Foto de portada: Festival en plaza de Mayo y Daniela Calarco, única mujer que permanece detenida

Escribe Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en audiencia el accionar del Ministerio de Seguridad de Bullrich por la escalada represiva y las detenciones ilegales durante las manifestaciones del 12 de junio contra la Ley Bases. Repudiamos esta política represiva con que el gobierno pretende amedrentar a los que luchan.

Correctamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el protocolo antipiquete y expresaron que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y atacaron el argumento oficial, usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”. De la misma forma se había expresado el CELS: “Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.

A un mes de cumplirse las injustas detenciones por la movilización de la Ley Bases, gracias a la lucha colectiva, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de Cristian Valiente y David Sica, aunque siguen procesados. Sica, que vive en situación de calle, ni siquiera había ido a la manifestación, ya que quedó en medio de un cruce policial mientras cruzaba la calle para ir a una iglesia a buscar comida.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que integran la Sala, coincidieron en desechar la acusación por “intimidación pública”. Sin embargo, fallaron de manera distinta. Trascendental fue el voto en disidencia de Boico, donde el juez señaló que debía ordenarse la libertad de todxs los detenidxs, argumentando que hubo una clara persecución y criminalización contra los manifestantes: “Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático”.

Sin embargo, la cacería represiva orquestada por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia con sus infiltrados que le permitió “armar” las causas al fiscal Stornelli, hace que aún siguen detenidxs Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez en cárceles de máxima seguridad. Desde Fadhus, como defensa técnica de Daniela, vamos a ir hasta Casación apelando por la inmediata libertad. Junto a la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs por Luchar, que organizó un masivo festival en Plaza Mayo del cual Izquierda Socialista es parte, seguiremos impulsando apelaciones, acciones y campañas por la libertad de los dos detenidos que quedan, y el cierre de todas las causas.


 

Escribe Mariano Barba

El gobierno de Milei continúa su cruzada represiva contra las organizaciones sociales, apoyado en el accionar judicial que encabeza el juez Sebastián Casanello, de Comodoro Py, quien lleva adelante una causa armada con el fin de condenar a dirigentes, luchadoras y luchadores piqueteros que reclaman por comida y trabajo. Esta persecución no solo se desató contra el Polo Obrero, sino que se extendió a Barrios de Pie, CCC, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR y otras organizaciones piqueteras. A todos ellas les están efectuando allanamientos en distintas provincias, tanto en los comedores como en casas particulares de las y los referentes. Así ocurrió en la capital de Neuquén el viernes 12, cuando el gobernador Rolando Figueroa, como excelente alumno de Milei (votó la Ley Bases y firmó el Pacto de Tucumán), ordenó el allanamiento de catorce domicilios de Barrios de Pie y el FOL, y detuvo a diez compañeras que fueron llevadas esposadas. Una rápida acción y concentración popular, de la que fuimos parte desde Izquierda Socialista y ATEN Capital, se instaló al interior y al frente de la comisaría en la que estaban detenidas, hasta que se logró la libertad. Aunque les abrieron causas “por delitos económicos”.

Tanto el gobierno nacional como los gobernadores están en sintonía para reprimir la protesta social, enjuiciar y amedrentar a las y los trabajadores y sectores populares que luchan y se movilizan contra la motosierra y el ajuste que aplican.

Nos solidarizamos con las organizaciones sociales y repudiamos la persecución desencadenada contra ellas, y en particular contra Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Exigimos que se cierren las causas y reclamamos que cese la judicialización de la protesta, porque luchar por derechos básicos como la comida, la vivienda, el trabajo y el salario no es delito. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad seguiremos impulsando la más amplia unidad de acción para enfrentar la persecución a las organizaciones sociales y populares.

Escribe Guido Poletti

Nunca se había ido del todo. Después de ser parte activa del genocidio de la dictadura guardó en sus archivos miles de interrogantes sobre los desaparecidos y su destino. Luego aportó “mano de obra desocupada” y complicidades nunca aclaradas en crímenes varios. Finalmente, luego del Argentinazo y el crecimiento de las luchas contra la impunidad fue formalmente “disuelta”. Le cambiaron el nombre y le lavaron la cara. Siempre quedó como tarea pendiente terminar con eso que se le dio en llamar “el subsuelo de la democracia” y sus oscuros personajes.

Ahora con el gobierno de Milei vuelve con todo, sin disimulos y reivindicada incluso con su nombre más nefasto: SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Bajo su organigrama habrá cuatro organismos: el SIA, Servicio de Inteligencia Argentina (todo un homenaje a su hermana mayor, la CIA yanqui, de la que le copia hasta el logo, y que evidentemente le va a dictar su accionar), vinculada a Seguridad Exterior; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), auténtico blanqueo del espionaje interno, con un águila yanqui como logo; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), para el seguimiento y las operaciones informáticas; y la División de Asuntos Internos (DAI), para el contraespionaje, con un extraño logo que copia el símbolo de los illuminati. Todo muy oscuro, como en sus peores épocas. Por si faltara algo, se nombró a cargo de la Escuela de Inteligencia, para formar a los agentes, al conocido negacionista de los crímenes de la dictadura, el menemista Juan Bautista “Tata” Yofre.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos exigiendo, junto con los organismos de derechos humanos, el desmantelamiento del aparato represivo, una de cuyas patas más oscuras está en ese nefasto organismo que funciona en el edificio de 25 de mayo 11 en CABA. Así como reclamando la apertura de todos sus archivos, acto fundamental para hacer realidad la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

Escribe Adolfo Santos

Simulando jugar a la guerra, como dos criaturas alucinadas, el presidente Milei y su vice, Victoria Villarruel, se subieron exultantes a un TAM (Tanque Argentino Mediano) durante el desfile militar del 9 de Julio. ¿Qué guerra se imaginan estos representantes de la ultraderecha? Seguro no es contra la entrega del país, ni contra un sistema financiero usurero de los fondos buitres o el FMI, mucho menos para derrotar la pobreza o mejorar las condiciones de vida de las masas populares.

Sus cañones apuntan a los que luchan y resisten contra una inflación que continúa corroyendo los salarios y jubilaciones, a los que claman por empleo en medio de una desocupación creciente, por alimentos y que no están dispuestos a continuar perdiendo derechos ante un gobierno patronal que tiene como una de sus principales “propuestas” el protocolo antipiquetes.

Los gestos militaristas de Milei y su vice son intencionales. Pretenden rescatar unas fuerzas armadas desprestigiadas para ponerlas al servicio de la represión. No es casual la publicación de Villarruel, hija y sobrina de genocidas, en su cuenta X (ex Twitter): “¡Gracias Presidente Javier Milei por darle a todos los argentinos el abrazo con nuestras Fuerzas que hace tanto tiempo necesitábamos!”. Desde Izquierda Socialista decimos, en cambio, que lo que necesitamos es que no haya genocidas en libertad y que sus cómplices civiles también sean juzgados.

El desfile del 9 de Julio no tuvo nada que ver con nuestra Independencia, por eso un sector importante de veteranos de Malvinas no participaron. Repudiaron la admiración de Milei por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la misma que provocó el hundimiento del Crucero General Belgrano en el Atlántico Sur, causando la muerte de 323 soldados argentinos.

Milei y Villarruel festejan la exposición mediática que les brindó su patético show. Sin embargo, no pueden ocultar que, a pocos meses de asumir, su gobierno va de crisis en crisis y empieza a perder apoyo. Por eso, subidos a un tanque quieren imponer una imagen: la del orden represivo de la dictadura. Pero las luchas y movilizaciones cada vez le oponen mayor resistencia en una pelea que continúa abierta. Más que nunca  necesitamos de la mayor unidad para derrotar los planes del gobierno ultraderechista de Milei.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
La movilización empujada por las mujeres y sectores populares que en Corrientes reclaman la “aparición con vida de Loan” y denuncian que “es trata”, puso a la luz la cadena de encubrimientos y complicidades que conforman las redes de compra y venta de niñas y niños en nuestro país. El caso Loan cuestionó a los funcionarios, jueces, comisarios y políticos locales, pero también a toda la dirigencia política patronal nacional, porque este caso no es aislado: 1.777 niñas y niños son buscados en todo el país y la mayoría de ellos pobres.

En Argentina no es delito penal comprar y vender y/o apropiarse de niños y niñas para las mal llamadas “adopciones ilegales”. Desde el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya aplicó dos sentencias contra nuestro país por este vacío legal que favorece la trata de menores, mientras que reclama que se tipifique como un delito de trata. Por eso decimos que este vacío legal muestra cómo los gobiernos y los partidos patronales son cómplices y responsables del avance sistemático y desgarrador de las redes de tráfico de niños y niñas, bebés y mujeres con fines de explotación.

Media sanción a una ley de más impunidad

Ante la indignación que recorre el país, la Cámara de Senadores dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que busca “llenar este vacío legal”, pero que es una verdadera trampa que seguirá favoreciendo a las redes de compra y venta de niños, porque no considera la venta como delito de “trata”, sino que lo tipifica como “robo de identidad”. El proyecto del Senado tiene además otro problema, facilita la impunidad al requerir que se compruebe el delito con la existencia de “precio, retribución, remuneración, contraprestación o promesa de ello”, cuando sabemos que los traficantes no operan con recibos, facturas, pagarés o balances contables porque es un negocio ilegal.

¿Qué ocurre en nuestro país mientras tanto? Sólo en la provincia de Entre Ríos, el 61,5 % de las ventas son bebés de una semana, el 23% van de ocho días a tres meses de vida y el 84% se realizan por “agencias”, es decir un negocio organizado. Esos bebés nacen como una mercancía de un mercado multimillonario. Las redes atacan a las poblaciones pobres, muchas veces niñas y niños se entregan de forma gratuita, bajo el engaño o abusos de autoridad. Por ejemplo niñas y adolescentes violadas y sin acceso al aborto legal y son engañadas por ONGs para entregar a las y los bebés. Así lo narra la denuncia de una joven sobreviviente de un cautiverio dónde la violaban drogada para embarazarla y vender el bebé.

Milei y sus referentes ya anunciaron en la campaña electoral su aval a la venta de niñas y niños e incluso de órganos. El propio senador riojano de La Libertad Avanza lo reiteró en el Congreso. Según especialistas de las Defensorías Públicas, Argentina es elegida por los traficantes por la corrupción, la devaluación del peso que hace más rentable la exportación de la niñez, como lo fue históricamente Ucrania. Por eso decimos: la compra venta de niñas y niños es trata. Los gobiernos son responsables. ¡Por Loan, Tehuel y por todes sigamos en las calles como el pueblo de Corrientes!