Escribe Martín Fú

El gobierno de Israel inició el lunes pasado la demolición de decenas de viviendas palestinas, la mayoría en construcción, en Wadis Humus y Sur Baher, en Jerusalem Este. Setecientos policías y doscientos soldados fue la fuerza que utilizó para desalojar a 17 palestinos, facultando a los terroristas de la FDI (Fuerza de Seguridad de Israel) a dinamitar y usar topadoras en la demolición.

El Estado genocida lanzó esta nueva ofensiva contra el pueblo palestino argumentando la cercanía de las viviendas con el “cordón de seguridad” construido y decretado unilateralmente por el usurpador israelí en 2004, con el cual se terminó anexando algunas zonas de Cisjordania bajo control de los sionistas. Las demoliciones tienen como fin aumentar las áreas de ocupación y control israelí donde viven cerca de 300.000 palestinos, aislando a las comunidades originarias de la zona y despojándolos de sus viviendas y medios de vida. Según Amnistía Internacional, Israel ha demolido 50.000 viviendas o instalaciones palestinas desde 1967.

“La demoliciones de Sur Baher representan un crimen de guerra, una limpieza étnica que debe ser investigada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional”, denunció la veterana dirigente palestina de la OLP en Ramalá, Hanan Ashrawui. Repudiamos esta nueva acción criminal del estado racista de Israel como otro intento de doblegar al heroico pueblo palestino. Llamamos a redoblar el apoyo a la resistencia del pueblo palestino. No habrá paz en la región hasta expulsar al invasor sionista y lograr un Estado único palestino, laico, no racista y con amplios derechos democráticos para todos sus habitantes.

En los últimos días se filtraron conversaciones por Telegram del gobernador Ricardo Roselló y varios funcionarios de su gobierno, llenas de comentarios machistas y homofóbicos. Esto desató una masiva movilización popular en las calles de San Juan, capital boricua. Miles marcharon hacia el Capitolio, centro político del país, exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló. Además crece el repudio a su figura por los casos de corrupción en su gobierno. A continuación reproducimos la declaración de la UIT-CI
del 19 de julio de 2019.

Puerto Rico es uno de los dos Estados Libres Asociados a los Estados Unidos, con status de autogobierno, que es explotado por el imperialismo yanqui. La isla tiene una población de más de 3 millones de personas, que como consecuencia de la crisis económica y el desastre que dejó el huracán María, sigue descendiendo debido al proceso de emigración constante.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917 pero insólitamente no tienen los mismos derechos. El poder para ejercer su soberanía depende exclusivamente del Congreso estadounidense. A lo largo de los años este proceso decantó en la conformación de distintas expresiones independentistas. Lucha que dejó mártires, como el dirigente Filiberto Ojeda Ríos, que fue asesinado en 2005 por el FBI en un escandaloso operativo, que incluso fue televisado, lo que generó un repudio popular. El independentista, Oscar López Rivera, luego de pasar 36 años detenido injustamente por el imperialismo, fue liberado en 2017 gracias a las grandes campañas internacionales exigiendo su libertad.

Crisis económica y catástrofe

Luego del huracán María, en 2017, la isla quedó semidestruida. Cientos miles de familias que perdieron todo, más de 4 mil muertos, miles y miles de refugiados, un escenario devastador. Esta catástrofe sumada a una fuerte recesión, que lleva más de una década, hunde aún más en la crisis a Puerto Rico. Trump frena las ayudas económicas por catástrofes, ya insuficientes, mofándose de las víctimas del huracán, en una disputa entre el gobierno de Roselló y la Casa Blanca.

En la isla, más del 40% de la población vive en la pobreza, los salarios son bajos y el costo de vida es cada vez más elevado. La deuda externa del país asciende a 70 mil millones de dólares. Deuda que se dejó de pagar en 2015 para que luego el imperialismo yanqui intervenga desde su congreso para declarar la bancarrota de la isla y crear una junta de supervisión fiscal que maneje la economía interna. Esta Junta es la que viene presionando al gobierno de Roselló para aplicar un plan de ajuste que comience con la reducción de las pensiones a empleados públicos para sostener el pago de la deuda.

Miles en las calles

Los casos de corrupción abundan entre los funcionarios de Roselló, incluso hace unas semanas atrás fueron detenidos dos funcionarios por malversación de fondos públicos. Hecho que generó indignación entre las y los puertorriqueños.

En la última semana se desató un nuevo escándalo para el gobierno al publicarse conversaciones de la plataforma Telegram entre Ricardo Roselló y varios de sus funcionarios. Chats que dieron lugar a denuncias por amenazas de muerte, discriminación, machismo y homofobia.

Estos escándalos, la crisis económica y con la isla semi destruida, aumentó la indignación entre los puertoriqueños, desatando grandes movilizaciones en los últimos días en la isla y en otras ciudades estadounidenses donde hay mayor cantidad de residentes que emigraron de la isla. Hasta celebridades puertoriqueñas se movilizaron, como los cantantes Ricky Martin, René Pérez (Calle 13), el cantante de trap Bad Bunny, y el actor Benicio del Toro, que encabezaron las manifestaciones. Y se hicieron eco, el regguetonero Daddy Yankee desde Miami en la entrega de los premios de juventud de Univisión, y otros artistas en las redes sociales, como Luis Fonsi y Wisin.

Más de 10 mil personas se movilizaron el jueves 18 por la noche hacia La Fortaleza, donde funciona el ejecutivo en San Juan, la capital puertoriqueña, que encabezaron los artistas Ricky Martin y René Pérez. La policía de Roselló atacó a los manifestantes con una fuerte represión con gases lacrimógenos, donde hubo heridos y detenidos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos y llamamos a la solidaridad internacional con la movilización popular de las y los puertorriqueños, y denunciamos la represión que ordenó el gobierno. Por la renuncia de Ricardo Roselló y contra la Junta pro imperialista que quiere más ajuste sobre el pueblo puertoriqueño. Por el no pago de la deuda externa, que ese dinero se destine a reactivar la economía de la isla, por un plan de obras para generar trabajo y por la reconstrucción de las ciudades más afectadas por el huracán.

• Fuera Roselló, fuera la Junta y fuera Trump y el imperialismo yanqui.
• Por la independencia de Puerto Rico.

Movimientos campesinos, organizaciones sindicales, comerciantes minoristas y otros sectores realizaron una medida de fuerza de una semana en repudio a las políticas económicas pactadas por el presidente Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional, el avance del extractivismo minero y petrolero, el rechazo de las privatizaciones de empresas públicas -especialmente del sector de las telecomunicaciones-, el aumento del combustible, de la edad jubilatoria, la reducción de las pensiones.

También se rechaza la entrada de naves de guerra estadounidense a la provincia de Galápagos.

La Federación Médica Peruana (FPM) y los trabajadores del sistema estatal de salud realizaron tres días de huelga nacional exigiendo un incremento de los fondos destinados a la salud, el abastecimiento de medicinas e insumos a los hospitales públicos y el cumplimiento de un convenio de mejoras salariales.

El presidente de la FMP, Danilo Salazar, dijo que el dinero solo ocupa un 2,3% del presupuesto nacional, siendo el promedio latinoamericano de 4%. Denuncian, a su vez, que el gobierno de Martin Vizcarra se burla del pueblo peruano. Y anunciaron que si el gobierno no cumple con los acuerdos, decidirán en asamblea nacional si van a huelga por tiempo indefinido.

El Colegio Médico llamó a un paro de 48 horas en el sistema público de salud. Exigen equipamiento, insumos, medicamentos y nombramiento de nuevo personal de salud, para los hospitales públicos y en defensa de la Caja Nacional de Salud (CNS) que se mantiene con aportes de los trabajadores.

“Tenemos el sistema de salud más pobre, más abandonado, más carente de recursos que tiene Latinoamérica”, denunciaron los trabajadores. El gobierno de Evo Morales anunció el Servicio Universal de Salud Gratuito pero los hospitales están colapsados ya que no se contrata suficiente personal ni se abastecen con insumos, medicamentos y equipos.