Escribe Cristian Luna, candidato a diputado nacional Tucumán por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Juan Manzur, el nuevo jefe de gabinete de Alberto Fernández, es conocido por sus posiciones “celestes”, anti-derechos de las mujeres. También por sus vinculaciones con las vertientes más reaccionarios de la Iglesia Católica.
Pero ese no es su único perfil. Manzur ha sido siempre un político patronal típico. Se destacan sus vinculaciones con los dueños de los laboratorios medicinales nacionales, entre ellos con Hugo Sigman y la familia Roemmers y también con las multinacionales del sector, todo cuidadosamente aceitado durante su mandato como ministro de Salud en el gobierno de Cristina Fernández. Como muestra basta un botón: aprovechando la epidemia de la gripe A, el entonces ministro Manzur le garantizó a Hugo Sigman el virtual monopolio de vacunas contra la gripe por diez años. Con respecto a sus relaciones con las transnacionales, el propio Manzur se ufana de sus “contactos” con el establishment económico yanqui.
El actual jefe de gabinete no es sólo un agente de los negocios de las grandes patronales, sino que es él mismo un gran capitalista del Noroeste argentino. Manzur es propietario de la empresa sanjuanina Tío Yamil, y de una finca en Aimogasta, en La Rioja, llamada El Benteveo, ambas dedicadas a la producción de aceite de oliva y aceitunas. Ambas aportan a su principal empresa, llamada Agro Aceitunera S.A, dueña de la marca de aceitunas más importante del país, Nucete, que controla el 45% del mercado interno y es un gran exportador al resto del mundo.
Como buen capitalista, Manzur no vive mal: tiene una vivienda de 4.000 metros cuadrados en Yerba Buena, la zona exclusiva en el gran San Miguel de Tucumán.
Este es el hombre que Cristina le propuso a Alberto Fernández como jefe de gabinete. Toda una garantía para los empresarios.
Escribe Cristian Luna, candidato a diputado nacional Tucumán por Izquierda Socialista FIT Unidad
La provincia de Tucumán es gobernada por peronistas desde 2003. En tres oportunidades por Alperovich y, desde 2015, por Juan Manzur. Por eso resulta escandaloso que prometan salud, trabajo, educación o esperanza de una mejor vida cuando los que han gobernado estos últimos dieciocho años fueron ellos.
La desocupación en la provincia es la más alta del NOA, 11 por ciento. De ese porcentaje, 80% lo componen mujeres y jóvenes. La pobreza alcanzó el 41,5% y la indigencia llegó a 8,1 por ciento. El sueldo en blanco promedio es de 35.000 pesos, con una canasta que ronda los 100.000 pesos. Los 50.000 trabajadores del limón ganan aún menos y solo 50% está en blanco. Más de la mitad de la población activa trabaja en negro o es cuentapropista.
En campaña, Manzur y Jaldo (gobernador y vice) se pelean por prometer más y mejores cosas. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora si gobiernan ellos?
Por el lado de Cambiemos, Alfaro (intendente de San Miguel de Tucumán), Cano (radical PRO) y Campero (intendente de Yerba Buena que no logró acordar con el hijo del represor Bussi) también prometen que van a resolver todos los problemas, que son mejores que los que nos vienen gobernando. ¡Pero se olvidan de que fueron gobierno cuatro años a nivel nacional!
Ninguna de las opciones patronales, el peronismo en todas sus formas, y el macrismo en las suyas, le brindará alguna solución al pueblo tucumano. Votá a la izquierda que se une. Votá al FIT Unidad lista 1A, los únicos que proponemos soluciones de fondo. Por eso peleamos, entre otras cosas, por la reapertura de ingenios y textiles bajo control de sus trabajadores, el blanqueo de los trabajadores del limón, el pase a planta permanente de todos los contratados en el estado provincial y por un sistema de salud estatal único y centralizado, opuesto a la privatización de la salud. La plata para llevar adelante estas medidas saldrá del no pago de la deuda externa y la implementación de un verdadero impuesto a las grandes fortunas.
Escribe Cristian Luna, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros/as, candidato a diputado nacional, por Izquierda Socialista/FIT Unidad
El proyecto de ley del diputado nacional Pablo Yedlin (PJ), ligado al gobernador Manzur, no conduce a su declarado objetivo de mejorar la calidad del trabajo de enfermería debido a su enfoque unilateral, que se centra en la formación y deja de lado múltiples determinantes que hacen a la labor profesional de la enfermería. Hoy en la Argentina no se puede hablar de calidad de la labor de la enfermería si no se habla del pluriempleo generalizado en el sector en virtud de los sueldos de hambre que perciben enfermeras y enfermeros. El proyecto desconoce el principal problema que afecta el desempeño de la enfermería.
También silencia la violencia institucional que se ejerce hacia el personal de la salud por las pésimas condiciones en que deben desarrollar su labor por la falta de elementos adecuados y personal. La precarización laboral generalizada, tanto en el sector estatal como en el privado, impide desarrollar un equipo de salud estable que pueda crecer progresivamente. El proyecto, dicho sea de paso, en ningún momento ubica a la enfermería como integrante del equipo de salud.
¿Qué busca en realidad el proyecto del Frente de Todos?
Pretende, por un lado, ampliar el negocio millonario de la formación en ámbitos privados del personal de enfermería, poniendo en igualdad de condiciones a los miles de kioscos armados por empresarios ligados al gobierno y la salud privada. Por otro, producir recursos humanos a granel para alimentar la alicaída y mal paga salud privada. La modificación impone subsidios, ¡más todavía!, a la capacitación en manos privadas. Para eso pone como partícipes, y con voto calificado para decidir los contenidos curriculares de enfermería, a las patronales de la salud privada. No dice una sola palabra de transformar en facultades a las escuelas universitarias. No discrimina entre lo público y lo privado, los presupuestos destinados a salud pública serán “repartidos” con la salud privada. Calla más de lo que dice en relación con la financiación, la ampliación y el reconocimiento de los y las formadoras de enfermería del ámbito estatal.
Además, implícitamente establece la reducción del título enfermero/a, al sostener que la formación sería técnica. Reduciría la carrera a dos años, rebajando aún más el alcance y reconocimiento del título profesional. Con la excusa de la necesidad de los llamados “recursos humanos” se rebajaría la formación (cuando en el mundo se toma el camino contrario) y, con ello, también el reconocimiento económico, social y profesional.
Rechazamos la propuesta del peronismo y el negocio privado en la formación de enfermería
En Tucumán sabemos muy bien quién es Pablo Yedlin. Fue el ministro de Salud de la provincia que modificó y ocultó datos de desnutrición infantil, armó negociados con supuestas “fundaciones” para capacitar a odontología, mantuvo en la precarización absoluta a más de siete mil trabajadores, lo que obligó a dos años de lucha autoconvocada para el pase a planta, y otras “hazañas” contra los trabajadores y la salud pública.
Si quiere mejorar nuestro sector, que proponga el reconocimiento profesional de enfermería en todo el país, que exija el reconocimiento de la insalubridad y la jubilación con 25 años de servicios y el 82% móvil, un salario mínimo igual a la canasta básica y la cobertura de los miles de cargos de enfermería vacantes en todo el país. Al mismo tiempo, apoyamos decididamente la iniciativa de elaborar un proyecto alternativo de los distintos sectores de enfermería en lucha por su reivindicación profesional para lo cual ponemos a disposición nuestras bancas.
Por esta propuesta luchamos desde la Lista 1A Unidad de la Izquierda, del Frente de Izquierda Unidad, en todo el país y de la que formo parte en Tucumán.
Escribe Cristian Luna, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros (SITE)
Según datos del Ministerio de Salud Pública, Tucumán registra 50.419 casos positivos y acumula 849 muertes desde el inicio de la pandemia, con el 86% de camas UTI ocupadas. No se contabiliza a familiares y convivientes, lo que elevaría aún más ese número. Entre el personal de salud, casi 4.000 resultaron infectados, 8% aproximadamente, el número más alto del país.
El gobierno tuvo seis meses para prepararse para afrontar la pandemia, sin casos autóctonos. Sin embargo, gastó millones en propaganda y marketing político en lugar de invertir en equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente, aumentar el salario al personal de salud que está obligado al pluriempleo para tener un ingreso digno y nombrar personal bajo convenio para evitar la sobrecarga laboral. A esto se suma el congelamiento salarial, con las paritarias suspendidas desde diciembre, y la eliminación de la cláusula gatillo que permitía recuperar algo de lo que se perdió con la inflación.
El gobierno, cómplice del negocio de las empresas de salud privada, deja pasar la violación de todos los protocolos. Hay trabajadores que tienen jornadas extenuantes de dieciséis horas. En estos seis meses pudieron despedir libremente y recontratar de forma precaria, mientras recibían millones del Estado para prepararse para el Covid como, por ejemplo, cuando Manzur les entregó respiradores a los sanatorios.
“No somos héroes”
Los trabajadores de la salud reclaman desde el inicio de la pandemia aumento, pase a planta de los contratados en pandemia y, lo que es central, la declaración de insalubridad para el personal hospitalario.
Residentes
Todo el peso del trabajo en los sectores Covid recae sobre los y las residentes, mano de obra barata, precarizada y disponible las veinticuatro horas. En convocatorias y asambleas que nuclearon a estos trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo, exigen poder realizar rotaciones cada quince días para, de ese modo, lograr algún tipo de descanso ante tanta presión y sobrecarga laboral.
En el hospital Avellaneda, las y los enfermeros reclaman que se terminen la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades del servicio de enfermería y exigen la renuncia de la jefa. Mientras tanto, la burocracia sindical no aparece. Son meses de silencio de ATSA, cuyo secretario general es legislador del PJ provincial. Su última actividad conocida fue la asistencia al cumpleaños de Manzur, violatoria de la prohibición de reuniones sociales. Prohibición que dio vía libre a la policía para perseguir a las poblaciones más humildes, cuyo resultado, hasta ahora, suma cerca de 2.500 detenciones y los asesinatos de Espinoza y Nadal.
En el marco del Día de la Enfermería, el 21 de noviembre, realizaremos una movilización y concentración en la plaza Independencia para que se visibilicen nuestros reclamos reafirmando que “no somos héroes, sino trabajadores de la salud”.
La lucha por nuestras condiciones de trabajo y el salario es también contra la pandemia
La cuarentena como única medida no alcanza, debe aplicarse en función de las necesidades sanitarias y no de las exigencias patronales.
Son imprescindibles otras medidas que recomiendan científicos de todo el mundo y que planteamos desde el comienzo: testear masivamente a la población, rastrear los contagios y aislarlos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y aumentar los salarios. Centralizar los recursos, entre ellos los hospitales y camas, laboratorios y medicamentos, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Y sostener a los sectores que deban aislarse abonando un IFE de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.
Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad.
En medio de la pandemia, el enfermero tucumano dedicó una carta abierta a la población que fue difundida ampliamente en varios medios de la provincia. En el escrito, el profesional agradeció el apoyo, pero puso especial énfasis en mejorar las condiciones laborales en el sistema.
Cristian Luna hace catorce años que trabaja en salud, es secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros) y miembro de Izquierda Socialista, y decidió contar cómo se trabaja en su sector y pedir ayuda en el reclamo por mejorar el sistema. Además, asegura que las inversiones quedan solo en promesas y que la salud pública está devastada.
La carta completa
NO SOMOS HÉROES. Somos trabajadores de la salud pública. Muchos de nosotros tenemos miedo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros. Aun con miedo, vamos a enfrentar un enemigo desconocido. Y lo vamos a hacer porque nos preparamos para esto, porque la salud de nuestro pueblo es nuestra prioridad.
NO SOMOS HÉROES, solo queremos contar con los elementos y materiales imprescindibles para proteger y protegernos. Como NO SOMOS HÉROES, no trabajamos buscando aplausos ni somos indestructibles. Hoy el coronavirus desnuda lo frágil y desfinanciado de nuestro sistema de salud, lo bajo de nuestro salario, lo precario de nuestras condiciones de trabajo.
NOSOTROS NO SOMOS HÉROES, apenas trabajadores de una salud pública DEVASTADA, que siempre es promesa en boca de gobernantes y candidatos, pero nunca es prioridad a la hora de invertir o mejorar salarios. Como NO SOMOS HÉROES, vamos a correr riesgos, algunos van a ser innecesarios; no contar con barbijos, camisolines, antiparras, etcétera, nos coloca en desventaja con un enemigo implacable.
Gracias por los aplausos, ahora exijamos a los gobiernos que destinen recursos a la salud pública, exijamos salarios y condiciones de trabajo dignas para todos nosotros, exijamos que nos paguen la cláusula gatillo y no roben nuestros salarios. DEFENDAMOS LA SALUD PÚBLICA.