Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac provincial

El gobierno de Claudio Vidal, luego de dos reuniones paritarias, sigue sin realizar una oferta seria frente al pliego de reclamos de la docencia santacruceña, que exige la reapertura de la discusión salarial. Mientras tanto, la política de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei (seguida a rajatabla por la administración provincial) profundiza la crisis económica, especialmente en las familias trabajadoras. Resulta inaceptable postergar el debate salarial hasta mediados de noviembre, como plantean los funcionarios provinciales. A su vez, el compromiso de devolver los días de paro descontados continúa siendo una promesa difusa: no solo no se concretó, sino que siguen llegando nuevos descuentos, en algunos casos superiores al millón de pesos.

El debate en las dos últimas asambleas y congresos de Adosac giró en torno a cómo continuar la lucha: avanzar con un plan de paros semanales condicionados a las convocatorias del gobierno (que deberían incluir respuestas concretas y permitir retomar las negociaciones) o seguir esperando sin medidas de fuerza.

La burocracia de la Lista Lila ha sido funcional al gobierno, desalentando las acciones de lucha y ausentándose masivamente de los congresos, distorsionando lo votado en las asambleas. Tal es el caso de la filial de Río Gallegos, donde nuevamente se resolvió por amplia mayoría (a propuesta de nuestra agrupación Naranja-Docentes en Marcha) continuar con los paros semanales. La misma política fue impulsada por las filiales conducidas por la Naranja en Pico Truncado y Puerto San Julián. Estas diferencias también se expresaron con las agrupaciones con las que compartimos la dirección provincial (Lista 7 y Lista Rosa de Tribuna Docente).

Desde la Naranja seguiremos llevando la voz de las asambleas, debatiendo dentro de la Comisión Directiva y fortaleciendo la democracia interna, en unidad para derrotar la política de Vidal y de la burocracia que precariza nuestros salarios y condiciones laborales.
 

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac provincial

El gobernador Claudio Vidal intenta despegarse de la política de la motosierra de Javier Milei, aunque votó todas sus reformas. Dice que no hay plata, pero inaugura obras para diferenciarse y utilizarlo de cara a la campaña electoral.

Santa Cruz es una provincia con grandes recursos naturales y capacidad para decidir sobre su propia producción. Sin embargo, la situación de los trabajadores estatales, en especial de la docencia, refleja una fuerte tensión con el gobierno provincial por la política salarial.

El conflicto docente se intensificó luego del receso invernal. En asambleas y congresos, el gremio definió un plan de lucha que incluyó un no inicio de clases por 72 horas y paros de 48 horas semanales, con una adhesión muy alta en toda la provincia. El 21 de agosto se realizó una marcha provincial en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de organizaciones sindicales combativas. Esta movilización superó en número a la masiva protesta de marzo y contó con la presencia de dirigentes sindicales nacionales de la agrupación Docentes en Marcha.

Durante el proceso de reclamo, los docentes buscaron la unidad con otros sectores en lucha. El vínculo más fuerte se dio con la asamblea permanente del Hospital de Río Gallegos, con quienes comparten el reclamo por aumento salarial y reapertura de paritarias. Juntos realizaron una multitudinaria Marcha de Antorchas y continúan coordinando acciones en común.

El gobierno provincial intentó frenar la protesta con una nueva multa millonaria al sindicato y con descuentos a docentes, especialmente a quienes trabajan en nivel inicial y en educación especial. En algunos casos, las deducciones llegaron a superar los 700.000 pesos. Estos recortes afectaron a los sectores más vulnerables, pero no lograron detener la lucha.

El sostenimiento económico de los docentes se garantizó con fondos de huelga, aportes solidarios de jubilados, de dirigentes con licencia gremial y de quienes no sufrieron descuentos. Además, sindicatos como la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) Capital colaboraron con recursos. También se distribuyeron bolsones de alimentos para asistir a los trabajadores más afectados.

El lunes 22 de septiembre se llevó a cabo un Congreso provincial en el que se definió asistir a la paritaria sin medidas de fuerza, pero con una postura firme: exigir una propuesta salarial concreta, la devolución de los días descontados, el fin de los recortes por protestar y la anulación de la multa millonaria. Además, se pidió abrir un debate sobre la legislación vigente para evitar futuros avances sobre los puestos de trabajo.

La reunión paritaria prevista para el jueves 25 será decisiva. Si no hay avances, las asambleas y el Congreso del sábado 27 evaluarán retomar medidas de fuerza más profundas.

Desde la agrupación La Naranja Docentes en Marcha remarcamos la importancia de mantener un contacto directo con las bases y promover un debate amplio en cada escuela, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple los reclamos salariales y laborales del sector.

Escribe Jorge Adaro

Finalizado el receso escolar de invierno, en siete provincias la docencia llevó a cabo medidas de no inicio, fundamentalmente en demanda de una urgente recomposición salarial: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Salta, Jujuy, Chubut y Chaco, que además se movilizaron en repudio al ataque a la educación pública. Muchas de ellas continúan esta semana. La motosierra de Javier Milei se hace sentir en los salarios de pobreza de la docencia, lo que deriva en sobrecarga laboral y pluriempleo. También en las cada vez más deterioradas condiciones de infraestructura de los edificios escolares y el cierre de cursos. A eso se suma la exclusión de direcciones combativas de las reuniones paritarias, como en los casos de Atech (Chubut) y la lista ganadora en ADEP (Jujuy), entidad intervenida por el gobernador de la provincia.
Todas estas medidas evidencian el acompañamiento de los gobernadores al plan motosierra del gobierno ultraderechista de Milei, al desconocer las paritarias o profundizar la miseria salarial entre cientos de miles de docentes.
En Santa Cruz, con la nueva dirección combativa 7 + Multicolor, el conflicto ya lleva dos semanas. Luego de haberse realizado asambleas en todas las filiales, este último lunes se votó un plan de lucha en el Congreso de Adosac, con paros de 48 horas para esta semana y la próxima, y la organización de una gran marcha provincial. La docencia santacruceña exige un salario por encima de la línea de pobreza, tomando como referencia el monto que establece la canasta básica patagónica, y reclama que el gobierno de Claudio Vidal convoque a la mesa paritaria, tal como estaba previsto en el último acuerdo de principios de año.
El gobernador, que hoy forma parte de un nuevo frente electoral patronal (junto a los gobernadores de Chubut, Jujuy, Santa Fe y Córdoba), intenta tomar distancia de Milei, pero sigue aplicando la motosierra en educación y atacando los salarios. Es el responsable de la profundización del conflicto, ya que decidió no convocar a la mesa paritaria para discutir la recomposición salarial en este segundo semestre ni para resolver los problemas de infraestructura que atraviesan a toda la provincia.
Mientras tanto, la Ctera, como es habitual con la dirección Celeste desde hace décadas, mira para otro lado y deja librado a su suerte cada conflicto provincial. Deja pasar, de manera cómplice, los ajustes de los gobernadores contra la docencia, las reformas educativas y laborales, y todo ataque a la educación pública, independientemente del signo político de quien se trate.
Es necesario que la docencia de todo el país apoye y difunda las luchas que se están desarrollando en estos momentos, organizando y coordinando medidas de apoyo, a la vez que se exija a la Ctera que llame a un paro nacional y un plan de lucha para hacer propias cada una de estas peleas. Se han pronunciado sindicatos y agrupaciones combativas en la última reunión de la Coordinación Nacional Docente, donde se propuso una jornada nacional de lucha para unificar acciones el próximo 21 de agosto.

 

Escribe Docentes en Marcha Santa Fe

El 18 de junio se votan las conducciones de AMSAFE provincial y las de 19 departamentos de la provincia. Se trata de un hecho muy importante para la situación política provincial, atravesada por una embestida brutal del gobernador Pullaro contra las y los trabajadores estatales y en especial la docencia, con descuentos de días huelga, imposición de presentismo, limitación severa al derecho a licencias, y recorte brutal a las y los jubilados, actuales y futuros. Además la Obra Social provincial (IAPOS) presta cada vez menos servicios y con más costo para quienes la sostenemos.

Pullaro -aunque ocasionalmente busca mostrarse distinto- gobierna en total consonancia con la motosierra de Milei, que elimino el incentivo docente y otros fondos que recibía la escuela pública del parte del Estado Nacional. A lo que se suma la reciente declaración de la educación como “servicio esencial”, para directamente prohibir por decreto los paros docentes.

Amsafe Rosario, ha sido una seccional fundamental en el enfrentamiento a esta política, mientras que la conducción provincial de AMSAFE que encabeza Rodrigo Alonso, conformada por el Frente Trabajadores de la Educación (celeste), mostró toda su parálisis e incapacidad para organizar la lucha. Años de acuerdos con los gobiernos – y con el peronista Perotti su integración directa- a espaldas de los docentes, dejaron al sindicato y a su base debilitada para lo que vendría con la motosierra y el ajuste actual. Este sector es además dirección de la CTERA con Sonia Alesso y Baradel y el candidato de Rosario Roque Jaime.

Estas elecciones es fundamental apoyar a la lista 4 de Abril en Rosario y al Frente por una Amsafe Democrática en toda la provincia. Ambas listas son el resultado de la unidad de 10 agrupaciones de docentes, que articulan a lo largo de toda la provincia de Santa Fe para poder recuperar Amsafe provincial para la docencia y sostener la conducción combativa de Amsafe Rosario, aportando una nueva dirección a la historia de lucha que se ha desplegado desde hace 20 años, profundizando el trabajo en defensa de los derechos de la docencia y la escuela pública.

La conducción celeste, sabiendo de su debacle política, no sólo que está muy por detrás en las luchas, sino que ha armado una elección fraudulenta, quitando en la delegación Rosario 42 mesas de votación (sobre 198 el año 2022) y entregan los padrones (que seguro vendrán manipulados) más de 15 días más tarde de la fecha estipulada estatutariamente.

Como parte del Frente 4 de abril en Rosario, Docentes en Marcha integra la lista con nuestra compañera Daniela Vergara, candidata a Delegada Seccional Adjunta primera, con una enorme trayectoria y compromiso, y junto a ella la compañera Verónica Montanari, actual Secretaria de Género y candidata a asumir esa secretaría, única en todo Santa Fe porque la celeste -en un gremio de mayoría de mujeres- esquiva asumir la perspectiva de género en nuestro sindicato. Mariano Soria candidato a secretario del nivel secundario suplente, comprometido con la defensa de los derechos de la juventud y las condiciones de trabajo del nivel. Jésica Maradona, candidata a secretaria suplente de nivel Inicial, quien siempre ha “pisado el barro”, como se dice, y es maestra en las escuelas más castigadas por las faltas del estado, comprometida con la educación multicultural bilingüe y sus niñeces y ha llevado a fondo la lucha para exigir la construcción del primer Jardín de Infantes.

 A nivel provincial, en el Frente por una Amsafe Democrática, participamos con nuestra compañera Gisela Pohl, quien tiene un fuerte compromiso en DDHH para enfrentar el negacionismo y a los antiderechos de los gobiernos. Junto a las compañeras del departamento Castellanos, luchadoras desde sus escuelas y militantes frentistas asumiendo además el compromiso con la ruralidad y la educación en todos los niveles y modalidad. De esta forma, desde Docentes en Marcha,  sostenemos la importancia de esta batalla del sindicalismo combativo.

El gobierno provincial del peronista Raúl Jalil, quien ha sido un fiel aliado de Javier Milei, aplicando el ajuste contra el pueblo catamarqueño y con sus diputados dispuestos a votar las distintas leyes antiobreras en el Congreso, firmó el 16 de mayo el decreto 884/25, que prácticamente derogaba el estatuto docente de la provincia. Lo más destacado y brutal de este decreto fue la modificación de la reglamentación de la cobertura de cargos docentes, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo, quitando la estabilidad docente y dejando a miles de alumnos sin clases.

La respuesta de la docencia catamarqueña no se hizo esperar. De manera autoconvocada y junto a la comunidad educativa, se puso en pie de lucha, tomando las calles el sábado siguiente en una marcha multitudinaria, algo que no se veía desde las marchas por el crimen de María Soledad Morales en la década de 1990.

Durante esa tarde, miles de docentes, estudiantes y familias de la capital y del interior de la provincia se concentraron en la Plaza Central para decir ¡No al Decreto 884!, en una clara defensa de la educación pública.

Esta gran acción logró que el gobernador derogara el decreto a horas de la marcha, y que otros sectores estatales, junto a la docencia, salieran este último sábado a movilizarse reclamando un aumento salarial. La burocracia de Ctera no dijo ni una palabra sobre el conflicto, y la UDA había convocado a una marcha de antorchas para el 28 de mayo. 

Desde nuestra agrupación nacional Docentes en Marcha, apoyamos la lucha de la docencia catamarqueña, así como la de la docencia de todo el país que se organiza y moviliza en defensa de la educación pública. Exigimos a Ctera, así como a la CGT, que nuclea a la UDA, AMET y CEA, que dejen de mirar para otro lado, rompan su tregua con el gobierno nacional y los gobernadores, y llamen a un paro general de 36 horas y a un plan de lucha para derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI.

Corresponsal