Sep 14, 2026 Last Updated 12:45 PM, Sep 13, 2026

Izquierda Socialista

1. Suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa y romper con el FMI

Durante el gobierno de Alberto Fernández ya se llevan pagados 7.100 millones de dólares en concepto de deuda externa. Este mes se abonaron 155 millones de dólares a los acreedores privados y todavía faltan otros 215 al Club de París. El FMI nos exige un plan de ajuste para garantizar cobrar los casi 50.000 millones de deuda de Macri. ¡Hay que parar ya mismo esta sangría! Todo ese dinero debe ir para resolver las más urgentes necesidades generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social.

2. Imponer un auténtico impuesto a las grandes fortunas y riquezas

El tan declamado “impuesto a las grandes fortunas” del gobierno del Frente de Todos fue un verso. No le correspondió pagarlo a ninguna empresa; sólo alcanzó a unos pocos particulares y aún varios de ellos realizaron maniobras para zafar. Hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas y a las superganancias de las empresas, las multinacionales, los bancos, los monopolios del agronegocio, las petroleras, todos los que siguieron ganando durante la pandemia. Solo así se podrá recaudar de verdad la plata que se necesita para dar trabajo, salario, educación, salud y vivienda.
    
3. Incautar las vacunas que se están produciendo en Garín

Millones se siguen contagiando, ya hay 100 mil muertos, por la lentitud exasperante de la llegada de vacunas. ¡Pero estas se están produciendo por millones al mes en Garín, de donde son enviadas al exterior. Hay que incautar ya mismo esas dosis de AstraZeneca y distribuirlas en el país, para garantizar vacunas para todas y todos y combatir la pandemia.  

4. Aumentar los salarios, las jubilaciones y otorgar un IFE de 40.000 pesos a quien lo necesite

El promedio que está cobrando hoy la clase trabajadora es de 50.000 pesos, y viene perdiendo sistemáticamente contra la inflación. Hay que otorgar un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por la Junta Interna de ATE Indec en 99.930 pesos), a la vez que se deben reabrir todas las paritarias. Al mismo tiempo, se le debe garantizar a cada jubilada y jubilado un haber mínimo de 62.000 pesos (el valor de la canasta de la Tercera Edad) y la implementación del 82% móvil. A todo esto, debemos agregar un IFE de 40.000 pesos para toda persona que se haya quedado sin ingresos debido a la pandemia.

5. Plata para trabajo, salud y educación

El dinero que se obtenga del no pago de la deuda externa y del impuesto a los ricos debe volcarse a un plan de obras públicas de emergencia, para dar trabajo genuino a los millones de desocupados. Asimismo, a incrementar el presupuesto de salud, que a su vez debe centralizarse, poniendo todos los recursos, incorporando más personal, con salarios dignos igual a la canasta familiar. Y también a aumentar el presupuesto educativo, subiendo los salarios docentes, mejorando la infraestructura escolar y otorgando becas y conectividad gratuita a quienes lo necesiten.

Escribe José Castillo

¿En qué quedaron las promesas de “poner plata en el bolsillo de la gente” o “llenar la heladera” ¿No lo pudieron hacer porque “los agarró la pandemia”?

Millones de compañeras y compañeros, que hace apenas dos años votaron al Frente de Todos para “terminar con la pesadilla del ajuste de Macri” se hacen estas preguntas. Queremos, fraternalmente, reflexionar juntos con ese sector importante del pueblo trabajador. Nos une un sentimiento común: nunca más Macri, nunca más Juntos por el Cambio. En eso estamos de acuerdo. Pero  vamos más a fondo. Alberto y Cristina, en su campaña electoral, prometían que se iba a acabar el ajuste y que ellos no iban a permitir un acuerdo con el Fondo que se hiciera a costa del pueblo. Más aún, hasta reconocían parte de las cosas que habían hecho mal en el período anterior (el gobierno de Néstor y los dos de Cristina Fernández) diciendo “volvemos para ser mejores”. ¿Y qué pasó? Nos seguimos hundiendo, los salarios y las jubilaciones siguen cuesta abajo, cada día hay más desocupados, crece la miseria, el hambre y la marginación social.

¿Fue por la pandemia?

Alguien acá podrá objetarnos: “¿Y qué querés? Nos agarró el Covid-19?”.
Vamos por partes. El ajuste del gobierno de Alberto Fernández empezó antes del Covid, apenas asumió, en diciembre de 2019. Ahí se votó suspender la movilidad previsional, y empezó el ajuste, con jubilaciones que sistemáticamente perdieron contra la inflación. También fue en esos primeros meses cuando el peronismo del Frente de Todos, en alianza con Juntos con el Cambio, votó darle prioridad a la renegociación de la deuda externa (solo votamos en contra los dos diputados del FIT Unidad).

Luego, efectivamente, vino la pandemia. Que tuvo sus consecuencias, sin dudas. Sin embargo, en medio de ella, el gobierno de Alberto Fernández siguió privilegiando a los de siempre, las grandes empresas y los banqueros. Repartió subsidios a las patronales para que “no despidieran”, y luego las dejó echar trabajadores y hasta cerrar. Por poner un solo ejemplo, recordemos el caso de Latam. A los millones que quedaron sin ingresos, apenas si les otorgó tres cuotas de IFE de 10.000 pesos (¡por grupo familiar, y en 10 meses!), y por si fuera poco, luego lo discontinuó en 2021. Los trabajadores de la salud, primera línea indiscutida en la lucha contra la pandemia, todavía hoy siguen reclamando no cobrar salarios dignos.

Pero lo peor fue que todo esto sucedía no porque “no hubiera plata”. Se continuó favoreciendo a los acreedores externos: sólo desde que subió Alberto Fernández ya se llevan pagados 7.250 millones de dólares de deuda externa, la inmensa mayoría en tiempos de pandemia.
A todo esto sumémosle el manejo de las vacunas, que siguen llegando a cuentagotas, mientras acá se están produciendo de a millones en Garín, a pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, pero se van al exterior, producto del acuerdo entre el empresario amigo del gobierno Hugo Sigman y la transnacional AstraZeneca, en vez de ser utilizadas para acelerar la inmunidad en nuestro país.

No se come con discursos

De vez en cuando se escucha en el Frente de Todos retazos de discursos progresistas: “vamos a expropiar Vicentin”, “le pondremos un impuestos a las grandes fortunas” o, como sucedió el 25 de mayo pasado “no hay que pagar un peso más de deuda mientras dure la pandemia”.
Terminan siendo todas frases “para la tribuna”. Vicentín no se expropió, el impuesto a los ricos terminó saliendo muchos meses después y fue un fiasco, y los pagos de deuda siguen dándose mes a mes. Lo único que no es discurso es que los bolsillos del pueblo trabajador se siguen enflaqueciendo.

Queremos reflexionar juntos sobre todo esto. Porque desde el Frente de Izquierda Unidad lo advertimos ya en la campaña electoral de 2019, y lo seguimos señalando sistemáticamente desde que empezó la pandemia. Y lo postulamos ahora, que se acerca la hora de las nuevas elecciones: es necesario un programa de emergencia, que ataque las dos pandemias, la sanitaria y la social.
Hay que priorizar los salarios, las jubilaciones, plata para el que se quedó sin ingresos, hay que incautar las vacunas de Garín. Y, para que haya plata, hay que dejar de pagar la deuda, romper con el FMI y crear un auténtico impuesto a las grandes fortunas. Nada de eso plantea ni va a hacer el gobierno del Frente de Todos. Por el contrario, es lo que postulamos desde el FIT Unidad.

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Escribe Daniela Vergara, Secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

Juntos por el Cambio postula en Santa Fe, como candidata a senadora nacional en una de las listas, a la actual diputada provincial antiderechos Amalia Granata.

Contraria a la ola verde y a la inmensa movilización por la que conquistamos el aborto legal, levantando el pañuelo celeste en alianza con las iglesias y los sectores conservadores, su accionar político refleja un profundo desprecio a la clase trabajadora y, en particular, hacia las mujeres. En su programa periodístico dijo que las trabajadoras domésticas “no todas quieren trabajar” y “tienen falta de compromiso”, discriminando al sector que ella misma explota, las precarizadas, con los peores salarios. Se ha expresado contraria a la inclusión de la diversidad y disidencias, así como también contra las escuelas públicas al exigir presencialidad sin condiciones. ¡Todo nuestro repudio!


Escribe Claudio Funes

La Unión Cívica Radical, partido integrante de la coalición política Juntos por el Cambio, lanza la candidatura de Facundo Manes, médico y divulgador de la neurociencia. Lo presenta como un hombre que viene desde “afuera” de la política, como algo nuevo y distinto.
No vamos a opinar sobre las cualidades científicas de Manes. Pero lo concreto es que el viejo y rancio partido radical quiere utilizarlas para lavar su desprestigio y fracasos políticos, el último y más espectacular cuando De la Rúa tuvo que dejar la presidencia en helicóptero en medio de la insurrección del Argentinazo. Sumándole a esto que busca ocultar también que el científico y “no político” Manes llega para apuntalar al proyecto ajustador, y ya fracasado, de Juntos por el Cambio.

Yendo a sus propuestas, Manes repite el mismo viejo discurso de la necesidad de atraer inversiones y de saber adaptarse a las nuevas tecnologías y necesidades del mercado, léase reforma laboral. Como vemos, de nuevo no tiene nada.
¿Desde cuándo Manes busca incursionar en la política? En esto tampoco es tan “nuevo”. “En febrero de 2002 un grupo de profesionales y ex gerentes de multinacionales armaba el partido 1810 con el objetivo de impulsar una revolución tecnocrática para ‘refundar el país’. Uno de los referentes de aquel proyecto político, que terminó naufragando poco después, era un médico de 33 años con diploma de Cambridge: Facundo Manes” (La Nación, 29/6/2021).
Para presentarse en sociedad, 1810 le envió una carta al entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, solicitándole “que no aprobara envíos de dinero a la Argentina mientras esta no completara las reformas estructurales pendientes que exige el FMI, especialmente la reducción del gasto público y la reforma política”.

Facundo Manes, el radicalismo y Juntos por el Cambio de “nuevos” no tienen nada. Es la política patronal de siempre.
 
 

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Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (m.c.) y referente de la izquierda cordobesa
 
En Juntos por el Cambio buscan capitalizar el descontento de algunos sectores con el gobierno peronista de Alberto Fernández. Pero no pueden esconder que ya gobernaron, y lo hicieron al servicio de los grandes empresarios, los banqueros y el FMI, hundiendo en la miseria al pueblo trabajador y los sectores populares.
 
La interna de Juntos por el Cambio es feroz y pública. El gobernador ajustador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, manifestó: “Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debilitó la estrategia de la coalición en la provincia de Buenos Aires al obligar a bajarse de su candidatura a Patricia Bullrich y poner a dedo a María Eugenia Vidal como candidata a diputada por CABA”. Son disputas entre candidatos que defienden las ganancias patronales y que, por lo tanto, son partidarios de más ajuste.

 Juntos por el Cambio, aunque busque “renovarse”, no puede esconder lo esencial, ya gobernó. Basta recordar que Mauricio Macri llegó a la presidencia con puras promesas, entre ellas lograr la pobreza cero, que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias, o bajar la inflación a un dígito. Si los medimos por estos objetivos de campaña, ya fracasaron. Macri dejó 35,5% de pobreza, la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias pasó de 1.2 millones a 2.3 millones y la inflación se comió el salario, acumuló 300% durante su gestión.

Pero en realidad, sí cumplieron una parte importante de lo que se proponían, garantizar las superganancias de las patronales. Y lo hicieron conscientemente contra el pueblo trabajador. Con la reforma previsional de fines de 2017 les robaron a los jubilados más de 100.000 millones de pesos y los tarifazos transformaron los servicios públicos en artículos de lujo, por citar solo dos cuestiones de las centenares de políticas antipopulares del macrismo.   Además, son quienes niegan a los 30 mil desaparecidos de la última dictadura.

Pero no se trata solo del balance de la presidencia de Macri. Allí donde siguen gobernando, como la Ciudad de Buenos Aires, también se sigue aplicando el ajuste. En el presupuesto aprobado para 2021 la partida para educación representa solo 17% de los gastos totales, hecho que remarca la intención de Cambiemos de bajar la inversión en este rubro, política iniciada por el macrismo en 2010 y que continúa Larreta. Mienten cuando afirman que les interesa la educación pública.

Tampoco les preocupa la salud pública. En medio de la pandemia de Covid-19, Larreta ajustó su presupuesto castigando a sus trabajadores, que cobran salarios de miseria, y a los sectores populares de la ciudad.
La candidata a diputada María Eugenia Vidal, que gobernó la provincia de Buenos Aires y aplicó el mismo ajuste que Macri, confesó en su libro Mi camino que se arrepiente de su trato para con los docentes y reconoció que el porcentaje que les ofrecía en paritarias y que llevó al conflicto estaba muy por debajo de la inflación.

En Córdoba, Juntos por el Cambio ha sido un socio estratégico de Schiaretti con el gran apoyo que le brindó Macri durante su presidencia y acompañando las políticas que nos trajeron al 42% de pobreza. En la Legislatura votó todos los presupuestos presentados por el PJ cordobés. Apoyó cada ataque a los trabajadores que llevó adelante el oficialismo, como la ley de servicios esenciales, que atenta contra el derecho a protestar de los trabajadores de UTA, Luz y Fuerza, recolectores, etcétera. Mestre (UCR) y Juez como intendentes de la capital endeudaron a la ciudad e hicieron millonarios a los empresarios del transporte y la recolección de residuos.

Juntos por el Cambio aspira a capitalizar el voto castigo frente a las promesas no cumplidas del Frente de Todos. Pero desde ningún punto de vista ofrece algo positivo para el pueblo trabajador.
La salida pasa por romper con todas las opciones patronales y apoyar a la única fuerza que plantea un programa de emergencia que atiende las más urgentes necesidades populares, el Frente de Izquierda Unidad.

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