Alimentación. La burocracia firma una paritaria de miseria

El jueves 16 de julio, la conducción del Sindicato de la Alimentación (Lista Verde, de Daer) cerró un incremento salarial de 6% no remunerativo a partir de agosto y un 0,5% en septiembre. El retroactivo correspondiente a los meses de mayo, junio y julio fue reemplazado por una suma no remunerativa, por única vez, de 6.000 pesos, con el compromiso de volver a juntarse en septiembre. Una miseria, muy por debajo de la inflación. Según ATE Indec, la canasta familiar de mayo debió ser de 67.300 pesos.Con este acuerdo mantiene a los trabajadores “esenciales” de la alimentación debajo de la línea de pobreza. Esto lleva al descontento de muchos compañeros. Nosotros somos trabajadores esenciales, pese a que en muchas fábricas se producen golosinas. Las patronales siguen produciendo normalmente y las ganancias están intactas. Los trabajadores de la alimentación salimos a trabajar todos los días arriesgándonos a la exposición a la pandemia, que se agrava cada día, Hay fábricas que superan los cincuenta casos de coronavirus (Mondelez Pacheco, Felfort, Alijor, El Orden) y en la mayoría no se respeta el protocolo sanitario, con la complicidad abierta del gremio.

Con este panorama, el sindicato solo elevó una compensación por la esencialidad y la exposición a la pandemia y terminó en nada, sin dar explicaciones. No solo es una vergüenza la paritaria, sino también ver a algunos delegados defenderla a capa y espada, se olvidan que ellos están para defender a los trabajadores y no a las empresas. Es claro que lo acordado no satisface la necesidad de los trabajadores. Más que nunca tenemos que unirnos para enfrentar a las patronales, que solo se fijan en llenar sus bolsillos a costillas del trabajador, y a la burocracia del gremio, cómplice de estos abusos.

Neuquén. Dos meses de acampe de los camioneros

Sesenta días acampando en las puertas del Expreso Argentino llevan los doce camioneros exigiendo que les paguen cuatro meses de sueldo y la reincorporación. La patronal negrera durante años se benefició de los favores del poder político y hoy sigue gozando del amparo de todas las instituciones laborales y judiciales. A tal punto, que la Secretaría de Trabajo provincial dice que no puede hacer nada, y la Justicia laboral, que emitió un fallo a favor de los trabajadores trabando embargo preventivo sobre los bienes de la empresa, no tomó ninguna medida efectiva hasta el momento. Mientras tanto, los trabajadores continúan muy activos participando unitariamente de todas las acciones que se impulsan desde la Multisectorial en Apoyo a las Luchas, fortaleciendo y difundiendo su propio reclamo. El poderoso sindicato camionero permanece ajeno, mostrando su complicidad con todas las patronales. Solo la enorme solidaridad popular, el apoyo de las organizaciones de izquierda, del sindicato ceramista y de las conducciones opositoras docentes, le permiten a los doce trabajadores subsistir, mantener su sustento diario para alimentarse y poder llevar algo a sus hogares, donde ya se siente el paso del tiempo de una lucha sin soluciones a la vista. Nuevas acciones callejeras se preparan para continuar la pelea. Izquierda Socialista viene acompañando y ayudando cotidianamente en las sacrificadas tareas del campamento donde compañeros docentes y de la juventud pernoctan algunos días para fortalecer el acampe.

Ademys se prepara para la lucha por salario y protocolo

Como antesala del receso escolar, el gobierno de Larreta convocó a los sindicatos docentes este viernes pasado a una reunión. Allí comunicó que no iba a cumplir con su propio acuerdo salarial del mes de marzo, que implicaba un incremento en el sueldo del mes de julio. Esta decisión va en línea con la sanción de la Ley de Emergencia de CABA, que autoriza el congelamiento salarial. Nuevamente, somos los trabajadores estatales y docentes quienes seguimos pagando el costo de la crisis mientras que Larreta no ha tomado ninguna medida que afecte a los grandes empresarios. Además, intentan apurar el regreso a las aulas con protocolos absurdos que no garantizan las condiciones de seguridad. Somos claros, mientras haya pandemia y no estén dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura no volveremos.

Para dar una respuesta a estos nuevos ataques Ademys convoca a una asamblea abierta el 29 de julio para decidir democráticamente las acciones de lucha y para impulsar el no inicio de clases luego del receso escolar.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El jueves pasado se votó en la Legislatura porteña la adhesión al protocolo de interrupción legal de los embarazos (ILE) del Ministerio de Salud nacional. Esto es fruto de la marea verde que en todo el país exige el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora reclamamos al gobierno de Fernández el aborto legal, seguro y gratuito ya.

Si bien en la Argentina desde 1921 el Código Penal establece el aborto legal por causales, que fue ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, es una lucha del movimiento feminista su aplicación, ya que la mayoría de los gobiernos provinciales privilegian sus alianzas con las iglesias y obstaculizan el derecho a los abortos no punibles. Por eso, la adhesión al protocolo en la Ciudad es un avance que refleja la lucha de años del movimiento feminista por el aborto legal.

Desde la #MareaVerde de 2018, el Ministerio de Salud de la CABA, en un informe del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, ha registrado un aumento de los casos de ILE en la Ciudad. Solo en los primeros seis meses de 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad, lo que representa un aumento de 47% respecto de 2018. El 15% de las que accedieron a la ILE fueron niñas y adolescentes: treinta y un niñas entre 10 y 14 años, y 514 adolescentes. Por eso, la adhesión es una importante herramienta para que los equipos de salud puedan garantizar los derechos de las mujeres frente a los intentos restrictivos de los sectores religiosos antiderechos ante casos de violación o de afección de la salud integral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

La pandemia del Covid-19 y el aislamiento social obligatorio han puesto una vez más al descubierto que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no puede esperar. Para muchas mujeres y niñas los hogares no son lugares seguros, crecen los abusos sexuales y, por ende, los embarazos no deseados. Por eso, durante la cuarentena crecieron las consultas para acceder a la ILE un 536%, pasando de entre cinco y once diarias a setenta. Pero el protocolo de los abortos no punibles no alcanza. Necesitamos que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya.

¡Basta de dilaciones!

Fernández asumió el gobierno diciendo que presentaría en marzo su propio proyecto para legalizar el aborto, lo que generó expectativas en un sector del movimiento feminista. Desde ese momento venimos señalando que nosotras ya tenemos un proyecto, que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, pasaron más de seis meses y todavía el proyecto que dijeron que “ya estaba listo” no fue presentado, tampoco se conoce su redacción. Es más, el propio Fernández dijo hace semanas que en el marco de la pandemia había cosas más urgentes y que estaba esperando el momento “justo” para enviarlo, mientras cientos de mujeres siguen abortando en la clandestinidad poniendo su salud en riesgo.

Próximamente se cumplirá un nuevo aniversario del #8A, día en que el reaccionario Senado, con los votos del PJ, la UCR y PRO, en alianza con las iglesias, optaron por la clandestinidad del aborto en 2018 ante millones de personas movilizadas. Por eso llamamos al movimiento feminista a seguir dando la pelea para que, de una vez por todas, se apruebe el proyecto de la Campaña y así podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos por #abortolegal2020.

Salió el segundo número de RABIA, la revista de la Juventud de Izquierda Socialista.

Escribinos para recibirla y aportar a la campaña financiera de nuestro partido.

FB: Juventud Izquierda Socialista

Escribe Adolfo Santos

Hace poco más de una semana una noticia llamó la atención. Un grupo de ochenta y tres multimillonarios de los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Canadá habrían solicitado, a través de una carta pública, que sus gobiernos les cobren más impuestos.

Divulgada en grandes medios como El País, The Guardian, o Clarín y Página 12 en la Argentina, la publicación de los ochenta y tres ricachones pide “una subida inmediata, sustancial y permanente de impuestos” a sus grandes fortunas para luchar contra la pandemia de coronavirus y paliar la crisis económica que sobrevendrá.

No se puede descartar que los dueños de grandes fortunas, frente a la gravísima crisis económica, estén dispuestos a ceder algo de sus grandes patrimonios. Saben que continuar expulsando a millones de familias a una situación de pobreza extrema mediante una creciente desocupación y bajísimos salarios solo va a aumentar las convulsiones sociales que ya existen, lo que coloca en peligro a sus propios patrimonios. Más aún cuando la pandemia ha acelerado todos los índices de la crisis y no se vislumbran soluciones a los graves problemas sociales.

Los autores de la carta dicen: “No estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales. Ni reabasteciendo los estantes de los supermercados, ni haciendo delivery puerta a puerta”, en referencia a las actividades esenciales. “Pero sí tenemos dinero, mucho dinero”. Está claro, esas inmensas fortunas no son fruto del trabajo y del esfuerzo, sino de la explotación de millones de trabajadores que ganan salarios miserables. Además se consolidaron sobre la base de la evasión fiscal. Karen Seal Stewart, inversora inmobiliaria e integrante del selecto Club de los 200 Millonarios Patrióticos, del cual son parte los firmantes de la carta, reconoce: “Casi todos los que tienen una cantidad significativa de riqueza en Estados Unidos se han beneficiado del trato preferencial que nuestro código tributario le da a los ricos” (News Mundo 14/7). Una política incentivada aún más por la reforma impositiva del reaccionario Donald Trump.

Esto es insuficiente

Aunque llegara a concretarse legalmente, este impuesto es insuficiente para resolver la grave crisis capitalista. En los Estados Unidos hay alrededor de doce millones de millonarios y apenas doscientos estarían dispuestos a aportar una pequeña parte. Como dice Stephen Prince, también del Club de los 200, después de pagar ese impuesto extra “… todavía tendré dos aviones”. Otro de los firmantes de la carta es el usurero internacional Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock, uno de los fondos buitres detentores de los bonos de la deuda externa argentina, cuyo pago va a impedir cualquier posibilidad de crecimiento de nuestro país.

Son lobos con piel de cordero. Posan de solidarios mientras aplican duras medidas contra sus propios trabajadores. Es el caso de la heredera de Disney, Abigail Disney, una de las supuestas firmantes de la carta, que acaba de despedir a 100.000 trabajadores de sus parques de diversiones, 70.000 pertenecen a Walt Disney World Resort de Orlando, que pasarán a recibir del programa de desempleo del estado de Florida, uno de los más bajos del país, solo 275 dólares semanales durante doce semanas. Los otros 30.000 son del parque que la compañía posee en California. Con esas medidas, según informó The Financial Times, WD “ahorrará” 500 millones de dólares mensuales en salarios.

Por eso decimos que son apenas paliativos que intentan frenar el avance de las protestas contra el capitalismo, un sistema incapaz de resolver los mínimos problemas sociales. Son sectores empresariales que buscan lavarse la cara ante el odio creciente de los trabajadores, mientras aplican ajustes brutales como Disney o saquean países, como los usureros de BlackRock. Gran parte de esas medidas que están proponiendo no les cuestan nada porque son a cuenta de la eximición de impuestos o parte de las ganancias obtenidas por el aumento de la productividad, la flexibilización laboral y los diversos ajustes que realizan contra los trabajadores.

No hay capitalismo bueno o humano

Los capitalistas no pretenden disminuir la brecha social entre ricos y pobres reviendo sus planes de ajuste, en todo caso quieren controlarla por miedo a los estallidos sociales. Es una reacción por el temor a las rebeliones que se producen en todo el mundo cuestionando los planes capitalistas. No estamos en contra de aumentar o aplicar nuevos impuestos a las grandes fortunas. Lo hemos propuesto como medida de emergencia para resolver los problemas creados por la pandemia, pero es apenas un paliativo. El FIT-Unidad presentó un proyecto en ese sentido donde propone gravar en 10% a las grandes fortunas. Una medida mínima, que los diputados se negaron a discutir, y el gobierno de Alberto Fernández no ha tenido el coraje de implementar.

No hay salida a la crisis con este sistema en descomposición. El capitalismo no va más. Es lo que demuestran las rebeliones alrededor del mundo contra sus planes, que producen cada vez mayor desigualdad, donde una minoría se enrique a costa de la explotación y la pobreza de miles de millones de trabajadores. Esa crisis brutal no se soluciona con las “dádivas” de un puñado de millonarios. Para resolver la desigualdad social, el hambre, la pobreza y la destrucción del medio ambiente es necesario continuar luchando hasta derrotar el capitalismo. Solo un gobierno socialista que represente los verdaderos intereses de trabajadoras y trabajadores será capaz de superar esta profunda crisis.    

Escribe Rainer “Oso” Ríos, dirigente del MST, sección chilena de la UIT-CI

El miércoles 15 de julio, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la ley para que las y los cotizantes puedan retirar el 10% de los fondos ahorrados en las AFP (administradoras privadas de fondos de pensiones). La historia detrás de este hecho refleja la crisis del gobierno de Piñera, que no termina de profundizarse, y las consecuencias del estallido social del 18 de octubre del año pasado, que aún siguen presentes.

Historia de una crisis

Apremiados por el desempleo, la pobreza y hasta el hambre, miles de trabajadoras y trabajadores comenzaron hace unos meses una campaña en las redes. De forma virtual, exigían que las AFP devolvieran el 10% de los fondos ahorrados a cada cotizante. Una demanda que parecía imposible.

Las escuálidas respuestas del gobierno, que fueron el motor de esta campaña, generaban la creciente inquietud de cientos de miles de familias. A principios de mayo, una jornada de movilizaciones contra el hambre terminó con una noche de protestas. Hoy en Chile la cantidad de contagios se aproxima a 350.000, las muertes por coronavirus, a la fecha, son alrededor de 13.000 y se comienzan a sentir los efectos de la brutal crisis económica. Las cifras de desempleo, pobreza y hambre hicieron retroceder al país a las condiciones de principios de los años ’80.

Este antecedente abrió una brecha que ha terminado por transformarse en una gigantesca grieta entre el Congreso y el gobierno de Piñera. Ambos, junto al empresariado, temen un segundo estallido social. Pero, por primera vez, diputadas y diputados de la oposición patronal, junto a un sector de diputados de derecha, se han rebelado contra la línea impuesta por la Moneda (casa de gobierno).

“No existen los suficientes recursos públicos para contener el hambre, la pobreza y el desempleo, es momento de echar mano a otros recursos”, dijo un diputado de derecha que votó a favor del retiro del 10 por ciento. Una frase común en estos días en ambas Cámaras, sin embargo, muestra la crisis. El propio Piñera presentó dos planes de ayuda para la “clase media”, junto con una campaña pública llamando a rechazar el retiro de fondos de pensiones. 

La propia coalición de gobierno se dividió frente a una demanda que parecía imposible hace unos meses. Hoy esa división ha devenido en una guerra civil dentro de la derecha pero, sobre todo, un golpe en toda la línea de flotación del gobierno. Ni siquiera su propio sector lo cree capaz de contener el descontento, y muchos ya ni siquiera disimulan que no quieren amarrar su suerte a la del gobierno de Piñera, que profundiza su crisis a cada paso.

La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados es la punta del iceberg de una crisis mayor. ¿Cómo detienen Piñera y el gran empresariado el avance de esta demanda? Podrían frenarla en el Senado, pero un día antes de la votación en Diputados hubo un cacerolazo nacional, con barricadas y algunos saqueos, e incluso un paro nacional portuario de media jornada. El olor a otro estallido quedó impregnado en los pulcros trajes de “las y los ilustres”. Además, cinco senadores de derecha, incluso declarados pinochetistas, han dicho que votarán a favor para evitar las consecuencias de una nueva movilización.

Piñera, solo y acorralado, aparece como el gran enemigo de las masas, como el defensor férreo de las odiadas AFP. Le queda un solo camino, vetar la ley. Sin embargo, desde el mismo gobierno ya anuncian que ese camino será sin duda la chispa que encenderá un incendio, y esta vez ya no están tan seguros de poder controlarlo. Si la ley se termina aprobando, será un golpe mortal a Piñera y su poder en un régimen presidencialista. Si la veta, sellará su suerte y la de su gobierno. El presidente tiene todas las de perder en todos los escenarios posibles.

Por el retiro del ciento por ciento

Desde el MST, sección chilena de la UIT-CI, nos hemos sumado a las movilizaciones que han surgido espontáneamente por la aprobación de esta ley. Proponemos que no vamos solo por el 10 por ciento. La fuerza de las masas sigue en pie, y aunque afuera de las calles por la pandemia, la sola insinuación de un nuevo estallido ha provocado una importante crisis en el gobierno y el régimen político.

¿Por qué quedarnos con esta demanda? Nosotros y nosotras, en el MST, proponemos que las AFP devuelvan el total de los fondos de pensiones. Que termine el sistema privado de jubilación que ha demostrado ser una calamidad para millones de jubilados y jubiladas. En su reemplazo, instaurar un sistema de reparto solidario y tripartito bajo control de jubiladas y jubilados, trabajadores y trabajadoras.

Para evitar que el pueblo y la clase trabajadora paguemos la crisis capitalista debemos ir más allá. Llamamos a construir una coordinación nacional entre sindicatos, asambleas territoriales, organizaciones estudiantiles, feministas, populares y políticas. Por un plan de lucha nacional y un petitorio único que incluya un plan económico de emergencia obrero y popular votado por las bases.