Escribe Mariano Barba
 
El 5 de octubre comenzó el operativo extraordinario de desalojo contra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, cercano a Bariloche, provincia de Río Negro. Varias mujeres mapuches con niñas y niños, entre ellas la Machi Betiana Colhuan Nahuel (autoridad espiritual de la comunidad) permanecen presas. Exigimos la inmediata libertad de todas ellas y la devolución de las tierras a la comunidad como parte de su legítima recuperación.
 
Con una ferocidad propia de operativos represivos conjuntos entre varias fuerzas fue desalojada la comunidad por orden de la jueza federal Silvana Domínguez. Desde hace muchos años y en especial desde el 2017 los gobiernos nacional y provincial querían el desalojo. Está en disputa un terreno de menos de cuarenta hectáreas y en especial un predio de siete hectáreas donde habita la comunidad.

La gobernadora de la provincia Arabela Carreras, de Juntos Somos Rio Negro, y el presidente Alberto Fernández, acordaron desalojar el predio. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, fue el encargado de organizar el operativo a través del Comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi conformado por la Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Un verdadero ejército de represión. Dos aviones de la Fuerza Aérea transportaron a tropas especiales. A su vez, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de Río Negro (COER) cortaba la ruta para garantizar el ingreso de unos 250 efectivos en territorio mapuche con perros, drones y grupos tácticos.

El argumento usado por el gobierno fue el incendio perpetrado el 25 de septiembre por personas con el rostro cubierto contra la propiedad Los Radales y una casilla utilizada por gendarmes. Ninguna investigación “descubrió” hasta el momento a los autores. En la comunidad de la zona aseguran que fue un hecho montado para justificar el accionar posterior de desalojo.

Las ricas tierras argentinas están siendo entregadas a multimillonarios locales y extranjeros (ver "Los que se quedaron con las tierras"). En Villa Mascardi operan algunos de esos empresarios como el Grupo Burco (Bélgica), Eduardo Elsztain (dueño del Llao Llao), entre otros millonarios. Pero el mayor propietario de la zona es Parques Nacionales, o sea, tierras fiscales de frontera que jamás deberían ser privatizadas.

Acusan de usurpadores a la comunidad mapuche pero ese predio nunca fue sometido a las normas de la ley 26.160 que obliga a los gobiernos provinciales a realizar el relevamiento de las tierras de las comunidades originarias para su posterior devolución prohibiendo los desalojos mientras dure dicho relevamiento. La aplicación de esta ley no la cumple la gobernadora Carreras en ninguna comunidad de la provincia. Peor aún, cuando la justicia determinó que se abra un camino hacia Lago Escondido, apropiado por el magnate Joseph Lewis, la mismísima gobernadora se presentó ante el tribunal para apelar el fallo. Actúa como abogada de los multimillonarios. Por eso en Mascardi rápidamente acordó con Aníbal Fernández el desalojo. Juntos actúan como garantes de las inversiones capitalistas a cualquier precio. En 2017 bajo el gobierno macrista de Patricia Bullrich se asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, ahora es el peronismo del Frente de Todos el gestor de este nuevo y semejante atropello represivo.
 
Por la inmediata liberación de las presas

El procedimiento de la detención de las presas fue con mucha violencia. Estaban trabajando en el territorio y de pronto comenzaron a recibir andanadas de gases, siendo reducidas bajo amenaza que las ejecutarían si se resistían. No exhibieron en ningún momento ninguna orden de allanamiento. Recién horas después y ya a bordo de un móvil policial les informaron sobre la existencia de una orden judicial.

En las marchas de repudio al desalojo miembros de la comunidad mapuche comparaban el operativo de desalojo con el trato que recibieron hace 150 años cuando el genocida presidente Roca lanzó la conquista del desierto. En el siglo diecinueve, luego de quitarles las tierras, ese mecanismo de traslado se realizaba con la comunidad originaria completa para desarraigarla y someterla a la servidumbre. Ahora, reaparece la historia. En esta oportunidad, además de la represión y desalojo, las presas fueron trasladadas esposadas a 1.800 km (cárcel de Ezeiza) para ser interrogadas. Así de cruel es el actual accionar del peronismo en acuerdo con Cambiemos y todas las fuerzas patronales. Patricia Bullrich y Macri festejaron el desalojo. Y Cristina no abrió la boca. Solo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Gómez Alcorta, renunció a su cargo. No pasó de eso.

La repercusión nacional e internacional hizo que las devolvieran a la cárcel en Bariloche y liberaran a Andre Despó Cañuqueo, una de las detenidas.

Desde Izquierda Socialista seguiremos impulsando las movilizaciones exigiendo la libertad de las presas,el retiro de todas las fuerzas represivas y la devolución-recuperación de las tierras en Villa Mascardi para sus legítimos dueños, que es la comunidad mapuche.

Escribe Claudio Funes

“Terroristas”, “maputruchos”, “usurpadores”. El adjetivo que mejor convenga es utilizado para expulsar violentamente a las comunidades mapuches, no importa si delante hay mujeres embarazadas, abuelos o niñas y niños.

Nuevamente los grandes capitalistas del negocio inmobiliario y los dueños de enormes extensiones vuelven a imponer sus intereses.

Según el Registro de Tierras Rurales, 62 millones de hectáreas (35% del territorio Nacional) figuran como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.

A continuación, se detalla una lista, aunque incompleta, de quienes son los verdaderos usurpadores que acaparan las tierras en la Patagonia. El listado incluye además al Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de características similares al resto de la Patagonia.

    -  Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas.
    -  Walbrook (Gran Grupo Bretaña) 600.000 hectáreas.
    -  Lázaro Báez (Argentina) 470.000 hectáreas.     
        Veinticinco estancias en la provincia de Santa Cruz.           
        Todas estas propiedades fueron compradas
        entre 2008 y 2015.
    -  Familia Sapag (Argentina) 420.000 hectáreas en la
         provincia de Neuquén. Felipe Sapag fue cinco veces
         gobernador de la provincia.
    - Familia Menéndez (Argentina) 400.000 hectáreas.             
         Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A.,
        empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur             
         de la Patagonia argentino-chilena.
    -  Grupo Heilongjiang Beidahuang (China)
         330.000 hectáreas.
    -  Familia Zingoni-Arze (Argentina) 250.000 hectáreas.
    -  Familia Ochoa-Paz (Argentina) 180.000 hectáreas.
    -  Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas.
    -  El Palauco S.A. (Argentina) 150.000 hectáreas.
    -  Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas.
    -  Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectáreas.
    -  Familia Rambeau (Argentina) 94.000 hectáreas.
    -  Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas.
    -     Grupo Bemberg (Argentina), socio comercial
         de Mindlin, Burco y Lewis. 73.000 hectáreas.
    -  Solmat Agropecuaria S.A. (Argentina) 72.000 hectáreas.
    -  Cristobal López (Argentina) 67.000 hectáreas.
    -  Ailin-co S.A. (Argentina) 65.000 hectáreas.
    -  Ted Turner (Estados Unidos) 56.000 hectáreas.
    -  Estancias Schajman S.A. (Argentina) 50.000 hectáreas.
    - Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos)
         41.000 hectáreas.
    -  Marcelo Mindlin (Argentina) 40.000 hectáreas.
    - Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 hectáreas.
         Usurpador del Lago Escondido.
    -  Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas.
    -  Paolo Rocca (Argentina) 32.000 hectáreas.
         Es dueño del Grupo Techint y según Forbes es la persona
         más adinerada de Argentina.
    -  Holding Salentein (Holanda) 25.000 hectáreas.
    -  Grupo Eidico (Argentina) 24.000 hectáreas

Existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Elsztain, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Eurnekian, la familia Pérez Companc y Bulgheroni, entre otros.

Fuente: Federico Soria, Redacción La Tinta.

Escribe José Castillo

Los precios van camino a terminar el año con una suba promedio de 100%, e incluso con un número muy superior para los artículos de la canasta básica. Las grandes empresas son las ganadoras, haciendo superganancias con sus remarcaciones, mientras los salarios de los trabajadores siguen perdiendo poder de compra.

Entre julio y octubre los salarios de los trabajadores en blanco llevan perdiendo en promedio un 8%. Lejos, muy lejos quedó la promesa del actual presidente Alberto Fernández de que se iba a recuperar lo perdido durante el macrismo. En concreto, desde 2015, los trabajadores bajo convenio de la actividad privada llevan perdido el 25% del poder adquisitivo de los salarios. Mucho peor le fue a los salarios públicos (docentes, trabajadores de la salud, administrativos de todos los niveles -nacional, provincial o municipal). Y ni que hablar de los que están tercerizados o directamente en negro. Un sólo dato: el salario mínimo llegará a 57.900 pesos en noviembre (menos de la mitad de la canasta básica oficial de 119.757 pesos, y apenas un tercio de la canasta real calculada por los trabajadores de ATE Indec, de 192.651 pesos).

La famosa “guerra contra la inflación”, anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado, no pasó de un discurso más de los tantos de doble discurso. La inflación va camino al 100% anual, acelerándose desde julio pasado al nivel de 7% mensual. En este mes de octubre, en apenas una semana, ya hay una suba de precios promedio por arriba del 3%.

Mientras tanto, las patronales…

No es cierto que “todos pierden” con la inflación. La mayoría de las grandes empresas ganan, y mucho. El mecanismo es sencillo: el aumento “preventivo”. Traducido, las grandes patronales incrementan los precios de lista “por las dudas”. La vicepresidenta Cristina Fernández, transformada en una virtual “comentarista” de la política económica, lo reconoció criticando esta práctica. Son lágrimas de cocodrilo: ella misma fue la que acordó el ingreso de Sergio Massa y sus funcionarios al super-ministerio de Economía. Más aún: antes de Massa hubo varios funcionarios kirchneristas a cargo de la secretaría de Comercio, como Roberto Feletti, que hicieron la vista gorda ante el abuso de los empresarios. Que hoy las empresas ganen con esta práctica de aumentar más “por las dudas” fue incluso justificado por el viceministro de Economía, el liberal Gabriel Rubinstein.

Pero vamos a lo concreto. Uno de los principales monopolios de alimentos, Arcor, pasó de ganar 14.438 millones de pesos el año pasado a 19.935 en este. Molinos Río de la Plata, otra gran alimenticia, creció de 1.637 millones de ganancia a 5.195 millones. Molinos Semino pasó de perder 148 millones a ganar 69.

 El resultado operativo conjunto de Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor llegó a 519 millones de dólares, 22% más que en todo 2021. Mientras, el costo laboral de esas empresas bajó de 17,8% a 16,7%.

Ternium, del grupo Techint, está teniendo en 2022 un 34,6% de utilidades sobre ventas. Aluar, la empresa monopólica de aluminio del grupo Madanes (el mismo al que pertenece la empresa de neumáticos Fate), está ganando 15,9%. Molinos Río de la Plata, 11%. Y Arcor presenta una utilidad este año de 23,2%. Todos valores enormemente por encima de años anteriores.

¿Quién tiene que pagar la crisis?

Como vemos, los números sobran para demostrar que, de lejos, las y los trabajadores y el conjunto del pueblo está sufriendo la pulverización de sus salarios, a lo que podríamos agregar las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Como contrapartida, las grandes empresas aprovechan el río revuelto de la inflación para ganar incluso más que en años anteriores.

Ninguna de estas empresas puede aducir que no está en condiciones de aumentar los salarios. Tienen margen de sobra. Los acuerdos paritarios quedaron absolutamente desfasados, algunos en valores de 60% en cuotas que aún no se han cobrado. Se impone exigir un aumento de emergencia, que lleve el piso salarial al valor de la canasta familiar calculado por los trabajadores de ATE Indec (192.651 pesos), ajustable mensualmente por la inflación. Para, a partir de allí, reabrir todas las discusiones paritarias y que cada categoría tenga aumentos que cubran lo perdido por la inflación. Para poder imponer esto a las patronales es necesario que la CGT y las CTA rompan su pacto con el gobierno, y salgan a pelear contra este ajuste, que es el exigido por el FMI.

Escribe José Castillo

En su búsqueda desesperada de reservas para cumplir con el ajuste exigido con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno del Frente de Todos sigue otorgando privilegios a distintos sectores patronales.

Así como en el mes de septiembre los grandes beneficiados fueron los exportadores de soja, ahora le toca a las empresas llamadas “tecnológicas”. Aquellas que incrementen en un 30% sus ventas al exterior de servicios profesionales y de tecnología, podrán vender un porcentaje de esos dólares legalmente en el mercado financiero (o sea al valor del llamado “contado con liqui” o del “MEP”, alrededor de 300 pesos por dólar).

No es lo único: también se le otorgará el libre acceso al 20% de los dólares que ingresen al país si es para “invertir en nuevos proyectos”. O sea en la práctica, un virtual “blanqueo de capitales” para el sector.

De hecho, lo que el gobierno busca con esto es poder capturar para las reservas una porción de negocios que hoy están circulando por fuera del circuito formal, con contrataciones que se hacen directamente en el exterior o por medio del mundo de las criptomonedas. O sea actividades que funcionan objetivamente en negro. En vez de obligarlas a blanquearse y a cumplir con las normativas locales, en materias laborales o de pago de impuestos, se las premia con lo que es una devaluación encubierta para el sector.

Es importante tener en claro quiénes serán los ganadores de todo esto. Porque desde el gobierno se afirma que esto servirá para las pymes y los “emprendedores” de las nuevas tecnologías. Pero la realidad es que el sector tecnológico ya hace varios años que también se ha monopolizado: unas pocas empresas, como Accenture, Globant o Mercado Libre son las que se quedan con los grandes negocios. Y, a ellas apunta el gobierno, ofreciéndoles la zanahoria de estos privilegios para ver si así puede incrementar un poco más las reservas del Banco Central.

Ayer fue el dólar “soja”, hoy el dólar “tecno”. Mañana el dólar “Qatar”. Así el gobierno del Frente de Todos va devaluando en silencio. Cada una de estas mini-devaluaciones aporta un poco más de leña al fuego de la inflación y a la baja salarial. Refleja dos cosas: por un lado que el objetivo único de la política económica es cumplir con el FMI. Por el otro, que, incluso para hacerlo, no están dispuestos a tomar el toro por las astas del comercio exterior. En vez de sancionar todas las maniobras de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, contrabando y fuga de divisas, se elige seguir dándole más y más privilegios a los mismos que especulan y fugan.

La salida es exactamente la inversa: nacionalizar el comercio exterior, para que todos los dólares que se obtengan, ya sea por ventas de mercaderías o, como en este caso, de servicios, ingresen directamente al estado nacional y se destinen para resolver las necesidades populares, no para que salgan nuevamente por pagos de deuda externa.

Escribe Claudio Funes
 
El sábado 1° de octubre Javier Milei encabezó en la provincia de Tucumán un acto de campaña junto a Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi y referente del partido Fuerza Republicana que reivindica el genocidio.

“Voy a ser el próximo presidente para sacar a la Argentina del pozo”, dijo, y proclamó su deseo de un triunfo de Bolsonaro en Brasil y la vuelta de Donald Trump en Estados Unidos.

A lo largo de su discurso afirmó que la “justicia social” es muy injusta porque hace que “a los que trabajan les vaya mal y les vaya bien a los parásitos de la política”. Y renegó de la educación pública: “funciona como una máquina de lavar cerebros”, dijo.

Quizás lo más importante estuvo en su feroz confrontación con la izquierda. “Lo que empobrece a los pueblos es el maldito socialismo”, señaló. Según Milei, a partir de 1916 cuando por el voto popular fue elegido presidente Hipólito Yrigoyen, nuestro país abrazó ese sistema. Una verdadera locura. Nunca existió el socialismo en nuestro país.

También cargó contra la ideología de género, los colectivos que representan minorías y “el lenguaje inclusivo que embrutece”.

Milei también participó esta semana de un acto internacional convocado por los ultraderechistas de Vox en el Estado Español. Acto en el que estuvieron presentes a través de saludos grabados otras expresiones neofascistas europeas, como Georgia Meloni de “Hermanos de Italia” y Viktor Orban, jefe de gobierno de Hungría. Evento al que hizo llegar su saludo el mismísimo Trump. Milei gritó “viva Vox”, “viva Abascal”, “abajo el zurderío”, toda una legitimación de los distintos grupos neofascistas.

Javier Milei se ubica sin disimulos en el campo de la ultraderecha recalcitrante, con sus socios a escala internacional. En nuestro país es rabiosamente antiobrero, antifeminista, antiderechos de las disidencias, antipueblos originarios, negacionista del genocidio de la dictadura y del cambio climático. No hay tema en el que Milei no presente la postura más reaccionaria posible. A eso llama su “batalla cultural”.

Por su parte el legislador porteño de Milei, Ramiro Marra, organizó una nueva presentación del libro “Los noventa. La Argentina de Menem” en CABA, donde serán expositores Cavallo, Eduardo Menem y Corach, elogiando a la década menemista como de “progreso para la Argentina”. Quiere decir que Milei y Libertad Avanza lejos de ser “antipolítica”, es la reivindicación de una década nefasta para el pueblo trabajador argentino.

Los liber-fachos se aprovechan de la fuerte y justificada desilusión que generan tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Pero su salida es más ajuste, represión y entrega. Plantea un programa de guerra contra el pueblo trabajador, las mujeres, disidencias y la juventud. Para enfrentarlo tenemos que oponerle la única opción distinta, que gobiernen las y los trabajadores con una Argentina Socialista.