista es histórica. El Papa, cuando era Jorge Bergoglio, perteneció a la derecha peronista, el sector en el que se formaron muchos de los actuales burócratas traidores.
Francisco usa los movimientos sociales para mostrarse preocupado por la pobreza. En 2016 convocó al Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Concurrió una numerosa delegación argentina, compuesta por el Movimiento Evita, la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Ellos mismos insistieron en que el evento no era “contra Macri ni ningún gobierno en particular”.

Francisco asumió el papado en medio de una profunda crisis de la Iglesia Católica, que lo obligó a un cambio de discurso y a dar una imagen “más cercana a los pueblos”. Pero no hay que dejarse engañar, sigue siendo la misma institución retrógrada que está llena de curas pedófilos y siempre estuvo en contra del derecho al aborto. Siempre va a estar con los poderosos.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Hugo Moyano dijo en la marcha del 21: “Preparémonos los trabajadores para cuando llegue el momento de expresar la voluntad popular”. De esa forma instó a que se vuelva a votar al peronismo en 2019 para enfrentar al “gorila” Macri. Un planteo político completamente equivocado.

Moyano reaviva el debate sobre cuál tiene que ser la alternativa política para los trabajadores. No solo no convocó a un paro general para enfrentar a Macri (ver Editorial, página 2), sino que vuelve a generar falsas ilusiones. Dijo que con un gobierno peronista en 2019 pueden cambiar las cosas para el pueblo trabajador cuando, en realidad, durante esos gobiernos se beneficiaron los grandes empresarios y las multinacionales.

El PJ no es alternativa

De los 35 años de gobiernos desde que cayó la dictadura hasta acá, 20 fueron del PJ. Carlos Menem gobernó en los años ‘90. Se decía que el “caudillo riojano” nos iba a salvar. Pero puso en el Ministerio de Economía a Bunge y Born, remató todas las empresas estratégicas del Estado con las privatizaciones dejando a cientos de miles en la calle (ferrocarriles, teléfonos, empresas de agua, luz, YPF) y la Argentina duplicó su deuda externa. El propio Moyano creó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) en esos años haciendo paros y marchas contra el ajuste de Menem.
Tras el Argentinazo que derribó al gobierno del radical De la Rúa al grito de “que se vayan todos” y “sin peronistas, sin radicales, vamos a vivir mejor”, en 2003 subió el kirchnerismo. Con su doble discurso, hizo creer que la Argentina tenía el mejor gobierno de los últimos 200 años. ¡Incluso mejor que el peronismo del ‘45! El kirchnerismo gobernó para la Barrick, Chevron, pagó la deuda externa de contado (200.000 millones de dólares) y terminó poniendo al represor Milani en el Ejército. Mantuvo el robo del impuesto a las ganancias para más de un millón de trabajadores y con la inflación los salarios perdieron siempre. El propio Moyano –que apoyó al kirchnerismo durante varios años– también tuvo que hacerle paros a Cristina ante el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social. Sin embargo, pese a esos antecedentes, Moyano hoy vuelve a decir que un posible gobierno del PJ puede ser una salida para los trabajadores.

El FIT y un programa de fondo

Desde Izquierda Socialista decimos dos cosas. Primero, que el enemigo central de los trabajadores es el ajuste de Macri y de los gobernadores. Por eso vamos a seguir llamando a la más amplia unidad de acción para derrotarlo, y así fue que impulsamos la marcha del 21 con una columna independiente a pesar de las diferencias con Moyano, reclamando el paro general que él no convocó. Segundo, que vamos a combatir a los políticos patronales y dirigentes sindicales que usan la movilización de los trabajadores para llamar a apoyar variantes capitalistas que ya fracasaron. Esto incluye al kirchnerismo, que trata de “desgastar” a Macri posando para las próximas elecciones mientras aplica el ajuste donde gobierna, como en Santa Cruz. Por eso desenmascaramos a Cristina Kirchner cuando pidió el voto “para frenar el ajuste”, un verso total. Hasta el propio Scioli se ausentó de la sesión del 18 de diciembre sin votar en contra del robo jubilatorio.
Agustín Rossi (presidente K del bloque de diputados) llegó a decir que había que hacer una amplia unidad con políticos del peronismo ¡que incluya al Frente de Izquierda! ¡Pero el Frente de Izquierda no tiene nada que ver con Gioja, Solá, Aníbal Fernández, Massa, Máximo Kirchner o Espinoza!

El FIT lucha para superar al peronismo por izquierda. El Frente de Izquierda levanta un programa de fondo al servicio del pueblo trabajador. Lo opuesto a lo que vinieron haciendo los gobiernos peronistas y sus diputados en estos años. Solo la izquierda enfrenta el ajuste y propone dejar de pagar la deuda externa para que haya trabajo, salud y educación, reestatizar las privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Solo con esas medidas de fondo habrá salarios iguales a la canasta familiar, el 82% móvil y un plan de obras públicas para dar trabajo genuino.

La pelea es por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, dándole la espalda a todas las variantes del PJ. Llamamos a los miles de trabajadores que marcharon el 21 y al conjunto de la clase obrera a reflexionar sobre todo esto. Y los invitamos a sumarse a Izquierda Socialista para fortalecer al FIT, que lucha de verdad por una salida de fondo para el pueblo trabajador.

Menéndez fue el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar y máxima autoridad de la represión en Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Fue condenado doce veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tras ser acusado en más de 800 causas que incluyen desapariciones, torturas, violaciones y robo de bebés.

En su momento se había beneficiado con el Punto Final de Alfonsín y el indulto de Menem. Pero cuando la lucha popular logró la anulación de estas leyes de impunidad, le llegó la seguidilla de condenas. Sin embargo, Menéndez no murió en la cárcel. Lo hizo en un hospital de Córdoba al que había sido trasladado desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria. El genocida que tenía el récord de condenas a cadena perpetua terminó sus días viviendo cómodamente en su casa. Este beneficio que la Justicia de Macri le está dando a los genocidas es una vergonzosa señal de impunidad. Por eso seguiremos reclamando ¡Cárcel común y efectiva para todos los genocidas! ¡Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!