Editorial
La confesión está catalogada como la madre de las pruebas. Repasemos algunas de las que se han dado en estos días. Una es la del FMI, que acaba de aprobar el envío de 10.870 millones de dólares por una nueva cuota del préstamo, pero del que ni uno solo irá para reactivar la economía, tener salario y trabajo digno o mejorar la salud o la educación.

Al contrario, el FMI volvió a reclamar que Macri “achique el gasto”, es decir, que profundice el ajuste. Esto prueba que el FMI nada tiene de “bueno”, como dicen desde sus usinas, si se quiere hacer pasar por ello la autorización para que se aumenten los “gastos sociales” del 0,2 actual al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), medida que solo tiene por objetivo ayudar a la campaña electoral de Macri.

Esto no hace más que confirmar lo que vinimos diciendo desde la izquierda. Que Argentina de la mano del FMI se seguirá hundiendo al ritmo de un ajuste permanente para el pueblo trabajador, mientras se sigue salvando a los bancos, privatizadas, multinacionales y usureros de la deuda.

La otra confesión la dio Macri diciendo: “lo que hizo mi padre era un delito”. Intentó poner de víctima a su padre señalando que “tuvo que pagar para trabajar”. De esta manera, Macri (el hijo presidente), quiere salvar no solo a su padre sino también a las decenas de empresarios coimeros que ponían plata para quedarse con la obra pública bajo el gobierno anterior, o directamente financiaban las campañas de Cristina.

El que le salió al cruce fue el propio ex abogado de su padre, diciendo que es el actual presidente el que manejaba el grupo Socma y tomaba las decisiones. Otra tremenda confesión. El grupo Socma (de la familia Macri) hizo grandes negociados con la dictadura siendo beneficiado por la estatización de la deuda privada contraída por Sevel (Fiat), que desde entonces pagamos todos. Esto muestra hasta dónde llegó la familia Macri para quedarse con los negocios capitalistas, tanto en el gobierno anterior, como en el actual (perdón de la deuda del Correo) y también en los anteriores. 

La otra confesión es sobre la traición de la CGT. Después de anunciar que no haría un paro general sino una marcha para el 4 de abril “de la producción y el trabajo” (con empresarios y al servicio de la campaña electoral del peronismo), finalmente el Consejo Directivo hasta puso en duda la realización de esta última. “Los sectores gremiales de mejor diálogo con la Casa Rosada ganaron”, analizó un medio de comunicación masivo. Así tratan de evitar que una masiva congregación callejera afecte las negociaciones que mantienen los burócratas con el gobierno por los fondos millonarios de las obras sociales sindicales. Muchos de ellos están en la mesa sindical “Lavagna 2019” que armó Luis Barrionuevo, que ahora se postula para gobernador de Catamarca. ¿Y que dicen de los despidos, los tarifazos o el robo salarial? La CGT, muda. Tampoco el sector Moyano llama a parar.

Esto nos lleva directo en los pasos que está dando el peronismo. Sobre esto, la “confesión” más importante es que, en caso de ganar algún sector del PJ las presidenciales, nada va a cambiar para el pueblo trabajador. Miremos en estos días las luchas de los docentes en Santa Cruz, Salta y Chaco, provincias gobernadas por peronistas (Alicia Kirchner, el presidenciable Juan Manuel Urtubey y Domingo Peppo, respectivamente).

Si Macri es un desastre, el peronismo no se queda atrás. Cristina Kirchner fue otra vez procesada por corrupción. Para victimizarse, igual que Macri con su padre, grabó un video denunciando un complot de la justicia que le habría provocado la enfermedad a su hija, por lo cual tuvo que llevarla a Cuba, bajo la sospecha de que en realidad la estaría resguardando en caso de ser requerida por la justicia, atento a que este país no tiene extradición. Mientras tanto, en la semana crecieron rumores desde su espacio político de que podría no presentarse como candidata. Por su parte, se lanzó Scioli a presidente, denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También Pichetto, quien mantiene su postulación “contra la grieta”, el mismo que dijo que el presupuesto 2019 del FMI había que votarlo sí o sí para dar una buena señal al organismo. Y Lavagna, a quienes algunos lo pintan de salvador, se acaba de pronunciar contra el derecho al aborto legal y promocionó que está preocupado por la “sociedad civil”… ¡y se reune con Tinelli!

Ante todo esto, el Frente de Izquierda sale ante millones a decir que no hay que dejarse engañar. Que contra el brutal ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores hay que implementar un paro y plan de lucha nacional, cosa que la traidora CGT se niega a llevar adelante. Y que ante el hundimiento del país, hacen falta medidas de fondo que solo levanta la izquierda.
Muchos trabajadores pueden pensar que “cualquiera que le gane” en octubre será mejor que Macri. Pero, ¡cuidado!, ese razonamiento es una trampa. Lo mismo se dijo durante todas estas décadas y el pueblo trabajador terminó cada vez más perjudicado. Así, había quienes sostenían que había que votar a Menem para sacarlo a Alfonsín, luego a la Alianza para sacarlo a Menem, después a Macri para sacarse de encima al kirchnerismo. Y así estamos: cada vez peor. Está probado que esto no va más.

No se trata de poner un “mal menor”. Hay que sacar a Macri, pero también a su ajuste y al FMI. Y Cristina Kirchner, Kicillof y La Cámpora ya han dicho que van a respetar el acuerdo Macri-FMI, a seguir  pagando la deuda externa y no van a tocar a los bancos y a las privatizadas. Esto implica que en caso de que gane el kirchnerismo, no habrá trabajo o salarios como promete. Así como no va a haber ninguna “redistribución de la riqueza” de la mano del FMI, como pregonan los políticos kirchneristas. Ni reactivación de la economía si seguimos pagando la deuda. Tampoco hay combate a los tarifazos si no se reestatizan Edenor, Edesur y se logra una YPF 100% estatal.

Las pasadas elecciones en Neuquén -donde se hundió el candidato de Macri y fracasó el del kirchnerismo - el Frente de Izquierda aumentó su votación en diputados y logró mantener sus dos bancas obreras y socialistas, un aliciente para que la izquierda siga creciendo en el resto del país.

En definitiva, no habrá ningún cambio real si no se enfrenta a Macri con un programa de fondo, obrero y popular, como lo plantea la izquierda. Por eso, es que, en las luchas y en las elecciones, decimos que la salida es la izquierda.

La justicia de Esquel terminó absolviendo a Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala que, como integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, habían sido denunciados por Benetton y la propia provincia del Chubut. Con base en esta causa, la ministra Patricia Bullrich había acusado de “terroristas” a los mapuches. En el mismo sentido, se la aprovechó para justificar la represión por parte de la gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado.

Sin pruebas, la jueza termina absolviendo a todos. Demostrando que todo fue un “armado” al servicio de la represión al pueblo mapuche para garantizarle los negocios a Benetton y el resto de las multinacionales que se apropiaron de las tierras que pertenecen a las comunidades originarias.

Al escuchar el fallo, se escuchó un grito: ¡Santiago Maldonado, presente! ¡Rafael Nahuel, presente! Es que esto es sólo un primer paso en el camino de seguir reclamando el fin de la impunidad por el asesinato de los dos compañeros.

Escribe José Castillo

Increíblemente, el presidente Macri había dicho apenas un par de días previos que “la inflación estaba bajando”: lo desmintieron los propios datos oficiales. Al 2,9% de enero, le siguió el 3,8% de febrero. La suba de precios del corriente mes de marzo también será altísima, por lo que terminaremos el primer trimestre con valores cercanos a 10%. Estos se sumarán al 47,6% que acumuló la inflación de 2018. Con lo dicho, a nadie le asombra que la plata cada día le alcance menos al trabajador o al jubilado.

¿Porqué suben los precios? El gobierno, increíblemente, sigue con la misma respuesta: “es por la emisión monetaria”. Mentira: hace casi seis meses que han hecho desaparecer el dinero de las calles, ya que, con el objetivo de “que no se les dispare el dólar”, se dedicaron a “secar la plaza”. Traducido para el trabajador corriente: no hay un centavo por ningún lado. Esto se debe a que se incentiva a los bancos a tomar todos los pesos posibles y “encanutarlos” poniéndolos en leliqs (letras del Banco Central), que les garantizan superganancias por arriba del 60% anual.

Pero la inflación no baja. ¡Obviamente: porque los precios suben por otro motivo!

La inflación sube porque el propio gobierno autorizó aumentos siderales de las tarifas de luz, agua, gas, transportes y peajes. Porque, como liberalizó el mercado de combustibles, la suba de las naftas y el gasoil son descomunales. Esta es la mitad de la explicación: para garantizarle sus ganancias a las empresas privatizadas, saquean nuestros bolsillos.

Pero vamos a la otra mitad: también están subiendo los alimentos y todos los productos de primera necesidad (tocador, limpieza, la canasta escolar). Acá tampoco se trata de nada misterioso. Las grandes empresas monopólicas de cada sector envían quincenalmente listas de precios con remarcaciones increíbles y luego las cadenas de hipermercados le agregan “lo suyo”. Se trata, como el lector podrá imaginarse, de un brutal abuso por parte de estos formadores de precios que, a su vez, el gobierno los deja correr. ¿Porqué? El lector lo podrá adivinar por sí mismo: el encargado de controlar todo esto es Miguel Braun, actual secretario de Política Económica (de hecho, el “número dos” del ministerio detrás de Dujovne). Su familia es dueña de La Anónima, una de las mayores cadenas de hipermercados del país, con presencia dominante en toda la Patagonia. ¡El lobo cuidando las ovejas!

Sumémosle a todo esto que la recesión está teniendo otro efecto terrible: la ola de despidos y suspensiones. Prácticamente todas las automotrices están con suspensiones de turnos o en algunos casos de todo su personal. Diariamente nos enteramos de empresas que cierran o despiden. Incluso, para ahorrarse costos, lo hacen grandes firmas que “aprovechan la bolada” para sacarse gente de encima, tal es el caso de Fate, que formando parte del grupo Madanes, con las superganancias que obtiene vía el aluminio de Aluar no tiene excusas para aducir pérdidas.

El gobierno se justifica diciendo que el único plan posible, es el acordado con el Fondo Monetario. Los trabajadores tenemos que oponerle otra política para la emergencia. Primero y principal: necesitamos un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar todo lo que ya nos comió la inflación. ¡Nadie debe ganar menos que el costo de la canasta familiar, hoy en 30.000 pesos! Y de ahí en adelante, debe haber reajustes salariales mensuales acordes al alza inflacionaria.

Tenemos, efectivamente, que parar la carestía. Hay que fijar inmediatamente precios máximos a los productos de la canasta familiar. Y obligar a las empresas y a los supermercados a respetarlos, bajo severas sanciones: que todo aquel que viole esta disposición acaparando o escondiendo los productos sea fuertemente sancionado, con multas, clausuras o expropiaciones.

Hay que parar los tarifazos, y retrotraerlos. Tenemos que terminar con este juego donde las privatizadas, mientras por un lado saquean nuestros recursos como el gas o el petróleo, por el otro, brindan pésimos servicios y a cambio reciben cuantiosos subsidios y cada día hacen más caja con tarifas impagables. La salida es reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores de usuarios.

Es fundamental parar ya mismo la ola de suspensiones y despidos, prohibiéndolos por ley y expropiando a toda empresa que viole esta disposición o cierre su establecimiento, procediendo a expropiarlo y entregándoselo para su gestión a sus trabajadores.

Por supuesto, todas estas medidas sólo serán posibles si empezamos por lo más básico: romper el acuerdo con el FMI, dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales, y poner todos esos recursos al servicio de las más básicas necesidades populares de trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe José Castillo

En estos días llegará una nueva cuota del crédito acordado con el FMI que tiene como contrapartida el feroz plan de ajuste que todos estamos sufriendo. Después de la auditoría a que fuimos sometidos las semanas pasadas, el organismo avaló la entrega de una nueva cuota de 10.870 millones de dólares, no sin antes advertir que “vamos bien”, pero hay que “ajustar más el gasto”.

Así, cuota tras cuota, la Argentina va recibiendo los 50.000 millones de dólares del préstamo que habrá que devolver en los próximos tres años junto con el resto de los vencimientos de deuda externa, conformando una montaña impagable de 150.000 millones de dólares.

¿Para que viene la plata del Fondo? ¿Acaso son fondos frescos que pueden ser aplicados a resolver alguna necesidad popular, como salud, educación o planes de obras públicas para generar trabajo? Nada de eso. El acuerdo con el FMI es clarísimo: todo ese dinero no puede tocarse. Está destinado exclusivamente a pagarle a los acreedores privados de deuda externa.

Sin embargo, el ministro Dujovne en estos días logró una excepción. Después de ir y mendigarle mucho a la jefa del Fondo, Christine Lagarde -lo que muestra de paso quién manda en la política económica argentina- consiguió que el FMI autorizara a usar 9.600 millones de dólares para otros fines.
¿Es que ahora sí, aunque sea, habrá algo de esa plata del Fondo para aplicar a alguna política social? Nada de eso. La autorización es para usar esos fondos para intentar evitar alguna corrida cambiaria. O sea, se los podrá vender a los especuladores (a cuentagotas diarias) para tratar de “tener el dólar”, si no llega a alcanzar como única medida las super-tasas de las leliqs que les estamos regalando a los bancos.

En síntesis: la hipoteca que tenemos con el FMI tenía un único destino, los pulpos acreedores. Ahora tiene dos: se sumaron otros pulpos, los banqueros y fondos extranjeros que especulan con el dólar. En muchos casos, son las mismas personas. Nada, absolutamente nada positivo queda de todo esto para los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Mónica Schlotthauer • Diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT y delegada del Sarmiento

La neglicencia empresarial se cobró una nueva víctima. Un trabajador ferroviario murió por ser obligado a trabajar sin los implementos de seguridad que exige la ley. Los ferroviarios del Sarmiento decretaron inmediatamente un paro de 24 horas.

Sebastián Carranza, operario del área Telecomunicaciones del ferrocarril Sarmiento, murió a las 23 horas del lunes 18 por culpa de la inseguridad laboral. Cedió un techo y cayó varios metros. “Me quedo un par de horas porque con la nena hay muchos gastos”, había dicho Sebastián y se quedó trabajando horas extras. Se encontraba colocando cámaras de seguridad sin las mínimas condiciones de seguridad laboral: estaba trabajando sin arneses, ni ligas para sostenerse y a oscuras. Sus compañeros lo trasladaron a los bomberos de Morón. No pudieron salvarlo. Sebastián tenía 30 años, una hija de un año y una joven esposa que ahora quedan sin sostén ni consuelo. Se trata de una nueva muerte evitable, responsabilidad de la empresa Trenes Argentinos S.A. a través de su presidente Marcelo Orfila y sus gerentes cómplices, que no respetan la ley laboral, ni la de seguridad e higiene, los protocolos de seguridad, y pretenden precarizar más las condiciones de trabajo.

Los ferroviarios del Sarmiento hace años que venimos reclamando ante estas negligencias de la empresa. La gerencia macrista en vez de dar una respuesta ante nuestros reclamos se dedica a aplicar sanciones y suspensiones a los trabajadores, mientras sigue recortando personal. Esto les pasó a los banderilleros que por denunciar fallas en los señalamientos fueron notificados de futuras suspensiones. Esto no es nuevo: es lo mismo que nos hacía el kirchnerismo cuando denunciábamos la desidia ferroviaria que lamentablemente llevó a la masacre evitable de Once con 52 muertos y 800 heridos.

Macri se la pasa hablando de “inseguridad” pero los directivos de la empresa que responden a su gobierno en el ferrocarril, viola permanentemente la seguridad laboral. La gerencia que responde a Cambiemos maneja el ferrocarril como si fuera una empresa privada, cuando se trata de un servicio público esencial. La burocracia de la Verde en la Unión Ferroviaria, por su parte, en vez de evitar estos atropellos firmó un convenio a la baja quitándonos conquistas.

La respuesta de los ferroviarios del Sarmiento fue automática: desde el cuerpo de delegados declaramos un paro de 24 horas a partir de las cero horas del 20 de marzo, exigiendo seguridad laboral y justicia ante el crimen cometido por la patronal contra Sebastián. Con el compromiso de seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario para que bajo control de trabajadores y usuarios, se brinde un servicio eficiente, garantizando en primer lugar plena seguridad para sus trabajadores, y también para los propios usuarios.