Nuevamente las patronales del neumático (FATE, Pirelli, Bridgestone) rechazaron el reclamo de los trabajadores del Sutna: recomposición salarial acorde a la inflación anual y el pago al 200% de las horas extras que obligan a cumplir a todos los trabajadores los sábados y domingos. Se pasó a cuarto intermedio hasta el martes 19. Pero ante esta nueva negativa patronal, el Sutna definió una semana de paros en las tres plantas alternando los días y los turnos de paro. El plan de lucha ya lleva más de dos meses y las patronales juegan a quebrar la voluntad de los trabajadores descontando los días de paro. Por otro lado, empresarios de la industria automotriz y de las gomerías alertan el peligro de desabastecimientos de neumáticos y ya estuvieron paralizadas por el conflicto del Sutna las automotrices Nissan y Renault.
El cronograma de paros esta semana en Pirelli y Bridgestone será en los turnos tarde y noche y en Fate el jueves turno noche. El sábado 16 pararán las tres fábricas en el turno mañana. El lunes 18 para en Fate el turno mañana y en Pirelli y Bridgestone el turno noche.
Es necesario profundizar la solidaridad con la lucha del Sutna. La semana pasada hubo un importante acompañamiento de los sindicatos combativos del PSC al ministerio de Trabajo. Es muy importante denunciar a la burocracia de la CGT y exigirles que rompan su pacto con el gobierno y llamen a alguna medida de apoyo al Sutna. Esta lucha cada día es más referencia del reclamo de los trabajadores de la industria por salarios y condiciones laborales, por eso es fundamental que triunfe.
Llamamos a que todos los trabajadores se sigan pronunciando en solidaridad con esta lucha, exijan a los sindicatos y a la CGT que la apoyen, y acompañen las movilizaciones y acciones que convoquen los trabajadores del Sutna.
Corresponsal
Escribe Mariano Barba
Nuestro país cuenta con una decena de fábricas de neumáticos, aunque las más importantes son Bridgestone en Lavallol, Pirelli en Merlo y Fate en San Fernando. Estas fábricas, que dominan casi la totalidad de la producción, actúan oligopólicamente y tienen sus casas matrices en países imperialistas. Anualmente fabrican más de quince millones de cubiertas, de distintas medidas, de las que exportan unos ocho millones. Dejan una cantidad para comercializar en el mercado interno que es inferior a lo requerido, por lo tanto generan un faltante adrede y justifican de esa manera los exorbitantes incrementos de precios, que desde finales del 2021 a la fecha alcanzan el 100%. Es decir, duplicaron los precios al público, generando un extraordinario colchón de ganancias.
El gobierno es cómplice de estas superganancias porque no controla los precios, ni la cadena de costos, ni aplica la ley 23.546 que regula las paritarias al poder exigirse a las empresas detalles de los componentes de costos para determinar la capacidad de pago de los acuerdos. El propio gobierno colaboró con esas superganancias, ya que les facilitó a las empresas del rubro el acceso a los créditos del Bicentenario a muy baja tasa, además del ATP en la pandemia, subsidios a la energía, al gasoil, y dólares a precio diferenciado para sus compras importadas, sobre todo de caucho, que incide solo en el 4% en la composición de los costos.
Con este panorama de altos ingresos y ganancias extraordinarias están plenamente justificadas las exigencias salariales del Sutna y el cobro del bono por participación en las ganancias que está instituido desde 2001 pero nunca fue aplicado hasta este año.
Escribe Marcelo Brizuela
El 1° de julio se realizó una conferencia de prensa para denunciar despidos en la línea 60. DOTA viene haciendo negocios con Alberto Fernández y Kicillof, recibiendo subsidios millonarios mientras sigue restringiendo servicios y ajustando a los choferes sobre sus derechos y condiciones laborales, intentando liquidar a los luchadores que los enfrentan.
“No hay dudas que buscan debilitar a la organización gremial, los despedidos son activistas y delegados como el compañero Zaragoza” plantean los trabajadores.
La conferencia de prensa siguió con una reunión de organizaciones sindicales, políticas, sociales, que llevaron solidaridad. Delegaciones de distintos sectores, los directivos y delegados ferroviarios de la Bordó de la Unión Ferroviaria Oeste, de Ademys, municipales de Vicente López, diputados y concejales del Frente de Izquierda Unidad, del Plenario Sindical Combativo, entre otros.
Los choferes informaron las medidas votadas: realizar un paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los despedidos, con movilizaciones y cortes.
El 4 de julio a la mañana, trabajadores de la línea 60 pararon masivamente y subieron a la Panamericana en Maschwitz, contando con el acompañamiento de decenas de organizaciones, frente a un fuerte operativo policial. “El paro es un éxito, no bajemos la guardia, planchamos la línea”, se escuchaba.
Inmediatamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con todos los compañeros adentro, mostrando la firmeza de los choferes. Pero cuando los trabajadores intentaron ingresar, la patronal DOTA no lo permitió, desoyendo la conciliación.
DOTA fue citada por el ministerio y no se presentó, manteniendo su postura intransigente. Está claro que tiene el aval de la burocracia de la UTA de Fernández que deja aislada la lucha y no convoca a ninguna medida de fuerza.
Para que la lucha triunfe, los choferes mantienen las asambleas y el plan de lucha. Hay que exigirle a UTA que convoque a un paro de todo el gremio, porque es un atropello a los derechos los trabajadores. ¡Todo el apoyo a los choferes de la 60!
Escribe Mariano Barba
Con un contragolpe judicial y persecutorio el gobierno nacional pretende acallar el reclamo de los movimientos sociales. En vez de dar trabajo genuino y mejorar sustancialmente el valor de los planes sociales y de Potenciar Trabajo, el gobierno del Frente de Todos acrecienta su política represiva. Además de las causas penales abiertas contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se realizaron varios allanamientos a los compañeros y compañeras de la CCC y la persecución en Jujuy con una serie de allanamientos a dirigentes y locales de otros movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán - Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru.
Esta ofensiva de criminalizar la protesta contra los movimientos piqueteros es impulsada también por los gobernadores y especialmente promovida por la propia Cristina Kirchner cuando pronunció su discurso exigiendo que los beneficiarios de los distintos planes sociales pasen a ser controlados por los intendentes peronistas y queden al servicio de su campaña electoral de cara al 2023. La denuncia con detalles de la persecución fue formulada en conferencia de prensa por las organizaciones de la Unidad Piquetera en el Obelisco el jueves 7 de julio, donde anunciaron también que volverán con los acampes en defensa de los reclamos. A su vez en el Congreso nacional hubo otra conferencia de prensa con la presencia de los diputados del FIT Unidad donde se repudió la criminalización a las organizaciones piqueteras. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las organizaciones piqueteras y nos sumamos a las acciones de denuncia que decidan realizar.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el fallo Roe Vs. Wade y frente a las movilizaciones por el derecho al aborto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que se puntualizan una serie de medidas para garantizar el derecho al aborto. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la salida para terminar con la clandestinidad?
Por un lado, el decreto insta al Departamento de Salud a tomar diferentes acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas para quienes deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, busca aumentar la protección del cuerpo médico que realiza las práctica. Asimismo el texto intenta proteger a las clínicas móviles que realizan los procedimientos en las fronteras de los estados, donde está prohibido, y la confidencialidad en internet de las personas que elijan abortar como por ejemplo los datos vinculados a la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales. Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital” relacionada con el aborto.
La medida presidencial llega dos semanas después de que la Corte Suprema eliminará el fallo Roe vs Wade que desde 1973 era utilizado como recurso legal en todo el territorio federal. Desde el viernes 24 de junio, fecha en la que se conoció la decisión del máximo tribunal de justicia, al menos nueve estados han instituido prohibiciones casi absolutas al derecho al aborto, solo con la excepción de peligro a la vida de la madre en algunos de ellos. En contraste, otros estados están buscando proteger el acceso al aborto en medio de una infinidad de retos legales para resguardar a las clínicas donde se practican abortos. Todo indica que las consecuencias del retroceso que implica haber eliminado el fallo Roe las sufrirán las mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos del país.
El electoralismo de Biden no es la salida
El presidente Biden declaró que la única manera de “ejercer y restaurar” el derecho de las mujeres de acceder al aborto es “ejerciendo el poder del voto”. “Déjenme explicarles: necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara pro-aborto para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad”. De esta manera, deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la pérdida de derechos para millones sino juntar los votos para ganar en las próximas elecciones.
Tal como lo venimos señalando en las declaraiones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender cada uno de nuestros derechos. Con la potencia de la #MareaVerde que trasciende fronteras y se expande por todo el continente, exigimos de inmediato el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.