Escribe Claudio Funes

Todo aumenta y la inflación no cesa. En abril los alimentos subieron 4,3%, arrojando un acumulado de 17,5% para el primer cuatrimestre del año.

Las carnes continuaron liderando la suba de precios con 25,72% (la carne vacuna aumentó 65% en un año, transformándose en un bien de lujo). Frutas y verduras aumentaron 8,20% y los productos de almacén, casi 15 por ciento. Se estima una inflación de 50% para finales de 2021.

Con este panorama, los burócratas de la CGT y de las CTA se apuraron a cerrar acuerdos salariales a la baja. Veamos, la Uocra pactó 35,8% en cuatro cuotas, desde abril hasta febrero de 2022; UPCN Y ATE, 35% en seis cuotas, y la UOM, 35,2% en tres tramos.

Es tal el nivel de entrega que las empresas productoras de hidrocarburos y todos los sindicatos petroleros del país sellaron este martes una pauta salarial de 35% para 2021, que se abonará en diferentes tramos a partir del mes de enero de 2022 y con “posibilidad” de revisión (Ámbito, 3/6/2021).

Qué nos puede sorprender de una burocracia que firma 35% de aumento para el salario mínimo, vital y móvil en siete tramos no acumulativos y que alcanzará los 29.160 pesos recién en febrero de 2022.

Para semejantes entregas pactadas con el gobierno ya ni les alcanza la excusa del 29% de inflación proyectada por el ministro de Economía en el presupuesto de 2021, cifra en la que ni el propio gobierno cree. Ante esta situación, hasta las patronales de sanatorios, clínicas y hospitales privados se atreven a pedir la suspensión de las paritarias del sector. Alegan carecer de recursos a pesar de los subsidios que reciben y el aumento de las prepagas.

Mientras se daban estos vergonzosos acuerdos, en el Sur del país se desarrollaba una lucha heroica. Los trabajadores de la salud autoconvocados de Neuquén se rebelaron ante la traición de la burocracia de ATE que había pactado un miserable 15% de aumento salarial con el gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. 

Se organizaron en asambleas para discutir cada paso, así surgió un nuevo organismo democrático de lucha, la interhospitalaria. Fueron dos meses de durísima pelea, con días y noches cortando rutas y bloqueando Vaca Muerta, lo que les permitió conquistar un incremento de 53%, el pase a planta permanente de 1.350 trabajadores y la extensión del aumento a todos los trabajadores estatales de la provincia.

Lucharon contra la política del gobierno y la conducción burocrática de su gremio, que boicoteaba sus acciones.

La lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén es un ejemplo a seguir. Demuestra que se puede pelear y ganar a pesar de las direcciones sindicales traidoras.

Lo prueba también el sindicalismo combativo con los trabajadores de la industria del neumático (Sutna), que conquistaron 54% de aumento salarial.

Por eso, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y el Plenario del Sindicalismo Combativo les exigimos a la CGT y a las CTA que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un plan de acción por un aumento salarial de emergencia y por la reapertura de las paritarias.

Al mismo tiempo debemos organizarnos, debatir en asambleas y votar las medidas necesarias buscando unificar y coordinar con otros luchadores. Así podremos conquistar que se reabran las paritarias y lograr un aumento salarial que no pierda con la inflación. Neuquén nos mostró el camino.

Escribe Claudio Funes

Los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Cristina Kirchner y Sergio Massa, dispusieron un aumento de 40% en sus dietas (96.000 pesos), 11% más que el 29% de inflación prevista en el presupuesto de ajuste de 2021 que ellos mismos impulsaron y votaron hace apenas seis meses.

Los legisladores cobran una dieta (sueldo) que incluye ingresos adicionales, gastos de representación, movilidad y pasajes terrestres y aéreos. Además, en caso de vivir a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perciben un plus por “desarraigo”.

En la actualidad, la dieta de un diputado es de 240.000 pesos en bruto, más 25.000 pesos de gastos de representación. El aumento representa 96.000 pesos más. Es decir que la dieta, con el 40%, se irá a 336.000 pesos, una vergüenza atento a que millones siguen hundidos en la pobreza y la indigencia. 

Los mismos que votaron la ley de movilidad jubilatoria, que condena a los jubilados que perciben el haber mínimo a sobrevivir con 23.064 pesos, se otorgan un “dietazo”. Se burlan de los abuelos. Además, un sueldo promedio en la Argentina ronda los 50.000 pesos, muy por debajo de los 96.800 pesos que estiman los trabajadores de ATE Indec para una familia tipo.

Con el dietazo no hay grieta entre los partidos patronales más allá de algunas declaraciones que tienen que ver con el calendario electoral.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazamos enérgicamente este aumento, una verdadera afrenta al pueblo trabajador y los sectores populares. Es por estas razones que nuestro diputado, Juan Carlos Giordano, junto con el resto de los legisladores del FIT Unidad, vienen proponiendo que toda diputada o diputado cobre lo mismo que una directora de escuela. Nuestras diputadas y diputados perciben eso y ponen el resto de sus dietas al servicio de las luchas y la construcción de una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda. Así lo hacemos desde Izquierda Socialista junto al FIT Unidad.

Escribe Aye Verón, Acompañante Terapéutica, Precarizada del Sector Discapacidad

La semana pasada, la AFIP anunció la implementación de nuevas categorías del monotributo con un aumento de 35%, un golpe terrible para las cuatro millones de personas que poseen este régimen. Pero, como si fuera poco ajuste, la aplicación de la medida es retroactiva a enero, por lo que además de la reducción efectiva de sus ingresos, millones hoy tienen una nueva deuda que afrontar en medio de la crisis a pesar de haber pagado todos los meses. ¿Cuál es la respuesta que dan a los reclamos? Que se podrá pagar esta deuda en cuotas, pero con 3% de intereses. Se le suma más ajuste al ajuste.

No nos engañemos, esto no es una disposición desordenada de un organismo administrativo, es una nueva medida de ajuste del gobierno de Fernández que busca que la crisis la paguemos quienes fuimos más golpeados por la pandemia. Por eso no se volvió a hablar del IFE mientras subsidian a las grandes empresas, negocian con el FMI y en el Congreso se aumentan las dietas un 40 por ciento.

En nuestro país hay alrededor de cuatro millones de monotributistas de todos los sectores, y van en aumento. Cerca de la mitad vive solo del ingreso generado por su facturación como monotributista, terriblemente golpeado durante la pandemia. Sabemos además que este régimen de precarización es la máscara para la tercerización, sistematizada por el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobiernos provinciales de distinto signo político, que cuentan con cientos de miles de monotributistas, sobre todo en algunos sectores como la salud y la educación. La burocracia sindical, mientras, permanece siempre ciega y cómplice frente a esta realidad.

Desde la banca del Izquierda Socialista/FIT Unidad, el Diputado Juan Carlos Giordano presentó un proyecto para anular el aumento y la deuda retroactiva impuesta por el gobierno. Exigimos que se dé marcha atrás con este ajuste feroz y se tomen medidas de emergencia para estos sectores de trabajadores. También llamamos a la organización en los lugares de trabajo y por actividad para enfrentar el ajuste para que la crisis no la paguen las trabajadoras y los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El pasado jueves 3 de junio el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, asistió al Senado para dar su informe de gestión 2021.

Aparte de las chicanas que iban y venían con la oposición patronal de Juntos por el Cambio, Cafiero se manifestó, crudamente, respecto del ajuste que el gobierno le impone a los jubilados: “[…] La movilidad jubilatoria, y también la ley de aporte extraordinario, ahí aprovechamos para mostrar cuál es el fundamento que tenemos, no solo para conseguir recursos”.

Cafiero admite que la nueva movilidad jubilatoria es una forma de obtener los recursos que permitieron al gobierno de Alberto Fernández pagar 7.100 millones de dólares a los acreedores. Entre políticos patronales no hay doble discurso para justificar de dónde sale la plata del ajuste.

Escriben Laura y Charly, de González Catán

Viajar en el transporte público en el Gran Buenos Aires es toda una odisea. Más si vas a trabajar todos los días a la capital. Esperar una hora para tomar el colectivo y tener que dejar pasar dos o tres unidades porque van completas son cosas de todos los días. No solo viajan los esenciales, sino los que no lo somos y tenemos que sí o sí salir a buscar nuestros ingresos todos los días. Supuestamente, ahora no pueden viajar más de diez personas paradas, pero algunas líneas no cumplen con esto y llevan los colectivos abarrotados con tal de cobrar más viajes a como dé lugar exponiendo a los pasajeros al contagio.

Una vez arriba del colectivo la exposición es muy grande. Las ventanillas están abiertas, lo que nos hace sentir demasiado frío a la mañana temprano, además es imposible mantener la distancia social. El contacto con los otros pasajeros es inevitable. Aunque uno tome todos los recaudos es imposible evitar el contagio, de hecho, lamentablemente uno de nosotros se ha contagiado. El mismo riesgo corren los choferes que, pese a ser esenciales, todavía no fueron vacunados, al igual que los ferroviarios. Si las empresas pusieran más colectivos para que pudiéramos viajar distanciados sin tener que esperar una hora para subir a un colectivo podríamos cuidarnos un poco más, pero no lo hacen para tener más ganancias. Y el gobierno no los obliga a hacerlo.

En los trenes la situación no es mejor. Los vagones van supercolmados. Y si hacés combinación con un subte viajás en un ambiente donde circula menos el aire.

Pasamos cuatro o cinco horas por día en el transporte público, que es el tiempo que tardamos para ir y venir de la capital, en una situación de riesgo total. A esto nos llevan el gobierno nacional y el provincial del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, de Larreta. Privilegian las ganancias de las patronales en lugar de resolver los urgentes problemas que tenemos los  trabajadores y los sectores populares. Necesitamos medidas de emergencia. Incautar las dosis que se producen en Garín para que nos vacunen a todas y todos. Que haya plata para salarios y un IFE de 40.000 pesos que salga del no pago de la deuda externa y la aplicación de un verdadero impuesto a las grandes fortunas.