Sigue la tercera ola del Covid-19 en el país con récord de contagios diarios que superaron los 100.000 casos, en pleno verano y con temperaturas extremas. Ante esta situación el gobierno del Frente de Todos se reunió con multinacionales y grandes patronales, tales como la agro tóxica Syngenta, Toyota y Unilever, para llevarles tranquilidad y dar señales al FMI en la aplicación del ajuste.

Frente a la preocupación de los empresarios por el nivel de ausentismo, que en algunas industrias alcanza el 20%, producto del tsunami de contagios de las últimas semanas, la ministra de Salud Vizzotti aseguró que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y acordaron una “mesa de trabajo con la CGT”. Es decir, ignorar las medidas de seguridad contra la pandemia.

Hicieron su parte los burócratas sindicales Daer, Caló y Andrés Rodríguez, quienes participaron también en la reunión, para mostrar unidad en “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. O sea, desarmar los protocolos laborales que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las ganancias patronales.

De encuentros como este surgieron los distintos anuncios del gobierno sobre los cambios en los protocolos nacionales y los que intentan imponer en cada lugar de trabajo las patronales, en detrimento de la salud. Entre otras cosas: no permiten faltar por contacto estrecho ni para testearse por tener síntomas; si se falta, se descuenta el día y el presentismo.

Enfrentando esta situación, los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que tomar medidas para defender los protocolos de los guardas que la gerencia peronista de la estatal Trenes Argentinos quería ignorar.

A todo esto hay que recordar que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales peronistas, radicales, y de Cambiemos, incluída CABA, vienen de recortar el presupuesto en salud. Aducen, de hecho, “el fin de la pandemia”, como lo indicaba el proyecto del presupuesto bonaerense enviado por el gobernador Kicillof.

En los últimos meses de 2021 despidieron al personal de salud que habían contratado para atender la emergencia de la pandemia. Ahora, no alcanzan los recursos humanos ni los insumos para testear a los cientos de miles que lo necesitan diariamente, ni para vacunar masivamente. Así se saturó el sistema sanitario.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad sostenemos que para combatir la pandemia, hacen falta medidas de fondo: completar la vacunación, producir tests y testear masiva y gratuitamente; garantizar el aislamiento preventivo; no modificar los protocolos; restituir y agregar de manera urgente a miles de trabajadores de salud con sueldos dignos y centralizar en un único sistema de salud estatal. Para mayor detalle ver la nota de nuestro compañero Reynaldo Saccone, “El gobierno defiende las ganancias de los empresarios a costa de la salud”

Fernández y el gastado doble discurso peronista contra el FMI

Sigue la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, los cortes de luz y aumenta la pobreza, mientras el gobierno prioriza el acuerdo con el FMI. En diciembre Fernández pagó al Fondo Monetario ¡1.900 millones de dólares! y en enero a los bonistas ¡700 millones de dólares! y nos dice que no habrá “ajuste” y que “lo que intenta hacer el Fondo Monetario, una vez más, es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo”.

Pero más allá de las declaraciones grandilocuentes el objetivo del gobierno es hacer “buena letra” para llegar a un acuerdo con el FMI y garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Por eso hace meses que negocia con el Fondo la profundización del ajuste y el saqueo.

Ahora hablan de una inflación del 33% para el 2022, que ni ellos se creen. Mientras todos los analistas la prevén cercana o superior al 50% como ya tuvimos en 2021. Encima se vienen tarifazos de servicios públicos, como el 20% de aumento en electricidad y nuevos aumentos de combustibles que seguirán golpeando los bolsillos populares.

También utilizan el doble discurso con el ambiente, mientras impulsan el saqueo de nuestros recursos naturales como la extracción de petróleo “off shore” con la multinacional noruega Equinor y Shell. Una medida que fue repudiada por movilizaciones multitudinarias en la zona costera. El ejemplo es Chubut, donde la rebelión popular frenó una vez más el plan de megaminería. Entre tanto, en once provincias existen incendios masivos de bosques y el gobierno no garantiza la mínima inversión para ayudar a frenarlos. Ver la nota "Del 'Chubutazo' al 'Atlanticazo', contra la destrucción ambiental y el saqueo".

Los macristas de Juntos, por su parte, inmersos en una crisis por quien encabezará en 2023, posan diferenciándose del oficialismo. Pero ya gobernaron y lo hicieron al servicio de las multinacionales, con tarifazos del 3.400%, miles de despidos, inflación y recortes. Van apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario y su proyecto es claramente anti popular.

Hay que enfrentar el plan de ajuste que exige el FMI

El gobierno peronista se reúne con los grandes empresarios, banqueros, con dirigentes del Frente de Todos, burócratas sindicales, con la oposición patronal de Juntos por el Cambio (radicales, Larreta) para mostrarle al Fondo que, más allá de las disputas entre y dentro de cada coalición patronal, hay unidad para aplicar el plan de ajuste y atacar los salarios.

Los trabajadores y sectores populares tenemos que denunciar y enfrentar estas políticas. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad levantamos un programa alternativo, al servicio de los trabajadores y sectores populares. Con medidas como la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa por ilegítima y fraudulenta. Para que ese dinero vaya a salud, educación, vivienda y un aumento inmediato de salarios y jubilaciones, indexado de acuerdo a la inflación. Y para implementar un plan de obras públicas que garantice millones de puestos de trabajo.

En ese sentido creemos que el camino para enfrentar los planes de ajuste y saqueo es el que marcó la rebelión popular en Chubut. Impulsamos desde cada sector de trabajo, asambleas, reuniones de activistas y todo tipo de organización para pelear por protocolos de bioseguridad al servicio de la salud, contra la flexibilidad laboral y por la defensa del salario de las y los trabajadores. Así como participamos e impulsamos todas las luchas contra el saqueo y en defensa del ambiente.

Al mismo tiempo seguiremos desarrollando una gran campaña contra el acuerdo con el FMI dando continuidad a la multitudinaria movilización del pasado 11 de diciembre, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad junto a más de cien organizaciones políticas, sociales, juveniles, ambientalistas, de derechos humanos, de jubilados y del sindicalismo combativo.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5 de enero el ministro de Economía Martín Guzmán reunió en un almuerzo a las grandes patronales del agro, el comercio, la industria automotriz y las de consumo masivo. También estuvieron los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Desarrollo Social Juan Zavaleta, de Salud Carla Vizzotti y dirigentes burocráticos de la CGT como Héctor Daer, Antonio Caló y Andrés Rodríguez. Ante ese significativo cónclave los empresarios mostraron su preocupación por el nivel de ausentismo que en algunas industrias alcanza el 20%. La ministra Vizzotti “tranquilizó” a los presentes anunciando que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y quedaron en armar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, las empresas y los sindicatos para “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. Dicho más claramente, desarmar los protocolos laborales de bioseguridad que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las patronales.

Un primer paso para lograr un regreso rápido al trabajo de los afectados por Covid-19 se dio hace unas semanas cuando el gobierno acortó sensiblemente los plazos de aislamiento. Los fundamentos de esta medida son controvertidos por muchos especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la poderosa Asociación Médica Americana se opuso tajantemente a una medida similar.

En otro gesto hacia el empresariado, el gobierno peronista dejó vencer el decreto que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional para la totalidad de los trabajadores dependientes, perdiendo la cobertura que daban las ART. Las empresas deberían hacerse cargo ahora de las ausencias ocasionadas por el Covid-19, pero la habilitación del autotest les permitirá burlar esta obligación. Ninguna patronal pagará los días de aislamiento sin un test positivo. Para obtenerlo el trabajador deberá entonces hacer una cola de horas en el sistema público o comprar el test a 2.500 pesos, con el riesgo aumentado, de obtener un falso negativo y por ende volver infectado al trabajo.

El gobierno del Frente de Todos se desentiende de la salud

El gobierno peronista ha decretado que la pandemia ya no es una preocupación y ha abandonado cualquier tibio intento de combatirla. Ha dejado el sistema de salud a su propia suerte, haciendo caso omiso de los datos de la realidad y los consejos de los científicos. Como no podría ser de otra manera, la cifra de contagios ha alcanzado niveles insólitos. Solamente en los últimos catorce días los infectados sumaron 830.000.

Es cierto que, finalmente y muchos meses después de lo que se hubiera podido, nuestro país ha logrado una alta tasa de vacunación (76% con dos dosis) que mitiga la agresividad viral, pero se duplicaron las muertes en este período y los internados en UTI crecieron de 1.000 a 1.600. Tampoco se debe olvidar que hay siete millones de habitantes que no han recibido ninguna dosis que aportan los dos tercios de ocupantes de las camas de UTI. Cuanto más afectados por el coronavirus haya, más pacientes complicados y más muertes habrá, aunque sea en menor proporción que en la primera y segunda ola.

El caos del sistema de salud

El gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, junto con centenares de intendentes de todo pelaje político, han quitado de los presupuestos las partidas destinadas a la emergencia creada por la pandemia. Así, con el apoyo de la burocracia sindical, han dejado en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores contratados mientras los de planta permanente, deben enfrentar el aumento de la demanda con sueldos de hambre. Sin reposición de los faltantes históricos, la carencia de recurso humano ha llevado al caos el sistema de salud. Esperas prolongadas, turnos alejados y la casi imposibilidad de ser atendido por las complicaciones del Covid-19 (una vez recibida el alta epidemiológica) afectan a millones.

Como el recurso humano, los insumos también se están agotando. El brusco crecimiento de la demanda de testeos ha llevado a la crisis del insumo. El gobierno ha optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dándoles un ultimátum: “o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado”. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Tests que podrían ser producidos en el país en laboratorios estatales y entregados gratuitamente a la población. Al habilitar su provisión privada, se corre otro riesgo: perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

Para terminar con largas horas de colas en los hospitales y combatir la pandemia se necesitan medidas de fondo

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos planteando que es necesario centralizar todos los recursos para una respuesta unificada en todo el país y que al mismo tiempo sea igual para todos y todas. En primer lugar, completar la vacunación de toda la población. No se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Habrá que vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios mientras se desarrolla una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación.

En segundo lugar, testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus, como por ejemplo la lucha de los ferroviarios del Sarmiento impidió que la empresa anulara un protocolo de seguridad que los trabajadores habían obtenido. Licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores informales y otros. En tercer lugar, restaurar el sistema de salud completando los planteles y retomar a todo el personal despedido afectado a la pandemia para poder encarar estas tareas con sueldos dignos y estabilidad laboral. En cuarto lugar, nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que todos los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir los tests y se debe proporcionar gratuitamente a toda la población como así también las vacunas, reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir creando reservas para pagar la deuda externa, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.

Escribe Rodolfo D. Sánchez, Dr. en Física, Investigador de CONICET, Director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-CONICET) y referente de Ambiente en Lucha Bariloche e Izquierda Socialista en el FITU.

El 7 de diciembre, la caída de un rayo inició un incendio que fue tomando dimensiones catastróficas en la zona de los lagos Martin y Steffen. Recién el 22/12, cuando el incendio era incontrolable, se reunió el Comité de Emergencia, el 28/12 se declaró la Emergencia ígnea y el 31/12, el reporte oficial contabilizaba 5.935 hectáreas quemadas. Esto, claramente muestra la falta de respuesta oportuna de parte de Parques Nacionales, del Gobierno Provincial de Arabela Carreras y del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de sus responsables directos de Medio Ambiente, el Ministro Juan Cabandié y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

En 2020, estando Cabandié ya en funciones, se quemaron más de un millón de hectáreas en el país. Hubo ganado desplazado, subsidios a productores, declaraciones de emergencias y se calcula que para recuperar las tierras arrasadas se deberían invertir entre 1.100 y 3.700 millones de dólares. Esto debería haber sido una alerta importante para un gobierno (y para un funcionario) que recién asumía. Sin embargo en febrero y marzo de 2021, se vuelve a repetir la escena en la región y se quemaron más de 50.000 hectáreas. La zona de la Comarca Andina fue una de las más afectadas, un fuego de interfaz rural-urbana dejó cerca de 500 viviendas inutilizadas, muchas de ellas con destrucción total.

En aquel momento, los vecinos y los intendentes reclamaban “más recursos” para combatir el fuego pero el Secretario Federovisky contestaba que todos los recursos disponibles de la Nación para manejo del fuego, se habían movilizado a la zona (del orden de un centenar de brigadistas 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 5 autobombas). Como “logro”, del 2021, el gobierno nacional destaca en su página oficial que en 2021 se redujo un 70% la superficie quemada en 2020. Es un relato optimista, la realidad es que se quemaron 300 mil hectáreas más al millón de quemadas en 2020.

Federovisky, hace apenas unos días, volvió a poner el acento en el cambio climático y la brutal sequía como principal ingrediente de los incendios. Sabemos por las 26 Cumbres Mundiales y las noticias internacionales que el aumento y la gravedad de los incendios es una de las consecuencias de este fenómeno climático. Es muy difícil de creer que este factor no haya sido tomado en cuenta por un especialista en medio ambiente en la “Planificación” de recursos para combatir el fuego. Luego, el 24/12, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental afirma en forma contundente: “No es cierto que falten medios para combatir los incendios”.

Chile tiene la mitad de hectáreas de bosques que la República Argentina, nuestros vecinos también sufren el cambio climático y la sequía, a tal punto que el número de incendios aumentó 380%. Sin embargo, su CONAF y CORMA tienen dos veces más presupuesto para controlar los fuegos que nuestro Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se dispone para los bosques chilenos, 4 veces más dinero por hectárea y por año que para los bosques argentinos. Además, sus acciones contra incendios forestales cuentan con 40 aviones cisternas, 53 helicópteros y 7566 brigadistas mientras que nuestro país solo dispone de 9 aviones, 8 helicópteros y 262 brigadistas (con recurrentes reclamos salariales y seguros de vida por actividad riesgosa).

En Argentina, el dinero ejecutado para acciones del SNMF viene sistemáticamente decreciendo de 14 millones de dólares en 2017 (gestión de Macri-Bergman) a 4 millones en 2021 (gestión Fernández-Cabandié). Claramente cómo se expuso, a pesar de las reiteradas declaraciones del Secretario en sentido opuesto, los recursos argentinos son insuficientes. No contamos con bases temporales para aeronaves y brigadistas, cámaras de detección infraroja de focos embrionarios (como la que desarrolló INVAP hace años), torres de vigilancia y vecinos o pobladores capacitados para actuar. Esto último, es constantemente expuesto por Guillermo Defossé, investigador y colega de CONICET, especialista con más de 40 años en bosques andinos patagónicos. Se necesita “un enfoque integral y preventivo”. Se sabe que el 77% de los incendios ocurren en la interfaz urbano-rural y Defossé concluye: “se pueden evitar”.

Este último incendio no está en la categoría de interfaz. Comenzó con un rayo en una zona boscosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Contar con aviones hidrantes de tipo Bombardier o Canadair, hubieran permitido atacar el foco ígneo el mismo 7/12 cuando se divisó la columna de humo. La historia sería otra y no estaríamos lamentando la quema de 6.000 hectáreas en uno de los lugares más imponentes. El costo de un Bombardier ronda los 26 millones de dólares y con el presupuesto anual para acciones contra incendios forestales, alcanza para una cuarta parte del avión hidrante.

Cuando el incendio avanzó de la zona del lago Martin al lago Steffen y comenzaba a reunirse el Comité de emergencia, el gobierno argentino pagaba al FMI para facilitar el acuerdo que cerrará en los próximos días, el equivalente a 60 aviones hidrantes, exactamente 1.800 millones de dólares. Para proteger nuestros bosques, mantenerlos con vida y evitar que se sigan quemando, necesitamos “Planificación, Prevención y Presupuesto”. El actual cronograma de pagos en 2022, con 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos, da un total de 19.115 millones de dólares y algo similar es para el 2023. Este cronograma, o cualquier otro que surja del acuerdo, recortará el Presupuesto Nacional y en particular, no se garantizarán los recursos suficientes para proteger los bosques Andino patagónicos. Pagar o no pagar la Deuda Externa, está directamente en conexión con la supervivencia de nuestros bosques.

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/bosques-en-llamas-escasos-recursos-y-pagos-de-la-deuda-2111932/

Repudiamos el atentado contra la vivienda de Maximiliano Núñez Fariña, Director de Región Sanitaria I.

Manifestamos nuestra solidaridad y exigimos a la justicia, la investigación y esclarecimiento. En los últimos meses se vienen repitiendo, con las mismas características, y no hay avances de la investigación a cargo del fiscal Ulpiano Martinez y la Jueza Gabriela Marron.

Se trata de atentados con explosivos, de quienes se identifican como "Comando de Restauración Nacional" amenazando en el comunicado a varios trabajadores de la salud y a la dirigente Mapuche, Olga Curipan, quien sufriera un atentado similar en el mes de diciembre.

Señalamos que estos hechos conmocionan a la sociedad bahiense de conjunto y requieren una respuesta contundente. Ya han expresado su repudio: el Rectorado de la UNS, la Cta, CICOP, ADUNS y Suteba, entre otras organizaciones sindicales y políticas.

Desde Izquierda Socialista decimos, como en la marcha del 12 de diciembre en Bahía Blanca, #NuncaMas es Nunca Mas

El año en Berazategui comenzó con más de 140 trabajadores municipales despedidos. Como en la mayoría de los municipios, quienes ahí trabajan se encuentran bajo el régimen de contratos que van renovando de manera indefinida. Muchas de las personas despedidas están bajo esa modalidad hace muchos años. Para colmo de males estos despidos no cuentan con ninguna indemnización, ya que aluden que simplemente no les renuevan el contrato.

En Berazategui desde hace muchos años gobiernan los Mussi (padre e hijo), convirtiendo dicho distrito prácticamente en un feudo de estos políticos peronistas muy ligados al kirchnerismo.

Un grupo de trabajadores municipales se organizó y formaron un nuevo sindicato, que el intendente Juan José Mussi ("el Mussi padre") desconoció y fue a quienes primero despidió seguido de más trabajadores. En rechazo a la persecución se realizaron medidas de fuerza con cortes y un bloqueo indefinido frente a los depósitos de dónde salen los camiones de residuos, ya que la mayoría de los despidos fueron en dicho sector.

También reclaman condiciones de trabajo dignas, que se termine la precarización, que haya pase a planta permanente de todos los contratados y el fin de los salarios de miseria.

Gracias a la lucha se lograron revertir varios despidos, pero Mussi se niega a reincorporar a la comisión directiva votada por los trabajadores, abierta persecución política.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad estamos acompañando el reclamo de los trabajadores y con nuestro diputado electo Juan Carlos Giordano desde el primer momento nos pusimos a disposición.

Reincorporación de todos los despedidos ya.
Basta de precarización laboral, pase a planta permanente ya.
Basta de persecución política. Mussi es responsable.

Corresponsal