Escribe Claudio Funes

Lucas, junto a tres amigos, circulaba en automóvil. Regresaban de un entrenamiento en el club Barracas Central. Eran las 9:30 de una linda mañana. A las pocas cuadras fueron interceptados por un auto color blanco, que no tenía identificación policial. De él bajaron tres hombres vestidos con ropas de civil y empuñando armas de fuego. Lucas y sus amigos reaccionaron de forma lógica: creían ser víctimas de un robo, intentaron huir. En ese instante se desató el infierno. Los policías comenzaron a disparar. La mañana se tiñó de sangre.

Lucas quedó herido de gravedad en la cabeza. Los policías de civil lo ignoraron y se llevaron detenidos a sus amigos. Con complicidad de la Justicia a los tres que resultaron ilesos se los trasladó en calidad de detenidos al Instituto Inchausti. Lucas fue derivado al Hospital Penna con custodia policial. En la madrugada del jueves 18 de noviembre fue trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí se apagó su vida.

¿Loquitos sueltos o institución represora?

El asesinato de un joven a manos de la policía es un hecho recurrente, no es un caso aislado como pretenden hacernos creer. Es la brutalidad reincidente con la que actúa la policía en las barriadas humildes. Su odio hacia la juventud pobre se expresa cotidianamente. El caso de Lucas salió a la luz y generó grandes protestas que lo convirtieron en un hecho político nacional. Esta es la diferencia.

La muerte de Lautaro Rosé en las aguas del Río Paraná (Corrientes), tras una persecución policial, trajo la inevitable comparación con las muertes de Santiago Maldonado en el Río Chubut, la de Facundo Astudillo Castro en el estuario Cola de Ballena, que Berni encubrió, y la de Franco Casco, también en el Río Paraná luego de su detención en una comisaría. Los asesinatos de Lucas Verón, acribillado por la bonaerense el día de su cumpleaños 18, cuando iba en moto con un amigo a comprar gaseosas; el de Blas Correa en la provincia de Córdoba gobernada por Schiaretti, con encubrimiento policial y armas plantadas; el de Luis Espinoza, trabajador rural, asesinado en Tucumán; la masacre de San Miguel del Monte, en la que asesinaron a cuatro jóvenes. Hoy solo nombres en una larga lista.

La prepotencia y brutalidad policial no es privativa de la policía de Rodríguez Larreta, que en cinco años fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil según la Correpi. Se da a escala nacional, en cada provincia. Gobierne quien gobierne, la policía tiene licencia para matar.
“No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros, primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo”, aseguró la ex mujer de Alejandro Nicolás Martínez (35 años), recientemente asesinado en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Respondía así a los dichos de Sergio Berni, quién sembraba dudas respecto a los resultados de la autopsia.

Para el fiscal que investiga el asesinato, en la madrugada del 18 de noviembre cuando se llevaron a Nicolás del hotel, los nueve policías detenidos, cuatro mujeres y cinco hombres, “planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”. Martínez murió luego de soportar diez minutos de extrema violencia física de parte de sus asesinos.

Como vemos, existe una doctrina compartida por las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.  Queda probado que las acciones violentas de la policía son parte del carácter represivo de la institución. No hay policía buena y mala, solo hay policía. Es la violencia organizada por parte del Estado capitalista y sus gobiernos patronales, no son loquitos sueltos.

El gobierno y la oposición patronal avalan el gatillo fácil

Estas actuaciones aberrantes por parte de los “agentes del orden” son avaladas y estimuladas por el discurso violento y represivo de los políticos patronales. El “libertario” José Luis Espert pide mano dura y “transformar en queso gruyere” a quien cometa algún delito. El Frente de Todos no es muy distinto, Sergio Berni se jacta de ser responsable de “150 abatidos en enfrentamientos”.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó a través de las redes sociales con la familia de Lucas. Algo que suena a falso, dado que Sergio Berni continúa siendo parte del gobierno del Frente de Todos.
Conclusión: Fernández, Kicillof, Berni, Rodriguez Larreta, Espert y Patricia Bullrich se dan la mano para defender el gatillo fácil. Para esto no existe la grieta.

La inseguridad, que afecta primordialmente al pueblo trabajador, no puede ser excusa para reprimir y asesinar a los jóvenes de las barriadas. Hay que atacar sus causas profundas, la pobreza, la marginación social y el desempleo. Al mismo tiempo hay que promover la autoorganización de los vecinos y la elección por voto popular de los comisarios, para terminar con esos nidos de corrupción en que se han transformado las comisarías y las departamentales.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad exigimos justicia para Lucas González. Cárcel a los responsables materiales y que respondan los responsables políticos. ¡Basta de perseguir a los jóvenes! ¡Basta de gatillo fácil!

Escribe Claudio Funes

Según datos de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, tanto la policía de la Ciudad al mando de Larreta como la Bonaerense de Kicillof encabezan el brutal ranking nacional de violencia institucional. Los casos de gatillo fácil y tortura son relevados por Correpi anualmente, dando unos 500 casos anuales en la Ciudad, incluyendo fusilamientos, torturas, muertes de detenidos en comisarías, femicidios de uniforme y desapariciones seguidas de muerte, entre otros delitos aberrantes y que tienen a la juventud como víctima principal. En los últimos cinco años la ciudad tuvo 120 casos de gatillo fácil comprobados y judicializados. La provincia al mando del gobierno peronista de Kicillof se lleva todos los laureles: el 46% de los casos a nivel nacional son responsabilidad de la Bonaerense que dirige el ministro Berni. El caso del jóven Facundo Astudillo Castro, desaparecido en noviembre de 2020 y posteriormente encontrado muerto en cercanías a Bahía Blanca luego de que la policía lo detuviera ,mostró claramente el articulado gobierno-funcionarios-policía como un tridente consolidado para garantizar la impunidad.
Los números muestran la continuidad de los crímenes de Estado a pesar de los gobiernos: con Macri cada veinte horas lo mismo que con Alberto, las fuerzas de seguridad se llevan la vida de una persona.                          

En el medio de una situación de violencia que no para de crecer (incluyendo ataques a balazos contra restaurantes y bares por parte de bandas narcos que exigen pagos por “protección”) se comenzó a destapar el escándalo del espionaje ilegal que el ex ministro de seguridad provincial Marcelo Saín habría comandado, contra dirigentes políticos, sindicales y sociales. Nada que envidiar a Macri y su espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Recordemos que Marcelo Sain se hizo conocido a nivel nacional por su particular verborragia contra los sectores que lo cuestionaban, repartiendo insultos para todos lados, incluído al propio gobernador peronista Perotti. Pero una investigación que se está conociendo en estos días, y cotidianamente ahonda la crisis del gobierno provincial, pone en evidencia para que usan los políticos patronales a las fuerzas de seguridad y de inteligencia: espiar a los opositores, pero nada para investigar a las bandas narco, que actúan con total impunidad y al amparo de la propia policía. Esta situación ya ha derivado en la renuncia de más de diez funcionarios actuales del Ministerio de Seguridad, y se sospecha que el propio Perotti podría ser procesado, como responsable político de este escandaloso espionaje.

Un apartado especial merece recordar la defensa encendida de Marcelo Sain que esbozaron en varias oportunidades el diputado provincial Carlos Del Frade, Ciudad Futura y figuras “progresistas” del Peronismo como la diputada provincial Matilde Bruera, argumentando que este personaje nefasto “luchaba” contra las mafias y estaba “transformando” la policía. Otra mentira más que la centroizquierda de la provincia compra, para beneplácito del peronismo.          

Corresponsal

El lunes 22 de noviembre un grupo de encapuchados atentaron contra la redacción del diario Clarín, arrojando coctéles molotov sobre su fachada. Por suerte ningún trabajador resultó herido. Nos sumamos al repudio a dicho atentado, al igual que lo han hecho los trabajadores de Clarín y el sindicato de Sipreba. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, pronunciándonos por el pleno derecho a la libertad de prensa.

Escribe Agustin Gigli, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Esquel
 
El 21 de noviembre, en horas de la tarde, jóvenes de la comunidad mapuche se encontraban en el interior de la Lof Quemquemtrew, en la zona Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, provincia de Rio Negro, cuando fueron abordados por dos personas de civil armadas que dijeron “estar cazando” en el territorio. Los peñi lamuen (hermanos de la comunidad) Elías Garay y Gonzalo Cabrera, desarmados, les pidieron que bajen las armas y en ese momento fueron acribillados a balazos a quemarropa. Los asesinos están ligados a terratenientes y mineras de la zona.
 
Elías Garay falleció en el lugar y Cabrera fue herido y permanece aún internado.  La comunidad permanecía rodeada por fuerzas de seguridad como la COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, creada por la policía de Rio Negro en el 2012) y la Gendarmería Nacional.

Los miembros de la COER reciben instrucción extrema para combatir “acciones de alta peligrosidad”, según serían sus objetivos, esto incluye, atacar distintas acciones del pueblo que lucha.  Este cuerpo de especialistas fue instalado por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Rio Negro) hace dos meses en la ruta de acceso a la comunidad para custodiar los intereses de los hermanos Rocco (ver columna). Nadie podía superar ese control sin autorización policial, creando de hecho un sitio a la comunidad que no recibía ni alimentos. Un tiempo después también aterrizó la Gendarmería Nacional enviada por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el asesinato se llevó a cabo en una comunidad cercada por las fuerzas represivas provinciales y nacionales, y con controles aéreos por drones. Nada de lo que ocurría en su interior era ignorado por esas fuerzas, que “permitieron” el ingreso de “cazadores”. Es fácil inferir que liberaron el movimiento de los asesinos. Querían escarmentar el reclamo de los pueblos mapuches sobre el territotio que les pertenece y que nunca fue relevado por la gobernadora (ver recuadro) para no afectar los intereses de los empresarios.

Todos los partidos políticos tradicionales, tanto nacionales como provinciales, difunden lemas y consignas que estigmatizan a las comunidades originarias, tildándolos de “terroristas” y “violentos”. Entre los más perseguidos, reprimidos y abandonados se encuentran Los Tobas (Qom) y los Wichí en el norte, y las distintas comunidades mapuches en la Patagonia. Los conflictos más fuertes se vienen desarrollando en la zona de Vaca Muerta en Neuquén; en cercanía del Lago Mascardi (próximo a Bariloche) donde el grupo Albatros de la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel; en el Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en 2017; y en los últimos meses en las cercanías del Bolsón (Río Negro) donde mataron a Garay. Todas estas acciones represivas, ordenadas por los gobiernos de distinto signo, buscan disciplinar a pueblos originarios y evitar entregarles las tierras que les pertenecen (según la Ley 26.160) para poder desarrollar su economía, alimentarse y vivir según su cultura ancestral. Estas tierras son avasalladas por los grandes empresarios beneficiados para que sigan con la deforestación y la mega minería de oro ,plata y litio, liquidando los reservorios de agua dulce, para negocios inmobiliarios y emprendimientos turísticos para los ricos. Es una pelea a muerte por la tierra y sus riquezas. Los gobiernos y sus fuerzas represivas cuidan los intereses de los Benetton, Lewis, Zorreguieta, Emiratos Árabes, Roemmers, Burco, el Arzobispado de San Isidro y muchos más. Todos los gobiernos son los principales responsables de este hostigamiento.
 
Juicio y castigo a los asesinos

A solo cuatro días del crimen de Elías Garay, tanta fue la conmoción, el repudio y las acciones que se realizaban y preparaban en distintos puntos del país que el gobierno de Rio Negro decidió “encontrar” a los autores. Se trata de dos asesinos vinculados a la explotación maderera de la familia Rocco y a empresas mineras. Es decir, los grandes empresarios se quedan con las mejores tierras y luego asesinan a sangre fría con total impunidad a quienes pelean por un pedazo de tierra para sobrevivir.

Exigimos para ellos juicio y castigo con cárcel perpetua. Exigimos también que se investigue la cadena de responsabilidades políticas de alto nivel que permitieron el ingreso de estos asesinos y los fines “aleccionadores” que perseguían. Reclamamos el cese de las campañas de odio racista, que intentan crear un “enemigo interno” y militarizar la región de un lado y el otro de la cordillera para seguir saqueando y explotando el territorio en beneficio de un grupo minoritario de ricos y multinacionales.

Apoyamos incondicionalmente la lucha de los pueblos originarios por sus tierras, y seguiremos siendo impulsores de las acciones de solidaridad con esa justa lucha porque es parte de defender las riquezas para que sean usufructuadas por el pueblo trabajador y los pueblos originarios.