Más de 6.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, perteneciente a la multinacional española Repsol, aparecieron derramados frente a las costas peruanas de Lima.

El 4 de febrero nos movilizamos nuevamente a nivel plurinacional por un mar libre de petroleras, para denunciar el proyecto extractivista en nuestro mar Argentino impulsado por el gobierno del Frente de Todos. Tomando la fecha de las asambleas de Chubut contra la megaminería, será una jornada de lucha a nivel nacional contra la exploración sísmica en nuestro mar y por todas las problemáticas ambientales de los territorios. Sumate a marchar con Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independioentes) y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Escribe Montserrat Gayone

El 12 de diciembre nos sumamos a la muraleada convocada por la Asamblea por un mar libre de petroleras de Mar del Plata, junto a otras comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, contra la instalación de las petroleras offshore en nuestras costas. Además, el 4 de enero convocamos a una jornada de difusión en la localidad portuaria de Ingeniero White, donde los vecinos sufren con mayor crudeza las consecuencias de convivir con las empresas del polo petroquímico desde 1981. Este es un proyecto que sigue en expansión y desde 2008 recibe en el muelle de Mega al buque regasificador, agregando un nuevo riesgo a las habituales explosiones, ruidos, rotura de las viviendas por las vibraciones, olores, escapes de gas y cloro, emanaciones, venteos y vertidos de tóxicos, que afectan la salud y la vida cotidiana de los vecinos, y que además liquidaron una actividad productiva tradicional, la pesca artesanal. Los escapes de cloro y amoníaco en agosto del 2000, la disminución paulatina de la pesca, aumento de las enfermedades y más de diez asesinatos laborales impunes es el saldo del extractivismo que incluye petróleo, gas e industria química.

Esta localidad obrera, con pleno empleo hasta la década del ´90, enfrentó las privatizaciones del menemismo y en el 2000 volvió a la lucha, cortando la ruta y el acceso al puerto, denunciando la contaminación ambiental y el riesgo vivido, frente a los escapes que las empresas y el gobierno intentaron ocultar. Se opuso a la instalación del buque regasificador y apoyó a los pescadores en diciembre del 2009, cuando 350 familias se quedaron sin recursos  y sin respuesta por parte de las autoridades. Los pescadores denunciaron y demostraron la contaminación que el gobierno sigue negando. Esta vuelta de tuerca del extractivismo es incompatible con la vida, y son los pescadores y comunidades costeras que lo vienen denunciando en el país y en el mundo quienes ofrecen un punto de partida para organizar la resistencia y pensar en un nuevo modelo productivo.

Escribe Rodolfo D. Sánchez, Dr. en Física, Investigador de CONICET, Director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-CONICET) y referente de Ambiente en Lucha Bariloche e Izquierda Socialista en el FITU.

El 7 de diciembre, la caída de un rayo inició un incendio que fue tomando dimensiones catastróficas en la zona de los lagos Martin y Steffen. Recién el 22/12, cuando el incendio era incontrolable, se reunió el Comité de Emergencia, el 28/12 se declaró la Emergencia ígnea y el 31/12, el reporte oficial contabilizaba 5.935 hectáreas quemadas. Esto, claramente muestra la falta de respuesta oportuna de parte de Parques Nacionales, del Gobierno Provincial de Arabela Carreras y del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de sus responsables directos de Medio Ambiente, el Ministro Juan Cabandié y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

En 2020, estando Cabandié ya en funciones, se quemaron más de un millón de hectáreas en el país. Hubo ganado desplazado, subsidios a productores, declaraciones de emergencias y se calcula que para recuperar las tierras arrasadas se deberían invertir entre 1.100 y 3.700 millones de dólares. Esto debería haber sido una alerta importante para un gobierno (y para un funcionario) que recién asumía. Sin embargo en febrero y marzo de 2021, se vuelve a repetir la escena en la región y se quemaron más de 50.000 hectáreas. La zona de la Comarca Andina fue una de las más afectadas, un fuego de interfaz rural-urbana dejó cerca de 500 viviendas inutilizadas, muchas de ellas con destrucción total.

En aquel momento, los vecinos y los intendentes reclamaban “más recursos” para combatir el fuego pero el Secretario Federovisky contestaba que todos los recursos disponibles de la Nación para manejo del fuego, se habían movilizado a la zona (del orden de un centenar de brigadistas 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 5 autobombas). Como “logro”, del 2021, el gobierno nacional destaca en su página oficial que en 2021 se redujo un 70% la superficie quemada en 2020. Es un relato optimista, la realidad es que se quemaron 300 mil hectáreas más al millón de quemadas en 2020.

Federovisky, hace apenas unos días, volvió a poner el acento en el cambio climático y la brutal sequía como principal ingrediente de los incendios. Sabemos por las 26 Cumbres Mundiales y las noticias internacionales que el aumento y la gravedad de los incendios es una de las consecuencias de este fenómeno climático. Es muy difícil de creer que este factor no haya sido tomado en cuenta por un especialista en medio ambiente en la “Planificación” de recursos para combatir el fuego. Luego, el 24/12, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental afirma en forma contundente: “No es cierto que falten medios para combatir los incendios”.

Chile tiene la mitad de hectáreas de bosques que la República Argentina, nuestros vecinos también sufren el cambio climático y la sequía, a tal punto que el número de incendios aumentó 380%. Sin embargo, su CONAF y CORMA tienen dos veces más presupuesto para controlar los fuegos que nuestro Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se dispone para los bosques chilenos, 4 veces más dinero por hectárea y por año que para los bosques argentinos. Además, sus acciones contra incendios forestales cuentan con 40 aviones cisternas, 53 helicópteros y 7566 brigadistas mientras que nuestro país solo dispone de 9 aviones, 8 helicópteros y 262 brigadistas (con recurrentes reclamos salariales y seguros de vida por actividad riesgosa).

En Argentina, el dinero ejecutado para acciones del SNMF viene sistemáticamente decreciendo de 14 millones de dólares en 2017 (gestión de Macri-Bergman) a 4 millones en 2021 (gestión Fernández-Cabandié). Claramente cómo se expuso, a pesar de las reiteradas declaraciones del Secretario en sentido opuesto, los recursos argentinos son insuficientes. No contamos con bases temporales para aeronaves y brigadistas, cámaras de detección infraroja de focos embrionarios (como la que desarrolló INVAP hace años), torres de vigilancia y vecinos o pobladores capacitados para actuar. Esto último, es constantemente expuesto por Guillermo Defossé, investigador y colega de CONICET, especialista con más de 40 años en bosques andinos patagónicos. Se necesita “un enfoque integral y preventivo”. Se sabe que el 77% de los incendios ocurren en la interfaz urbano-rural y Defossé concluye: “se pueden evitar”.

Este último incendio no está en la categoría de interfaz. Comenzó con un rayo en una zona boscosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Contar con aviones hidrantes de tipo Bombardier o Canadair, hubieran permitido atacar el foco ígneo el mismo 7/12 cuando se divisó la columna de humo. La historia sería otra y no estaríamos lamentando la quema de 6.000 hectáreas en uno de los lugares más imponentes. El costo de un Bombardier ronda los 26 millones de dólares y con el presupuesto anual para acciones contra incendios forestales, alcanza para una cuarta parte del avión hidrante.

Cuando el incendio avanzó de la zona del lago Martin al lago Steffen y comenzaba a reunirse el Comité de emergencia, el gobierno argentino pagaba al FMI para facilitar el acuerdo que cerrará en los próximos días, el equivalente a 60 aviones hidrantes, exactamente 1.800 millones de dólares. Para proteger nuestros bosques, mantenerlos con vida y evitar que se sigan quemando, necesitamos “Planificación, Prevención y Presupuesto”. El actual cronograma de pagos en 2022, con 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos, da un total de 19.115 millones de dólares y algo similar es para el 2023. Este cronograma, o cualquier otro que surja del acuerdo, recortará el Presupuesto Nacional y en particular, no se garantizarán los recursos suficientes para proteger los bosques Andino patagónicos. Pagar o no pagar la Deuda Externa, está directamente en conexión con la supervivencia de nuestros bosques.

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/bosques-en-llamas-escasos-recursos-y-pagos-de-la-deuda-2111932/

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El final del 2021 con la rebelión en Chubut y el inicio del 2022 con las multitudinarias movilizaciones contra la explotación petrolera off shore en la costa bonaerense, ratificaron que la pelea en defensa del ambiente, contra la destrucción y el saqueo, se seguirá dando en todo el país, frente a la política del gobierno nacional, los gobernadores, las multinacionales y el FMI. Desde Ambiente en Lucha, en la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, e Izquierda Socialista/FIT Unidad, seguiremos impulsando estas importantes luchas.

En diciembre una vez más el pueblo chubutense se rebeló y en una semana logró derogar la ley de zonificación que habilitaba la megaminería en la provincia. Ahora, en la última semana del 2021, el gobierno del Frente de Todos decidió apuntar sobre el Mar Argentino, habilitando la explotación petrolera “off shore”. Inmediatamente las Asambleas de la Costa Bonaerense y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones convocaron a una jornada con movilizaciones en más de treinta ciudades del país, donde participamos con Izquierda Socialista/FIT Unidad. Miles colmaron cada punto costero, con convocatorias históricas en Mar del Plata y Necochea, en defensa del mar y por poner un freno al saqueo extractivista.

El Plan de saqueo “plurianual”

La habilitación de la explotación petrolera “off shore”, a 300 kilómetros de Mar del Plata en este caso, se veía venir de la mano de la Ley de Hidrocarburos que impulsó el gobierno, con beneficios de todo tipo para las petroleras. Detrás de este proyecto de saqueo está el acuerdo que quieren firmar con el FMI, y su plan “plurianual” que quieren votar en el Congreso: las regalías de exportación son una de las garantías que oferta el gobierno del Frente de Todos para el pago de la deuda externa.

El 24 de diciembre, como regalo navideño, en el Boletín Oficial salió la habilitación a la Secretaría de Energía para aprobar los pliegos de licitación de explotación petrolera en la zona marítima de las Islas Malvinas, lo que habilitaría incluso a multinacionales inglesas. Este antecedente es importante, porque el gobierno podría también haber dejado en manos de Darío Martínez, lobista del fracking y Secretario de Energía, la autorización de la explotación en el mar de los balnearios bonaerenses. Pero no fue así.

Quien dio luz verde fue el propio Juan Cabandié, Ministro de Ambiente, el mismo que organizó una Audiencia Pública donde sólo el 4% de los casi 400 participantes se manifestaron a favor de los beneficios económicos del emprendimiento, y quien desde su cargo había señalado que no iba a aprobar una explotación de estas características sin un “plan de transición energético nacional”. El aval a la multinacional Equinor (en un convenio con Shell e YPF) para explotar el mar costero bonaerense, mostró la unidad del Frente de Todos en la definición de que su “plan de transición energético” es el “Plan Plurianual” de ajuste y saqueo del FMI.

Equinor: garantía de saqueo y desastres ambientales

La habilitación de la explotación off shore se realiza en base a un “estudio de impacto ambiental” que encargó la propia empresa noruega Equinor, sin ningún tipo de chequeo por parte de organismos científicos o universidades locales. Esto mientras un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro estima “para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%, incluso de derrames de grandes proporciones mayores a 1.000bbl”. Lo que no inmutó a Cabandié, a pesar de que la vigente Ley de Ambiente habla del “principio precautorio” que debe primar para frenar habilitaciones de explotación ante la posibilidad de este tipo de riesgos.

Esta explotación se realizaría sobre el principal corredor biológico del Mar Argentino, área de alimentación de la ballena franca austral, lo que representa un escenario de riesgos irreparables para la biodiversidad marítima. Parte de lo que explica que la industria pesquera y del turismo la estén rechazando.

Equinor (empresa de capitales mixtos fundada por el Estado de Noruega) a pesar de que el gobierno quiera presentarla como una empresa “modelo” tiene antecedentes de incendios en sus instalaciones en su país matriz en 2020; en Bahamas derramó 119.000 barriles en 2019; y le rechazaron el intento de realizar exploración en la Bahía Australiana. Noruega es de esos países que hacen gala de su matriz energética verde, pero se trata de una conversión energética que se sostiene justamente en la explotación y devastación ambiental de países semicoloniales como Argentina, donde también está metida en el negocio del fracking. La transición energética frente a la amenaza del cambio climático solo puede ser global y debe ser construida en base al fin del saqueo imperialista.

La soberanía energética es sin las multinacionales

El gobierno del Frente de Todos defiende esta iniciativa repitiendo los mismos argumentos del ex ministro macrista, Juan José Aranguren, primer impulsor de este acuerdo durante su gestión. La justifica “para sostener el abastecimiento”, intentando extorsionar al pueblo trabajador frente a la crisis energética.

Si la preocupación fuera garantizar el suministro energético, lo que hay que hacer es terminar con el robo de las privatizaciones que llevó adelante el gobierno peronista menemista y que todos los gobiernos sostuvieron hasta ahora. Terminar con los contratos de las empresas que jamás invierten lo necesario para garantizar el servicio. Reestatizar los recursos energéticos que hoy están mayoritariamente en manos del lucro privado de capitales extranjeros y que no son pensados como herramientas para planificar la transición productiva y energética que el país necesita. Y terminar con el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta para poner esos recursos al servicio del desarrollo de la infraestructura que el país necesita.

En definitiva, la firma de Cabandié para la explotación petrolera off shore y la Ley de Hidrocarburos que el gobierno presenta como una “patriada”, son en realidad un mensaje diciendo: vengan a llevarse lo que quieran, les vamos a bajar las retenciones, les vamos a dar facilidades impositivas, si se generan pasivos ambientales el Estado Argentino se va a hacer cargo, y lo que recaudemos, se lo vamos a dar pagando la deuda.

Desde Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes) entendemos que es necesario reforzar la movilización, siguiendo el ejemplo del Chubutazo, hasta derrotar esta política. Movilizarnos por nuestros mares, por nuestros bosques y sierras incendiadas en doce provincias en las últimas semanas; por los humedales que se quedaron sin su ley; por desterrar el fracking, la megaminería y el veneno de los agrotóxicos de todo el territorio argentino. Por un plan de transición energético y productivo al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.