Escribe Atilio Salusso

Nuestro país no es ajeno a este problema. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), la desigualdad ha venido creciendo en Argentina. Un informe de la Evolución de la Distribución del Ingreso surgido de la Encuesta Permanente de Hogares de 2019, indica que el 10% de las familias argentinas más ricas, posee el 31,9% de la riqueza total del país, mientras que el 10% más pobre, dispone apenas del 1,6%. Una desigualdad aberrante.

Diputada Trimarchi (Izquierda Socialista-FIT Unidad)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy el pago del primer vencimiento 2020 de la deuda externa de la Provincia. Lo hizo después de idas y venidas en las negociaciones con los acreedores internacionales. Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad rechazó el anuncio en duros términos.

Trimarchi dijo: "Kicillof anunció que pagará $150.000 millones de pesos. Después de decir que la deuda de Vidal era 'irresponsable' y que no iba a pagar, pagará de contado con dinero de la provincia. Esa millonada debería ir a salario, trabajo, a los hospitales y escuelas, no a los usureros".

Trimarchi agregó: "Kicillof tiene un doble discurso. Durante un mes simuló que se peleaba con los usureros y ahora anuncia que pagará sin chistar. Encima este año tendrá que pagar $3.410 millones más. Kicillof dice que quiere 'negociar una reestructuración' lo que significará seguir hipotecando los recursos de la provincia para seguir pagando millonadas a los usureros".

Trimarchi finalizó: "Los gobiernos del PJ y Cambiemos endeudaron a la provincia y los bonaerenses no vimos ni un peso de esos préstamos. Ahora lo que se pague a los usureros internacionales será dinero que no irá a resolver los urgentes problemas sociales. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad decimos que la única solución es dejar de pagar una deuda ilegítima y fraudulenta y que ese dinero vaya a resolver los problemas de comida, trabajo, vivienda, salud y educación de los bonaerenses".

Contacto de Prensa
Tomás 221 570-9656

La muerte de Fernando Báez Sosa causó una gran conmoción e indignación en la sociedad. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con la familia de Fernando y sus amigos, a la vez que exigimos justicia para sus asesinos.

¿Cómo puede ser que un grupo de chicos menores de 21 años maten a golpes a otro por manchar una camisa? El rugby y todos sus mandatos se han puesto en tela de juicio, y es positivo: el machismo y el uso de la violencia como forma de legitimar una supuesta posición de dominación. Pero no es el deporte en sí lo que generó este asesinato, creemos que hay razones más profundas para analizar este aberrante hecho.
Han circulado ejemplos en los medios y las redes sociales, antecedentes de hechos similares, muchos realizados por jugadores de rugby. En la mayoría hay un denominador común: la impunidad. Los agresores, en su gran mayoría, pertenecen a familias “tradicionales” de las distintas regiones donde se localizan los clubes. Este dato no es menor porque, como siempre denunciamos, la justicia no es imparcial, tiene lazos con el poder y es influenciable. Muchas veces estas familias son parte orgánica del poder judicial.
Sin embargo, no es el rugby el único deporte que tiene integrantes violentos y golpeadores que rebasan los límites de lo impensado. Las miles de mujeres asesinadas por femicidas son el ejemplo más concreto de que la aniquilación del “otrx” es una moneda corriente en nuestra sociedad patriarcal.

Son el sistema capitalista y sus gobiernos patronales -hoy el peronismo, antes el macrismo y el radicalismo-, quienes degradan cada vez más a la sociedad, los responsables de este hecho y de que lamentablemente se vayan a seguir dando, y son los cómplices de la justicia que otorga impunidad a dedo, pero pisa con pié de plomo cuando los crímenes los comete alguien pobre. Todos los veranos hay casos como el de Fernando, pero ¿qué hacen los gobiernos para frenar esto? Absolutamente nada. Siempre los de arriba quedan impunes.
Lo mismo sucede cuando los patovicas, la seguridad privada de los boliches, asesinan jóvenes o les pegan tanto que los dejan hospitalizados. También, como en el caso de Fernando, no se meten cuando ven peleas porque “ya no están dentro del establecimiento”. No quieren evitar las peleas; solo buscan que la noche transcurra normalmente y que no afecte las ganancias del patrón. Lo mismo la policía, que circulaba la zona, pero no hizo nada.

Los empresarios no se preocupan por la seguridad de la juventud que sale a bailar, solo les importa su lucro. Por eso ni la muerte de Fernando en la puerta de Le Brique impidió que sus dueños abrieran el boliche al día siguiente del asesinato. Indignante.
Las excepciones se dan cuando el pueblo se moviliza y exige justicia, como en este caso. Todo el país se conmocionó con semejante salvajada y es importante, fundamental, que el hecho no quede impune. Fernando era un joven de clase trabajadora, hijo de un encargado de edificio, que había hecho changas para poder irse de vacaciones. Pero fue asesinado por un grupo de cobardes que se consideran impunes, que saben que no son los primeros en hacer lo que hicieron, pero que actúan porque reconocen que la justicia siempre falla a su favor.
Desde Izquierda Socialista seremos parte de las movilizaciones reclamando que el asesinato de Fernando no quede impune.

¡Exigimos castigo para los asesinos de Fernando!

Gastón Godoy, Juventud de Izquierda Socialista

Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevan un poco más de un mes gobernando. Los distintos medios vienen opinando sobre la nueva gestión del Frente de Todos y es un debate en medio del verano de millones de trabajadores y jóvenes.

El peronismo gobernante ha convertido en una muletilla la frase de “que está gobernando para los más vulnerables”. Consideramos que no es así. El recorte a los jubilados, las sumas fijas a los salarios por debajo de la inflación, la continuidad en la suba de los precios, el apoyo a la megaminería, los impuestazos como el de Kicillof y esencialmente la política de reconocer la deuda externa contraída por Macri, entre otras medidas plasmadas en la ley de emergencia votada en el Congreso indican que el gobierno tomó la decisión de salvar las ganancias capitalistas en vez de combatir los males sociales

Miremos qué dicen los grandes empresarios, el FMI y los especuladores. El empresario automotriz y CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi -quien fue un macrista acérrimo hasta siendo fiscal de mesa en las elecciones para el PRO-, dijo: “Creo que fue brillante […] hay medidas dolorosas como el sistema previsional, pero si no se reforma no hay solución de ningún tipo”. Y lo más contundente fue el FMI. “Estas primeras medidas nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva” afirmó Alejandro Werner, director del organismo para el Hemisferio Occidental. El FMI no elogia a cualquiera, sino a los gobiernos que aplican medidas de achique social y en especial a los que le van a pagar la deuda, como lo ha ratificado Fernández.

Que se está aplicando un ajuste lo reconoció el propio presidente: “Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”. ¿Cuál es el ajuste? En primer lugar, el robo a los jubilados y a los trabajadores. A cambio de 5.000 pesos en enero y febrero para quienes cobran la mínima se les suspendió la movilidad, es decir, no se les pagará el reajuste del 27% que les correspondía. Lo mismo está haciendo con los salarios. Con sumas fijas absolutamente insuficientes el gobierno intenta patear las paritarias y eliminar la cláusula gatillo firmada en algunos gremios, convalidando, de la mano de la burocracia, sindical lo perdido en la era Macri. Los gobernadores siguen el mismo camino en las provincias.

¿Cuáles son los objetivos de las medidas de Fernández? Ahorrar para pagar la deuda y aumentar las ganancias de los grandes empresarios y multinacionales. La ley de emergencia habilita a renegociar la deuda. Pero renegociar implica avalar el pacto con el FMI y pagar una deuda usurera y fraudulenta. Patear los vencimientos para más adelante no es ninguna solución. “Honrar deudas” que no contrajo el pueblo trabajador significará nuevos ajustes. No hay ningún país del mundo que salió de la mano del FMI pagando deudas fraudulentas.
Otro tema a resaltar en los primeros días de gobierno es el aval de Alberto Fernández a la megaminería. El Frente para la Victoria de Mendoza votó junto al gobernador de la UCR la reforma a la ley 7722 que la prohibía. Esto provocó inmensas movilizaciones que terminaron en un triunfo. Por lo mismo se lucha en Chubut. Luchas que son un gran aliciente para enfrentar el pacto social. También hubo marchas en contra del ajuste y el congelamiento salarial en algunas provincias.

Con el argumento de la “tierra arrasada” de Macri el gobierno hace campaña que “le estamos poniendo plata al bolsillo de la gente”. No es lo que se está viendo. Por eso, opuesto a lo que dice el gobierno habrá menos plata para los bolsillos de los trabajadores.

Sabemos que millones aún no lo ven así, mantienen expectativas en el gobierno o dicen “si aguantamos el desastre de Macri cómo no vamos a esperar un poco más”. A ellos llamamos a seguir el debate mientras los convocamos a defender el salario y el trabajo. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguirá luchando para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores, postulando un plan económico alternativo, fundamentalmente para que la plata vaya a salario, trabajo y a reactivar la economía, no para la deuda y el FMI, entre otras medidas de fondo.

Escribe Guido Poletti

El año 2019 terminó con una inflación acumulada de 53,8%, la más alta desde la hiperinflación de 1991. Los precios de la canasta básica (alimentos, productos de limpieza y tocador, etcétera) subieron mucho más. Con el cambio de gobierno esto no se ha detenido. Diciembre registró una alta inflación y los precios siguieron subiendo en lo que va de enero.

A comienzos del año, para echar más leña al fuego, volvió el IVA a los productos de la canasta básica que estaban exentos. El gobierno de Alberto Fernández trató de disimular el impacto por medio de una serie de “acuerdos” con las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras monopólicas. Pero esto no sirvió para evitar lo que todos vimos: los precios siguieron incrementándose y pulverizando los salarios.
El gobierno para combatir la carestía ha relanzado el programa de “precios cuidados”. No es nuevo, se implementó durante el anterior gobierno del peronismo kirchnerista y siguió vigente durante toda la era Macri. Nunca sirvió para controlar la inflación: operaba con “promociones” de ciertos productos que aparecían o desaparecían de las góndolas según las conveniencias de las empresas.

El nuevo “precios cuidados” reduce el listado de los productos, con la excusa de que estos productos son la “referencia” de todos los demás. Aquellos bienes que venían de antes, y por lo tanto permanecen en el programa, lo hacen con un aumento promedio de 30%.

No hay azúcar en “precios cuidados” y con la carne, el aceite y los lácteos, se repite lo de siempre: una oferta escasa, que no cubre ni de lejos la compra de una familia trabajadora.

El gran problema será, además, el control que lo productos aparezcan en las góndolas y a los precios acordados.

Lo único que hasta hoy se propone es que los trabajadores nos bajemos una aplicación para “controlar” nosotros mismos.

En síntesis, precios cuidados es una farsa. Lo que hay que hacer es fijar de verdad precios máximos para los productos de la canasta familiar y controlarlos desde el estado con sanciones reales, como las que plantea la ley de abastecimiento: multas, clausuras y expropiaciones a quien los viole. Pero, por sobre todo, hay que terminar con el castigo infinito a los bolsillos trabajadores: se necesita aumentos de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar.