Escribe José Castillo

La inflación oficial de agosto cerró en 7%, más arriba incluso de lo que preveían las consultoras privadas. La aceleración que se está dando desde julio pasado ya nos marca una certeza, se va a terminar el año con un suba de precios de alrededor de 100%.

La suba de septiembre será de, al menos, un 6,5% en promedio, y para octubre va camino a otro 7%. Todo esto sin contar cualquier eventual devaluación, que termine tirando los precios aún más arriba.

Este incremento de la carestía tiene sus consecuencias. Esta semana se conocerá el dato de pobreza al final del primer semestre del año. Diversos estudios calculan que rondará el 37%, o sea 17,2 millones de personas. Pero prestemos atención, ese número nos marcará la situación antes del descalabro inflacionario total, que estalló a partir de julio. Que, sin duda, aumentó la pobreza por sobre el valor del primer semestre. Por eso podemos afirmar que actualmente la población en esas condiciones supera largamente el 40%.

Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos sigue autorizando aumentos. Ya le dio el visto bueno a un incremento del 29,6% para las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión. Tenemos ya corriendo el tarifazo del gas y la electricidad, que aparecerá en las facturas a pagar en octubre o como mucho en noviembre en la primera cuota, con más aumentos en diciembre y febrero de 2023. Y, por si todo esto fuera poco, quedan dos aumentos autorizados para octubre y diciembre de las prepagas de salud, de 10,5% cada uno.

Mientras tanto, los precios de los productos de la canasta familiar siguen subiendo en las góndolas. El secretario de Comercio Matías Tombolini se reunió con las principales empresas de la alimentación y artículos de limpieza y tocador (Molinos, Arcor, Coca-Cola, Quilmes, Procter & Gamble, Unilever) que se comprometieron a “moderar” las subas. Pero la realidad es que está pasando exactamente lo contrario. Casi la mitad de estas empresas ya mandaron listados con incrementos. Veamos: Coca-Cola, un 20%; Molinos, 20%, Quilmes, 6%. Arcor, Unilever y Procter & Gamble disimulan, no subiendo en los supermercados, pero sí haciéndolo en los listados que envían a los negocios de cercanías (supermercados chinos y almacenes). Lo concreto es que entre treinta y cuarenta productos de la canasta básica subieron esta quincena en valores que van desde 40 hasta 90%. La consultora LCG asegura que la suba promedio de alimentos y bebidas para este mes de septiembre será de 7,7%. Otro informe, esta vez de Ecolatina, sostiene que en el rubro de indumentaria el incremento fue de 17,7%.

La contrapartida a todo esto es que los salarios están por el piso. Todos los trabajadores, sin excepción, estén en blanco o precarizados, vienen perdiendo frente a la inflación. Muchos gremios tienen como último acuerdo un 60% anual y en cuotas. Ahora, tras el descalabro antes mencionado, quieren arreglarlo llevando el techo a un 80% (por supuesto, nuevamente en cuotas), cuando ya todas las proyecciones dan una inflación de 100%. O se empieza a hablar de un supuesto “bono” recién para fin de año.  

Hay que exigirle a la burocracia sindical de la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y que salgan a enfrentar las consecuencias de este ajuste brutal que está pulverizando los salarios. Es necesario un aumento de emergencia para todos, pero ahora mismo, no “a fin de año”. Y no puede ser un monto insignificante: tiene que alcanzar para que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza, hoy calculada por los trabajadores de ATE Indec en 192.651 pesos. Que se actualice mensualmente de acuerdo al alza del costo de vida. Para, a partir de allí, reabrir la discusión en todas las paritarias. Esto, y una real control de precios, fijando valores máximos para todos los artículos de la canasta familiar y sancionando de verdad a quiénes lo violen, con la aplicación de la ley de abastecimiento, son las auténticas medidas para enfrentar el flagelo inflacionario.

Escribe José Castillo

El gobierno insiste en que el tarifazo del gas y la electricidad solo lo pagarán los sectores de mayor riqueza.

Sin embargo, terminada la carga de la planilla de los que supuestamente pidieron la exención, el número da que el 30% no se inscribió y, por lo tanto, deberá pagar la tarifa plena (la totalidad del tarifazo en curso): son 5,5 millones de personas.En los casos de Córdoba y Santa Fe la cuestión ya tiene ribetes de escándalo: entre el 45 y el 50% no se anotaron en el registro.

Es imposible que este número coincida con los “ricos” de la Argentina. Se calcula que cerca de un millón de hogares serían efectivamente de “ingresos altos” (cobran más de 390.000 pesos por mes o tienen bienes que pueden calificarse como “de lujo” o señal de manifestación de riqueza).

¿Qué pasa con los otros 4,5 millones de personas que no se inscribieron? Muchos adultos mayores no lo han hecho. También muchas personas que integran los sectores más pobres y marginados, sea por desconocimiento, no saber cómo llenar la planilla o directamente falta de acceso a internet.   

Conclusión: el tarifazo de gas y electricidad pegará con todo sobre el conjunto de la clase trabajadora. Esa es la realidad, una medida más como parte del ajuste exigido por el FMI.
            

Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista

La modificación parcial de la Carta Magna, iniciativa del Gobernador Gerardo Morales, pretende avanzar en restricciones para las protestas. Busca “reglamentar” las marchas, manifestaciones y reclamos acorde a los estándares de Naciones Unidas, asimismo pretende habilitar el cobro de multas para las contravenciones.

La reforma de la constitución provincial, que hace días propuso el Gobernador en un ostentoso acto, apunta a fortalecer el régimen policíaco y represor y busca, por sobre todas las cosas, limitar la capacidad de lucha y organización de los trabajadores y el pueblo. En este camino uno de los puntos fundamentales que plantea es la prohibición de los cortes de ruta, así como también la sanción ante lo que la justicia pueda considerar "usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada".

En medio de una creciente crisis económica, que no para de agudizarse, ninguna de las necesidades del pueblo trabajador está en discusión para el gobernador Gerardo Morales que, por el contrario, bajo el lema de "Institucionalizar la paz" pretende prohibir -o restringir al máximo- las luchas y protestas para facilitarse la tarea de ajustar los bolsillos de los jujeños. Morales prepara así el terreno para aplicar los planes de ajuste que exige el FMI reforzando el plano represivo porque, para poder pagar la deuda externa, todavía tienen que lograr aplicar más ajuste, tarifazos y más inflación para pulverizar nuestro salario.

Otro punto fundamental de la reforma es “prohibir el indulto a quienes hayan sido juzgados por actos de corrupción”, lo que es un verdadero peligro de la mano de la Justicia adicta al ejecutivo de nuestra provincia, que desde el Ministerio Publico de la Acusación viene fabricando causas contra luchadores. Recordemos que, en el marco, de estas causas armadas, hace meses se realizaron varios allanamientos a locales de distintas organizaciones, y se están impulsando causas contravencionales a referentes políticos de la oposición, mientras otros se encuentran “investigados”.

Mientras Gerardo Morales hace este preocupante planteo, que está avalado por sus socios del PJ, algunos pocos referentes del PJ provincial se rasgan las vestiduras diciendo que esta reforma constitucional, si bien no contempla la posibilidad de una re-reelección del ejecutivo provincial, será utilizada de alguna manera por Morales para perpetuarse en el poder. Estos dichos dejan en claro cuáles son las prioridades de cada uno.

Si bien, desde Izquierda Socialista no descartamos esta posibilidad, consideramos que esa, de ninguna manera es la preocupación principal del pueblo trabajador, que ve día a día desvanecerse el poder adquisitivo de su salario ante la inflación, mientras la burocracia sindical hace oídos sordos y deja pasar el ajuste. Y consideramos que la verdadera salida para el pueblo pasa por impulsar un plan económico obrero y popular que reactive la economía, y genere nuevos puestos de trabajo con mejores salarios. Debemos dejar de pagar la millonaria deuda externa y utilizar ese dinero para priorizar las reales y urgentes necesidades de nuestro pueblo: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y más plata para educación, salud y vivienda.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Se acaba de dar a conocer el índice de inflación de 7% para agosto. El peor agosto de las últimas décadas. Otro mazzaso contra el pueblo trabajador. Siete de cada diez productos masivos aumentaron en el último mes. Cada día que pasa sube la pobreza culpa de una inflación que generan los grandes empresarios y el gobierno deja correr, siendo cómplice de la suba sideral de los precios.

Hace unas semanas el gobierno se reunió con los denominados 'gigantes' de la venta masiva. ¿Quiénes son? La Serenísima (Mastellone), Arcor, Molinos, Quilmes, P&G (multinacional yanqui) y Unilever, quienes representan casi el 70% de lo que se consume en las góndolas. ¿Qué les dijo el gobierno? Que no hagan “locuras ni picardías con los precios” y que “acompañen”. ¡Parece una broma! Nada de precios máximos, ni ningún castigo para estos delincuentes de guante blanco que engordan sus ganancias con los alimentos y productos básicos que necesitan millones.

Precios por las nubes, salarios, jubilaciones y planes sociales de pobreza e indigencia. Todo como parte de un brutal ajuste que el gobierno aplica para cumplir con el FMI. La CGT sigue apoyando al gobierno y Yasky y Baradel se reunieron con el embajador yanqui. Exigimos que estos burócratas rompan la tegua con el gobierno y las patronales y llamen a pelear por un inmediato aumento salarial y jubilatorio igual a la canasta familiar para paliar la enorme carestía de vida.

Siguen los debates y las investigaciones sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se reanudó, además, el juicio por la causa de la obra pública. Mientras gobierno y oposición patronal tratan de utilizar estos hechos, cada uno intentando llevar agua para su molino en un anticipo de la campaña electoral de 2023, la realidad para el pueblo trabajador pasa por otro lado, muy lejos de esas maniobras.

Es que el ajuste, que ya es “el ajuste del ajuste”, sigue pegando cada día más sobre el bolsillo popular. Y decimos esto porque nunca, desde el mismísimo comienzo del gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, se cumplió con la promesa electoral de entonces, de “llenar la heladera” o “pagarle a los jubilados con la plata que se quedaban los bancos por las leliqs”. Ni hablar de que se iba a llegar a un acuerdo con el FMI que evitara el ajuste. La heladera nunca se llenó, los bancos siguieron embolsando millonadas con las leliqs y el acuerdo con el FMI vino con todos los ingredientes del saqueo. Por eso el gobierno ya había sufrido el castigo electoral de noviembre del año pasado.

Pero por sobre todo esto, ahora vino un ajuste mucho mayor. Fue dicho con todas las letras y reconocido por el propio gobierno, para cumplir con los números acordados con el Fondo. Por eso los salarios y jubilaciones se siguen pulverizando frente a la inflación, ya se vienen los tarifazos en gas y electricidad, hubo recortes en educación que dejaron sin computadoras a miles de pibas y pibes, y achicamientos en salud que generaron indignación y movilizaciones de padres y trabajadores de personas con discapacidades.

Por eso crece la bronca. Y en varios casos ya se ha transformado en pelea contra el ajuste. Un ejemplo son los docentes, en plena pelea en provincias como Santa Fe, o los Sutebas Multicolores con su parazo de esta semana. Otro es la larga lucha que no cesa de los trabajadores del Sutna.

Todo ello mientras la burocracia de la CGT no rompe con la política de ajuste del gobierno. Y, peor aún, tenemos el vergonzoso caso de dirigentes de la CTA que no solo no apoyan las luchas, sino que se van a sacar fotos con el mismísimo embajador yanqui.

Y, ya que hablamos de los yanquis, no olvidemos que mientras acá se juega a debatir sobre si se hace o no una ley sobre el “odio”, la verdadera política se discute en Washington, donde el ministro Massa arregla el ajuste presente (y uno mayor aún para el año que viene) con la jefa del FMI Kristalina Georgieva. O avanza en el saqueo de nuestros recursos, ofreciéndoles más privilegios a los monopolios del gas y el petróleo.

Resumiendo: tenemos un gobierno que negocia descaradamente el ajuste en Estados Unidos, mientras acá la vocera presidencial sigue insistiendo con que “el ajuste no existe”, y que solo “se trata de reasignación de partidas no ejecutadas”. ¡Pregúntenle al bolsillo del pueblo trabajador si el ajuste existe o no!

La oposición patronal de Juntos por el Cambio quiere aprovechar la bronca contra el gobierno. Pero, ¡a no equivocarse! Toda su interna se dirime en tratar de mostrar quién es el mejor candidato para ajustar y tener “mano dura” contra los que salgan a luchar. Mucho menos representan una alternativa válida para el pueblo trabajador los liber-fachos de Milei, que acaba de hacer una conferencia nada menos que con Domingo Cavallo, el ministro hambreador del gobierno peronismta de Carlos Menem.

Tenemos que salir a pelear contra el ajuste. Los docentes y trabajadores estatales de varias provincias nos marcan el camino. Para eso necesitamos una nueva dirección sindical, combativa y democrática, que desplace a la burocracia traidora. La reciente votación en Ctera es un buen ejemplo, ya que a pesar del fraude la lista opositora Multicolor, encabezada por Angélica Lagunas, acaba de hacer una extraordinaria elección, ganando en la provincia de Neuquén como muestra de la bronca contra la burocracia sindical.

Por sobre todo, la discusión es política. Millones se preguntan a dónde va el país, sumido en la crisis y la decadencia. Ninguno de los partidos patronales tiene una propuesta capaz de dar respuesta a los angustiantes interrogantes del pueblo trabajador. Es necesaria otra alternativa política, la que venimos construyendo desde hace años con el Frente de Izquierda Unidad. Planteamos un programa de emergencia obrero y popular que, partiendo de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, priorice aumentar los salarios y las jubilaciones para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y ponga en marcha un plan de construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino y más plata, en vez de recortes, para la educación y la salud pública. Un programa que solo podrá ser llevado adelante por un gobierno de las y los trabajadores, que comience a transitar el camino hacia una Argentina socialista.

Desde Izquierda Socialista estamos comprometidos en construir esta alternativa. En estos días estamos realizando actividades abiertas en todas las provincias y municipios del Gran Buenos Aires, para que conozcas nuestras propuestas y puedas sumarte. Te esperamos.