Contra la impunidad, el ajuste, el FMI y la represión de ayer y de hoy. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares.

A 45 años del golpe genocida, el Frente de Izquierda-Unidad junto a distintas organizaciones independientes impulsa movilizaciones en todo el país este 24 de marzo. En oposición a la defección de los organismos ligados al gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner y de la CGT y CTA, que han definido desmovilizar, hoy más que nunca rendimos homenaje a las y los 30 mil desaparecidos por la dictadura genocida y estamos de pie y en lucha contra todos los atropellos que sufren los trabajadores y sectores populares.

También denunciamos a todos los gobiernos constitucionales que gobernaron la Argentina desde 1983 con represión, ajuste y entrega. Es la misma clase capitalista que propició el golpe del ‘76 haciendo negocios con la dictadura la que continuó dominando al país durante todos los gobiernos constitucionales. Son los que de la mano de los gobiernos de turno continuaron precarizando, atacando y llevando a la pobreza a millones de familias trabajadoras. Fueron los gobiernos “democráticos” los que honraron la deuda externa gestada centralmente por la dictadura, profundizando la dependencia nacional, el sometimiento y la entrega del país al imperialismo, “pagando serialmente” y aumentando exorbitantemente la deuda que contrajo la dictadura. Bastó un mandato presidencial para que Macri elevara la hipoteca asumiendo nueva deuda, sumándole decenas de miles de millones de dólares retomando las “recetas” del FMI y los organismos multilaterales de crédito. En las vísperas de un nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno de Fernández se dispone a seguir pagando miles de millones de dólares hipotecando aún más a la Argentina, con un organismo financiero internacional que estuvo detrás del golpe de 1976 y en todos los planes ajustes capitalistas de todos los gobiernos. El mismo 24 de marzo el ministro Guzmán se reunirá en Washington con el FMI: una verdadera ofensa a la lucha por los derechos humanos.

Se cumple un nuevo aniversario del golpe genocida en la Argentina en el marco de una pandemia que azota a los trabajadores del mundo, mientras los gobiernos han dejado en manos de los laboratorios privados internacionales el destino de la salud de la población mundial y protegen sus ganancias capitalistas a través del sistema de patentes que impiden una producción mundial a gran escala. Multinacionales, laboratorios y farmacéuticas cobijadas por el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, China, Rusia y todos los gobiernos capitalistas. La escasez de vacunas en los países como la Argentina a pesar de que se producen 18 millones de dosis mensuales en Garín a través del Grupo Insud-Hugo Sigman para AstraZeneca, han mostrado la política de los gobiernos a la hora de resguardar la salud de los trabajadores de los países oprimidos del mundo. Miles de muertes se podrían evitar si de inmediato se anularan las leyes de patentes y se procediera a producir las vacunas en todo el mundo y los recursos nacionales estuvieran a disposición de la salud de la población en lugar de dilapidarlos a manos de las grandes patronales, el capital financiero y el FMI. A la vez que repudiamos tanto el “vacunatorio vip” del gobierno nacional como los privilegios al sector privado y las bolsas negras mortuorias del PRO y Patricia Bullrich, mostrando la decadencia del actual y el anterior gobierno.

En las vísperas de este nuevo aniversario del golpe del ‘76 en la Argentina vimos cómo Insfrán desató una fuerte represión contra una protesta ante su nuevo intento de montar un virtual estado de sitio en la provincia con la excusa de la pandemia. En Formosa se venía denunciando la existencia de centros de “atención” donde el gobierno encerraba a contagiados y sospechosos por tiempo indeterminado. Pocos días después, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández respaldó abiertamente a Insfrán y lo invitaron a participar en el acto oficial “contra la violencia hacia la mujer”. El gobierno “nacional y popular” ha optado nuevamente por defender a los represores y ajustadores en “democracia”.

Esto no podía ser de otra manera. En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el delfín cristinista Axel Kicillof, su secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha encabezado la represión -arrancando con los obreros del frigorífico Penta-, luego con miles de familias que luchan por vivienda digna como en Guernica, en el marco de una situación desesperante que recorre toda la provincia. Éste último es el principal encubridor de todas tropelías de la maldita Policía Bonaerense, incluida la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y las decenas de casos de gatillo fácil, violencia contra la mujer y el asesinato de Úrsula Bahillo a manos de un miembro de la policía. Berni pretende además bajar la edad de imputabilidad y criminalizar a los niños, al igual que Patricia Bullrich. Por su parte, para llevar adelante la represión, el gobierno de Fernández y Kicillof cedieron a todos los reclamos del motín policial.

La oposición patronal derechista de Juntos por el Cambio busca sacar su tajada de las represiones, el ajuste o casos de corrupción de los gobiernos del Frente de Todos. Pero además de las represiones, muertes, tarifazos y corrupción bajo el anterior gobierno, en Jujuy hoy crece la represión contra los sectores populares en lucha y contra los propios legisladores del Frente de Izquierda que reclaman la asunción de Gastón Remy para ocupar su banca como parte de los acuerdos de rotación de nuestro Frente -algo que impiden tanto la UCR como el PJ-, a los que el gobierno de Morales inició causas judiciales.

Para reprimir a los trabajadores no hay disputas entre el gobierno y la derecha macrista. Ambos cuentan en sus filas con los Bullrich o los Berni. Este 24 de marzo honramos la memoria de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de Facundo Astudillo Castro, de Úrsula Bahillo y todos y todas los desaparecidos/as y asesinados durante los gobiernos constitucionales.

Asistimos también a una nueva fase de enfrentamientos judiciales. Los choques en torno al Poder Judicial no pueden esconder que una parte de sus integrantes proviene de la dictadura y ocurre otro tanto con la legislación que aplican, que fue dictada por Videla y Massera y sostenida por los gobiernos patronales. Todos los gobiernos se valieron de poner y sacar jueces a su antojo para asegurar la impunidad de su personal político involucrado en hechos de corrupción. La casta judicial utiliza su inmenso poder y prebendas para perseguir arbitrariamente a distintos sectores políticos. Mientras tanto, la cárcel está poblada de hijos de trabajadores, mostrando el carácter de clase de la Justicia y del Estado. La lucha por desmantelar este andamiaje de impunidad, por la remoción de los jueces vitalicios y su elección por voto popular, juicios por jurados populares y que ganen como una directora de escuela, es parte inseparable de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores para lograr una transformación social obrera y socialista.

La mayor parte de la cúpula de la Iglesia Católica fue abiertamente cómplice y partícipe del genocidio. Hoy esa misma Iglesia utiliza el poder y los subsidios que les confieren los gobiernos para seguir con su campaña oscurantista contra el derecho de las mujeres y su lucha, que lograron arrancar la ley de aborto, y para integrar el Consejo Económico y Social en favor del gobierno y las patronales. Entre otros reclamos, este 24 marchamos junto al movimiento de lucha de las mujeres y disidencias por la inmediata separación de la Iglesia y el Estado y la anulación de todos sus subsidios.

Marchamos también por el fin de la persecución a todos los luchadores. Exigimos la absolución inmediata de César Arakaki y Daniel Ruiz quienes se movilizaron contra la reforma previsional de Macri y fueron llevados a juicio luego de la brutal represión del 14 y 18 de diciembre de 2017. Exigimos la absolución y la libertad de Sebastián Romero, junto con el cese inmediato de las causas judiciales a todos los perseguidos por luchar. Exigimos la nulidad de la causa que lleva a juicio a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por luchar por la educación pública. Exigimos el cese de persecuciones a los legisladores del FIT en Jujuy. El macrismo, que ahora hace demagogia frente a la represión en Formosa, no dudó en reprimir brutalmente a miles de trabajadores movilizados contra su plan de reformas antiobreras y el robo a los jubilados como en diciembre de 2017.

El Frente de Izquierda-Unidad se moviliza con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a la Plaza de Mayo y a todos los centros del poder político de todo el país, con todas las medidas de cuidado y seguridad por la pandemia, junto a todos los que luchan contra los atropellos de un gobierno y un régimen que continúa la entrega nacional y ajusta a los trabajadores. Vamos con los trabajadores docentes y de la salud que luchan por su salario y condiciones sanitarias, con todos los que luchan por tierra y vivienda, con el movimiento piquetero que lucha por trabajo genuino y contra el hambre, con los trabajadores que luchan contra los despidos, con las familias y amigos que luchan por justicia frente a los casos de gatillo fácil, contra toda violencia hacia la mujer, por tierra y vivienda, en apoyo a los pueblos que luchan contra la megaminería con el ejemplo de Chubut, al movimiento de mujeres que conquistó en las calles el aborto legal y sigue reclamando por sus urgentes demandas, por el no pago de la deuda externa usurera, ilegítima y fraudulenta y por la ruptura con el FMI, por todas las reivindicaciones y necesidades pendientes de los trabajadores, la juventud, mujeres y explotados de la Argentina. Apoyamos las rebeliones populares que se extienden en América Latina como hoy en Paraguay, contra los gobiernos fondomonetaristas de todos los signos políticos.

A 45 años del golpe, el mejor homenaje que les podemos hacer a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos es seguir luchando por cambios de fondo y por acabar con la clase social parasitaria que engendró el terror y el genocidio a su servicio y luego se valió de los gobiernos constitucionales para continuar su nefasta obra. Es luchar por un gobierno de las y los trabajadores.

Son 30000. Fue genocidio. Cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, incluidos los responsables de la Triple A. Basta de domiciliarias y excarcelaciones. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Vacunas y salud para todes. No a las patentes. No al ajuste de los gobiernos y el FMI. No al pago de la deuda externa. Libertad a las presas y presos políticos y desprocesamiento de los luchadores. Basta de femicidios. El Estado y el gobierno son responsables. Por la victoria de todas las luchas del pueblo trabajador.

Miércoles 24 de Marzo. 15 hs. Desde Plaza de los dos Congresos a Plaza de Mayo.

Frente de Izquierda Unidad
(PTS-PO-Izquierda Socialista-MST)

Desde hace  nueve meses el oficialismo de Morales, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual diputado Aldasoro, impidiendo así que el compañero Gastón Remy asuma su banca en la Cámara de Diputados de la provincia . Esta renuncia-asunción  es parte del sistema de rotación que tradicionalmente utilizamos en el FIT  para socializar los cargos entre las fuerzas al interior del frente. Sin embargo lo que los bloques mayoritarios de la UCR y el PJ, hacen con su negativa, no es sólo atacar a Gastón Remy, sino que atentan contra el Frente de Izquierda y su lógica de funcionamiento, ignorando a todos aquellos que al votar eligieron al FIT para que  los represente.

La renuncia de Iñaki Aldasoro fue presentada en mayo y no la aceptaron, y a fines de 2020 se habían comprometido a aceptarla en la primer sesión del 2021, pero una vez más faltaron a su palabra y se negaron a tratar el tema. Los diputados del Frente de Izquierda, se presentaron en la Legislatura provincial, acompañados por simpatizantes y militantes, y quisieron ingresar al recinto, pero los esperaba un fuerte operativo policial, que con un cordón de efectivos y bicicletas, obstruía el acceso.  La policía arremetió contra ellos, produciéndose un fuerte forcejeo, que  terminó con golpes de palo, bicicletazos y gas pimienta, un terrible ataque que se encarnizó especialmente contra las mujeres que encabezaban el contingente.

El diputado electo Gastón Remy, y la diputada Natalia Morales, terminaron con politraumatismos por los golpes, y debieron recibir asistencia médica.

Por esta represión la protesta se trasladó a la esquina de la legislatura, pero la policía amenazó con contravenciones y órdenes de desalojo. Queda claro que en el Jujuy de Gerardo Morales no hay democracia, ni libertad de opinión, ni derecho a la protesta.

El grado de ensañamiento de Gerardo Morales y su gobierno, contra los sectores populares, las mujeres, la juventud y la izquierda sobrepasa todos los limites. En esta oportunidad la asombrosa negativa a aceptar la renuncia de un diputado durante meses, y el posterior intento de silenciar el lógico reclamo, es un obsceno acto de autoritarismo que como broche final incluyó una fuerte represión.

Firmá el petitorio para repudiar la represión y para solicitar que se cumpla con el derecho del Frente de Izquierda a rotar sus bancas (petitorio aquí)

Izquierda Socialista Jujuy en el Frente de Izquierda Unidad

Con este título, los partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST) divulgaron una extensa nota sobre los problemas causados por la pandemia y denunciaron el negocio promovido alrededor de la vacuna, “[…] el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta”, y agrega: “Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una ‘vacunación vip’ a sus amigos y allegados […] al igual que en Perú, Chile y otros países, mientras la población trabajadora sufre las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo”.

En el texto, el FIT Unidad convoca a impulsar una campaña de lucha “en consonancia con la campaña mundial impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19” […] En ese marco, llama “a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones”.

Finalmente, el comunicado convoca a “lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin”.

Ver la declaración completa 

La pandemia causada por el Covid 19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo record, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

Esto sucede mientras el ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés Gonzales García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo.

Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EEUU, Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción. La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas.

La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida.

Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad-, para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim.

En la Argentina hay al menos seis proyectos  en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente.

De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.

Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acusiante a la humanidad.

En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DDHH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

Frente de Izquierda Unidad
(PTS, PO, Izquierda Socialista, MST)

El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.


Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.


Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.  

Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.

Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.

Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.

Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.

Frente de Izquierda - Unidad

Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)